En un recorrido por las calles de Caracas la madrugada del pasado 9 de enero, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, aseguró que Venezuela respira “tranquilidad”, apenas días después de los bombardeos y de la cinematográfica extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores el pasado 3 de enero.
Para Cabello, la receta de esta calma no es la institucionalidad ni el diálogo, sino el hierro. El ministro fue enfático al señalar que la paz está garantizada porque “el Estado venezolano tiene el monopolio de las armas, posesión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de los cuerpos de seguridad del Estado”.
“Tener la posesión de las armas nos ha permitido a nosotros el control, el control para que ningún grupo ni nadie pueda atribuirse hechos de violencia distinto a los ocasionados el día 3 de enero en la madrugada por parte del gobierno de los Estados Unidos. Somos garantes de la tranquilidad del país gracias a que tenemos esa posibilidad”, sostuvo el dirigente oficialista desde la plaza O’Leary de Caracas.
Cabello no perdió la oportunidad de lanzar una indirecta al gobierno de los Estados Unidos, al respecto del tema de posesión de armas: “Ustedes saben que hay otros países donde la gente tiene armas en su casa y se van a una escuela y hacen una masacre”.
Al cierre de su recorrido, bajo la consigna de “¡Leales siempre! ¡Traidores nunca!” el ministro aseguró que el gobierno permanece unido: “Hay unidad de mando, unidad de comando, unidad de trabajo y esa es la mayor garantía de que los resultados se vengan”.
Además, insistió en que los venezolanos pueden “cerrar los ojos y descansar tranquilos”, afirmación que no alcanza a las decenas de familiares de presos políticos que desde el 8 de enero, aguardan frente a los centros de reclusión del Estado en espera de que se concreten las masivas liberaciones de presos políticos anunciadas.
La “paz” que investiga la CPI
El entusiasmo de Cabello por el “monopolio de las armas” choca de frente con la realidad que documentan las ONG y organismos como la Misión de Determinación de Hechos de la ONU y la Corte Penal Internacional (CPI).
Mientras el ministro agradece la “entrega y sacrificio” de los funcionarios policiales, estos mismos cuerpos de seguridad son investigados por patrones de abusos que incluyen detenciones arbitrarias y crímenes de lesa humanidad.
La Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela ha recopilado durante más de cinco años las violaciones de derechos humanos en Venezuela. El pasado mes de diciembre, en un informe publicado el día 11, acusó a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de cometer crímenes de lesa humanidad durante más de una década. Denunciaron que durante los picos de las protestas ocurridas en 2014, 2017, 2019 y 2024, la GNB empleó una fuerza desproporcionada, incluyendo el uso indebido de armas letales y menos letales. Los señalan de disparar de manera indiscriminada hacia zonas vitales, así como de modificar proyectiles para causar mayor daño.
El reporte concluyó que funcionarios de la GNB perpetraron y contribuyeron de manera directa a la comisión de privaciones arbitrarias de la vida, detenciones arbitrarias, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y violencia sexual y de género, tanto durante operativos de control de protestas como en acciones de persecución política selectiva.
La Misión de la ONU detalló que la doctrina venezolana de “seguridad nacional” ha fusionado funciones militares y policiales, con lo que se ha legitimado la militarización de la seguridad ciudadana y se ha ampliado el papel de la GNB en operaciones orientadas al control social y la represión interna También, precisó que la cadena de mando altamente centralizada –bajo la dirección del Presidente de la República como comandante en jefe de la FANB– facilitó la ejecución de “acciones ilícitas sin mecanismos internos efectivos de control o rendición de cuentas”.
Previamente, el informe de 2022 de la Misión de la ONU se dedicó exclusivamente a cómo el Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y la Dgcim (Dirección General de Contrainteligencia Militar) funcionan bajo una estructura jerárquica donde las órdenes de “persecución y tortura” provienen directamente de los niveles políticos más altos.
La Misión documentó que el Sebin utiliza el Helicoide como centro de detención donde se practican torturas, incluyendo descargas eléctricas, asfixia y violencia sexual, para extraer confesiones o humillar a figuras políticas y recopilaron casos en los que se asegura que los agentes administraron drogas psicotrópicas para inducir confesiones. Sobre la Dgcim, denunciaron que opera centros clandestinos donde la tortura es “sistemática”.
Sobre la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Misión describió su evolución desde su rol inicial hasta convertirse en una fuerza “letal“. Indicaron que tras la recomendación de la ONU de disolver las FAES, el grupo simplemente cambió de nombre a DAET (Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas), pero mantuvo los mismos mandos “y patrones de conducta violenta”. En los primeros informes, la Misión vinculó a las FAES (Fuerzas de Acciones Especiales de la PNB) con ejecuciones extrajudiciales, en las que se simularon enfrentamientos para encubrir asesinatos.
Y en septiembre de 2025, también denunció que luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, el gobierno de Nicolás Maduro llevó a cabo una especie de “plan de aniquilamiento” de la disidencia política, el cual se tradujo en una treintena de muertos, cientos de heridos, miles de detenidos, exilio forzado, amedrentamiento en las calles y asfixia de la libertad de expresión lo que constituye crímenes de lesa humanidad. Alertó que las aprehensiones se prestaron para la extorsión y chantaje de parte de funcionarios de cuerpos militares y policiales.
Venezuela es asimismo el único país en Latinoamérica investigado por la Corte Penal Internacional (CPI) debido a la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad. El caso, conocido como “Venezuela I”, se centra en la represión sistemática contra opositores reales o percibidos iniciada al menos desde 2014. La CPI decidió intervenir porque el sistema judicial venezolano no investiga a las cadenas de mando ni a altos funcionarios, centrándose solo en autores materiales de bajo rango.
En diciembre de 2025, la CPI cerró su oficina de asistencia técnica en Caracas debido a la falta de progreso real en la cooperación por parte del gobierno, aunque la investigación judicial continúa desde La Haya.
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