La Ley de Amnistía que se debatía en primera discusión el 5 de febrero en la Asamblea Nacional de Venezuela pretende dar salida legal a situaciones generadas durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Quien debía conducir su aprobación era Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y figura clave de ambas presidencias. Para defender la importancia de la ley, recurrió a una historia familiar.

Este texto es el primero de una serie que examina la estrategia comunicacional que la administración de Delcy Rodríguez y otros actores gubernamentales desplegó durante febrero para promover la Ley de Amnistía. En esta entrega analizamos el discurso del 5 de febrero de Jorge Rodríguez en la Asamblea Nacional y su visita al día siguiente a Zona 7, donde convirtió la urgencia de las familias en una promesa que aún no se cumple del todo.

El legado del padre y una contradicción

Jorge Rodríguez fue ministro de Comunicación de Hugo Chávez, jefe de campaña de Nicolás Maduro y preside la Asamblea Nacional desde el año 2020. El 5 de febrero le correspondía conducir la primera discusión de la Ley de Amnistía. En la intervención que hizo para cerrar la sesión de ese día no habló de Chávez ni de Maduro, sino de su padre, Jorge Antonio Rodríguez, torturado y asesinado por la policía política venezolana en los años setenta.

“Como víctima de violación sistemática a los derechos humanos de mi persona y de mi familia por parte del Estado venezolano, quisiera que también se escuchara en este recinto la voz de una víctima”, dijo al iniciar su intervención, refiriéndose a la historia que comparte con su padre, su madre y su hermana, Delcy Rodríguez, quien actualmente ejerce funciones como presidenta encargada de Venezuela.

El momento culminante de su discurso ocurrió cuando recordó cómo su familia perdonó a los captores y asesinos de su padre. Contó que, cuando un intermediario de Carlos Andrés Pérez intentó entregarle a la familia las llaves de un apartamento en forma de compensación, su madre las rechazó, pidiendo enviar un mensaje al entonces presidente: “Dígale a Pérez que mis hijos y yo ya lo perdonamos. Porque, si algo nos enseñó Carora —su esposo—es a no odiar”.

Jorge Rodríguez presenta ese legado como el origen de su postura sobre el perdón, aunque su referencia presenta una contradicción. La historia del padre puede mostrarse como un ejemplo de la crueldad de gobiernos anteriores, pero fue presentada para justificar la necesidad de aprobar una Ley de Amnistía que busca remediar las detenciones y torturas ocurridas durante los gobiernos de Chávez y Maduro. La anécdota deja por fuera la participación de los propios hermanos Rodríguez en ambos gobiernos chavistas y su cercanía con estos dos jerarcas.

A ese recurso se suma la apelación a la emoción, pues el relato de la tortura y el perdón activa la empatía de la audiencia haciendo que cualquier pregunta crítica haya parecido fuera de lugar, al menos si se hacía en ese momento. Pero opera también una apelación a la autoridad moral: al hablar como familiar de una víctima, Rodríguez se reviste de una legitimidad que su trayectoria como funcionario de ambos gobiernos no le conferiría, convirtiendo el sufrimiento de su padre en un aval para el presente.

La promesa en Zona 7

Al día siguiente, el 6 de febrero, Rodríguez se presentó sin previo anuncio en la llamada Zona 7, en los alrededores del Centro Penitenciario de Boleíta, donde familiares de presos políticos hacían vigilia. Se acercó a las personas, escuchando y tomando nota de sus casos. Al menos dos canales de televisión gubernamentales grabaron la visita y transmitieron el material al aire y en internet.

El video que Rodríguez publicó en sus redes arrancaba con el abrazo que le dió a María Malavé, una de las presentes, que portaba una camiseta blanca con la frase “liberen a todos los presos políticos” en el frente, y las siglas de @Clippve—el Comité por la Libertad de los Presos Políticos— en la espalda. Luego de ese abrazo, Malavé le explicó a Rodríguez que no estaba allí reclamando por ningún familiar encarcelado, sino que era ella quien había sido detenida y encarcelada por denunciar una supuesta mafia de combustible, que posteriormente había sido liberada y que se encontraba en Zona 7 porque estaba denunciando su propio caso.

Clippve emitió una aclaratoria explicando que Malavé no era familiar de ningún preso político y que portaba la camiseta porque se la habían entregado en el campamento de El Rodeo I por solidaridad. Para la organización, su aparición abrazando a Rodríguez era parte de una estrategia para “proyectar una falsa imagen de humanidad“.

El abrazo entre Rodríguez y Malavé también generó críticas de usuarios en redes sociales, que lo interpretaron como un gesto propio de un acto de propaganda. Sin embargo, en la versión del encuentro que fue transmitida por Venezolana de Televisión (VTV), se aprecia que el caso de Malavé resultó ser una excepción entre los presentes. Rodríguez interactuó y se dirigió principalmente a familiares de personas encarceladas –casos distintos al de Malavé–, prometiendo varias veces que una vez aprobada la Ley de Amnistía, sus seres queridos saldrían libres.

“Nosotros aspiramos que entre el martes que viene, y a más tardar el viernes, están todos sueltos”, aseguró Rodríguez, ante los aplausos y el agradecimiento de los asistentes.

Con o sin el abrazo, la visita funcionó como una válvula: Rodríguez se presentó como alguien cercano a quienes protestaban y desplazó la urgencia de sus demandas con esa promesa.

Para Diego Casanova, del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), el efecto fue deliberado: “Era intentar darle un mensaje a los familiares de que él tiene el poder de darles lo que ellos quieren. Una suerte de salvador que tiene en su mano la llave que necesitan las familias que están desesperadas para acabar con el sufrimiento”.

Para ese momento, aunque la ley había sido aprobada en primera discusión el día anterior, su texto no circulaba oficialmente. Varios diputados, incluidos opositores, admitieron votar sin haber leído la propuesta de forma íntegra. Las familias y las organizaciones de derechos humanos dependían de versiones filtradas para intentar evaluar a quiénes cubriría y a quiénes dejaría fuera.

La segunda discusión ocurrió el 19 de febrero. Ese día ley fue aprobada, pero la libertad no vendría de forma automática: cada caso requería una solicitud formal ante el tribunal que había llevado la causa —los mismos que en muchos casos habían procesado a los detenidos— con hasta 15 días hábiles para resolver. 

Además, alrededor de 400 militares considerados presos políticos por organizaciones de derechos humanos quedaron fuera de sus beneficios, porque sus casos fueron encuadrados como rebelión o conspiración, delitos que la ley no contempla.

A más de una semana de la aprobación, con alrededor de 50 liberaciones reportadas, entre 20 y 30 familiares de presos continúan apostados en Zona 7 noche a noche, esperando. Algunas de las personas que aparecen en el video saludando a Jorge Rodríguez ese 6 de febrero todavía no han podido reencontrarse con sus familiares, a pesar de su promesa de que el día de la aprobación de la Ley de Amnistía recuperarían la libertad.

Casanova describió lo que dejó esa visita como una estrategia para administrar la desesperación y el sufrimiento con la intención de ganar tiempo. “Los familiares se sienten burlados y utilizados”, dijo.

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