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Venezolanos pedirán a la Unión Europea confiscar activos decomisados del chavismo  

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Este jueves, un grupo de venezolanos solicitará ante la Comisión de Peticiones del Parlamento de la Unión Europea recuperar y confiscar bienes vinculados a la corrupción y al crimen organizado en Venezuela.

Los solicitantes de origen venezolano exigirán a la UE destinar los recursos para reparar a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

La petición comprende a 69 personas vinculadas al régimen chavista sancionados por la Unión Europea, cuyos activos se encuentran congelados.

La Comisión Europea mantiene a Venezuela en la lista de jurisdicciones de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Aunado a esto existen investigaciones abiertas en la Audiencia Nacional de España por presunto lavado de dinero relacionado con Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), tramas de desvío de fondos públicos canalizados hacia inmuebles, sociedades pantalla y estructuras offshore en territorio europeo.

Segun lo analizado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hay una posibilidad de confiscar bienes formalmente lícitos pero materialmente vinculados a actividades ilícitas.

De acuerdo al estudio, los bienes las casi 70 personas suelen terminar en jurisdicciones europeas a nombre de familiares, empresas pantalla o testaferros. 

“La activación de este marco jurídico enviaría un mensaje claro en la lucha contra la impunidad sobre la delincuencia organizada transnacional, el terrorismo y el blanqueo de capitales”, reza un documento introducido por los solicitantes.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

ONG denunciaron irregularidades en la aplicación de la Ley de Amnistía

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Varias ONG, entre ellas Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), así como Foro Penal Venezolano denunciaron irregularidades en la aplicación de la Ley de Amnistía, recién aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional controlada por el chavismo.

De acuerdo a JEP han habido 101 excarcelaciones desde la entrada en vigencia del documento legal, sin embargo la organización denunció que estas no se produjeron por aplicación directa de la ley, sino como resultado de revisiones de medidas previstas en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP). 

“Esto significa que las causas no están siendo sobreseídas y que los procesos continúan abiertos, generando incertidumbre jurídica”, expuso la ONG en su cuenta de X.

La organización agregó que persisten obstáculos como la negativa a permitir la designación de abogados de confianza.

La ONG expuso que la no aplicación plena de la ley tiene implicaciones relevantes.

“Sin el cierre definitivo de las causas no se garantiza seguridad jurídica ni el restablecimiento integral de derechos. La verdadera implementación de la ley debe traducirse en el cierre definitivo de estas causas y en garantías efectivas para quienes han sido afectados”.

Por su parte, el director del Foro Penal, Gonzalo Himiob, dijo que en cuanto a la negativa de algunos tribunales de recibir las solicitudes de aplicación de la Ley de Amnistía, ninguna instancia legal puede negarse a recibir escrito alguno. 

“Si el escrito consignado es extemporáneo, ineficaz o ha sido presentado de manera irregular, el tribunal aún así debe recibirlo y, en todo caso, pronunciarse de manera expresa y fundamentada sobre su inadmisibilidad”.

Himiob escribió en X que al solicitar la aplicación de la Ley de Amnistía, los solicitantes deben ser atendidos y según el artículo 121 del COPP, la víctima no es sólo la persona directamente afectada por un hecho, también sus familiares.

“Ha llegado la hora de desterrar de la administración de justicia esa práctica ilegal e inconstitucional de negarse a recibir escritos o solicitudes. Mucho más cuando se trata de buscar que se apliquen normas dirigidas a promover la paz y la reconciliación”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Márquez y su entrada triunfal en el Capitolio estadounidense

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“En el público está Alejandra. Su tío fue liberado. Su tío denunció la derrota de Maduro en las elecciones públicamente y lo metieron preso. Párate Alejandra”, dijo el presidente de los Estados Unidos este martes 24 de febrero en el discurso del Estado de la Unión refiriéndose a Enrique Márquez y causando la sorpresa de cientos de venezolanos que veían la transmisión en vivo. 

“Lo trajimos aquí esta noche para que celebre su libertad. Enrique, por favor, pasala bien. Me alegro de que hayas vuelto, Enrique”, afirmó el mandatario republicano, quien se refirió al ex rector del Consejo Nacional Electoral (CNE) como alguien que denunció las irregularidades en las pasadas elecciones presidenciales de 2024 y fue encarcelado por el régimen chavista.

Márquez entró por una puerta del balcón del Capitolio donde Trump pronunció su discurso anual como si se tratase de un show ensayado y abrazó a su sobrina, a quien supuestamente no había visto desde hacía tiempo.  

“Ella (Alejandra) creció en una familia venezolana muy unida y era especialmente cercana a su querido tío Enrique”, aseveró Trump.

Márquez fue detenido el pasado 7 de enero de 2025, tras acudir al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) e intercambiar unas palabras con el hoy detenido en una cárcel estadounidense Nicolas Maduro, luego de su proclamación como “presidente electo”.

El político oriundo del estado Zulia, quien estaba recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en El Helicoide, fue excarcelado cinco días después de la operación de las fuerzas estadounidenses del pasado 3 de enero que culminó con la captura de Maduro.

Márquez salió de El Helicoide junto al también político Biagio Pilieri y fue dejado en Altamira, donde se encontró con sus familiares. Fue uno de los primeros políticos excarcelados. 

Trump aprovechó el momento para alabar el operativo donde detuvieron a Maduro.

“Alejandra temía no volver a ver a su tío. También temía por su vida anterior. Pero desde la operación, hemos trabajado con los nuevos líderes, quienes han ordenado el cierre de esa vil prisión (El Helicoide) y han liberado a cientos de presos políticos”, apuntó el mandatario.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

10 años del AMO: el proyecto que fracturó la institucionalidad ambiental y aceleró la crisis amazónica

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El 24 de febrero de 2016 marcó un punto de quiebre para la institucionalidad ambiental en Venezuela. En ese año, el gobierno de Nicolás Maduro promulgó el Decreto 2.248 que creó la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO), un megaproyecto extractivo que abarca 111.843 km² del sur del país.

Con la aprobación del decreto, se abrió la puerta a la violación de los derechos de los pueblos indígenas, la devastación del medioambiente y la militarización de territorios con la presencia de grupos armados ilegales que ha generado desplazamientos, detenciones arbitrarias, asesinatos y desapariciones forzadas.

Un informe realizado por el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) explicó cómo el AMO se convirtió en el eje de un modelo económico basado en la extracción intensiva de minerales, la opacidad institucional y la expansión de economías criminales que operan con la participación de actores estatales.

La principal amenaza

El Arco Minero del Orinoco (AMO) constituye el primer caso de minería metalífera a gran escala impulsado por el Estado venezolano.

Su implementación ha generado impactos sociales y ambientales de múltiples dimensiones que no han sido debidamente evaluados ni ponderados.

El AMO ha generado:

  • Aumento de asesinatos de defensores indígenas quienes han sido custodios de sus hábitats ancestrales y tradicionales, de la naturaleza y del territorio nacional, y serias amenazas a los derechos a la vida e integridad personal de las personas que habitan estos territorios, derivadas del aumento exponencial de la violencia debido al auge minero.
  • Graves afectaciones a los derechos a la salud de los pueblos indígenas en la Amazonía venezolana.
  • Un severo impacto en el medio ambiente en regiones especialmente frágiles y refugio de una amplia biodiversidad.
  • Fragmentación de los territorios con la falta de titulación y reconocimiento respectivo.
  • Desintegración comunitaria y organizativa, debido a la creación de organizaciones paralelas inducidas por el gobierno nacional o local y por instancias paraestatales.
  • Cambios en los modos de vida propios resultado de los patrones extractivos que han emergido a raíz de la minería legal e ilegal, derivados de la ejecución de la “Zona de Desarrollo Estratégica Nacional Arco Minero del Orinoco”.

Precarización estatal

A las amenazas se suma la ausencia de políticas públicas integrantes que se traducen en una ausencia de garantías para derechos esenciales de los pueblos indígenas afectados por el AMO, como el derecho a la salud.

Provea destaca la precaria infraestructura, la falta de personal, de insumos y medicamentos prevalente en la región.

La atención médico-sanitaria sigue siendo precaria, quedando como única opción la medicina tradicional. Como resultado, la esperanza de vida al nacer puede ser hasta de 40 años, inferior a la del promedio nacional.

La población indígena tiene mayor probabilidad de morir por enfermedades altamente evitables de ser atendidas a tiempo.

Más extracción, menos derechos

Tras el lanzamiento del Plan Oro y Expansión Minera 2026, anunciado por la presidenta encargada con el aval de los Estados Unidos, Delcy Rodríguez, Provea recordó que desde 2016 el Decreto de creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, extendió la frontera extractiva en el sur del país, afectando severamente al medio ambiente y a los pueblos y comunidades indígenas que habitan estas regiones.

Recientemente, Rodríguez aseguró que la producción nacional de oro alcanzó un total de 9.5 toneladas en 2025. Sin embargo, la ONG asegura que la cifra no se ha traducido en bienestar para los pueblos indígenas, pues enfermedades como la malaria y la tuberculosis siguen siendo la principal causa de muerte entre indígenas.

Una década después, el Arco Minero del Orinoco ha profundizado la vulnerabilidad de las comunidades y ha acelerado el deterioro de uno más importantes de los ecosistemas del planeta.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

47 noches de vigilia: familiares de presos políticos se mantienen firmes en el Rodeo I

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La noche de este martes, 24 de febrero, se cumplieron 47 días desde que se inició la vigilia permanente por la libertad de los presos políticos en las cercanías de la cárcel El Rodeo I.

Madres, esposas, hermanas, abuelas y demás familiares de presos políticos se concentraron a las afueras del recinto penitenciario en solidaridad con todos los detenidos que se encuentran en huelga de hambre, una situación extrema gravedad y riesgo.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) señaló que a pesar del desgaste físico y emocional acumulado tras semanas de lucha, “el cansancio no logra doblegar la fe ni la esperanza de quienes aguardan el retorno de sus seres queridos”.

En la vigilia, los familiares expresaron mensajes de aliento que fueron correspondidos desde el interior; los detenidos clamaron por la libertad de todos los presos políticos y exhortaron a sus familias a resistir con fuerza, pidiéndoles que bajo ninguna circunstancia abandonen la lucha por la justicia.

Una mujer, familiar de un preso político imploró al gobierno que ponga fin al sufrimiento de todas las familias de quienes permanecen secuestrados.

El dirigente político Juan Pablo Guanipa se pronunció a través de su cuenta en X para pedir la libertad de todos los presos políticos.

“Cada vez que una madre llora, son más los hijos de Venezuela que se acercan a acompañarla”, expresó.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

El Mañanero del 25 de febrero: Rodríguez Torres no es viable en una transición democrática, según LabPaz

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¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este miércoles, 25 de febrero, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

La ONG Laboratorio de Paz presentó el informe “Expediente Miguel Rodríguez Torres: Responsabilidad de mando, DDHH y transición democrática en Venezuela” sobre la responsabilidad institucional del exministro de Interior y Justicia y su incompatibilidad con una transición democrática.

Laboratorio de Paz señaló que los procesos de transición democrática requieren no solo alternancia política, sino transformaciones estructurales orientadas a garantizar la no repetición de violaciones graves de derechos humanos. Entre estas medidas se encuentran la rendición de cuentas, la reforma del sector seguridad y la evaluación de idoneidad de quienes ejercen funciones de alta responsabilidad estatal.

Aquí las claves del informe

Recién salido del horno: otras noticias

Excarcelan a 34 presos políticos, incluidos los 11 cadetes detenidos por jugar “Call of Duty”

Foro Penal: 109 presos políticos liberados tras la aprobación de la Ley de Amnistía

Después de 13 meses detenido, Jesús Armas regresa a las aulas

Arreaza: justicia militar anunciará medidas 

15 días duraría tramitar el proceso de amnistía 

Periodista Ramón Centeno denunció que obstáculos judiciales le impiden operarse 

Dólar/Euro BCV

La perla del día

Jorge Arreaza: “La Justicia militar está trabajando y va a anunciar sus medidas. La FANB está haciendo su revisión”.

Lo que rompe en redes

Tarek William Saab expresó que el denominado fenómeno de los “therians” no forma parte de un derecho de los niños, sino una desviación mental que busca normalizar una situación imposible de formalizar. Asimismo, Saab enfatizó que los “therians” configuran un comportamiento impropio que tiene vinculación con la especie humana, además de una cuestión que no guarda relación con un derecho, sino con un trastorno.

Azuquita pa’l café

Para vencer al robot aspiradora hay que pensar como el robot aspiradora.

La ñapa (recomendamos…)

Muchos dicen que conocen Caracas, pero pocos han recorridos todos estos miradores. Te presentamos los cinco miradores más bellos de la capital.

Amnistía condicionada [II] No es jaque mate

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La Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática aprobada en Venezuela es, sin duda, una pieza relevante en la historia política reciente. No garantiza la paz y la reconciliación nacional, porque no contamos con la estructura política e institucional para hacer memoria y justicia, por ahora… El momento histórico llegará cuando restauremos el Estado de derecho y la democracia.

La amnistía, un vehículo político de contención

La amnistía es un vehículo político de contención a los abusos del régimen y a la criminalización de la política. Sabemos que el régimen tiene en sus manos la posibilidad de abrir las cárceles. Pero también es necesario crear un ambiente de cese de la persecución sistemática. La amnistía representa una oportunidad concreta para liberar a presos políticos, aliviar tensiones y abrir espacios de convivencia. No todos los presos obtendrán libertad plena e inmediata ni están todos los que deberían estar tras las rejas [criminales de lesa humanidad]. Pero ese momento llegará.

Aunque la amnistía está lejos de constituir una herramienta de justicia transicional integral, en tanto carece de mecanismos sólidos de verdad, reparación, garantías de no repetición e independencia judicial, cumple un fin inmediato: desarma al verdugo y libera a miles de víctimas de persecución y cárcel. Más que un puente hacia una reconciliación profunda, parece ser una alfombra cuando menos pragmática y, cuando más, un instrumento de cierre político condicionado en medio de una complejidad latente.

La amnistía como herramienta política: una alfombra azul sobre la roja

La amnistía –en términos jurídicos– es una medida que extingue legalmente la responsabilidad penal de ciertos actos cometidos antes de su promulgación. A diferencia del indulto individual, que simplemente perdona una pena, la amnistía borra el delito en abstracto para un grupo de personas, dejando sin efecto las sanciones que pudieran derivarse de hechos ya consumados. En tiempos de criminalización de la justicia, la despenalización de tipos delictivos —además difusos y elásticos— es un hecho relevante.

Tras las guerras mundiales, hubo pacificación a costa de equilibrios frágiles. En los dos grandes conflictos del siglo XX, las amnistías jugaron papeles muy distintos según los contextos nacionales.

Después de la I Guerra Mundial —en países como Alemania durante la República de Weimar— se aprobaron amnistías para liberar a miles de prisioneros políticos encarcelados en los tumultuosos años de 1918-1919.

Tras la II Guerra Mundial, las respuestas fueron mixtas. En Europa occidental y central las amnistías no constituyeron un gran pilar de los procesos de reconstrucción, y en muchos casos se optó por juicios por crímenes de guerra y la reversión de leyes injustas. Países como Francia o Dinamarca encararon a colaboracionistas del régimen nazi en tribunales, y aunque hubo perdones limitados, no hubo amnistía generalizada como política estructural, reflejando que el castigo a violaciones graves se volvió una norma emergente.

En Italia, sin embargo, se adoptó una amnistía de alcance amplio en 1946 (la llamada amnistía de Togliatti) para liberar tanto presos fascistas como partisanos de la posguerra, con la intención de reconciliar a una sociedad profundamente dividida.

Su aplicación práctica mostró sesgos: muchos exfascistas fueron liberados con mayor facilidad que quienes habían combatido la ocupación, lo que sembró críticas de injusticia y desigualdad.

El postulado que quien claudica no legisla amnistías, no encaja en el caso venezolano

En nuestro caso, la claudicación del régimen no ha sido total y absoluta, aunque asemeje una rendición. El régimen tiene el control territorial del país. También cuenta con las FF. AA., policías, más control de milicias y colectivos.

La visita del general Francis Donovan —jefe del Comando Sur de los EE. UU.— no es una exageración decir, tiene tanto o más peso que una amnistía. Recuerda la entrada de MacArthur tras la claudicación de Japón, Maxwell Thurman en Panamá, Clay en Alemania, Clark en Kosovo o Petraeus en Irak. Pero en todos aquellos casos posconflicto, EE. UU. o la OTAN obtuvieron una victoria total. En Venezuela la incursión fue impecable, pero aún subsiste un orden opresor que debe ser decantado. La amnistía no se agota en sí misma.

Otros:

El régimen deberá hacer lo que indique EE. UU. en términos de desarme, reestructuración de las FF. AA., desmontaje de colectivos, milicias urbanas, entrega de perseguidos por la justicia norteamericana y libertad real de presos políticos, al tiempo de imponer una reintegración de los poderes públicos, garantías fiscales, apertura aduanera y seguridad ciudadana.

En este sentido la amnistía —aun siendo condicionada— es [positivamente] un salvoconducto de habilitación política. No nos extrañe ver pronto a un Freddy Superlano candidato a la gobernación de Barinas, a Perkins Rocha como presidente del TSJ, Enrique Márquez o Juan Pablo Guanipa formando parte de un gobierno colegiado; una nueva composición del CNE [en medio de un proyecto de ley de modificación de los procesos electorales] o María Corina entrando a Caracas de la mano de la Sra. Laura Dogu o el citado general Francis Donovan. Sepamos esperar la decantación.

La amnistía como partida de ajedrez: no es jaque mate, es contención estratégica

En los procesos de transición política, la amnistía suele ser juzgada con un criterio binario: o es justicia, o es impunidad; o es victoria moral, o es traición ética. Ese marco es pobre para comprender su verdadera función en escenarios de poder asimétrico, donde el régimen autoritario no ha sido derrotado militarmente ni ha colapsado institucionalmente.

En esos casos, la amnistía se parece menos a un veredicto final y más a una jugada intermedia en una partida de ajedrez: no busca jaque mate inmediato, sino neutralizar piezas del adversario, descomprimir el tablero y ganar tiempo político.

Como en el ajedrez, hay partidas que no se ganan por fulminación del rey enemigo, sino por ahogo estratégico. Se limitan los movimientos del rival, se reducen sus piezas activas, se lo obliga a jugar en defensiva. La amnistía no derrota al régimen por sí sola, pero le quita capacidad de coerción, rompe la lógica de rehenes políticos, y vacía de eficacia el terror como herramienta de control social. Así la amnistía no es claudicación: es contención de la opresión.

Es estrategia, no moralismo. Es una jugada y no una rendición… La amnistía, cuando se diseña con exclusiones claras para crímenes de lesa humanidad y delitos graves, actúa como una jugada de “desarme parcial”: reduce el número de piezas activas del régimen (presos políticos como instrumento de chantaje), limita su narrativa de enemigo interno y debilita su monopolio del miedo.

Carl von Clausewitz definió la guerra como “la continuación de la política por otros medios”. En transiciones políticas incompletas, la política es la continuación del conflicto por medios no violentos. La amnistía se inserta ahí: no cancela el conflicto, lo traslada a otro plano. No resuelve el antagonismo estructural, pero cambia el terreno de juego: de la cárcel y la tortura, al espacio institucional y simbólico. Eso explica por qué la amnistía incomoda tanto a los maximalistas de ambos bandos: i. al autoritarismo, porque pierde un arma de dominación; ii. al moralismo punitivo, porque no ofrece una victoria total inmediata.

Neutralizar sin absolver: la amnistía como purga funcional del conflicto

La aministía es una purga funcional, no borrón y cuenta nueva. Hannah Arendt distinguía entre perdón y comprensión política. El perdón, decía, pertenece al ámbito moral; la política opera con categorías de responsabilidad colectiva, estabilidad y futuro común. La amnistía no perdona en sentido moral: “reordena el campo de responsabilidad para hacer posible la convivencia política mínima” [Arendt dixit].

Es clave de la teoría de juego: no se trata de perdonar a la reina enemiga; se trata de sacarla del centro del tablero, forzarla a jugar sin movilidad ofensiva, y abrir espacios para que el juego deje de ser una masacre unilateral.

Reinhold Niebuhr advertía contra la ingenuidad moral en política: “La capacidad del ser humano para la justicia hace posible la democracia; la inclinación del ser humano a la injusticia hace necesaria la coerción”. Habría que agregar: sin coerción no hay orden, sin orden no hay justicia y sin justicia no hay paz. Luego a la paz y a la moral, la preceden el orden punitivo que suprime el poder tirano.

La amnistía opera en ese dilema: no presupone virtudes morales en los actores del régimen, sino que busca reducir su margen de daño, crear incentivos para la desmovilización de la represión y permitir que sectores intermedios abandonen la lógica de guerra interna, porque hay un poder coercitivo sobre ellos que impide abatirse o negarse. Es una purga funcional del conflicto, no su negación. Decanta: separa lo que es políticamente transitable de lo que es penalmente intolerable.

No resolverlo todo es parte del diseño

Isaiah Berlin recordaba que los conflictos entre valores son trágicos e irresolubles en términos absolutos: libertad, justicia, paz y verdad no siempre se armonizan plenamente. Exigir que la amnistía lo “resuelva todo” es pedirle a una jugada de naturaleza intermedia—por ahora—que haga el trabajo de un partido final.

La amnistía no hace justicia completa. La amnistía no garantiza reconciliación emocional. La amnistía no sana la memoria colectiva. Lo que sí hace—cuando está bien diseñada—es cambiar la geometría del conflicto:

  1. reduce el costo humano inmediato;
  2. rompe la economía del terror;
  3. abre ventanas para procesos posteriores de verdad, reparación y justicia transicional.

George Kennan, arquitecto de la política de “contención”, defendía que frente a regímenes autoritarios no siempre se trata de derrocar de inmediato, sino de limitar, cercar, desgastar su capacidad de expansión y daño hasta que el sistema colapse por sus propias contradicciones. La amnistía cumple una función análoga: contiene la opresión, no la redime; reduce la presión, no la borra; desarma mecanismos, no almas.

La amnistía como sacrificio táctico

La amnistía implica un sacrificio simbólico: se posterga una parte de la justicia punitiva inmediata para ganar oxígeno político y social. No es olvido; es priorización estratégica del cese de la violencia estatal como condición posible para la justicia futura.

Henry Kissinger —con todo lo polémico de su legado— formuló una máxima cruda del realismo político: “La estabilidad suele preceder a la justicia; sin un mínimo de orden, la justicia es impracticable y moralmente ilusoria”.

Leído críticamente, esto no legitima la impunidad: describe una secuencia política. La amnistía busca descomprimir primero la violencia estructural para que luego puedan operar mecanismos más exigentes de verdad y responsabilidad. Es una jugada de “ganar el medio juego”, no el final moral de la partida.

Entender la amnistía como jaque mate es un error conceptual. Entenderla como rendición, también. No hay romanticismo en esto. Hay realismo político: sin neutralizar la represión, no hay transición; sin reducir el terror, no hay política; sin abrir el tablero, no hay final de partida posible.

La amnistía no resuelve la historia: la ordena para que la historia pueda seguir sin que la violencia sea la única jugada disponible. En términos políticos, la medida puede interpretarse como una forma de desactivar tensiones internas y permitir un reinicio institucional tras el período de Maduro, esto es, reducción de cargas judiciales y penitenciarias como incentivar la participación política de grupos excluidos y cerrar capítulos traumáticos sin reabrir conflictos latentes.

La Ley de Amnistía de Venezuela 2026 se convierte en un ejemplo esclarecedor de cómo la justicia, en contextos de transición incompleta, puede ser tanto una herramienta de esperanza como un espejo de las limitaciones del poder político en tiempos de cambio; una amnistía condicionada que no tiene la misión de sustituir a la justicia hoy, sino hacerla posible mañana.

En consecuencia, desde una visión de poder, la amnistía no es solo una medida jurídica, sino una herramienta de gobernabilidad. En palabras de Guillermo O’Donnell: “Las transiciones pactadas suelen producir democracias delegativas, donde los pactos de salida priorizan la estabilidad del poder antes que la consolidación del Estado de derecho”. En otras palabras, es la búsqueda de autoridad, control y seguridad antes que la refundación de la república.

Este marco conceptual resulta útil para analizar la amnistía venezolana: no emerge de una transición institucional plena, sino de una reconfiguración interna del poder que busca estabilizar el sistema político sin desmontar los dispositivos que permitieron la persecución.

Por eso —más que una política de justicia transicional— la ley opera como un mecanismo de pacificación selectiva, una herramienta suspensión condicional de la persecución política y un instrumento de control político blando sobre disidentes y ex perseguidos. Riesgos prácticos: intimidación, selectividad y chantaje político.

En este contexto, el orden tutelado por los estados unidos tendrá otras tareas de estabilización en la cartilla: reconformación del poder judicial, reestructuración de las policías judiciales, de inteligencia militar, vigilancia política y contrainteligencia. Como advierte Carlos Nino al analizar los límites del derecho penal en contextos autoritarios: “Cuando el Estado utiliza el proceso penal como herramienta política, todo acto de sometimiento procesal deja de ser una garantía y se convierte en un riesgo para el ciudadano”. Esto lo sabe Washington, la CIA, el Departamento de Justicia y el Pentágono. La decantación no basta con la amnistía.

Para cerrar, vale la pena recordar algunas frases de las reseñas de los juicios de Nuremberg: “Ahí estaban los hombres poderosos de Hitler. Ahora reducidos, moralmente abatidos, materialmente rotos, invadidos de terror y aislamiento. Pasaron de verdugos miserables a pequeños hombres, indefensos y míseros […] Frente a la justicia ahora lucían perplejos, acorralados, disminuidos, sin poder casi respirar y con la mirada al suelo. La historia rápidamente los bajó de la cumbre del poder, la soberbia y la barbarie, a seres humanos sin alma, sin fuerza, sin escapatoria”.

La amnistía no redime al criminal, tampoco lo habilita ni lo libera de su miseria. La historia los juzgará irremisiblemente. Y los reducirá a lo que hoy exhiben sus caras: terror, abatimiento, soledad, miseria y ruptura. No hay romanticismo en esto decíamos, es realismo político. Es una amnistía condicionada, para tirios y troyanos, que abre el tablero y facilita el quiebre gradual [y final] del poder.

Huelga ahora pedir discreción y prudencia a aquellos que cuestionan la amnistía ferozmente, desde una retina personal. Con esa misma ferocidad e incomprensión serán tratados por la historia […] La amnistía no es jaque mate, no es moral, no reconcilia la verdad, la justicia, la paz y la libertad [I. Berlin dixit]. No lo resuelve todo…

Es contención, es abonar caminos, es bajar el costo político y ciudadano del terror al opresor. Y es facilitar su quiebre y caída definitiva.

@ovierablanco – vierablanco@gmail.com | Abogado / Activista de DD. HH. / Exembajador en Canadá.

¡Saboteador es el régimen, no los petroleros!

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La ley de amnistía aprobada es ilegal, porque la elaboró una Asamblea Nacional espuria y el ejecútese fue firmado por quien usurpa el poder Ejecutivo. Innecesaria, porque los presos políticos, todos ellos inocentes, han podido ser puestos en libertad con una orden del régimen que los encarceló. Discriminatoria, porque no incluye todos los casos. Peligrosa, porque los mismos jueces del régimen serán los que en última instancia decidirán si procede o no. Vengativa, porque exige que personas inocentes acepten delitos que no cometieron.

Esta ley es inaceptable, no promueve la paz, ni puede ser un mecanismo para dirimir diferencias. No pretendemos analizar su contenido: distinguidos abogados, defensores de derechos humanos y políticos han expuesto sus barbaridades. Aquí solo nos referiremos a los señalamientos a los petroleros de ser saboteadores.

La acusación a los petroleros

Los expresidentes de PDVSA, Alí Rodríguez y Rafael Ramírez, achacaron a los trabajadores ilegalmente despedidos en 2002-2003, todos los incendios, explosiones, accidentes con pérdida de vidas, problemas operacionales y robos en las instalaciones. 

Los citados no tuvieron la honestidad de reconocer que los despedidos no podían entrar a las instalaciones custodiadas por la Guardia Nacional y por personal rojo de seguridad. Mucho menos aceptaron que los problemas llegaron por el despido ilegal de unos 23,000 trabajadores y gerentes calificados, por el ingreso de fichas del partido de gobierno sin pericia, falta de mantenimiento y de inversión.

Por fanatismo político, acusaron a los despedidos de haber cometido actos de sabotaje para no asumir su responsabilidad y, al mismo tiempo, intentar desacreditar a quienes ya no estaban en la empresa, discurso que sigue manteniendo el régimen y que impuso en la citada ley.

Accidentes graves entre 2003 al 2012

Solo en el Centro de Refinación de Paraguaná (Cardón y Amuay), ocurrieron 80 accidentes graves, con 61 personas fallecidas y 225 lesionadas. Rafael Ramírez, entonces presidente de Pdvsa y ministro del área petrolera, ya había reconocido en su Memoria y cuenta del 2011 que las refinerías sufrían por recortes de presupuesto, paradas no programadas y problemas operacionales por desfase de los mantenimientos, retraso en la adquisición de repuestos y escasez de personal especializado.

Ese mismo año, Wills Rangel, presidente de la Federación de Trabajadores Petroleros e identificado con el oficialismo, declaró que las paradas de planta se han pospuesto por falta de repuestos, de previsión y de planificación y que Pdvsa distrajo parte de su personal en lo social y eso retrasó sus operaciones.

Algunos casos de acusaciones falsas de sabotaje: con la contribución de un grupo de compañeros despedidos, en mi libro Ni un paso atrás, en defensa de la democracia, publicado en el 2004, pudimos desmentir varias de los casos publicitados.

Explosión en la refinería de Amuay

Ocurrió 25 de agosto 2012, ha sido el accidente más grave. Ocasionó la muerte a 42 ciudadanos y 158 resultaron heridos. Además, fueron dañadas numerosas viviendas, escuelas y comercios. Hubo tiempo suficiente para desalojar las instalaciones y viviendas cercanas, pero nadie tomó esa decisión. Inicialmente, Hugo Chávez, Rafael Ramírez y Jesús Luongo, gerente de la refinería, insistieron en que el mantenimiento era perfecto y que habían estallado unos tanques. Poco después, ante la magnitud de la explosión, Rafael Ramírez, Eulogio Del Pino y otros voceros oficialistas inventaron lo del sabotaje, a pesar de que esas instalaciones las custodia la Guardia Nacional y personal de seguridad de la empresa.

Un año después, Rafael Ramírez todavía sostenía que fue una falla inducida e intencional. El 20 de agosto de 2013, Wills Rangel declaró que hubo fallas mecánicas y técnicas, pero no humanas. Que eliminaron la sirena de alarma porque se activaba mucho, se va a hacer una revisión para la adquisición de equipos de seguridad adecuados y ser rígidos en el uso de los implementos.

Jesús Luongo, intentando salvar su responsabilidad, declaró que estaba comprobado que hubo sabotaje sobre nuestras instalaciones por sectores de la “extrema derecha”. El Centro de Orientación en Energía (Coener), integrado por los profesionales más destacados del área, con la participación de instituciones y varias ONG, y bajo la coordinación de nuestro compañero Francisco Javier Larrañaga, que en paz descanse, realizó una investigación consignada en 500 páginas. Entre otros puntos, concluyeron, que fue falla mecánica.

¿Quiénes son los saboteadores?

Sin duda son Chávez, Maduro, Delcy Rodríguez y sus equipos de demoledores, que, por ineptitud, corrupción e incluso exprofeso destruyeron la educación, la salud, la infraestructura, la economía y quebraron las empresas del Estado y las que le robaron al sector privado.

Ni los petroleros, ni los empresarios fueron los saboteadores, como dice la Ley de Amnistía, desgraciadamente aprobada por los miembros del PSUV, por un grupo de alacranes colaboracionistas y por unos pocos que no lo son, pero que inexplicablemente la avalaron. En el momento oportuno, el Estado tendrá que reconocer a los petroleros y a otros afectados los derechos laborales y humanos violados.

Como (había) en botica

  • Magalli Meda denunció una nueva violación y saqueo de su residencia en Caracas.
  • Una joven venezolana que tuvo que emigrar a la Argentina denunció valientemente en un video que fue a Caracas y en el aeropuerto dos guardias nacionales la desnudaron y exigieron dinero a ella y a su mamá para dejarla libre. Los atropellos no han cesado.
  • Lamentamos los fallecimientos de Gladys E. Quintero y de Rómulo A. Soto R., compañeros de Gente del Petróleo y de Unapetrol.
  • ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

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