A partir del anuncio de “gobernar” Venezuela -a través de la presidencia encargada de Delcy Rodríguez- hasta lograr una “transición ordenada”, por parte de Estados Unidos, una de las grandes interrogantes es cuánto debería durar este proceso y, más allá, los riesgos que conlleva una prolongación indefinida de la actual situación, derivada de la captura del líder chavista, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores.
Al declarar a Rodríguez como jefa de Estado debido a la “ausencia forzosa” de Maduro, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) recurrió a la figura de la falta “temporal” en el cargo, según los artículos 233 y 234 de la Constitución, para ordenar que la sucesión recayera en la vicepresidenta ejecutiva, lo cual abre un lapso de 180 días máximo (90 días prorrogables) para que la exministra de Economía esté al frente de Miraflores.
Pero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene otros tiempos en mente. Trump expresó que no se pueden celebrar elecciones en Venezuela porque primero tienen “que arreglar el país” , lo cual pasa por la reconstrucción de la infraestructura petrolera. En declaraciones a NBC News la noche del lunes 5 de enero, dijo que una primera parte de la transición tutelada durará 18 meses.
Analistas políticos han señalado que el impacto del tutelaje estadounidense a lo interno del chavismo, que implica una posible fractura interna, también es un factor a considerar en el cálculo de los tiempos, como eventual desencadenante de otros acontecimientos.
Constitucionalistas consultados por Efecto Cocuyo señalan que tarde o temprano el chavismo en el poder tendrá que admitir la falta absoluta del gobernante apresado y tendrán que considerar elecciones. Asimismo, que una “transición indefinida” con la venia de EEUU, no es transición, sino la continuidad del régimen político actual, más aún divorciado de la Carta Magna.
“No es razonable esperar regreso de Maduro”
“El carácter de la encargaduría que estableció la Sala Constitucional del TSJ sería hasta por 180 días, luego habría que decidir declarar la falta absoluta y seguir el procedimiento de llamar a elecciones en 30 días, pero veremos cómo se maneja el asunto políticamente”, advirtió el abogado constitucionalista Nelson Chitty La Roche.
Para el decano de la Facultad de Ciencias Politicas y Juridicas de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Juan Carlos Apitz, la Sala Constitucional tuvo razón al señalar que la detención de un gobernante en pleno ejercicio no está previsto en la Carta Magna venezolana y lo más parecido es la ausencia temporal establecida en el artículo 234 de la Constitución.
La norma señala que las faltas temporales del presidente o Presidenta de la República serán suplidas por el vicepresidente ejecutivo hasta 90 días, prorrogables por decisión del Parlamento para un aproximado de seis meses.
“No es razonable esperar que Maduro vuelva al territorio nacional. En algún momento la ausencia absoluta será evidente y tendrá que ser declarada y deben convocarse a elecciones dentro de 30 días, según el artículo 233 de la Constitución. En algún momento van a tener que admitirlo”, dijo Apitz.
Mientras tanto, en un intento por mantener la esperanza entre sus seguidores, Delcy Rodríguez designó el 4 de enero una comisión para gestionar la liberación de Maduro y Flores, quienes deberán enfrentar un juicio en Estados Unidos por narcoterrorismo.
El grupo está liderado por el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, el canciller Yván Gil; la presidenta de la Gran Misión Vuelta a la Patria, Camilla Fabri (esposa de Alex Saab), así como los hijos de la pareja apresada: Nicolás Maduro Guerra, Walter Jacob Gavidia Flores, Yosser Daniel Gavidia Flores y Yoswal Alexander Gavidia Flores.
Al ser ratificado al frente de la AN, este 5 de enero, Jorge Rodríguez dijo que la AN haría uso de los mecanismos institucionales posibles para el “rescate” de Maduro y Flores.
¿Transición indefinida?
“No es una transición si es indefinida, es continuismo del chavismo y es una tentación latente. La sociedad venezolana debe oponerse, aquí los actores políticos deben evaluar hasta donde se puede tolerar eso”, alertó Apitz.
Sostuvo que los capitales extranjeros, las inversiones, sean de empresas estadounidenses o de otros países, solo van a venir si hay estabilidad y seguridad jurídica, lo cual, subrayó, sólo puede hacerse una con una transición.
“La inversión no va a venir con este sistema de justicia ni con la actual Asamblea Nacional y eso debe saberlo Estados Unidos”, recalcó.
Este 7 de enero, en rueda de prensa, diputados de la AN por Un Nuevo Tiempo (UNT) se pronunciaron porque concluidos los 90 días prorrogables que contempla el artículo 234 de la Constitución se convoque a nuevas elecciones en Venezuela, previa renovación de Poderes Públicos como el Consejo Nacional Electoral (CNE). El parlamentario Luis Emilio Rondón señaló que Trump no tiene “competencia alguna” para decidir por los venezolanos.
“La constitucionalidad quedaría, si ya no está, herida de muerte. Tal vez formalmente se gobernará bajo un régimen de excepción. Es complejo, porque se toma un camino impuesto por Trump que me temo, desconoce el hecho político del 28 de julio 2024 y, más aún, la legitimidad y la legalidad democrática del país”, dijo Chitty La Roche sobre una eventual extensión indefinida de la presidencia encargada.
Este 7 de enero, el secretario de Estado de EE.UU. Marco Rubio, habló de tres fases para Venezuela: estabilización para evitar el caos, recuperación que abarca la economía y la liberación de los presos políticos y finalmente una transición orientada a “una reconciliación duradera y la reconstrucción institucional del país”, sin precisar lapsos.
«Obviamente, en este momento tenemos la máxima influencia sobre las autoridades interinas en Venezuela», reafirmó en rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
¿Por qué elecciones y no juramentación?
Mientras EE.UU. y los factores que no acompañan el liderazgo de María Corina Machado y Edmundo González hablan de nuevas elecciones en Venezuela al término de una transición cuyo duración no está clara, la líder opositora, el exdiplomático, la Plataforma Unitaria Democrática y la Unión Europea (UE) insisten en que lo que procede es el regreso del ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio para que sea juramentado, por voluntad soberana del pueblo venezolano.
«Como presidente de los venezolanos, hago un llamado sereno y claro a la Fuerza Armada Nacional, a las fuerzas del Estado: su deber es cumplir el mandato soberano expresado el 28 de julio 2024. Como comandante en jefe, les recuerdo que su lealtad es con la Constitución, con el pueblo y la República. Este es un momento histórico; lo asumimos con serenidad, claridad y compromiso democrático. El país que viene debe ser de derechos, de instituciones, de esperanza. Ese país lo construiremos juntos», dijo Gonzalez Urrutia, en un mensaje a la FANB el 4 de enero.
El exdiplomático, quien había vencido en las urnas a Maduro, según 85% de las actas publicadas por la oposición, recalcó que su legitimidad proviene del mandato popular. Pero Machado dijo que de convocarse a nuevos comicios igual ganarían con 90% de los votos.
“Una cosa es lo que dice la ley y otra la legalidad chavista. Hay actos administrativos que están vigentes que deben ser anulados como lo es la proclamación de Maduro hecha por el CNE y su juramentación ante la AN. Que regrese Edmundo González pasa primero porque esas actas de votación del 28 de julio se revisen, contar los votos y arrojar unos resultados auditables y el actual CNE no lo va a hacer”, advirtió Apitz.
Agregó que cambiar el CNE es una decisión que debe tomar el Parlamento y expresó sus dudas en cuanto a que mientras el chavismo domine al Poder Legislativo, con Jorge Rodríguez al frente, haya voluntad de renovar los Poderes Públicos en estricto apego a la Constitución.
A juicio del abogado constitucionalista, es más probable que la AN reconozca la ausencia absoluta de Maduro y se convoquen a nuevas elecciones, todo bajo el tutelaje de Estados Unidos, a que se de una eventual juramentación de González Urrutia.
“Dos situaciones generan preocupación: La permanencia impuesta desde dentro y ahora desde fuera de un régimen deslegitimado, sin narrativa, sin respeto del nuevo hegemón y la otra es la pérdida ostensible de soberanía. También están latentes una crisis económica exponencial y una crisis social de muy difícil manejo”, agregó Chitty La Roche, sobre el nuevo capítulo que ha abierto la captura de Maduro y la juramentación de Delcy Rodríguez bajo el tutelaje de EE.UU.
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