La Fiscalía Anticorrupción de España adelanta una investigación para determinar si la compañía aérea Plus Ultra desvió 53 millones de euros que el Gobierno de ese país le inyectó tras la pandemia, y que presuntamente habrían sido utilizados para blanquear fondos de Venezuela a través de Francia, Suiza y España.
Porque lo cierto es que Plus Ultra Líneas Aéreas no volaba bajito, aunque eso era lo que hacía creer. La aerolínea española, fundada en 2011, ante el público se presentaba como una empresa pequeña de bajo perfil y sin presencia sólida en la aviación comercial, pero bajo esa apariencia modesta y minimizada no solo transportaba maletas y pasajeros.
En el año 2015, informes financieros confirmaron que la aerolínea estaba en quiebra técnica. Su flota, que para la fecha de su fundación contaba con seis aviones, terminó reducida a una sola aeronave. Lejos de desaparecer del espacio aéreo, el nombre de Plus Ultra comenzó a sobresalir, pero no como referente de aviación comercial, sino en expedientes policiales que señalaban que en sus operaciones se movía oro y dinero entre Caracas, Madrid y Oriente Medio.
Para el año 2019, mientras el gobierno de Nicolás Maduro se esforzaba por mantenerse en el poder en medio de protestas antigubernamentales y las sanciones impuestas por los Estados Unidos, los vuelos de la aerolínea española comenzaron a multiplicarse. Según reveló el portal web The Objective, era la antesala del Delcygate, un escándalo que explotó con llegada de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez -sancionada por la Unión Europea- a suelo español con una valija diplomática cuyo contenido resultó ser un misterio.
En marzo de 2021, el Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, aprobó un “rescate” de 53 millones de euros para Plus Ultra, pese a que la empresa estaba en quiebra y con una actividad mínima. Según documentos citados por The Objective, “la aerolínea estaba recibiendo préstamos de sociedades pantalla vinculadas directamente con el Gobierno de Venezuela” lo que encendió todas las alarmas de blanqueo de capitales.
A continuación, ocho claves sobre el engranaje internacional de corrupción donde confluyen Plus Ultra, el oro venezolano, la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y el Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP).
La hipótesis de blanqueo
La justicia española aún investiga si el rescate de 53 millones de euros provenientes del Fondo de Apoyo a Empresas Estratégicas en 2021 fue utilizado para blanquear capitales.
Además, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y el Juzgado de Instrucción 15 de Madrid también investigan si la aerolínea funcionó como “tubería financiera” para legitimar fondos provenientes de la corrupción ejercida desde Venezuela.
Plus Ultra negó haber transportado lingotes de oro provenientes de Venezuela, pero sí admitió que recibió una solicitud para transportar oro “legal y declarado” en 2019.
El ciclo de lavado
Para entender el ciclo de lavado es necesario mencionar que desde el año 2016, medios informativos como Armando.Info denunciaron la ruta del contrabando del oro venezolano, la cual conecta a las minas ilegales en el sur del estado Bolívar con redes internacionales que lo llevan hasta Europa, pasando por el Caribe, usando empresas como fachadas para ocultar el origen de los fondos.
The Objective explicó que en las cajas fuertes del régimen de Nicolás Maduro se acumularon montañas de dólares provenientes de la extracción ilegal de oro y de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), que son imposibles de bancarizar por las vías legales.
El medio español señaló que el dinero que se obtiene del narcotráfico también juega un papel importante en las tramas de corrupción. Cabe recordar que el pasado 24 de noviembre el Gobierno de los Estados Unidos declaró como organización terrorista extranjera al Cartel de los Soles, a la que vincula con Nicolás Maduro y sus acólitos.
The Objective explicó que la trama de corrupción que se aplicó en el caso de Plus Ultra comenzó cuando el dinero sucio empezaron a distribuirlo a través de sociedades o empresas offshore para enfriarlo y luego presentarlo disfrazado como legal.
En apariencia, eran créditos normales de socios extranjeros, pero en realidad el dinero no lo regalaban, lo prestaban. En los libros contables de Plus Ultra las operaciones aparecían como una “deuda”. En este punto, el dinero “sucio” ya está dentro del sistema, pero ahora la aerolínea tiene una deuda pendiente con las empresas ligadas al chavismo.
Con el rescate de Plus Ultra por parte del Gobierno de España con dinero público, legal y fiscalizado proveniente de los impuestos de los ciudadanos, la aerolínea quebrada recibe una “ayuda” para salvarse.
Según The Objective, con los 53 millones de euros, Plus Ultra empezaría a pagar las deudas que tenía con esas sociedades pantalla; es decir, a devolver los “préstamos” que se tratarían de capitales ilícitos. ¿El resultado? Los “corruptos” venezolanos recuperan su dinero, pero ahora convertido en dinero limpio, con sello oficial del Estado español.
Antes del rescate, el medio español señaló que Plus Ultra recibió préstamos de empresas con rasgos típicos de estructuras offshore, entre ellas: Wailea Invest (Reino Unido), Allpa Wira (Suiza), Valerian Corporation, Panacorp Casa de Valores (Panamá).
Los intermediarios
La trama de corrupción exportada desde Venezuela estuvo a cargo de dos figuras importantes en el ámbito político y económico en España. Se trata de José Luis Ábalos y Víctor de Aldama.
Ábalos es exministro de Transportes del Partido Socialista Obrero Español (Psoe) en el gobierno de Pedro Sánchez. Su nombre aparece en la investigación porque habría sido el responsable político de facilitar el rescate público de Plus Ultra en marzo de 2021.
Según reseña Vozpopuli, Ábalos fue presionado por José Luis Rodríguez Zapatero para aprobar la ayuda.
José Luis Ábalos también está directamente relacionado con el caso Koldo, llamado así por Koldo García, un exfuncionario señalado por ser intermediario entre la administración pública de Nicolás Maduro y empresas contratistas para lucrarse con la compra-venta a sobreprecio de material sanitario durante la pandemia. También aparece involucrado en otros negocios ilícitos, como la compra de 104 lingotes de oro en 2020 transada con la vicepresidenta y ministra de Petróleo de Venezuela, Delcy Rodríguez.
Por su parte, Víctor de Aldama, empresario y comisionista, es señalado de estar presente en todas las negociaciones de Plus Ultra y el caso Koldo. Según su propio testimonio estuvo presente cuando Zapatero presionó a Ábalos para aprobar el rescate. En su declaración aseguró que el rescate de Plus Ultra fue una orden directa de Pedro Sánchez transmitida a Ábalos, y que Zapatero habría recibido una comisión de 10 millones de euros en Panamá por esa operación.
Aldama también aparece vinculado a negocios con Pdvsa y a operaciones financieras internacionales bajo investigación por blanqueo de capitales.
El nombre del empresario venezolano de origen libanés también salió a relucir en la trama de corrupción de Plus Ultra. Según información de la Fiscalía Anticorrupción española, es investigado por ser la figura central en el blanqueo de capitales de la aerolínea.
Ibrahim es también el intermediario entre el chavismo y figuras políticas en España, entre ellos el expresidente Zapatero.
Camilo Ibrahim es reconocido por su cercanía con Delcy Rodríguez y también con el exministro de Petróleo, Tarek El Aissami, quien se encuentra detenido por su vinculación en una trama de corrupción en la estatal Pdvsa.
El bróker de Plus Ultra
Julio Martínez Martínez es un empresario español administrador de Análisis Relevante y Voli Analítica, la sociedad con la que se reconvirtió en bróker de vuelos nacionales e internacionales en plena pandemia, según reseñó el medio Vozpopuli.
El mismo medio informó que Martínez es señalado por la Policía y la Fiscalía Anticorrupción como presunto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero en negocios vinculados a Venezuela y al rescate de Plus Ultra, de quien era directivo.
Martínez fue detenido el pasado 12 de diciembre por su presunta actuación en operaciones de blanqueo de fondos públicos y oro venezolano.
Durante su comparecencia ante la ley se mostró dispuesto a colaborar con la justicia y fue liberado bajo medidas cautelares como la prohibición de salida del país, la entrega de su pasaporte y presentación cada 15 días.
Investigación Internacional coordinada
Este jueves, 18 de diciembre, El Periódico.com reseñó que Francia y Suiza han abierto investigaciones paralelas por blanqueo “a gran escala” y tráfico de información privilegiada.
Según el medio, la investigación confirma que el caso Plus Ultra es parte de una trama transnacional que involucra fondos ilícitos de funcionarios venezolanos sancionados por gobiernos de otros países.
El Periodico.com informó también que Víctor Ábalos, hijo de José Luis Ábalos, quien se encuentra en prisión provisional desde el 27 de noviembre, ha denunciado las supuestas presiones ejercidas por el expresidente Zapatero para que se llevara a cabo el rescate de la aerolínea.
Zapatero llamado a comparecer
El portal web Infobae informó este jueves que la portavoz del Partido Popular de España, Alicia García, confirmó que la comisión de investigación del Senado sobre el ‘caso Koldo’ convocará al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero para que comparezca por su reunión con Julio Martínez, directivo de Plus Ultra.
Ante los señalamientos de Victor de Aldama y José Luis Ábalos, Zapatero ha negado rotundamente cualquier gestión o relación con la operación, asegurando que “no intervino ante ningún miembro del Gobierno ni tuvo contacto con los directivos”.
Otros protagonistas de la trama
El Periodico.com reveló nuevos nombres que se suman a la trama de corrupción que involucra a testaferros y operadores financieros.
Luis Felipe Baca Arbulu (Perú) y su hermano Enrique Martín Baca Arbulu aparecen como querellados. Mientras que Gabriela Puente Garaboa (Venezuela), Danilo Alfonso Diazgranados (Venezuela), Simon Leendert Verhoeven (Países Bajos), Kristhian Alegre Walter (Perú) y un abogado español aparecen como implicados en el hecho.
Gobierno mudo
Hasta el momento, la vicepresidenta Delcy Rodríguez ni ningún otro funcionario del gobierno de Nicolás Maduro se han pronunciado por las recientes detenciones o el avance judicial del caso Plus Ultra.
