Al menos 26 organizaciones no gubernamentales y defensoras de derechos humanos advirtieron que “la redemocratización de Venezuela debe comenzar con la libertad plena de todos los presos políticos civiles y militares”, en un comunicado conjunto difundido este 4 de enero de 2026, en medio de una coyuntura marcada por los bombardeos registrados en Caracas y en al menos otros dos estados del país, así como la extracción de Nicolás Maduro.
En el pronunciamiento, las organizaciones sostienen que la actual coyuntura abre la posibilidad de avanzar hacia una transición orientada a la redemocratización, pero alertan que el primer paso indispensable de dicho proceso debe ser la liberación “inmediata, plena e incondicional” de todas las personas privadas de libertad por razones políticas, como condición básica para garantizar el respeto a los derechos humanos y la reconstrucción del Estado democrático.
El comunicado señala que en Venezuela permanecen más de 1000 presos políticos, muchos de los cuales siguen en situación de desaparición forzada. Señalan que son ciudadanos y ciudadanas detenidos arbitrariamente por ejercer derechos fundamentales como opinar, protestar, defender derechos humanos, participar en política, informar o disentir, así como personas tomadas como rehenes extranjeros para aumentar la presión internacional, o detenidas únicamente por su vinculación familiar o política con personas perseguidas.
Las organizaciones advierten que muchos de ellos llevan años encarcelados, “sometidos a procesos judiciales viciados“, sin debido proceso ni juez natural, con retardo procesal, condiciones inhumanas de reclusión y graves afectaciones a su integridad física y psicológica.
También alertan sobre numerosos casos que requieren acciones humanitarias urgentes, debido a condiciones de salud que comprometen la vida de las personas detenidas y que demandan atención médica y psicológica integral inmediata.
Liberaciones selectivas y control posterior
Las ONG sostienen que la liberación de todas las personas presas por motivos políticos debe ser el punto de partida innegociable de cualquier proceso de redemocratización y subrayan que no se trata de un gesto simbólico ni de una concesión política, sino del cumplimiento de obligaciones básicas del Estado conforme al derecho internacional de los derechos humanos.
En ese sentido, advierten que las liberaciones no deben realizarse aumentando el sufrimiento de las víctimas, ni someterlas a nuevos juicios ilegítimos o a procesos ante tribunales que resultan revictimizantes y profundamente dañinos, por lo que consideran fundamental anular tales procesos judiciales ilegítimos, en consonancia con las garantías procesales y el debido proceso.
El comunicado denuncia que, hasta ahora, los procesos de excarcelación han sido “limitados, selectivos y discrecionales“, condicionados a medidas de control como regímenes de presentación, prohibiciones de salida del país u otras restricciones que mantienen a las personas liberadas bajo amenaza permanente de reencarcelamiento. Este esquema, señalan, “perpetúa la arbitrariedad, condena al resto de los presos políticos y a sus familias a depender de decisiones opacas y excluyentes“, y ha permitido que “el castigo, la amenaza y la extorsión se extiendan también a los familiares“, multiplicando el número de personas afectadas por cada detención arbitraria.
Exigencias: desmontar el aparato represivo y garantizar no repetición
Las organizaciones advierten que, tras la liberación de todos los presos políticos, es fundamental “desmantelar el aparato represivo que ha sustentado estas prácticas“, garantizando que no se repitan las detenciones arbitrarias en ejecución de una política de persecución.
Asimismo, alertan que ningún proceso de transición puede construirse sobre una “selección perversa” de libertades, donde algunas personas recuperen derechos mientras otras permanezcan injustamente privadas de ellos. En ese sentido, recuerdan que “la democracia exige igualdad ante la ley”, lo que implica una decisión que abarque a todas las personas presas por razones políticas, sin excepciones ni evaluaciones discrecionales, y sin que la vida y la dignidad humana continúen siendo objeto de negociación política.
El comunicado exige que la liberación de los presos políticos sea “inmediata, plena, incondicional y verificable“, con mecanismos de transparencia que incluyan listas públicas de personas liberadas por centros de reclusión y garantías para que los excarcelados y sus familias puedan dar testimonio libremente, reduciendo el miedo, las amenazas y las cifras ocultas de arbitrariedades no denunciadas.
Las ONG subrayan que estas medidas contribuirán a aliviar la presión internacional y, sobre todo, a poner fin a prácticas que han instrumentalizado el sufrimiento humano “con fines de control y legitimación política“.
Finalmente, reiteran que la agenda de redemocratización debe construirse poniendo en el centro el respeto y la garantía de los derechos humanos, con garantías de no repetición, restitución de derechos civiles y políticos, rehabilitación física y psicológica, protección efectiva a las víctimas y reconocimiento del daño causado por la política sistemática de detenciones arbitrarias.
Las organizaciones insisten en su llamado a las autoridades con responsabilidad institucional y a la comunidad internacional a avanzar hacia una transición que incluya entre sus primeras medidas la libertad de todos los presos políticos, el cese de la persecución política y una ruta clara para garantizar justicia y no repetición.
“No hay democracia posible mientras existan presos políticos”, concluye el comunicado.
Entre las organizaciones firmantes se encuentran: Justicia, Encuentro y Perdón; Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve); Un Mundo Sin Mordaza; Realidad Helicoide; Justicia y Proceso Venezuela; 100% Estrógeno ONG; Civitas de Venezuela; FundaRedes; Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA); Cepaz; Movimiento de Educadores Simón Rodríguez; Ruta Democrática; ProboxVE; Laboratorio de Paz; Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia – JuventudLAC; Labo Ciudadano; Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (Cadef); Provea; Fundación Familia SOS Libertad; Agló Joven Venezuela; Transparencia Venezuela; Instituto CASLA; AlertaVenezuela; Caleidoscopio Humano; Acceso a la Justicia y Espacio Público.
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