La tarde de este sábado, 31 de enero, llegó a Venezuela la diplomática estadounidense Laura Dogu, quien hace unos días fue designada como encargada de negocios de la Unidad de Asuntos de Venezuela, en un contexto donde ambos países comenzarán a trabajar por retomar la agenda bilateral. “Estamos listos para trabajar”, se lee en el mensaje publicado en la cuenta de X de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela.
Acabo de llegar a Venezuela. Mi equipo y yo estamos listos para trabajar. – LFD pic.twitter.com/6N5df9Afd0
— Embajada de los EE.UU., Venezuela (@usembassyve) January 31, 2026
Tras conocerse la llegada de Dogu, el canciller venezolano Yván Gil informó en X que recibió en Caracas a la diplomática “en el marco de la agenda de trabajo” entre Estados Unidos y Venezuela. Esta agenda, según Gil, está “orientada a marcar una hoja de ruta de trabajo en asuntos de interés bilateral, así como, abordar y resolver las diferencias existentes por la vía del diálogo diplomático y sobre la base del respeto mutuo y del Derecho Internacional”.
Hemos recibido en Caracas a la diplomática estadounidense Laura Dogu, enviada de EEUU, en el marco de la agenda de trabajo entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de los Estados Unidos de Norteamérica, orientada a marcar una hoja de ruta de trabajo en asuntos… pic.twitter.com/zBJ4kWsUla
La llegada de Dogu se produce dos días después que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la reapertura de vuelos entre su país y Venezuela, tras siete años suspendido. En declaraciones ofrecidas durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca, el 29 de enero, Trump informó: “Los ciudadanos americanos en breve podrán ir a Venezuela y estarán a salvo allí. Estarán a salvo”.
Trump instruyó al secretario de Transporte, Sean Duffy, y al Pentágono a realizar los trámites necesarios para permitir la reapertura inmediata del espacio aéreo.
Ese mismo día, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió la Licencia General nº 46, marcando un punto de giro en las sanciones petroleras contra Venezuela. Dicha licencia fue publicada apenas unas horas después de que la Asamblea Nacional de corte oficialista sancionara una reforma parcial a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, creando un nuevo marco jurídico para la industria.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Luego de que el 8 de enero Jorge Rodríguez dijera que “un grupo importante” de detenidos serían excarcelados, familiares de presos políticos se fueron a distintos centros de reclusión con la esperanza de que los suyos pudieran volver a casa. Un grupo —casi todas mujeres— se plantó a las afueras de Zona 7, en Boleíta. Y allí siguen, durmiendo en carpas, en un improvisado campamento por la libertad.
Primero fueron cinco carpas. Ahora son más de 10. Aquí, a las afueras del Centro de Control y Resguardo del Detenido de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) —conocido como Zona 7—, hay gente que pasa el día y la noche. Aguantando sol, lluvia, el frío de estas madrugadas de enero. Hay hombres, pero la gran mayoría son mujeres. Madres, esposas, primas, hermanas, hijas… Todas esperan que sus parientes —presos políticos presuntamente recluidos allí— sean excarcelados.
O que al menos les permitan verlos, darles un abrazo, algo de comida.
Este campamento es una caja de resonancia de muchas voces llenas de angustia.
Esas voces se han hecho sonar con más fuerza desde este 8 de enero. Ese día Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, aseguró que sería excarcelado un “número importante” de detenidos. Entonces los familiares vinieron a comprobar si tal anuncio era cierto. Deseando, por supuesto, que su gente fuera parte de ese “número importante”.
¿Era una lotería?
¿Quiénes serían los afortunados de recuperar su libertad?
Ahora es viernes 23 de enero (justo hoy Venezuela recuerda el derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, 68 años atrás, y la vuelta a la democracia). Las mujeres que están plantadas en esta calle de Boleíta, a las afueras de Zona 7, en Caracas, representan a 36 familias. Son testigos de que la represión es un gran pulpo que ha movido sus enormes tentáculos por toda Venezuela: hay casos de Monagas, Sucre, Miranda, Zulia, Caracas… No es necesario preguntar de dónde vienen, sus acentos diversos dan cuenta de sus lugares de procedencia.
Cuando hace días llegaron aquí, casi ninguna se conocía. Algunas cuentan que vinieron porque, con el anuncio de Rodríguez corrió un dato entre quienes tienen a familiares presos políticos: que a la Zona 7, presuntamente, habían trasladado a personas que estaban en la sede de la Policía Nacional Bolivariana de La Quebradita, en el oeste de Caracas.
¿Era verdad?
No sabían. Pero aquí llegaron y aquí se quedaron, aferradas a ese dato.
Una de ellas es alta y de pelo rubio. Su nombre es Evelis Cano y ha terminado convirtiéndose en la vocera del grupo:
—Me avisan si se acabaron las tizas; yo tengo más en mi bolso —dice desde un banquito de plástico, a poco de que arranque la vigilia de esta noche.
Da indicaciones para que plasmen sobre el asfalto los nombres de todos los presos, porque siente que hacer esa lista —remarcar cada nombre en el suelo— es una forma de protesta pacífica.
Quizá es la primera vez que se sienta en horas. Ha pasado el día recibiendo donativos, haciendo llamadas, tratando de brindar contención a otras madres, ideando mil formas de protesta pacífica, hablando frente a las cámaras. Se le han ocurrido performances para visibilizar lo que viven aquí. Lo último que hizo fue encadenarse a la reja del centro de reclusión.
—Me voy a encadenar, no aguanto más. Estoy desesperada, estoy dispuesta a morir. Se burlan de nosotros, ¡ya basta! —dijo, ya desesperada ante la ausencia de información certera.
Luce cansada.
Por las noches, se echa una cobija encima y duerme, o hace el intento, frente a los piquetes de la policía.
Está aquí por Jack Tantak, su hijo, un comerciante de 31 años que fue detenido el 27 de noviembre de 2025 y acusado de terrorismo y traición a la patria presuntamente por vender un vehículo a un dirigente opositor. Evelis cuenta que él llegó a su concesionario, ubicado en Charallave, estado Miranda, y funcionarios de la PNB lo arrestaron sin orden de captura.
Su historia es similar a la del resto. La diferencia es que en alguno de los otros relatos cambia el cuerpo de seguridad implicado. El Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), la División de Investigación Penal (DIP) de la PNB… Muchos no saben quién se llevó a su hijo, a su esposo, a su hermano, a su padre…
“A mi hermano lo fueron a buscar unos hombres vestidos de negro y encapuchados. Lo único que saben los vecinos es que estaban armados y en una camioneta negra”, cuenta Coromoto Hernández sobre José Gregorio Hernández Polo, detenido a finales de noviembre de 2025 en el estado Zulia.
Para ella apostarse en la acera fue una forma de contrarrestar el miedo.
La madrugada del 20 de enero, Coromoto vio en las noticias que al parecer su hermano estaba muerto. El pánico se apoderó de todos en casa, porque sabían que poco antes, el 10 de enero, aquí en Zona 7 había fallecido Edison Torres Fernández, un policía de Portuguesa acusado de traición a la patria y asociación para delinquir.
Coromoto se quedó aquí, esperando que le confirmaran —o negaran— la información, sin que nada pasara: “No sé nada de él”, lamenta.
Hasta el 20 de enero, el Comité por la Libertad de Presos Políticos reportó 200 nuevos casos de detenciones y desapariciones forzadas. No es que fueran “nuevos”. Lo que sucedió fue que familias que antes no habían denunciado por miedo a represalias, persecución y desconocimiento, ahora sí querían hacerlo. Algunos habían hecho intentos en vano de buscarlos por su cuenta. Entonces el anuncio del “número importante” de excarcelaciones en marcha fue el punto de giro: atrás dejaron la pena, el miedo. Y aquí están ahora, con franelas que llevan estampadas los rostros de sus familiares.
Una de ellas es Berlis González.
Mientras otras rezan en voz alta, ella ora en silencio. La palabra libertad le hace soltar las lágrimas. Es la mamá de Arturo Pacheco, un funcionario del Sebin de 29 años, que fue detenido junto a otros tres compañeros el 19 de noviembre de 2025. Desde ese día, Berlis no supo más de él. Lo buscó en las sedes del DIP, denunció en el Ministerio Público.
Y nada, no sabe nada.
—Fui al Palacio de Justicia y me explicaron que no había sido presentado. No sé por qué está detenido, por qué lo están investigando, cuál es el cargo que le imputan. No sé cómo defenderlo porque no sé nada. Uno de sus compañeros me dijo que se lo llevaron, como para que yo estuviera al tanto. Nada más.
Esperar a las afueras de la Zona 7 las ha obligado a despojarse de la vergüenza. El baño es una esquina y un tobito. La ducha está en un edificio cercano. Andan en cholitas y medias, porque así descansan mejor los pies. No hay platos ni vasos de vidrio. Usan utensilios de plástico. Comer es casi un trámite necesario. Barren la calle, la basura tiene su lugar. Se turnan para cuidar la mesa donde almacenan los donativos. Y reciben con calidez a cualquiera que se acerque con la inquietud de saber si su hijo, primo, hermano o esposo está allí.
Todo eso ocurre ante la vista de piquetes de policías que se rotan hasta cuatro veces al día. Lo que pasa es registrado por múltiples cámaras. Las de los celulares de ellas, que documentan cualquier situación, y las de los policías, que desde el otro lado las graban todo el día.
—Esa es otra vulneración a nuestra privacidad, pero lo más importante ya nos lo quitaron. Está allá adentro —comenta una de las mujeres.
No se mueven de aquí. Tienen un acuerdo tácito de permanecer. No saben si es la fe, la insistencia, el no moverse o el instinto, pero están convencidas de que estar aquí es lo correcto.
Es que tampoco hay otro lugar a donde ir. Reyes Flores es madre de Bruno Juárez y vecina de Gabriela Montes, quienes fueron detenidos el 3 de noviembre de 2021 en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. A él, por ser pariente de Angélica Flores, esposa de El Pollo Carvajal —exjefe de inteligencia militar de Venezuela, quien se declaró culpable de cargos relacionados con narcoterrorismo y narcotráfico ante una corte federal de Estados Unidos—; y a ella, por ser la niñera de los hijos de él: fueron condenados a 30 años —la pena máxima en Venezuela— por los delitos de terrorismo, conspiración y asociación para delinquir.
Reyes carga un cartel con fotos de sus rostros. Ambos se ven jóvenes y fuertes.
—Ya ellos no son así —dice ella con los ojos aguados e insiste en que son inocentes—. Tú lees ese expediente, lo revisas y ahí no hay nada.
Cada uno paga su condena en penales distintos y distantes. Bruno está en La Yaguara, en Caracas, y Gabriela en un centro de reclusión de San Juan de Los Morros, en el estado Guárico. A su hijo lo visita cada 10 días (no puede hacerlo con más frecuencia porque no tiene cómo cubrir el pasaje desde Guacara, estado Carabobo, donde vive). A Gabriela no la ha visto en meses.
—Yo decidí venir para acá porque donde está Bruno no hay nada de esto. O sea, no hay nadie exigiendo, protestando. A mí me metieron miedo: que si hacía bulla, podía ir el gobierno a llevarme a mí, a mis hermanos, a mis sobrinos. Eso era un tormento, pero ya no.
Nunca antes se había quedado en una carpa.
Aquí consiguió comprensión y compañía.
—Esto es duro. Es duro este proceso. Los amigos tuyos se alejan para que tú no les pidas dinero. A veces te miran y dicen: “Mira, ¿y el muchacho?”. En cambio aquí, si tú necesitas algo, cualquiera te dice: “Aquí tengo”. Hace rato alguien necesitaba un marcador y lo saqué de mi bolsillo y se lo di. Uno se ayuda así.
Con la información extraoficial que les ha llegado, han ido construyendo su propia lista de encarcelados en este recinto. En dos hojas engrapadas, tienen los nombres de mujeres y hombres, los mismos que han escrito en el piso con tiza para que nadie olvide lo que ocurre.
Días después, el campamento se mantiene.
Ahora es 27 de enero. Quizá como resultado de la insistencia, de la permanencia, de la fuerza de esta protesta, hoy les han permitido entrar a ver a sus presos. Las hicieron ponerse camisas blancas y jeans, y las dejaron entrar en grupos pequeños.
Berlis esperó a ver si algún funcionario nombraba a su hijo, pero no, nunca dijo “Arturo Pacheco”, así que ella no ingresó. ¿Será una señal de que no está allí dentro? La esposa de José Gregorio Hernández Polo sí pudo pasar (fue así que la hermana de él, Coromoto, supo que estaba vivo, pero delicado de salud).
Fueron 10 o 15 minutos los que duró la visita. Poquísimo tiempo, pero que funcionó como fe de vida. Hasta les permitieron llevarles comida. “Ni con las chucherías pusieron restricciones”, dice sorprendida Yaxzodara Lozada, esposa de Joel Bravo, un funcionario del DIP detenido el 17 de noviembre de 2025. No se habían visto hasta ese día.
Yaxzodara se encontró con un hombre más delgado, nervioso, ansioso. Le contó que le imputaron los cargos de asociación para delinquir, traición a la patria y financiación para terrorismo.
“Tranquiliza un poco porque sabemos que están vivos, pero no es fácil dormir sabiendo las condiciones en que están”, dice al salir.
Un día después de ese primer reencuentro, les permitieron entregar alimentos nuevamente: “¿Será que los quieren engordar”, se ha preguntado.
Ella y Joel tienen dos hijos, un niño de 1 año y una adolescente de 14 que ahora están al cuidado de su abuela materna.
—Voy a esperar más días aquí —dice—. Cuando regrese a verlos, les diré que vi a su papá. Porque esta es una buena noticia que les quiero decir en persona.
Claro que guarda la esperanza de llegar a casa con él.
Epílogo
El Ministerio Público indicó en su último reporte que desde el 25 de diciembre de 2025 habían sido excarceladas 600 personas. Pero las ONG que hacen monitoreo y acompañamiento tienen otras cifras. Por ejemplo, Justicia, Encuentro y Perdón confirmó 294 excarcelaciones, desde el 8 hasta el 28 de enero; mientras que el Foro Penal contabiliza 297 en el mismo periodo y asegura que todavía hay 700 presos políticos tras la rejas.
La Hora de Venezuela
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
En horas de la noche de este viernes, 30 de enero, fue excarcelado el abogado Eduardo Torres, miembro de la organización Provea que había sido detenido arbitrariamente el 9 de mayo de 2025. Torres se encontraba recluido en la cárcel Yare II.
En una publicación de X, Provea recordó el proceso viciado contra Eduardo Torres desde su detención: permaneció incomunicado en la sede del Sebin en El Helicoide, sin acceso a visitas de su familia o abogados de confianza. Posteriormente fue trasladado a la cárcel de Yare, sitio en el que su familia pudo verlo finalmente tras meses de incomunicación.
Además, durante más de 250 días la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) “no realizó ninguna actuación ante un recurso de Habeas Corpus” ejercido por el equipo legal de Provea en favor de Torres, “enviando un claro mensaje de denegación de justicia al resto de tribunales del país”.
“Celebramos la excarcelación de Eduardo Torres, y mantenemos nuestra firme exigencia de libertad plena e inmediata para todos los privados de libertad por razones políticas, incluido el también defensor de Derechos Humanos Javier Tarazona”, añadió la organización en su publicación.
Al salir del centro de reclusión donde se encontraba, al abogado fue recibido por su esposa e hijos. Su excarcelación se dio poco después que Delcy Rodríguez, presidenta encargada con el aval de Estados Unidos, anunció que impulsará una Ley de Amnistía General, con el objetivo de favorecer la “convivencia nacional” y restaurar la paz en el país tras un periodo de alta tensión política.
Nuestro compañero, el abogado Eduardo Torres, ha sido excarcelado este viernes tras permanecer arbitrariamente recluido en la cárcel Yare II, en el estado Miranda.
Tras su detención arbitraria y desaparición forzada el 9 de mayo de 2025, Eduardo Torres permaneció incomunicado en… pic.twitter.com/6CZv80I1dy
Nuestro compañero Eduardo Torres es recibido por su esposa e hijos tras ser excarcelado la noche de este viernes.
Nos alegra enormemente esta noticia y nos anima a seguir exigiendo, junto a decenas de familias, la libertad plena e inmediata de todos los presos… pic.twitter.com/fVYRK9P8bi
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Hace unos días se dio a conocer el caso de Mileidy Contreras en redes sociales. En una vigilia realizada en la PNB de la Zona 7 estaban dos de sus hijos, quienes contaron lo difícil que ha sido para ellos estar lejos de su madre durante cuatro años.
“No tener a tu mamá en el hogar es como un hogar sin alma, porque obviamente tu mamá te cocina, se para a las seis de la mañana todos los días a hacerte la comida, todo eso, está pendiente de ti, te cuida, te corrige los errores que haces, y eso fue un poco difícil porque tampoco ha aprendido tampoco a vivir mucho sin ella”, contó Frenyer Mijares, el hijo menor de Contreras Camejo, en un video que publicó el periodista Seir Contreras.
El adolescente de 15 años relató que el día que detuvieron a su madre llegó la policía, tocó la puerta de la casa “y entró sin ningún tipo de autorización”.
La vida de Mileidy Johana Contreras Camejo, de 41 años, cambió drásticamente la noche del 16 de febrero de 2022. Lo que inició como una supuesta “entrevista legal” en su casa en Nueva Cúa, estado Miranda, se ha transformado en un proceso judicial de cuatro años que su madre, Mariela Camejo, describe como un juicio sin pruebas y lleno de irregularidades.
Según el relato de su madre, Mileidy —quien se ganaba la vida como manicurista y lashista— estaba en su hogar junto a su hijo menor, que entonces tenía 11 años. Funcionarios policiales ingresaron a la vivienda a las 8:00 de la noche asegurando que debía acompañarlos para declarar. “Le dijeron que se vistiera y que como era tarde, a eso de las 8 de la noche, ellos mismos la traían de vuelta a la casa”, contó la señora Camejo.
El peso de la justicia y la salud mental
Aunque inicialmente fue acusada de “terrorismo y asociación para delinquir”, según declaró su madre a Runrun.es, el cargo de terrorismo fue retirado; se mantuvo el de asociación para delinquir y se agregó el de “encubrimiento”. Pese a que la última audiencia se celebró el pasado 27 de enero, la familia denuncia un retraso procesal crítico.
“Va muy retrasado. Cuatro años viendo un juicio sin pruebas en su contra”, afirma la señora Camejo con indignación.
El encierro ha hecho mella en la salud de Mileidy. Además de padecer asma, su madre advierte de un cuadro severo de depresión y ansiedad: “Se le olvidan las cosas y por todo se asusta. Hasta lo más mínimo le da nervios, llora constantemente por las noches. Está muy afectada”.
Según su madre, Mileidy pasó por varios centros de reclusión: primero la llevaron a la sede de la Policía Nacional Bolivariana de Maripérez, luego a la PNB de La Quebradita, más adelante a La Yaguara y actualmente está en el Centro de Resguardo Femenino de El Valle. Para el 12 de enero, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) denunció que al menos 90 mujeres seguían detenidas por motivos políticos en este centro.
Una abuela al frente de la crisis
A sus 65 años, Mariela Camejo no solo carga con la angustia legal de su hija, sino con la responsabilidad de un hogar desmembrado. Mileidy es madre de tres hijos (una joven de 23 y dos varones de 18 y 15 años), y la señora Camejo se encarga actualmente de cuidar a los dos jóvenes y de otro nieto. “A veces mis hijas me han ayudado también, porque no ha sido fácil quedarme con ellos tanto tiempo. Ya van a ser cuatro años que ella está metida ahí”, señaló.
Las limitaciones económicas son extremas para la señora Camejo. Solo puede ir a visitar a su hija cada 15 días, pues dice que “a duras penas” resuelve la comida para los niños en casa, lo que dificulta el traslado de insumos y alimentos para su hija en prisión.
Otro de los hijos de Mileidy, de 18 años de edad, también relató en el video publicado por el periodista Seir Contreras que ha sido muy difícil estar sin su mamá desde los 15 años. “Me hace falta mucho mi mamá, la quiero al lado mío, me la quitaron cuando tenía 15 años”. El joven dice que por el momento su mamá está bien y cuenta lo que ella les dice cuando pueden visitarla: “Que nos ama mucho, que nos extraña, y nosotros también, pues, y eso nos ha dado mucho”.
La angustia frente a la lentitud oficial
El caso de Mileidy se enmarca en un contexto de alta tensión para las familias de los presos políticos en Venezuela. Durante el mes de enero, las afueras de centros de reclusión como Zona 7, El Helicoide y El Rodeo I se han llenado de velas, oraciones y pancartas.
Cientos de familiares han pernoctado frente a las cárceles tras los anuncios oficiales de liberaciones masivas. “De aquí no nos vamos hasta que sean libres”, es la consigna que resuena en las noches de vigilia, donde han participado madres, padres, abuelos e hijos de los detenidos.
Aunque voceros gubernamentales han mencionado cifras de más de 600 liberaciones, el Foro Penal ha verificado, hasta el 29 de enero, un total de 302 excarcelaciones, casi la mitad de la versión gubernamental. Esta brecha entre los anuncios y las verificaciones independientes mantiene a familias como la de Mileidy Contreras en una angustia constante, al ver que los procesos avanzan con extrema lentitud.
#29Ene 1:00pm. 302 excarcelaciones de presos políticos, desde el 8 de enero de 2026, hemos verificado hasta ahora @ForoPenal@HimiobSantome
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La presidenta encargada con el aval de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, anunció este viernes durante la sesión de apertura del año judicial 2026 que impulsará una Ley de Amnistía General.
El objetivo declarado de esta medida es favorecer la “convivencia nacional” y restaurar la paz en el país tras un periodo de alta tensión política.
La ley abarcaría todos los casos de “violencia política”, en palabras de Rodríguez, registrados desde el año 1999 hasta la actualidad.
La propuesta será presentada formalmente ante la Asamblea Nacional la próxima semana para su debate y aprobación definitiva, mencionó Rodríguez, quien pidió «máxima colaboración» al cuerpo legislativo para su aprobación.
«Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo, que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos», añadió, al tiempo que precisó que se excluirían los procesados o condenados por homicidios, tráfico de drogas y violaciones a los derechos humanos.
Junto al anuncio de la amnistía, se informó sobre la decisión de cerrar El Helicoide como centro de detención, denunciado por distintas ONG como el centro de torturas más grande de Latinoamérica, el cual será reconvertido en un “centro social”.
“Hemos decidido que las instalaciones del Helicoide, que hoy sirven como centro de detención, se conviertan en un centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas”, sostuvo.
Optimismo cauteloso
La organización no gubernamental Foro Penal recibió la noticia de una Ley de Amnistía General con “optimismo, pero con cautela”, subrayando que este paso debe contribuir efectivamente a la justicia, la libertad y la reconciliación nacional.
Sin embargo, el Foro Penal fue enfático en establecer condiciones claras para que el instrumento legal responda a los retos políticos actuales. Entre las exigencias principales, la organización destaca la necesidad de definir claramente el alcance de la ley, en cumplimiento con el artículo 29 de la Constitución, que “prohíbe expresamente que la amnistía favorezca o incluya a quienes hayan cometido violaciones a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad”.
En el comunicado, la ONG destacó que la redacción y aplicación de esta ley no puede ser un proceso unilateral. El comunicado detalla que la propuesta debe contar con la participación activa de la sociedad civil, ONG de derechos humanos y, especialmente, de las víctimas de la prisión y persecución política, garantizar la “no repetición” para asegurar que los abusos que dieron origen a las detenciones no vuelvan a ocurrir, sustentarse en principios nacionales e internacionales que rigen las amnistías como mecanismos de justicia y paz y apoyarse en organismos internacionales de protección a los DDHH, validando pronunciamientos y recomendaciones dictados previamente.
El Foro Penal recordó que ha propuesto la amnistía en múltiples oportunidades (2007, 2011, 2015, 2016, 2019 y principios de 2026) y puso a disposición su experticia en el tema.
Finalmente, la organización hizo una solicitud inmediata a las autoridades: “Solicitamos que, mientras se discuta y apruebe la Ley de Amnistía, se continúe con el proceso de excarcelación de los más de 700 presos políticos que aún están arbitrariamente privados de su libertad”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
A Isabel* su esposo le dijo que no saliera de la casa mientras los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) mantuvieran operativos en la ciudad de Orlando.
“Yo prácticamente estoy encerrada, solo salgo cuando el transporte viene a buscar a los niños para llevarlos al colegio y cuando los debo llevar a una actividad puntual”, dijo la oriunda de Guanare, estado Portuguesa.
“Mi vecina en Venezuela se acaba de regresar, dijo que no soportaba esta situación, es triste vivir con miedo”, sostuvo la venezolana que aplicó por asilo político luego de participar en actividades vinculadas con la oposición y ser hostigada por simpatizantes del chavismo.
“Total que uno no está a salvo ni en Venezuela y ahora tampoco aquí”, añadió la portugueseña, que está cerca de cumplir una década en ese país
Al igual que Isabel, Alejandro* tampoco concibe que en el estado de Florida, donde está el grueso de los venezolanos en Estados Unidos, el asedio de ICE sea constante.
De acuerdo a cifras de medios en Estados Unidos, en apenas una semana de enero, ha habido un incremento de 433% en cuanto a retenciones migratorias en Orlando. 377 personas fueron encarceladas frente a 71 que terminaron en prisión la semana anterior.
“Yo estoy deprimido”, sentenció Alejandro, quien también vive en Orlando e ingresó a Estados Unidos con la figura del parole humanitario, que fue desechada por la administración del presidente Donald Trump.
Al periodista, perseguido y desempleado en Venezuela, le tocó aplicar por el TPS (Estatus de Protección Temporal) y cuando ese recurso fue amenazado por el gobierno republicano, cambió a asilo.
“Es triste ver como uno viene huyendo de la represión en Venezuela ejercida por funcionarios y aquí también los policías de ICE te tratan como un delincuente”, lamentó.
Tanto Isabel como Alejandro no quieren regresar a Venezuela, saben que podrían ser perseguidos e incluso encarcelados por tener una posición contraria a la del ahora gobierno de Delcy Rodríguez, que cuenta con el aval de Donald Trump-
Ambos conocen a gente que ha sido aprehendida por ICE y están en grupos de WhatsApp donde alertan de alcabalas y puntos móviles.
A cientos de kilómetros, en Chicago, Yanitza asegura que en esa ciudad ya no se ven redadas masivas, pero sí operativos puntuales.
“La gente se cuida mucho, hay temor, hay quienes ni salen a trabajar y han tenido que cambiar su estilo de vida, ocurre mucho con los mexicanos y centroamericanos que no han podido legalizarse”, dijo la periodista.
Aunque no tiene confirmación, Yanitza ha escuchado que los agentes de ICE ahora están ingresando a viviendas de personas que tienen orden de deportación. La comunicadora social sostuvo que su rutina cambió desde hace un año, cuando Trump llegó al poder.
“Yo antes salía a la calle sin mi tarjeta de green card, pero ahora cargo un koala con ella adentro, así como mi licencia de conducir. Hay personas a las que se las han llevado detenidas o han sido multadas por no portar la green card, aunque tampoco es garantía tenerla, si al funcionario le da la gana te detienen. No se puede negar que hay cierto recelo con la comunidad hispana”, narró.
Yanitza no descarta regresar en un futuro a Venezuela, pero por ahora eso no es posible porque es solicitante de asilo y su siguiente paso es aplicar a la ciudadanía. Comentó también que la situación con ICE ha generado redes de solidaridad, no solo con ONG que le dicen al ciudadano qué hacer cuando son interceptados por agentes de migración, sino también con personas.
“Una vez se me perdió el monedero donde tenía mi green card y tuve la suerte de que alguien lo consiguió y a través de un colega, que fue contactado por Facebook, lo pude recuperar”, agradeció.
Trump y los migrantes
Desde que llegó a la Casa Blanca, el 20 de enero de 2025, Donald Trump lo que ha hecho es apretarle las tuercas a los extranjeros en los Estados Unidos. Para ello incorporó 11 000 agentes más a ICE y prometió deportar a un millón de migrantes ilegales por año, sin embargo, no pudo cumplir su meta. En diciembre la administración republicana informó que había expulsado de territorio americano a 605 000 personas y detenido a 65 000 migrantes.
En febrero del año pasado comenzaron las redadas masivas y el envío de migrantes considerados “peligrosos” a la cárcel de Guantánamo en Cuba. Un mes después, al menos 252 venezolanos fueron deportados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una cárcel de máxima seguridad en Tecoluca, El Salvador. El gobierno estadounidense invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, acusándolos de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua. No obstante, investigaciones posteriores indicaron que la mayoría no tenía antecedentes penales. Organizaciones como Human Rights Watch denunciaron casos de tortura y malos tratos durante su detención.
En ciudades gobernadas por demócratas como Nueva York, Washington DC, Portland, Los Ángeles y Chicago, se produjeron manifestaciones contra la política de ICE y algunas fueron reprimidas por la Guardia Nacional y hasta los marines.
Para finales de 2025, 32 migrantes habían muerto en centros de detención de ICE, la cifra más alta en dos décadas. El pasado 7 de enero, el punto de ebullición fue la muerte a tiros en Minneapolis de Renée Good, una mujer de 37 años. El responsable fue un agente de ICE. Sin hacer una investigación exhaustiva, Trump dijo que el funcionario actuó en defensa propia.
Apenas dos semanas después, agentes de ICE mataron con disparos al enfermero Alex Pretti. Alegaron que el profesional de la salud estaba armado con una pistola 9 milímetros.
“Esto es enfermizo, el presidente debe terminar esta operación, tiene que sacar de la calle a policías sin entrenamiento”, dijo el gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz.
“Salgan de una maldita vez de aquí”, añadió el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey.
Posterior a los sucesos, el propio Trump anunció una desescalada de los operativos y envió a Minnesota al zar fronterizo, Tom Homan, en reemplazo del jefe de la patrulla migratoria, Gregory Bovino, a quien responsabilizan por la muerte de Good y Pretti.
Persecución como política de Estado
Para Tomás Páez Bravo, director del Observatorio Venezolano de la Diáspora, lo acontecido en Minnesota, donde dos personas murieron a manos de agente del ICE solo en lo que va de año, es la gota que derramó el vaso.
“Yo recibo llamadas constantemente de gente en Estados Unidos que está migrando a Europa porque la presión no es solo en la calle, también les llaman por teléfono preguntando cuándo se van a ir”, dijo Páez.
El investigador manifestó que decenas de centros de ICE han sido denunciados por abusos a los migrantes
“Un estudio coordinado por el investigador de la Universidad de Florida, Eduardo Gamarra, arrojó que las ayudas para migrantes en Estados Unidos se han reducido drásticamente”, refirió.
Paez sostuvo que efectivamente la gente se ha cohibido de salir de sus casas a trabajar, asistir a clases y hacer sus actividades cotidianas por miedo a ser interceptados por ICE. Agregó que, por fortuna, el 90% de la diáspora venezolana está en países distintos a Estados Unidos.
El investigador indicó que Colombia ha recibido a alrededor de tres millones de venezolanos aunque es un país que tiene un desarrollo mucho menor que Estados Unidos”. Resaltó que pese a la xenofobia experimentada en algunas latitudes, naciones como Perú, Brasil, Portugal y España han acogido a migrantes venezolanos.
“Algo que está ocurriendo en Estados Unidos es que hay un proceso de periplos migratorios del norte hacia el sur y del norte hacia otros países del norte, como Canadá”, indicó.
De acuerdo a Páez, más del 52% de la diáspora venezolana en Estados Unidos se concentra en Florida, mientras que un 14% reside en Texas, donde está la industria petrolera.
“Los venezolanos han hecho inversiones en empresas agrícolas, industriales, inmobiliarias, en universidades, en medios de comunicación. Es decir que la diáspora ha generado riqueza, empleo, adquirido viviendas, paga alquileres, el aporte es importante”, destacó.
El profesor universitario sostuvo que el nivel de formación académica entre la comunidad venezolana es elevado en comparación con migrantes de otros países.
“Estamos hablando de una diáspora de buen nivel, que trabaja en hospitales, centros de investigación, empresas de ingeniería, consultorías, medios de comunicación, etc”, mencionó.
Páez aseguró que la mayoría de los venezolanos en Estados Unidos se encuentran en situación migratoria regular.
“Los que tenían CBP One o TPS eran personas en condición absolutamente regular, es decir, el Estado sabía dónde estaban, qué hacían, tenían su historial, sus teléfonos, todo”, enfatizó.
El investigador sostuvo que a diferencia de lo vociferado por algunos políticos, las migraciones no se asocian con incremento de la delincuencia. “Más bien, ayudan a reducirla, porque en principio la gente lo que quiere es trabajar y mejorar su calidad de vida”.
Recordó que través de la historia estadounidense se ha establecido la misma narrativa antiinmigrante.
“Contra los chinos, irlandeses, polacos, italianos, entre otros. Alegan que atentan contra los puestos de trabajo, el salario, la seguridad y por supuesto la identidad nacional”, especificó.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El 29 de enero de 2025, la vida de Maykelis Borges Ortuño, de 26 años, quedó suspendida por un patrón represivo denunciado desde el año 2021 en Venezuela. Detenida en Caracas cuando cursaba su segundo mes de gestación, su caso es hoy el emblema de la “criminalización por afecto”, o lo que algunos expertos han comparado con el sippenhaft de la Alemania nazi, una práctica que consiste en el castigo colectivo a familiares o personas cercanas de individuos perseguidos por el Estado.
Organizaciones de derechos humanos han denunciado que Borges fue detenida únicamente por ser la pareja del militar retirado Cristian Hernández, señalado por el Gobierno venezolano de participar en una supuesta conspiración denominada Aurora y quien se encuentra exiliado.
Hace un año, Maykelis comenzó a transitar un calvario vulneraciones. Fue sometida a 90 días de desaparición forzada, tiempo durante el cual el Estado ocultó su paradero y le negó el derecho a nombrar abogados de su confianza. Maikelys tenía un diagnóstico de anemia ferropénica (por niveles bajos de hierro), por lo que debía llevar una dieta estricta y cumplir tratamiento médico, mucho más aún por su condición de embarazo.
Maykelis Borges (26), fue detenida arbitrariamente y sometida a desaparición forzada el 29 de enero del 2025, por funcionarios de la DGCIM en la ciudad de Caracas.
Al momento de su detención tenía dos meses de embarazo y un diagnóstico de anemia ferropénica, por lo que debería… pic.twitter.com/9OUPfzycAt
A pesar de las alertas, el sistema ignoró su condición. A finales de julio de 2025, con 38 semanas de gestación, presentó signos de preeclampsia. Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) advirtió que la mujer padecía hipertensión arterial, baja hemoglobina y sufría constantes infecciones urinarias, que ponían en peligro su vida y la de su bebé. Finalmente, el 11 de agosto de 2025, fue trasladada de urgencia para una cesárea en un contexto de extrema precariedad. Desde entonces, madre e hijo permanecen recluidos en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) de Los Teques.
A Borges la acusaron de cargos de terrorismo y traición a la patria “sin más evidencia que sus vínculos personales”, denunció el Foro Penal.
Castigo familiar y persecución extendida
Traducido al castellano la palabra sippenhaft significa responsabilidad familiar o de clan y el instrumento le sirvió al Tercer Reich para arrestar, culpabilizar e incluso condenar a muerte a los parientes de quienes eran considerados enemigos de Estado en la Alemania nazi. Hitler y sus acólitos emplearon este recurso como retaliación contra los señalados de conspiradores. Si no podían capturarlos, detenían y torturaban a sus familiares para quebrarlos emocionalmente.
Desde 2021, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuelaha documentado amenazas y aplicación del sippenhaft, una práctica definida como la detención de familiares para ejercer presión, intimidación o castigo colectivo. En su informe de septiembre de 2025 documentó de nuevo esta “estrategia de persecución sistemática” que incluye la detención de familiares de opositores y militares para coaccionarlos.
En informes más recientes, organizaciones como Defiende Venezuela, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Instituto CASLA han advertido que esta estrategia se ha extendido e incluye adultos, adolescentes y niños, utilizados como instrumentos de coacción por cuerpos de inteligencia del Estado.
Maykelis Borges no es la única pariente del teniente retirado Cristian Hernández a quien detuvieron solo por su nexo familiar con un perseguido. Justicia, Encuentro y Perdón recordó que en noviembre de 2025, dos hermanas del exfuncionario militar fueron detenidas: Aranza, de 19 años, y Samanta, de solo 16. Ambas siguen tras las rejas, como también lo está el tío del exfuncionario militar, Henry Castillo Molero, a quien se llevaron preso cinco días antes que a Maykelis. Son cuatro miembros de una misma familia criminalizados solo por un vínculo con un perseguido político.
La organización señaló que estos casos «muestran con crudeza cómo la persecución política en Venezuela ha traspasado los límites individuales para instalarse en el terreno del castigo familiar». En el caso concreto de Maykelis, lamentaron que continúe recluida junto a su bebé “en un entorno que no puede garantizar el bienestar ni el desarrollo pleno de un recién nacido”.
Sobre la adolescente, JEP afirmó que «su caso refleja unaruptura profunda con los principios de protección reforzada que el derecho internacional reconoce a niñas, niños y adolescentes»y recalcó que «ninguna menor debe cargar con el peso de conflictos políticos que no le pertenecen».
Ambos casos, a juicio de Justicia, Encuentro y Perdón, «revelan una práctica particularmente lesiva: la utilización de adolescentes y mujeres en situación de extrema vulnerabilidad como instrumentos de presión política».
Los casos de Samantha Sofía Hernández Castillo, una adolescente de apenas 16 años, y Maikelys Borges, mujer joven y madre reciente, ambas miembros de una misma familia, muestran con crudeza cómo la persecución política en Venezuela ha traspasado los límites individuales para… pic.twitter.com/O4FrYEGMoa
En una declaración concedida a Runrun.es, la abogada Martha Tineo, coordinadora de Justicia, Encuentro y Perdón, explicó que el régimen para mujeres que dan a luz privadas de libertad se basa en el derecho a la salud integral, la atención prenatal y postnatal especializada, y el mantenimiento del vínculo materno-filial, conforme a las Reglas de Bangkoky normativas venezolanas como el Código Orgánico Penitenciario.
Esta última normativa contempla que las mujeres tengan derecho a atención especializada durante el parto y posparto, ubicación en módulos femeninos con condiciones aptas para la gestación y crianza, separados de la población general. Establece igualmente que los hijos permanezcan con sus madres en el centro penitenciario, generalmente hasta una edad temprana (tres años, si así lo decidiera) en unidades especiales.
Aunque la normativa internacional y nacional busca proteger esta etapa, en Venezuela existen desafíos en la práctica para el acceso a controles médicos y condiciones adecuadas de reclusión, explicó Tineo.
“En definitiva, lo que la ley privilegia es que un bebé lactante pueda mantenerse con su madre para no violar el derecho a la lactancia y al cuidado de ella. Lo que se supone es que debe estar en espacios con las condiciones adecuadas, y evidentemente, sabemos que ningún recinto carcelario en Venezuela lo tiene”, expresó.
La directora de JEP también refirió que las Reglas de Bangkok prefieren sentencias no privativas de libertad para embarazadas y madres con niños a cargo, considerando la prisión solo si el delito es grave.
“Recordemos que Maykelis ni siquiera ha sido enjuiciada, no hay una condena en su contra por la comisión de un delito. Ella está privada de libertad por razones políticas y muy lamentablemente por el patrón desippenhaft, ella está presa no por una persecución directa sino por ser pareja de un perseguido político. Es doble víctima de esta tragedia (…) Se está violando su derecho a la libertad y a la integridad de ese bebé, porque si bien es cierto que el régimen penitenciario establece que una mujer que haya dado a luz el bebé debe permanecer junto a ella, en un espacio adecuado, con la atención médica debida, con los cuidados posnatales necesarios y en un entorno amigable para el niño, eso ocurre en el caso de mujeres a quienes no se les puede sustituir la privativa de libertad por unas medidas menos gravosas, como las sustitutivas a privativas de libertad. En el caso de Maykelis es un horror porque ella no debió estar privada de libertad nunca, no solo por estar embarazada, sino porque no cometió ningún delito”, profundizó Tineo.
Un año de prisión política
A pesar de las solicitudes de medidas humanitarias por parte de diversas organizaciones, Maykelis continúa recluida junto a su hijo recién nacido, en un caso que evidencia las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de mujeres privadas de libertad en Venezuela, y que deja registro de una práctica de persecución que trasciende a la persona detenida y alcanza su entorno afectivo y familiar.
El 29 de enero de 2026, Un Mundo Sin Mordaza recordó que Maykelis Borges cumplió un año detenida y exigió “libertad inmediata y respeto a su derecho a una maternidad digna”. El Foro Penal también demandó que sea liberada e insistió en que su caso demuestra que la persecución política en Venezuela “no respeta el derecho a la vida, ni siquiera el de los niños por nacer”.
Por su parte, Martha Tineo insistió en que Maykelys no debió estar presa nunca “no solo por estar embarazada, sino porque no cometió ningún delito”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El 29 de enero de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió la Licencia General nº 46, marcando un punto de giro en las sanciones petroleras contra Venezuela.
Esta licencia fue publicada apenas unas horas después de que la Asamblea Nacional de corte oficialista sancionara una reforma parcial a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, creando un nuevo marco jurídico para la industria.
¿Qué establece la Licencia General de la OFAC?
A nivel general, la Licencia General nº 46 autoriza a entidades estadounidenses establecidas a realizar transacciones relacionadas con el sector petrolero venezolano que anteriormente estaban prohibidas. Los puntos clave de esta autorización incluyen:
• Actividades autorizadas: Permite el levantamiento, exportación, reexportación, venta, suministro, almacenamiento, comercialización y transporte de petróleo de origen venezolano, incluyendo su refinación.
• Alcance operativo: Incluye servicios de logística, fletamento de buques, seguros marítimos y servicios portuarios con autoridades venezolanas.
• Mecanismos de pago: Autoriza pagos mediante intercambios (swaps) de crudo por diluyentes o productos refinados.
Los detalles específicos sobre restricciones, limitaciones de países y el alcance técnico de estas operaciones se detallan en la siguiente infografía:
Aprobación de la Reforma Parcial de la Ley de Hidrocarburos
La Asamblea Nacional (AN) sancionó la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos el jueves 29 de enero de 2026, tras ser aprobada por unanimidad en segunda discusión. Esta sanción ocurrió en un contexto político complejo, semanas después de la intervención militar estadounidense donde se produjo la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores.
La reforma fue impulsada inicialmente por la presidenta encargada con el aval de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, con el objetivo de atraer inversión extranjera masiva para recuperar la producción nacional.
En estricto apego a nuestra Constitución, aprobamos por unanimidad la Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Un instrumento que viene a impulsar el sector energético, con la producción de petróleo en campos verdes y transformarlo en bienestar para el pueblo. pic.twitter.com/ChyWZDxkxW
Cambios principales tras aprobar la reforma de la ley
La nueva normativa representa una ruptura radical con el modelo vigente durante el último medio siglo en Venezuela. Los cambios más significativos son:
• Gestión Privada: Se permite que las empresas privadas asuman la gestión técnica y operativa de los proyectos, eliminando la reserva exclusiva que tenía PDVSA sobre estas actividades.
• Comercialización Directa: Por primera vez, las empresas privadas y los socios minoritarios de empresas mixtas podrán comercializar directamente el crudo.
• Régimen Fiscal: Se fija una regalía de hasta el 30% y se crea el Impuesto Integrado de Hidrocarburos con una alícuota de hasta el 15% sobre ingresos brutos.
• Eliminación de Cargas: Se suprimen impuestos anteriores como el de Grandes Patrimonios y contribuciones especiales para ciencia y tecnología, con el fin de mejorar la rentabilidad de las operadoras.
• Resolución de Conflictos: Se introduce la posibilidad de recurrir al arbitraje para dirimir controversias, buscando ofrecer mayor seguridad jurídica a los inversores.
• Control Legislativo: Ya no se requiere que la Asamblea Nacional apruebe cada contrato petrolero individualmente; el Ejecutivo solo debe informar al respecto.
Jorge Rodríguez: “Es un día histórico”
El presidente de la Asamblea Nacional de corte oficialista, Jorge Rodríguez, calificó como un “día histórico” la aprobación de la reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Según el parlamentario, este instrumento legal busca un cambio de paradigma en la industria estatal.
“El objetivo principal de esta ley es que ya dejemos de decir que somos la principal reserva para empezar a decir que somos de los principales productores de petróleo de todo este planeta”, dijo Rodríguez en declaraciones a los medios.
Rodríguez destacó que la reforma se logró con el “mantenimiento absoluto de los principios de soberanía y los principios de independencia” sobre los yacimientos, pero otorgando mayor agilidad comercial. “Hemos logrado la aprobación por unanimidad de una reforma de la ley de hidrocarburos que va a permitir hacer mucho más competitivo la contratación de empresas nacionales o extranjeras”, señaló.
Auguró que las inversiones podrían llegar “mucho más rápido” tras el anuncio del presidente Donald Trump sobre la reapertura del espacio aéreo entre Venezuela y Estados Unidos.
La Reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, permitirá hacer mucho más competitivo, la contratación de empresas nacionales o extranjeras para la explotación del petróleo. Son mecanismos que ya están probados y han resultado ser muy exitosos. pic.twitter.com/KyKVqcXOjC
José Ignacio Hernández, profesor en Derecho Administrativo y Derecho Constitucional, consideró que esta reforma parcial simboliza “el final de la nacionalización petrolera y de la política petrolera de Chávez”. En un artículo que publicó en La Gran Aldea, Hernández destaca lo siguiente:
Un hito histórico: Hernández enfatiza que este evento cierra un ciclo de medio siglo. Según expresó: “50 años y 28 días después de que el Estado venezolano tomara el control de la industria petrolera, la nacionalización ha llegado a su fin”.
Ruptura con el modelo de expropiaciones: El experto señala que la nueva ley deroga los actos legislativos que sustentaron la política de expropiaciones de Hugo Chávez, incluyendo el decreto 5.200. Al respecto, afirmó en sus redes sociales: “hoy se pone punto final a la política de expropiaciones llevada a cabo durante el gobierno de Chávez”.
Mejora en la contratación privada: Al valorar el cambio en los modelos de contrato, que ahora permiten a privados ejercer derechos de exploración y producción, Hernández asegura: “Esta es, sin duda, la mejor reforma introducida en el nuevo proyecto”.
Advertencia sobre el alcance: A pesar de los avances, advierte que la ley por sí sola no resolverá la crisis estructural. En sus palabras: “Puede ser un primer paso para la reconstrucción petrolera, pero sin Estado de Derecho y reformas profundas, su alcance será limitado”. Agrega además que las reformas actuales resultan “claramente insuficientes para abordar todas las causas que llevaron al colapso de la industria”.
Contradicciones legales críticas: Hernández identifica una fricción jurídica entre la ley venezolana y la licencia estadounidense. Mientras que la reforma establece que las controversias se resuelvan en tribunales locales bajo derecho venezolano, la licencia de la OFAC exige que los contratos se rijan por las “Leyes de Estados Unidos” y que cualquier disputa ocurra en ese país. Para el experto, “esta contradicción va a requerir un cuidadoso diseño legal de los nuevos contratos petroleros”.
Hernández visualiza este marco regulatorio como una herramienta que, en un escenario de estabilidad y gobernanza democrática, “podría ser el primer paso hacia una nueva relación entre Estado, petróleo y sociedad”.
Voces en desacuerdo con la reforma
La reforma ha enfrentado críticas desde diversos sectores que cuestionan su legalidad y su impacto en la soberanía. El Partido Comunista de Venezuela (PCV) calificó la ley como un “retroceso histórico” y un desmantelamiento de la soberanía petrolera.
#29Ene Pronunciamiento del Partido Comunista de Venezuela sobre la reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos
La agresión militar de Estados Unidos está siendo instrumentalizada como coartada política para justificar el desmontaje de la soberanía petrolera venezolana a… pic.twitter.com/XhMoY2bf98
— Partido Comunista de Venezuela ☭ (@PCV_Venezuela) January 29, 2026
Por su parte, Andrés Izarra, exministro de Comunicación, consideró que Venezuela “dejó de ser dueña de su petróleo”, afirmando que el país conserva “la propiedad nominal del subsuelo”, pero que perdió el “control de quién lo extrae, cómo lo extrae, a quién lo vende, a qué precio, bajo qué jurisdicción, y qué porción nos queda como República”
“Perdimos, sobre todo, la capacidad de decidir. Que es otra forma de decir: perdimos la soberanía. Esto se hizo de espaldas al pueblo: sin debate, a puertas cerradas, en tiempo récord. Quienes lo hicieron tendrán que responder ante la historia”, agregó Izarra en X.
El 29 de enero de 2026, Venezuela dejó de ser dueña de su petróleo no importa cómo lo veas.
Conservamos la propiedad nominal del subsuelo. Pero perdimos el control de quién lo extrae, cómo lo extrae, a quién lo vende, a qué precio, bajo qué jurisdicción, y qué porción nos queda…
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
