La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información rechazó a las políticas de criminalización implementadas por el Estado venezolano contra quienes ejercen sus derechos civiles y políticos. En un comunicado, publicado este 19 de diciembre, la alianza denunció que a la fecha al menos 22 periodistas y comunicadores sociales se encuentran detenidos arbitrariamente en el país por el simple ejercicio de la libertad de prensa y de asociación.
En el texto, la organización exigió la libertad plena e incondicional para los 22 comunicadores identificados: Ángel Godoy, Biagio Pilieri, Carlos Julio Rojas, Carlos Marcano, Gabriel González, Gianni González, Juan Francisco Alvarado, Juan Pablo Guanipa, Julio Balza, Leandro Palmar, Leocenis García, Luis López, Mario Chávez Cohen, Nakary Ramos, Nicmer Evans, Omairo Daniel Castellanos, Pedro Guanipa, Ramón Centeno, Roland Carreño, Rory Branker, Salvador Cubillán y Víctor Ugas.
La situación de estos profesionales registra sistemáticas violaciones al debido proceso. Según los datos recopilados, los detenidos enfrentan desapariciones forzadas, incomunicación, prohibición de visitas y la negación del derecho a contar con abogados de confianza. La Alianza también alertó que muchos familiares pasan meses sin conocer el paradero de los detenidos, y cuando finalmente logran ubicarlos, son trasladados sin previo aviso oficial.
El comunicado detalla condiciones inhumanas dentro de los centros de reclusión, que incluyen “castigos físicos” como represalia por denunciar las deficiencias del sistema y la falta de independencia judicial. “En otros casos, son sometidas a aislamiento y, con frecuencia, quienes padecen enfermedades crónicas que requieren asistencia y medicación, no son atendidas oportunamente, lo que pone en grave riesgo sus vidas”, alertó la Alianza.
La Alianza Regional subrayó que esta represión cuenta con la articulación de instituciones que han perdido su autonomía. El sistema judicial depende de las altas autoridades, la Fiscalía presenta acusaciones sin evidencia y la Defensoría del Pueblo ha guardado silencio ante las víctimas, lo que ha provocado que esta última instancia pierda su acreditación internacional. La organización enfatiza que la narrativa de “diálogo y paz” del gobierno venezolano es incompatible con prácticas como la tortura y la desaparición.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
