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DDHH Olvidados | Tres expolicías metropolitanos pagan las culpas del 11 de abril de 2002

11 de abril de 2002
Andrea González
14/04/2023
María Bolívar, tía de Erasmo Bolívar, pide que el caso de su sobrino, detenido por los hechos del 11 de abril de 2002 no sea olvidado, aunque también sabe que detrás de la condena de los policías metropolitanos llegaron muchas otras
Hasta el 22 de octubre del 2021, los tres funcionarios de la PM estuvieron recluidos en la Cárcel Militar de Ramo Verde, ubicada en el estado Miranda, hasta que en horas de la madrugada de ese día fueron trasladados a la cárcel Fénix, en el estado Lara
Maximiliano Toro, padre del inspector Héctor Rovaín, falleció a sus 83 años el 10 de septiembre del 2019, debido a un paro respiratorio. Toro estaba enfermo y su tratamiento se dificultó ante la escasez y el alto costo de medicinas para pacientes oncológicos. La madre del PM murió en 2013. Ninguno pudo volver a ver a su hijo en libertad

@Andrea_GP21

Ya han pasado 20 años desde que en abril del 2003 fueron detenidos nueve funcionarios de la extinta Policía Metropolitana por los hechos de Puente Llaguno, ocurridos el 11 de abril de 2002. Aunque varios ya salieron de la cárcel, huyendo o con libertad otorgada, Héctor Rovaín, Luis Molina y Erasmo Bolívar permanecen en prisión y sus familiares claman para que sean liberados.

La condena de los exfuncionarios fue la primera contra personas enjuiciadas de forma arbitraria por motivos políticos de la era chavista.

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Fue la jueza Maryorie Calderón quien sentenció a Rovaín, Molina y Bolívar a 30 años de prisión, como también lo hizo con los comisarios Iván Simonovis, Henry Vivas y Lazaron Forero y el sargento Julio Rodríguez.

Desde 2011 esperan que se les otorguen medidas alternativas al cumplimiento de la pena, esto según lo señalado por quien fuere la titular del tribunal 1 de ejecución del estado Aragua, Ada Marina Armas. Esas medidas, a 20 años de la detención de los expolicías metropolitanos, no se han cumplido.

Una tragedia incipiente

El 11 de abril de 2002 se produjo un intento de golpe de Estado contra el fallecido presidente Hugo Chávez. 

Para ese día se convocó una marcha opositora que tendría como objetivo recorrer los alrededores de Parque del Este, acabando en PDVSA Chuao, pero terminó con los manifestantes dirigiéndose hacia el Palacio de Miraflores en cuyos alrededores estaban simpatizantes del oficialismo desde dos días antes. Los opositores se encontraron con chavistas en Puente Llaguno, donde se desató una ráfaga de disparos que terminó con 19 muertos y múltiples heridos.

Héctor Rovaín, inspector en jefe de la PM, salió de su casa ese día en la madrugada sin saber lo que le esperaría para su vida después. A bordo de la unidad conocida como “la ballena”, el exfuncionario tuvo que interponerse entre los manifestantes y los pistoleros que dispararon desde Puente Llaguno. El vehículo en el que iba Héctor Rovaín quedó repleto de balas.

 

El funcionario fue condenado a 30 años por homicidio calificado frustrado en complicidad correspectiva, lesiones personales graves y leves en complicidad correspectiva y uso indebido de arma de fuego.

Esa misma condena se les aplicó al agente Erasmo Bolívar y al distinguido Luis Molina. En el caso de Bolívar, este se encontraba en una ambulancia de la PM socorriendo a los heridos hasta que tuvo que abandonar el vehículo en la Avenida Urdaneta tras verse sometido al tiroteo en Puente Llaguno. Su arma de reglamento nunca fue disparada.

Tampoco fue disparada la de Molina, pero eso no fue impedimento para recibir una condena por los hechos del 11 de abril de 2002, al igual que los otros funcionarios, por las muertes de Rudy Alfonso Urbano Duque y Erasmo Enrique Sánchez, dos de las 19 personas fallecidas ese día, ambos simpatizantes del chavismo y los únicos por los cuales hubo juicio.

Presos políticos en cárcel de presos comunes

Hasta el 22 de octubre del 2021, los tres funcionarios de la PM estuvieron recluidos en la Cárcel Militar de Ramo Verde, ubicada en el estado Miranda, hasta que en horas de la madrugada de ese día fueron trasladados a la cárcel Fénix, en el estado Lara.

“La vida de ellos corre peligro en cárceles comunes. ¿Hasta cuándo tanta maldad en su contra?. Les corresponde libertad tras 18 años y cinco meses presos”, denunció en ese momento Laura Pérez, esposa de Luis Molina.

Según cifras de la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad, este centro penitenciario está plagado de enfermedades y malos tratos. Incluso, según la ONG, en poco más de 14 meses fallecieron unos 30 reclusos.

Los padres de Héctor murieron sin poder ver a su hijo en libertad

Maximiliano Toro, padre del inspector Héctor Rovaín, falleció a sus 83 años el 10 de septiembre del 2019, debido a un paro respiratorio. Toro estaba enfermo y su tratamiento se dificultó ante la escasez y el alto costo de medicinas para pacientes oncológicos.

En la última entrevista que le realizaron a Toro, recordó además que su esposa, la madre de su hijo, murió el 7 de junio del 2013 “sin poder ver la libertad de su hijo”.

“Mi nieto, su único hijo, tenía apenas siete años cuando se produjo la sentencia. El sueño de todo padre Héctor no pudo cumplirlo: llevar a su hijo de la mano al preescolar, a la primaria, no pudo asistir a su graduación para verlo con toga y birrete”, declaró Toro en el año 2017.

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Beneficios procesales negados 

Héctor Rovaín, Erasmo Bolívar y Luis Molina debían gozar de los derechos procesales contenidos en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP). Con la mitad de la plena cumplida, el destacamento de trabajo permite a los reclusos salir a laborar y regresar al centro de detención cada noche. Sin embargo, este beneficio no ha sido otorgado.

En este régimen abierto, se envía al recluso a un centro de tratamiento comunitario, donde trabaja y pernocta de lunes a jueves; mientras que los días viernes, sábado y domingo duerme en su casa. Se otorga luego de cumplirse los dos tercios de la pena impuesta.

Asimismo, la libertad condicional establece medidas de presentación periódicas ante el tribunal y de ella se goza a partir de las tres cuartas partes de la pena. También, el confinamiento permite al detenido vivir a 120 kilómetros del lugar donde ocurrieron los hechos.

Pese a que en la última reforma del Código Orgánico Procesal Penal se eliminó la condición de confinamiento, los policías metropolitanos preservan sus derechos ya que fueron juzgados con el código anterior, reseña un artículo de Carolina González publicado en El Pitazo.

 

Pero además, los tres policías metropolitanos están amparados por la Ley de Redención Judicial de la pena que otorga un día en prisión por cada dos días de estudio o trabajo. Ese tiempo redimido se les contará también para la suspensión condicional de la pena y para las fórmulas de cumplimiento de esta.

Familiares exigen que se cumplan medidas alternativas a la condena

María Bolívar, tía de Erasmo Bolívar, pide que el caso de su sobrino no sea olvidado, aunque también sabe que detrás de la condena de los policías metropolitanos llegaron muchas otras.

“Hoy pido nuevamente su libertad, que los dejen volver a casa, y a la gente que no deje de recordar que ese fue el punto de partida de la existencia de presos políticos en esta etapa que le ha tocado vivir al país”, exigió la tía del funcionario que está condenado a 30 años de prisión.

 

Además, María Bolívar recordó que los tres funcionarios están alejados de sus familiares, quienes residen en los estados Miranda y La Guaira. Los funcionarios están presos en la Cárcel Fénix de Barquisimeto con muy pocas visitas permitidas y sin alimentos, pagando una condena por crímenes que, aseguran, no cometieron.

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