Entre el 3 y el 9 de enero de 2026, el ejercicio del periodismo en Venezuela ha sido blanco de una escalada sostenida de actuaciones que configuran un “patrón sistemático de criminalización de la labor informativa” amparado bajo el decreto de estado de conmoción exterior que, aunque invoca la seguridad nacional, ha servido de cheque en blanco para silenciar reporteros y deteriorar la ya precaria situación de libertad de prensa en el país.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) documentó una semana crítica de detenciones, deportaciones, censura directa y cierre de medios. Solo el 5 de enero, fecha de instalación de la nueva Asamblea Nacional de corte oficialista y de la juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada -con el aval de Estados Unidos tras la incursión militar que derivó en la captura de Nicolás Maduro- al menos 14 periodistas fueron detenidos.
El balance también registra 13 deportaciones de corresponsales (incluyendo equipos de CNN, Univisión y El País) y la negativa de ingreso a unos 200 periodistas extranjeros en la frontera con Cúcuta.
“En la frontera colombo-venezolana, el periodista Luis Carlos Vélez y su equipo de Univisión fueron detenidos por el Sebin, interrogados, sometidos a revisión de equipos, se les eliminó material periodístico y finalmente fueron expulsados del país. Julián Mazo, periodista mexicano colaborador de los medios SDP Noticias y Radio Fórmula Sonora; y Jeff Martínez, de Testigo Directo, denunciaron haber estado detenidos e incomunicados alrededor de 10 horas y haber sido sometidos a tortura psicológica”, precisa el informe del SNTP.
El sindicato recuerda que la negativa de ingreso, “aplicada de forma discrecional y sin explicaciones formales, constituye una restricción indirecta a la libertad de prensa y una estrategia para limitar la cobertura internacional independiente sobre la situación del país”.
Censura directa y hostigamiento
En el estado Táchira, Conatel ordenó el cierre y decomiso de equipos de la emisora Impacto 105.3 FM, el 7 de enero, reduciendo aún más el ya asfixiado ecosistema mediático local.
Se menciona también los casos ocurridos el pasado 9 de enero, cuando efectivos de la PNB detuvieron por cerca de 20 minutos a un equipo de Telemundo Network en los alrededores de la Embajada de Estados Unidos en Caracas y los obligaron a borrar el material grabado.
El pasado 4 de enero el corresponsal de Meganoticias, Fernando Tineo, fue “hostigado y amenazado” durante una transmisión en vivo. Días después, funcionarios de seguridad intentaron decomisar sus equipos en las afueras de El Helicoide, mientras reportaba sobre los familiares de presos políticos que esperaban excarcelaciones.
Para el SNTP, estos hechos no son aislados, sino que revelan un uso deliberado de los organismos de inteligencia para “limitar la cobertura internacional independiente sobre la situación del país”
Para el SNTP, estos hechos no son aislados. Denuncian que el patrón se ha intensificado bajo el marco del estado de conmoción, “profundizando el cierre del espacio cívico y el derecho a la información”. Entretanto, 22 periodistas y trabajadores de la prensa siguen presos en Venezuela.
Cerraron el comunicado alertando a la comunidad nacional e internacional sobre “el grave deterioro de la libertad de expresión” en Venezuela en el marco de la crisis política y militar actual y exigieron revertir el cierre de medios, devolver los equipos decomisados, liberar a los periodistas y trabajadores de prensa detenidos y cesar las detenciones arbitrarias, deportaciones y expulsiones, así como poner fin a la “censura directa, el borrado de material y la vigilancia digital”.
El pasado 6 de enero, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) instó a las autoridades de Venezuela a respetar y garantizar el libre ejercicio del periodismo y manifestaron su preocupación por la detención de 14 periodistas, en su mayoría corresponsales y trabajadores de medios internacionales, así como por otras restricciones al flujo informativo registradas en el país en los primeros días de 2026.
Reporteros sin Fronteras también llamó la atención sobre el hecho de que, tras años de “represión y estricto control”, después de los ataques militares de EEUU del 3 de enero, “los periodistas enfrentan ahora riesgos mayores e imprevisibles en un entorno cada vez más fragmentado, donde prevalece la arbitrariedad. La intimidación, las amenazas directas, la revisión de teléfonos y las eliminaciones forzadas de contenidos periodísticos —prácticas que se generalizaron después de las elecciones de 2024— se ven ahora agravadas por nuevos peligros”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
