En La Guaira y Caracas, los sismos del 24 de junio —un doblete sísmico de magnitudes 7,2 y 7,5 ocurridos con apenas segundos de diferencia— dividieron la vida cotidiana en dos. Para estas comunidades, el regreso a clases no es un asunto de encender pantallas o mover una fecha en el calendario; supone un intento de reconstruir la normalidad sobre un suelo que todavía no se siente seguro.
Mientras las familias procesan el impacto y las autoridades evalúan los daños, el Estado ya anunció medidas preventivas para el sistema educativo. Primero, suspendió las actividades escolares debido a los movimientos telúricos; posteriormente, extendió la pausa académica, a la vez que avanzan las inspecciones de infraestructura y la atención en las zonas afectadas.
Ese mismo proceso de revisión y cautela se extendió al ámbito universitario. En la Universidad Central de Venezuela (UCV), el Consejo Universitario (CU) suspendió inicialmente las actividades académicas y administrativas hasta nuevo aviso para evaluar las condiciones del campus tras el sismo —en medio del impacto por la pérdida de integrantes de la comunidad universitaria y mientras la institución se convertía también en centro de acopio para apoyar a los afectados—. Luego de las evaluaciones correspondientes, la universidad acordó retomar sus actividades a partir del 1 de septiembre.
Más allá de los comunicados oficiales, la suspensión alteró la rutina de miles de estudiantes. Para Valentina Guzmán, de 22 años, estudiante de Comunicación Social en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), la crisis se siente como una especie de pausa forzada que, por fortuna, la agarró con las materias prácticamente listas.
“No me asusta perder el semestre porque quedaban solo dos semanas. La universidad resolvió rápido y nos fuimos a modalidad 100 % virtual”, comenta.
Valentina vive una realidad privilegiada dentro del caos: tiene luz, internet estable y la estructura de una universidad privada que reaccionó en horas; pero sabe que su tranquilidad no es la norma. “Siento que la educación no se va a ver afectada en general, solo se correrán los tiempos, sin embargo, a las familias que perdieron vidas y viviendas les va a costar muchísimo más surgir”, reflexiona.
Esta disparidad se observa en la UCV, donde la emergencia se transformó en una necesidad de acción. Según el balance más reciente de la institución, actualizado al 14 de julio, 48 integrantes de la comunidad ucevista murieron a causa de los sismos del 24 de junio y 166 están desaparecidos —las cifras se mantienen sin variación respecto al reporte anterior, mientras continúan los procesos de identificación y búsqueda—. Además, 493 miembros de la universidad resultaron damnificados, entre estudiantes, profesores, trabajadores y obreros.
Marialejandra Díaz, quien cursa una carrera en la UCV y otra en la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), no sufrió pérdidas materiales. “El nivel de angustia y miedo que uno maneja es real. Te hace actuar. Desde el momento cero, mi reacción fue salir a ayudar para aplacar ese sentimiento de culpa de saber que alguien más está sufriendo y tú no”, relata.
Por eso, Díaz, de 22 años, dedicó jornadas a clasificar ropa y a ordenar los insumos que llegaban al centro de acopio estudiantil de la UCV. Para ella, el panorama es mucho más sombrío que el que se percibe en los campus privados.
“La educación pública va a recibir un golpe durísimo, un deterioro enorme desde preescolar hasta el nivel universitario. No es solo la pérdida de infraestructura, sino el fallecimiento de profesionales y estudiantes, y el trauma psicológico de volver a un aula en un sistema público que no te garantiza que la estructura sea segura”, lamenta.
La pausa que no aparece en el calendario
Esa misma preocupación por los que ya no están o quienes lo perdieron todo frena el impulso de algunos de avanzar con sus vidas. Mariana Bolívar, estudiante de Nutrición y Dietética en la UCV y voluntaria en la cocina de nutrición que envió insumos a La Guaira, confiesa que los primeros días ni siquiera recordaba que era estudiante.
“Ahora me preocupa el semestre, pero me preocupa más que decidan empezar las clases sin que aquellos compañeros que perdieron sus casas o sus familiares tengan la posibilidad de retomar con nosotros”, declara.
Ese obstáculo emocional que describe Mariana no es un caso aislado. Desde los terremotos, una agitación emocional ha rodeado a la comunidad estudiantil y docente de la capital. El psicólogo y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) Asdrúbal Espinoza explica que esta sensación se conoce formalmente como el síndrome o la “culpa del sobreviviente“.
“Es un fenómeno que se ha documentado y observado durante muchas décadas en personas que han presenciado o han sido expuestas a la muerte o daño de otra persona y han sobrevivido a la experiencia. Sea una guerra, un desastre natural, algún conflicto armado, o puede sobrevenir incluso después de eventos como un accidente automovilístico con fatalidades y pocos o un solo sobreviviente”, añadió.
En el entorno académico este síndrome se manifiesta como un conflicto interno de la persona al intentar retomar las evaluaciones, las actividades del trabajo o la rutina diaria que no forman parte directa de los esfuerzos de rescate o apoyo. “Las necesidades personales se perciben como que contradicen a las necesidades del país y en querer estar presentes”, destaca el experto, y aclara de inmediato que es una percepción, pues ambas cosas pueden coexistir: el ayudar y el continuar con la propia vida.
En el sureste de Caracas, la Universidad Simón Bolívar (USB) intenta medir el impacto de los sismos en sus estructuras. Una estudiante, que pidió no ser mencionada, que cursa Ingeniería y Economía, argumenta que, aunque los daños reportados por las autoridades hasta ahora en fachadas y paredes no comprometen las edificaciones, el proceso de inspección es lento por la cantidad de edificios.
Además, la naturaleza de su universidad plantea un reto distinto: “La USB no trabaja con la modalidad 100 % virtual, las evaluaciones siempre son presenciales, así que no se contempla un trimestre bajo esa modalidad”.
Ella es crítica de la respuesta del sector educativo y del Estado, y logra sacar a colación una reflexión que hace énfasis en todo lo que sucedió después del 24 de junio. “Esta es una tragedia, sí, pero hay muchas cosas que se deben analizar de ella en todos los campos: el estudio de los suelos, la estructura, el funcionamiento eléctrico y de telecomunicaciones… ¿Por qué nada funcionó? El nivel de exigencia debe subir, no hicimos lo suficiente”, reflexiona.
Al igual que los estudiantes de la UCV y la USB, el vicerrector académico de la UCAB, José Juárez, confirma que la universidad no sufrió daños estructurales graves, y que los registrados se pueden solucionar con reparaciones menores de tuberías y frisos. Sin embargo, el verdadero impacto para la población académica está en el censo que la institución activó de inmediato.
“Hasta los momentos, el número de miembros de nuestra comunidad que perdieron sus casas o tienen afectaciones graves ronda las setenta personas. Lamentablemente, tenemos que registrar el fallecimiento de nueve estudiantes y una profesora”, lamenta Juárez, el 8 de julio.
Para evitar la deserción y no dejar rezagados a quienes hoy no cuentan con conectividad o un techo, la UCAB aplicó una metodología de flexibilidad: cierre del semestre de forma remota, ajustes de evaluaciones, atención de los casos socioeconómicos excepcionales por escuela y asistencia psicológica inmediata en las zonas de desastre. Esto último, a través de sus iniciativas de salud mental, como la Clínica Santa Inés y el Centro de Asesoramiento y Desarrollo Humano (CADH) en el edificio de Ingeniería.
En este contexto, la UCAB junto con su Escuela de Educación, publicó el Decálogo para la Continuidad Escolar Segura, un informe pedagógico que establece que “un cerebro bajo estrés o miedo no puede procesar el aprendizaje de la misma manera”. El documento contiene una planificación basada en la flexibilidad y la compasión, propone la suspensión de las evaluaciones rígidas, la ayuda integral para la salud mental de los docentes y estudiantes y la máxima empatía en los compromisos económicos para evitar que la crisis financiera sobrevenida se traduzca en exclusión escolar.
La Constitución establece, en el artículo 102, que la educación es un derecho humano y un deber social fundamental que debe ser garantizado por el Estado; a su vez, la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA), en el artículo 53, reconoce el derecho a una educación integral en condiciones adecuadas. Mientras, la Ley de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos (LGIRST) dispone la incorporación de la gestión de riesgos en los procesos educativos, pero el doblete sísmico demostró que no hay ejecución de esos mecanismos.
El fin del año en los salones de bachillerato
La incertidumbre por el cierre del año escolar no es exclusiva de las universidades. En la educación media básica, donde el tercer lapso estaba por terminar, el doblete sísmico congeló las clases en la recta final de las evaluaciones de julio.
Santiago Guzmán, de 13 años, cursa primer año de bachillerato en el Colegio San Agustín de El Paraíso, una institución en el oeste de Caracas que sufrió graves daños en su infraestructura con los terremotos. Desde ese día, su rutina escolar quedó reducida a cero, ya que no hay clases presenciales, las aulas están vacías y el contacto se ha limitado a mensajes y llamadas de profesores y maestras para monitorear cómo están las familias en casa.
“Ya estábamos terminando el año; en general, de todas las materias solo nos faltaban como dos notas para cerrar. Por ahora el colegio no ha confirmado qué va a pasar con eso. Este viernes, 16 de julio, tenemos una reunión por Google Meet donde apenas van a explicarnos cómo proceder”, contó.
Entre los estudiantes de bachillerato de esta institución se comenta la idea de promediar las notas acumuladas de todos los lapsos para dar por cerrado el año escolar, pero en los hogares la expectativa persiste. Sin seguridad sobre cómo se totalizarán las notas en las boletas escolares ni si habrá entregas de actividades a distancia, los jóvenes cerrarán el año frente a una pantalla en una ciudad que no ha terminado de normalizarse.
La necesidad de enseñar sobre los estados de emergencia
Tras los terremotos del 24 de junio, niños, niñas y adolescentes empezaron a preguntar qué hacer durante un sismo. Otros buscaron información para compartir con sus familias. Algunos reconocían el miedo, aunque no siempre sabían cómo expresarlo.
La trabajadora social y orientadora María Hernández explica que las consecuencias emocionales de una emergencia no siempre son visibles ni afectan únicamente a quienes sufrieron pérdidas materiales o humanas:
“Después de una emergencia, el impacto psicológico puede extenderse mucho más allá de las pérdidas evidentes. En niños, niñas y adolescentes, las reacciones suelen manifestarse de formas sutiles: cambios en el comportamiento, dificultades para concentrarse, alteraciones del sueño o un temor constante a que algo malo vuelva a ocurrir. Aunque no hayan perdido a un familiar o su vivienda, pueden experimentar una profunda sensación de inseguridad porque se rompe la confianza en que el mundo es un lugar predecible y seguro. Por eso, es fundamental que cuenten con adultos que los escuchen, validen sus emociones y les ayuden a recuperar esa sensación de estabilidad. En ese proceso, la escuela desempeña un papel esencial como espacio de contención, acompañamiento y reconstrucción de la rutina”.
Cecodap, organización dedicada a la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, señaló después de los terremotos que el regreso a clases no podía entenderse únicamente como la reanudación del calendario escolar, sino como parte de un proceso de recuperación integral.
La organización destacó que, después de un desastre, la escuela puede convertirse en un espacio de protección donde los estudiantes recuperan rutinas, vuelven a encontrarse con sus compañeros y docentes, expresan lo que sienten e identifican si necesitan apoyo especializado.
La advertencia tenía una razón: volver a clases no significa necesariamente que la emergencia haya terminado. En muchos casos, apenas comienza la parte menos visible.
Sarahí Suárez, docente de la Unidad Educativa Privada Juan Gutenberg y especialista en Educación, explica que el proceso de enseñanza cambia cuando estudiantes y docentes deben adaptarse a nuevas realidades:
“Con el terremoto quizás detuvimos la agenda, porque así lo indicaron las instancias, pero incluso esa incertidumbre fue un espacio de aprendizaje. Ahora sería interesante hablar de una reforma educativa que abarque todo lo que debería hacerse en estos estados de emergencia, no porque se pueda predecir, sino porque es importante y es parte del sentido común. Eso implica revisar qué aprendizajes son necesarios para todos: así como en la universidad todas las carreras tienen metodología, también podrían existir contenidos comunes como primeros auxilios, educación financiera o herramientas para responder ante situaciones que forman parte de la vida”, sostiene.
En el ámbito académico, Paola Duarte, estudiante de la Universidad del Zulia (LUZ), enfrentó otra contradicción. Mientras en Caracas muchas personas intentaban recuperar sus viviendas y sus rutinas, en Maracaibo la universidad se debatía entre la necesidad de retomar sus actividades y la preocupación por las condiciones posteriores al doblete sísmico.
El Consejo Universitario (CU) de la institución suspendió inicialmente las actividades académicas y administrativas durante los días jueves 25 y viernes 26 de junio, como medida preventiva tras los movimientos telúricos. Luego se anunció una reincorporación para el lunes 29 de junio, pero la decisión generó rechazo entre estudiantes que consideraban prematuro el regreso; tras las protestas, el CU acordó extender la suspensión hasta el 7 de julio.
La pausa llegó en un momento complejo para los estudiantes, por coincidir con cursos vacacionales y procesos académicos que debían continuar. Paola pensaba inscribirse en estas actividades.
—Hay que seguir viviendo, pero también hay que respetar el dolor de quienes lo perdieron todo —reitera.
Para Paola, el problema no era estudiar o ayudar, era aceptar que ambas cosas podían ocurrir al mismo tiempo.
Durante los primeros días después de la emergencia, los estudiantes universitarios organizaron centros de acopio y campañas para reunir insumos. Así, personas que normalmente solo coincidían en los pasillos comenzaron a coordinar entregas y buscar formas de apoyar.
Paola participó en esas actividades. Lo que más recuerda es la rapidez con la que apareció la solidaridad, pero, también, cómo fue disminuyendo con el paso de los días.
—Al principio todo el mundo estaba pendiente. Después el siniestro dejó de estar tan presente.
En ese mismo contexto, la politóloga y docente de la Universidad del Zulia (LUZ), María Colina argumenta: “La tragedia hace visible una necesidad básica: la presencia de un Estado capaz de acompañar a la ciudadanía en momentos críticos. No un Estado que sustituya a la sociedad, sino uno que tenga capacidad de comunicar, coordinar y responder. Cuando ocurre una emergencia, la ausencia de una respuesta clara también se convierte en parte de la experiencia del daño, así no haya sido directo, como ocurrió en La Guaira y parte de Caracas”.
Regresar al aula permitió recuperar una parte de la rutina al abrir un espacio para entender algo que muchos estudiantes comenzaron a experimentar después de los sismos: que una emergencia no termina cuando deja de aparecer en la agenda periodística, sino que también existe en un sistema que debe saber cómo garantizar educación segura cuando la próxima crisis vuelva a tocar la puerta.
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