Las operaciones aéreas en la Terminal Nacional del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía reiniciaron este domingo 4 de enero, tras la paralización total de vuelos nacionales e internacionales, como consecuencia del bombardeo y posterior detención de Nicolás Maduro, ocurrida la madrugada del 3 de enero y liderada por grupos tácticos de Estados Unidos.
Las operaciones se desarrollaron desde las 8:00 de la mañana hasta el último vuelo programado para las 10:15 de la noche. Aunque los mostradores de las aerolíneas contaban con personal operativo, se observó una baja afluencia de pasajeros durante el proceso de chequeo en los vuelos de salida.
“Muchos pasajeros todavía deben tener miedo, por el traslado hacia el aeropuerto de Maiquetía. Algunos de los que llegaron a chequearse hoy, nos comentaban que pensaron que el aeropuerto iba a ser atacado o que sería un objetivo, pero realmente aquí no pasó nada”, dijo un empleado de una aerolínea nacional a La Hora de Venezuela, solicitando la reserva de su identidad.
Durante esta jornada inicial operaron las aerolíneas Aeropostal, Conviasa, Avior, Estelar, Venezolana, Laser Airlines, SASCA Airlines, Aero Caribe y Rutaca, movilizando un total de 36 vuelos nacionales hacia distintos destinos del país.
Entre las rutas atendidas estuvieron La Fría (Táchira), Porlamar (Nueva Esparta), El Vigía (Mérida), Barinas (Barinas), Las Piedras (Falcón), Santo Domingo (Táchira), Puerto Ordaz (Bolívar), Maracaibo (Zulia) y el archipiélago de Los Roques.
No obstante, el panorama fue diferente en los vuelos de retorno. Empleados del aeropuerto indicaron que se evidenció la llegada de pasajeros que regresaban tras haberse movilizado durante el asueto decembrino y cuyo retorno estaba pautado para el sábado 3.
Otro trabajador del sector aéreo señaló que los vuelos de salida desde Maiquetía hacia destinos como Porlamar y Maracaibo partieron con una ocupación aproximada del 50 %. Sin embargo, destacó que el retorno, especialmente desde Porlamar y los aeropuertos cercanos a la frontera: La Fría, Santo Domingo y El Vigía, se realizó con vuelos a máxima capacidad.
Los concesionarios de la terminal nacional se mantuvieron abiertos durante toda la jornada. “Para algunos fue repentino. El 3 en la madrugada nos dijeron que no viniéramos y ya en la noche, desde la oficina de comercialización, nos dijeron que teníamos que venir a trabajar el domingo. La verdad que para la conmoción que vivió el país, se quiere retomar la realidad muy pronto”, comentó una joven trabajadora, quien solicitó la reserva de su identidad.
Otros servicios, como los estacionamientos, transporte público y taxis, estaban operativos.
En cuanto a los vuelos internacionales, personal de aerolíneas como Láser Airlines y Estelar, consultadas por La Hora de Venezuela, aseguraron que este lunes 5 se retomarán “las rutas internacionales que se venían operando antes del 3 de enero”. En cuanto al reinicio de operaciones de otras aerolíneas internacionales, explicaron que esa será una decisión del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) y el acuerdo que alcancen con estas aerolíneas.
Ambas terminales se encontraban custodiadas este domingo 4 de enero por unidades de la Policía Nacional Bolivariana y efectivos de la Guardia Nacional.
Vestidos con un uniforme beige, color que usan los prisioneros federales de Estados Unidos, Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron trasladados este lunes, 5 de enero, desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn a la Corte del Distrito Sur de Nueva York bajo un fuerte operativo de seguridad que incluyó vehículos militares blindados y helicópteros.
Allí tendrá lugar la primera audiencia de la otrora pareja presidencial venezolana, a las 12:00 pm (hora Este de EE UU) en la cual se le presentarán los cargos por los que se les acusa ante la justicia de Estados Unidos.
Maduro está señalado por conspiración para narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.
En tanto, Flores está acusada de ordenar secuestros y asesinatos, así como de aceptar sobornos en 2007 para organizar una reunión entre narcotraficantes y el director de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela.
Maduro y Flores deben responder si se declaran culpables o no de tales delitos y si se va a plantear algún tipo de acuerdo.
El juez federal que presidirá el caso es Alvin Hellerstein, de 92 años, un prestigioso magistrado estadounidense y uno de los de mayor trayectoria en el sistema judicial de ese país. El fiscal a cargo es Jay Clayton.
Al menos 26 organizaciones no gubernamentales y defensoras de derechos humanos advirtieron que “la redemocratización de Venezuela debe comenzar con la libertad plena de todos los presos políticos civiles y militares”, en un comunicado conjunto difundido este 4 de enero de 2026, en medio de una coyuntura marcada por los bombardeos registrados en Caracas y en al menos otros dos estados del país, así como la extracción de Nicolás Maduro.
En el pronunciamiento, las organizaciones sostienen que la actual coyuntura abre la posibilidad de avanzar hacia una transición orientada a la redemocratización, pero alertan que el primer paso indispensable de dicho proceso debe ser la liberación “inmediata, plena e incondicional” de todas las personas privadas de libertad por razones políticas, como condición básica para garantizar el respeto a los derechos humanos y la reconstrucción del Estado democrático.
El comunicado señala que en Venezuela permanecen más de 1000 presos políticos, muchos de los cuales siguen en situación de desaparición forzada. Señalan que son ciudadanos y ciudadanas detenidos arbitrariamente por ejercer derechos fundamentales como opinar, protestar, defender derechos humanos, participar en política, informar o disentir, así como personas tomadas como rehenes extranjeros para aumentar la presión internacional, o detenidas únicamente por su vinculación familiar o política con personas perseguidas.
Las organizaciones advierten que muchos de ellos llevan años encarcelados, “sometidos a procesos judiciales viciados“, sin debido proceso ni juez natural, con retardo procesal, condiciones inhumanas de reclusión y graves afectaciones a su integridad física y psicológica.
También alertan sobre numerosos casos que requieren acciones humanitarias urgentes, debido a condiciones de salud que comprometen la vida de las personas detenidas y que demandan atención médica y psicológica integral inmediata.
Liberaciones selectivas y control posterior
Las ONG sostienen que la liberación de todas las personas presas por motivos políticos debe ser el punto de partida innegociable de cualquier proceso de redemocratización y subrayan que no se trata de un gesto simbólico ni de una concesión política, sino del cumplimiento de obligaciones básicas del Estado conforme al derecho internacional de los derechos humanos.
En ese sentido, advierten que las liberaciones no deben realizarse aumentando el sufrimiento de las víctimas, ni someterlas a nuevos juicios ilegítimos o a procesos ante tribunales que resultan revictimizantes y profundamente dañinos, por lo que consideran fundamental anular tales procesos judiciales ilegítimos, en consonancia con las garantías procesales y el debido proceso.
El comunicado denuncia que, hasta ahora, los procesos de excarcelación han sido “limitados, selectivos y discrecionales“, condicionados a medidas de control como regímenes de presentación, prohibiciones de salida del país u otras restricciones que mantienen a las personas liberadas bajo amenaza permanente de reencarcelamiento. Este esquema, señalan, “perpetúa la arbitrariedad, condena al resto de los presos políticos y a sus familias a depender de decisiones opacas y excluyentes“, y ha permitido que “el castigo, la amenaza y la extorsión se extiendan también a los familiares“, multiplicando el número de personas afectadas por cada detención arbitraria.
Exigencias: desmontar el aparato represivo y garantizar no repetición
Las organizaciones advierten que, tras la liberación de todos los presos políticos, es fundamental “desmantelar el aparato represivo que ha sustentado estas prácticas“, garantizando que no se repitan las detenciones arbitrarias en ejecución de una política de persecución.
Asimismo, alertan que ningún proceso de transición puede construirse sobre una “selección perversa” de libertades, donde algunas personas recuperen derechos mientras otras permanezcan injustamente privadas de ellos. En ese sentido, recuerdan que “la democracia exige igualdad ante la ley”, lo que implica una decisión que abarque a todas las personas presas por razones políticas, sin excepciones ni evaluaciones discrecionales, y sin que la vida y la dignidad humana continúen siendo objeto de negociación política.
El comunicado exige que la liberación de los presos políticos sea “inmediata, plena, incondicional y verificable“, con mecanismos de transparencia que incluyan listas públicas de personas liberadas por centros de reclusión y garantías para que los excarcelados y sus familias puedan dar testimonio libremente, reduciendo el miedo, las amenazas y las cifras ocultas de arbitrariedades no denunciadas.
Las ONG subrayan que estas medidas contribuirán a aliviar la presión internacional y, sobre todo, a poner fin a prácticas que han instrumentalizado el sufrimiento humano “con fines de control y legitimación política“.
Finalmente, reiteran que la agenda de redemocratización debe construirse poniendo en el centro el respeto y la garantía de los derechos humanos, con garantías de no repetición, restitución de derechos civiles y políticos, rehabilitación física y psicológica, protección efectiva a las víctimas y reconocimiento del daño causado por la política sistemática de detenciones arbitrarias.
Las organizaciones insisten en su llamado a las autoridades con responsabilidad institucional y a la comunidad internacional a avanzar hacia una transición que incluya entre sus primeras medidas la libertad de todos los presos políticos, el cese de la persecución política y una ruta clara para garantizar justicia y no repetición.
“No hay democracia posible mientras existan presos políticos”, concluye el comunicado.
Entre las organizaciones firmantes se encuentran: Justicia, Encuentro y Perdón; Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve); Un Mundo Sin Mordaza; Realidad Helicoide; Justicia y Proceso Venezuela; 100% Estrógeno ONG; Civitas de Venezuela; FundaRedes; Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA); Cepaz; Movimiento de Educadores Simón Rodríguez; Ruta Democrática; ProboxVE; Laboratorio de Paz; Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia – JuventudLAC; Labo Ciudadano; Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (Cadef); Provea; Fundación Familia SOS Libertad; Agló Joven Venezuela; Transparencia Venezuela; Instituto CASLA; AlertaVenezuela; Caleidoscopio Humano; Acceso a la Justicia y Espacio Público.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
“Acceso total a Venezuela. Acceso total. A la industria petrolera y otras cosas, que nos permitan reconstruir Venezuela. Reconstruir los puentes, la infraestructura. Todo lo que exijamos nos lo tiene que dar”. Eso fue lo que reveló Donald Trump, presidente de Estados Unidos, haber exigido a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, tras la salida de Nicolás Maduro del poder.
En conversación con periodistas este 4 de enero, el mandatario de EEUU agregó que su país está en este momento “a cargo” de Venezuela y aseguró que Rodríguez “está cooperando” con sus peticiones.
Q: What do you need over the next two weeks from Delcy Rodríguez?
TRUMP: Total access. We need total access. We need access to the oil and other things pic.twitter.com/uHQ8Z27JB6
Previamente, Trump había declarado aThe Atlanticque Rodríguez “pagará un precio muy alto” si no “hace lo correcto” y coopera con la intervención estadounidense en el país. Agregó incluso que podría enfrentar “un destino similar al de Maduro, o pagar un precio probablemente más alto” que el de quien está detenido en una prisión federal en Nueva York por cargos de narcoterrorismo y tráfico de drogas, tras ser capturado por Estados Unidos.
En la conferencia de prensa de este 4 de enero, Trump reiteró que “Si no cumple, [Delcy] se enfrentará a una situación probablemente peor que la de Maduro» y comentó que “Maduro se rindió inmediatamente. Levantó las manos y se entregó (…) Ella también podría… Fuimos tan efectivos, y fue tan rápido y violento que levantó las manos”, remarcó.
Posterior a estas declaraciones, y un día después de una retadora alocución en la que calificó el ataque de EEUU para capturar a Maduro como “una atrocidad que viola el derecho internacional”, Rodríguez difundió un comunicado en el que expresó disposición a “trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación orientada al desarrollo compartido” con Donald Trump y en el que firmó como “presidenta encargada de la República”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó la muerte de 32 ciudadanos cubanos en medio del ataque militar de fuerzas estadounidenses en Venezuela, ocurrido el 3 de enero en la madrugada y que culminó con la captura de Nicolás Maduro.
Así lo reseña un comunicado difundido en la cuenta de Instagram de la Presidencia de Cuba, en el cual señaló que estos ciudadanos “cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de órganos homólogos de ese país”.
“Nuestros compatriotas cumplieron dignamente con su deber y cayeron, tras férrea resistencia, en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos a las instalaciones y supieron poner en alto, con su actuación heroica, el sentir solidario de millones de compatriotas”, agregó Díaz-Canel.
Ante esto, declaró dos días de duelo nacional a partir de las 6:00 am del 5 de enero hasta las 12 de noche del día 6 de enero de 2026. Además, mientras esté vigente el duelo, dispuso que “la Bandera de la Estrella Solitaria se ice a media asta en los edificios públicos e instituciones militares”.
Poco antes que Cuba confirmara el deceso de sus ciudadanos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que “muchos en el otro bando” fallecieron el 3 de enero en la operación para capturar a Maduro, incluido “muchos cubanos” que protegían al oficialista.
Trump lamentó las muertes y reveló que las fuerzas de seguridad que protegían a Maduro sufrieron “muchas bajas” durante la operación de los Delta Force. “Muchos cubanos murieron ayer protegiendo a Maduro”, aseguró el mandatario estadounidense de camino a la Casa Blanca, reseñó EFE.
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La vicepresidenta Delcy Rodríguez envió un mensaje al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que extiende una invitación a su gobierno a “trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación”, en medio de la captura de Nicolás Maduro tras la incursión militar estadounidense, ocurrida el 3 de enero en la madrugada.
En un comunicado compartido en sus redes sociales la noche del 4 de enero, Rodríguez consideró prioritario “avanzar hacia un relacionamiento internacional equilibrado y respetuoso entre EEUU y Venezuela, y entre Venezuela y los países de la Región, basado en la igualdad soberana y la no injerencia. Estos principios guían nuestra diplomacia con el resto de los países del mundo”.
“Extendemos la invitación al gobierno de los EEUU a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y fortalezca una convivencia comunitaria duradera”, escribió.
Finalmente, Delcy Rodríguez dijo a Trump que ambos países y la región “merecen la paz y el diálogo, no la guerra”, atribuyendo este predicamento a Nicolás Maduro y al país en los momentos actuales. “Esa es la Venezuela en la que creo, a la que he dedicado mi vida. Mi sueño es que Venezuela sea una gran potencia donde todos los venezolanos y venezolanas de bien nos encontremos”, agregó.
Este sábado 3 de enero, durante la rueda de prensa de Trump para hablar con detalle de la captura de Maduro, el mandatario estadounidense no dejó claro quién será su interlocutor en Caracas, pero afirmó: “nadie va a tomar el poder”. Al respecto, señaló que tienen un vicepresidente (Delcy Rodríguez) “que ha sido elegida por Maduro y ahora mismo ella es la vicepresidenta y supongo que es ahora la presidenta”.
Según el mandatario estadounidense, el secretario de Estado, Marco Rubio, mantuvo “una larga conversación” con Delcy Rodríguez y que esta le habría expresado su colaboración con la Casa Blanca a partir de ahora.
Horas más tarde, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró la “ausencia forzosa” de Maduro, calificando los eventos de las últimas horas como una “agresión militar extranjera” y un “secuestro”, y ordenó de forma inmediata que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, asuma las funciones de presidenta encargada “con todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo, para garantizar la defensa de la soberanía y la gestión de Gobierno”.
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El juez neoyorkino Alvin Kenneth Hellerstein, de 92 años, se encuentra en el epicentro de uno de los procesos judiciales más trascendentales en la historia reciente de los Estados Unidos: el juicio contra el líder del chavismo venezolano, Nicolás Maduro, quien fue detenido el sábado 3 de enero en la madrugada en Caracas por cuerpos de seguridad estadounidenses, tras una incursión militar en varias ciudades del país.
Tras una carrera de décadas supervisando casos de seguridad nacional y terrorismo, Hellerstein, un juez sénior del Distrito Sur de Nueva York, ha sido designado para dirigir el expediente contra Maduro luego de su captura. Este caso, que involucra cargos de conspiración para el “narcoterrorismo”, importación de cocaína y tenencia de armas, representa un plato fuerte en la trayectoria de un magistrado.
Trayectoria y formación académica
Nacido en la ciudad de Nueva York el 28 de diciembre de 1933, Hellerstein es un producto de las instituciones más prestigiosas de su ciudad. Se graduó de la Bronx High School of Science en 1950 y obtuvo su licenciatura en Artes en el Columbia College en 1954. Posteriormente, se doctoró en Derecho en la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia en 1956, donde destacó como editor de la Columbia Law Review.
Su experiencia en el ámbito público comenzó temprano, sirviendo como secretario jurídico del juez Edmund Palmieri y, más tarde, como primer teniente en el Cuerpo del Auditor General (JAG) del Ejército de los Estados Unidos entre 1957 y 1960. Antes de ascender al estrado federal, Hellerstein acumuló casi 40 años de práctica privada en la firma Stroock & Stroock & Lavan LLP, donde fue socio y codirector del departamento de litigios, forjando una reputación de rigor intelectual y minuciosidad.
En 1998, fue nominado por el expresidente Bill Clinton para el cargo de juez federal, siendo confirmado por unanimidad por el Senado. En 2011, asumió el estatus de juez sénior, una posición que le permite seleccionar casos de alta sensibilidad y gran impacto mediático.
Casos emblemáticos: Del 11 de septiembre a Hollywood
La carrera de Hellerstein está marcada por su gestión de crisis y litigios masivos. Es reconocido mundialmente por haber supervisado durante años las complejas demandas civiles derivadas de los atentados del 11 de septiembre. En este rol, gestionó compensaciones para miles de víctimas y rescatistas, y tomó decisiones difíciles, como dictaminar que la ciudad de Nueva York poseía inmunidad soberana frente a ciertas reclamaciones por daños materiales.
Otros hitos en su despacho incluyen:
Abu Ghraib: En una decisión histórica por la transparencia y los derechos humanos, ordenó al gobierno estadounidense liberar fotografías y videos del abuso de prisioneros en Irak.
Harvey Weinstein: Administró las causas civiles contra el productor de Hollywood, rechazando inicialmente acuerdos de conciliación por considerarlos insuficientes para las víctimas del movimiento #MeToo.
Michael Cohen: En 2020, ordenó la liberación del exabogado de Donald Trump, determinando que su regreso a prisión fue una represalia ilegal por su intención de publicar un libro crítico.
Fraude financiero: Sentenció a Bill Hwang a 18 años de prisión por el colapso de Archegos Capital y a Charlie Javice a siete años por defraudar a JPMorgan Chase.
El Póster “Hope” de Barack Obama: Presidió el litigio de derechos de autor entre el artista Shepard Fairey y la agencia Associated Press (AP). Fairey había utilizado una fotografía de la AP para crear el famoso cartel de la campaña de Obama
El nexo venezolano: Hugo “El Pollo” Carvajal
Para el entorno del chavismo, el nombre de Hellerstein ya era conocido antes del caso Maduro. El magistrado presidió el proceso judicial contra Hugo “El Pollo” Carvajal, el exjefe de inteligencia militar de Venezuela extraditado a EEUU en 2023. Carvajal fue acusado de narcoterrorismo y de utilizar su cargo para facilitar las operaciones del Cártel de los Soles.
Carvajal se declaró culpable de cargos de narcotráfico y narcoterrorismo en junio de 2025 y su próxima audiencia de sentencia está prevista para realizarse el 23 de febrero de 2026. En esta fecha se llevará a cabo una “audiencia fáctica” para profundizar en los hechos y el nivel de implicación de Carvajal en el denominado Cártel de los Soles.
El juicio contra Nicolás Maduro
Tras la intervención estadounidense en Venezuela el 3 de enero de 2026, Nicolás Maduro fue trasladado a Nueva York, quedando su futuro legal bajo la supervisión de Hellerstein. El magistrado dirige las audiencias iniciales en Manhattan, mientras Maduro permanece recluido en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, una prisión de máxima seguridad conocida por sus condiciones extremas.
La acusación contra Maduro sostiene que lideró una empresa criminal transnacional durante más de 15 años para inundar los Estados Unidos con cocaína. Hellerstein es el encargado de resolver asuntos críticos como la legalidad de las pruebas obtenidas y las condiciones de detención, enfrentando el que se considera uno de los juicios contra un jefe de Estado más importantes en la historia judicial estadounidense.
Defensa del debido proceso: La Ley de Enemigos Extranjeros
Un aspecto que define el carácter de Hellerstein es su fallo sobre la Ley de Enemigos Extranjeros (Alien Enemies Act). El juez declaró en 2025 de “inválida e inconstitucional” la invocación de esta ley por parte de la administración de Trump para deportar venezolanos.
Hellerstein emitió una medida cautelar contra la Proclama Presidencial 10903, que invocaba esta ley de hace más de dos siglos para detener y deportar de forma inmediata a presuntos miembros del Tren de Aragua. Los puntos clave de su razonamiento fueron:
Falta de debido proceso: El juez determinó que la administración Trump intentó ejecutar expulsiones sumarias ignorando la Sección 23 de la AEA, la cual impone al Poder Judicial el “deber” de realizar una audiencia y un examen completo antes de cualquier remoción.
Inconstitucionalidad: Hellerstein subrayó que ni los ciudadanos ni los extranjeros pueden ser privados de su libertad sin el debido proceso legal garantizado por la Quinta Enmienda.
Interpretación de “Invasión”: El juez rechazó el argumento de que la infiltración de pandilleros del Tren de Aragua o la migración de refugiados venezolanos constituya una “invasión” o “incursión depredadora” bajo el significado de la ley de 1798. Citando diccionarios de la época de la ratificación, Hellerstein aclaró que una “invasión” requiere un ataque de una fuerza militar extranjera con el fin de conquistar o saquear territorio. Las actividades del Tren de Araguason de naturaleza criminal (narcotráfico), no militar, y por tanto la leyno fue válidamente invocada.
Daño irreparable: Hellerstein destacó que deportar a personas a cárceles extranjeras como el CECOT de El Salvador (calificado por el juez como un “penal notoriamente malvado”) sin supervisión judicial estadounidense representaba un daño que no podía remediarse después de ocurrido.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Edmundo González Urrutia calificó los acontecimientos recientes como un “punto de inflexión” para Venezuela. Tras la captura de Nicolás Maduro, González Urrutia delineó las condiciones indispensables para una transición democrática genuina y envió un mensaje directo a las instituciones del Estado, especialmente a la Fuerza Armada Nacional.
Para González Urrutia, el nuevo escenario político es “un paso importante pero insuficiente”. Según sus declaraciones, “la normalización real del país solo será posible cuando se libere a todos los venezolanos privados de libertad por razones políticas”, a quienes calificó como “rehenes” de un sistema de persecución, así como por el respeto “sin ambigüedades” de “la voluntad mayoritaria expresada por el pueblo venezolano el 28 de julio.
“Como ya lo han expresado distintos actores políticos y sociales, solo entonces podrá iniciarse, de manera seria y responsable, un verdadero proceso de transición democrática”, expresó.
González Urrutia aseguró que el respaldo recibido el 28 de julio de 2024 es “profundo, mayoritario y sostenido”, comprometiéndose a actuar con sentido de Estado y unidad nacional para garantizar que “nunca más el poder sea usado contra su propio pueblo”.
“Como presidente de los venezolanos, hago un llamado sereno y claro a la Fuerza Armada Nacional y a los cuerpos de seguridad del Estado. Su deber es cumplir y hacer cumplir el mandato soberano expresado el 28 de julio de 2024 (…) Como comandante en jefe les recuerdo que su lealtad es con la Constitución, con el pueblo y con la República”, agregó.
Finalmente, González Urrutia instó a los ciudadanos a asumir este “momento histórico” con “serenidad, con claridad y con compromiso democrático. El país que viene debe ser un país de derechos, de instituciones y de esperanza, y ese país lo construiremos juntos”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
