Al menos cinco congresistas del Partido Demócrata de Estados Unidos solicitaron transparencia al Gobierno de Donald Trump sobre el acuerdo petrolero que sostuvo con el gobierno encargado de Delcy Rodrígu7ez y la empresa North American Blue Energy Partners (Nabep). En un comunicado presentado este primero de octubre, le solicitaron al secretario de Estado, Marco Rubio, y al secretario de Defensa, Pete Hegseth, presentar toda la información disponible sobre el acuerdo para el 14 de octubre de 2026.
«En una imitación destacable al libreto que sigue el régimen de Nicolás Maduro en materia económica, la Casa Blanca anunció el 31 de agosto que el Gobierno estadounidense adquiriría regalías importantes de la empresa de origen Barbadense [Nabep]», se lee en el comunicado. «Distintos artículos de prensa vinculan a Nabep con Alejandro Betancourt, quien ha sido señalado por la justicia española, suiza y estadounidense de lavado de dinero».
«Según se informa, altos funcionarios estadounidenses intervinieron a favor del Sr. Betancourt en la investigación penal suiza en su contra, incluso mientras la Administración ultimaba su colaboración con él», se agregó en el documento.
La carta está firmada por los congresistas Gregory Meeks, miembro del Comité de Asuntos Exteriores; Robert Garcia, miembro del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental; Jared Huffman, miembro del Comité de Recursos Naturales; Frank Pallone Junior, miembro del Comité de Energía y Comercio, y Joaquin Castro, miembro del Subcomité de Asuntos Exteriores sobre el Hemisferio Occidental.
Hasta la fecha, ni el gobierno estadounidense ni el gobierno encargado del PSUV con el aval de Estados Unidos han revelado los detalles del acuerdo energético más allá de que Nabep ocupará 17 campos petroleros en Venezuela para exportarlos a Norteamérica durante 100 años.
Opacidad binacional
Los congresistas del partido demócrata destacaron que los miembros del Poder Ejecutivo estadounidense fallaron al responder las preguntas del congreso el pasado 14 de septiembre. Entre las preguntas expuestas, mencionaron los recursos que el Gobierno norteamericano a cambio a Nabep «en lo potencialmente sería un acuerdo que vale billones de dólares».
En el documento, el Comité de Asuntos Exteriores y el Comité de Energía y Comercio recordaron que el Poder Ejecutivo estadounidense tiene la obligación de presentar ante el Congreso todos los documentos del acuerdo petrolero.
También, destacaron que el gobierno liderado por Delcy Rodríguez mantiene relaciones comerciales con Betancourt y que aún persisten esquemas de “corrupción” nacionales e internacionales.
Los legisladores mencionaron que el Congreso ha solicitado al gabinete de Donald Trump información sobre el papel de Estados Unidos en la política venezolana en dos ocasiones: el 12 de febrero y el 14 de septiembre de 2026. Sin embargo, los miembros del congreso han considerado las respuestas como nulas o ineficientes.
Mientras tanto, la población estadounidense se prepara para las elecciones de medio mandato el próximo 3 de noviembre. Estas elecciones definirán la composición del Congreso en los años que le quedan a Trump como presidente. De los 435 escaños que ostenta el Congreso, 213 representan al partido demócrata, crítico a Trump. Mientras otros 218 están bajo la ideología del partido republicano.
Cien días después del doble terremoto que sacudió Venezuela el 24 de junio, la emergencia ha cambiado de rostro. Las primeras jornadas estuvieron marcadas por la atención de personas heridas y la búsqueda de sobrevivientes. Tres meses después, el desplazamiento, la incertidumbre, la pérdida de viviendas y familiares y las dificultades para recuperar la rutina comienzan a pesar sobre la salud física y emocional de las comunidades afectadas.
Así lo describe Médicos Sin Fronteras (MSF) en un material compartido con esta redacción, en el que describen que mantiene una respuesta multidisciplinaria en Caracas y La Guaira. La organización señala que el impacto de la emergencia ya no está relacionado únicamente con las lesiones provocadas por el sismo, sino también con las consecuencias acumuladas de permanecer durante meses en condiciones de inseguridad e incertidumbre.
MSF difundió varios testimonios del impacto en personas desplazadas como Elvira, de 76 años, quien sobrevivió al colapso de un edificio. Quedó atrapada entre los escombros y, según relata, quienes la encontraron llegaron a pensar que había muerto. Después del terremoto comenzó a experimentar miedo constante, llanto e insomnio y acudió a atención psicológica de MSF.
“Aquí llegué con mucha crisis. No es fácil lo que yo viví. Todo me asustaba, lloraba mucho, no dormía. La psicóloga me sacó los nervios. Quiero salir de lo que estoy pasando. Quiero volver a ser la que era”, contó la señora al personal de Médicos sin Fronteras.
Del trauma físico al desgaste prolongado
Durante los primeros cinco días de respuesta, los equipos de MSF distribuyeron 8,5 toneladas de suministros médicos y de emergencia y apoyaron a hospitales que recibían un elevado número de personas heridas.
En los 100 días siguientes, los equipos han realizado más de 7000 consultas médicas. Los dolores musculares y de huesos representan 21,7% de esas atenciones, seguidos por las infecciones respiratorias, con 21,4%, y las afecciones de piel, con 12,4%.
La organización también ha dado seguimiento a más de 880 personas con enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, asma y epilepsia, condiciones que pueden verse afectadas por el estrés y las condiciones de desplazamiento.
“Lo que observamos hoy no es únicamente el efecto de un evento traumático aislado, sino el impacto acumulado de vivir durante meses en condiciones de incertidumbre”, explicó Milagritos Valderrama, coordinadora médica de MSF para la respuesta a la emergencia.
Según la organización, entre las manifestaciones que encuentran sus equipos están la ansiedad, las alteraciones del sueño, los dolores musculares, las cefaleas, los problemas gastrointestinales, la desesperanza y el agotamiento.
En Mare Abajo, Ashley Mayora, de 43 años,continúa viviendo en una carpa después del colapso parcial del complejo residencial donde habitaba con su hija y su nieto recién nacido. La separación de su familia y las condiciones posteriores al terremoto, relató, afectaron también su salud física.
“Esto me ha desmoralizado. Fue un desastre natural, pero ha acabado con todo, mi corazón, mente y alma. Sufro del corazón y de la tensión, y no duermo”, contó. El 29 de julio, dijo, sufrió un preinfarto.
El desgaste de quienes estuvieron en la primera línea
Las consecuencias psicológicas también alcanzan a quienes participaron directamente en las labores de rescate y atención de la emergencia.
Israel Lanza, rescatista de Protección Civil de 36 años, recuerda que durante las operaciones esperaba encontrar sobrevivientes y terminó enfrentándose a escenas de muerte. Una de las imágenes que más lo marcó, relató, fue encontrar a una mujer y su hijo abrazados al cuerpo de un perro.
“Hasta la persona más valiente llora ante esto. Llegó un momento en que mi propio nombre se me olvidaba. No reconocía cuando me llamaban. Estuve 15 días continuos sin pisar mi casa”, contó.
Elvis Díaz, también rescatista de Protección Civil, relató que durante los primeros días llegó a pensar en abandonar las labores. Parte de su familia estaba en La Guaira y pasó 12 días sin saber de ellos.
“Cuando me bañaba lloraba. Todo se me acumuló. Ya no sabía ni qué cargaba. Lo hacía en privado para que nadie me viera, para no incomodar a mis compañeros, porque todos estamos pasando por lo mismo”, dijo.
MSF advierte que el personal sanitario, los rescatistas, los funcionarios de Protección Civil y los voluntarios también enfrentan fatiga extrema, estrés traumático secundario y procesos de duelo acumulado.
Una respuesta que combina salud física y mental
Para atender las nuevas necesidades, MSF mantiene seis clínicas móviles en Caracas y La Guaira, donde integra servicios de salud mental y apoyo psicosocial dentro de la atención primaria. Además, cuenta con cuatro puntos adicionales dedicados exclusivamente a salud mental.
Durante estos 100 días, sus equipos de salud mental han acompañado a 8147 personas mediante consultas individuales, espacios grupales de psicoeducación y sesiones de primeros auxilios psicológicos.
Los equipos de promoción de la salud, por su parte, han alcanzado a más de 16 792 personas mediante sesiones educativas y trabajo comunitario.
La respuesta también incluye agua, saneamiento e higiene en los asentamientos temporales. MSF ha distribuido cerca de 860 000 litros de agua potable, instalado cinco sistemas de potabilización y 127 filtros, y suministrado cloro e insumos para potabilizar más de 80,5 millones de litros adicionales.
Recuperar algo más que los edificios
Para quienes perdieron sus viviendas y familiares, la recuperación continúa atravesada por la incertidumbre.
Rosmari Colmenares, vocera de una comunidad en Playa Grande, La Guaira, perdió su vivienda, que tuvo que ser demolida. También continúa sin conocer el paradero de su hermano y de su sobrino, quien tiene síndrome de Down. La esposa de su hermano fue rescatada y el cuerpo de su sobrina fue localizado.
“Yo vi cómo demolieron mi casa; mi hijo me abrazó y lloramos. Tantos años de constancia para construirla, arreglarla… En segundos se destruye esa parte de ti y de tu familia”, relató.
Aun en medio de esa situación, Colmenares procura mantenerse activa en el refugio y ayudar a mujeres lactantes y embarazadas.
Elvira también describe cómo cambió el paisaje que durante años conoció. “A veces estoy en la calle y me pierdo. No reconozco porque se cayeron tantos edificios, negocios. Me cuesta ubicarme donde estoy. La farmacia ya no existe, el banco tampoco existe”, relató.
Pero su proceso de recuperación también ha dejado señales de avance. Después de recibir acompañamiento psicológico, volvió a plantearse regresar al trabajo: “Ya volvió mi fortaleza. Hace unas semanas, le dije a la doctora: ‘Quiero ir a trabajar’. Después de que pensaba que nunca podría”.
A cien días de los terremotos, MSF sostiene que la recuperación requiere mantener el acceso a servicios de salud mental, fortalecer la atención primaria y garantizar condiciones de vida dignas para las personas desplazadas.
La emergencia, señala la organización, no termina cuando cesan los movimientos sísmicos ni cuando se retiran los escombros. Para las comunidades afectadas, recuperar la estabilidad también implica volver a sentirse seguras, reconstruir las rutinas y encontrar condiciones para mirar nuevamente hacia el futuro.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Luego de dos años sin escribir en redes sociales, la directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, reapareció en X para informar que el Tribunal 3º de Primera Instancia en Funciones de Juicio con competencia en terrorismo la absolvió de los cargos formulados en su contra.
“Hoy culmina un duro capítulo en mi vida. Esta decisión ratifica lo que sostuve desde el primer día de mi detención, el 9 de febrero de 2024: soy inocente”, escribió la activista y abogada.
San Miguel dijo que durante el tiempo que duró su condena, su capacidad de resistencia y principios fueron puestos a prueba.
“Agradezco profundamente a mi familia, especialmente a mi hija, por su amor y fortaleza, a la sociedad civil venezolana, a los organismos internacionales, misiones diplomáticas y organizaciones de derechos humanos que acompañaron mi situación”, expuso.
San Miguel expresó también su solidaridad con quienes siguen esperando justicia y la libertad.
“Mi solidaridad está con todos los ciudadanos, activistas y presos políticos que continúan enfrentando procesos penales y situaciones de vulnerabilidad. En cuanto a las condenas emitidas en este caso contra otros acusados, espero sean anuladas por ser profundamente injustas”, manifestó.
Agregó que la justicia solo será plena cuando el debido proceso, la dignidad humana y los derechos fundamentales sean una garantía para todos los venezolanos.
“Continuaré trabajando con la misma transparencia y convicción por el respeto a los derechos humanos, el fortalecimiento del Estado de Derecho y por una Venezuela democrática”, recalcó.
Un proceso irregular
San Miguel fue detenida de manera arbitraria el 9 de febrero de 2024 en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía cuando se disponía a viajar con su hija.
Durante las primeras horas se desconoció su paradero, lo que activó alertas de organizaciones nacionales e internacionales sobre una desaparición forzada.
El Estado la vinculó con la supuesta trama conspirativa denominada “Brazalete Blanco” y le imputaron delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación para delinquir.
Fue recluida en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide bajo aislamiento prolongado y sin acceso oportuno a sus abogados de confianza.
Bajo custodia sufrió una fractura en el hombro derecho, la cual requirió intervenciones quirúrgicas y cuidados médicos especiales que en varias ocasiones, le negaron oportunamente.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea (UE), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y numerosas ONG exigieron su liberación inmediata ante la falta de un juicio justo y el estado de indefensión.
San Miguel pasó cerca de dos años presa en El Helicoide antes de ser excarcelada el 8 de enero de 2026, cinco días después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, y enviada en un vuelo a Madrid, España.
La activista retornó al país el 26 de mayo de este año bajo medidas cautelares que fueron depuestas recientemente.
Desde su excarcelación, San Miguel se abstuvo de hablar con los medios de comunicación debido a las medidas cautelares sustitutivas que le prohibían declarar públicamente, además de la presunta existencia de coacciones, chantajes o temor por la seguridad de su entorno familiar aún en Venezuela.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
Un Mundo Sin Mordaza rechazó categóricamente los señalamientos infundados promovidos por Diosdado Cabello durante la emisión del programa Con el Mazo Dando del pasado 30 de septiembre, en los que se pretendió desacreditar su labor de defensa de los derechos humanos, cuestionar su independencia institucional y vincular a la organización y a su presidente y fundador, Rodrigo Diamanti, con supuestos planes de «violencia», «agitación política» y desestabilización en Venezuela.
A través de un comunicado, la organización advirtió que estas acusaciones constituyen un nuevo episodio de un patrón de estigmatización y criminalización documentado durante años en Venezuela. Los señalamientos contra su presidente y fundador, Rodrigo Diamanti, generan especial preocupación por producirse en el contexto de su reciente regreso al país, después de más de una década de exilio forzado. La organización alertó sobre los riesgos que representa el uso de plataformas estatales para difundir acusaciones que pueden comprometer la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos y generar un efecto intimidatorio sobre el ejercicio de las libertades fundamentales.
Un Mundo Sin Mordaza señaló que estos mecanismos de represión persisten mediante la identificación, intimidación y desacreditación pública de quienes documentan violaciones de derechos humanos, ejercen la libertad de expresión y participan legítimamente en el espacio cívico. La organización alertó, además, sobre la evolución de estas prácticas y la incorporación de nuevas herramientas digitales que permiten amplificar las narrativas de criminalización.
Esta situación ha sido documentada en una investigación de Un Mundo Sin Mordaza sobre represión transnacional, que identificó 176 registros de estigmatización y propaganda a partir del análisis de 84 emisiones deCon el Mazo Dandoentre abril de 2024 y diciembre de 2025. El estudio también evidenció el uso de redes coordinadas de cuentas, perfiles automatizados, suplantaciones de identidad y otras herramientas digitales destinadas a reproducir narrativas estigmatizantes, promover la delación y generar temor ante posibles represalias.
No son hechos aislados
La organización destacó que los señalamientos difundidos el 30 de septiembre no constituyen un hecho aislado, sino que se inscriben en un patrón de actuaciones que también ha afectado a otras organizaciones nacionales de derechos humanos. En este sentido, advirtió sobre los riesgos que representa la utilización de plataformas estatales para asociar a actores de la sociedad civil con supuestas actividades violentas o delictivas y restringir su participación en los asuntos públicos.
Asimismo, recordó que la persistencia de estos mecanismos coincide con los hallazgos presentados en septiembre de 2026 por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, que advirtió que, pese a la disminución de algunas de las manifestaciones más severas de la represión, las estructuras e instituciones que hicieron posibles graves violaciones de derechos humanos permanecen fundamentalmente intactas.
En su pronunciamiento, Un Mundo Sin Mordaza enfatizó que la represión no puede entenderse únicamente a partir de las detenciones, pues la vigilancia, las amenazas, la estigmatización pública, la censura y la autocensura también restringen el ejercicio efectivo de los derechos humanos y reducen los espacios de participación ciudadana.
Derecho al disenso
La organización reiteró que documentar violaciones de derechos humanos, acompañar a las víctimas, investigar hechos de interés público, ejercer la protesta pacífica y promover mecanismos democráticos de participación son actividades legítimas que deben ser protegidas y no pueden ser asociadas, sin fundamento, con acciones violentas, terroristas, conspirativas o delictivas.
“Hay algo que la dictadura no termina de aceptar y es que la defensa de los derechos humanos es nuestro deber, tanto en Venezuela como en cualquier parte del mundo. Es un compromiso al que no vamos a renunciar”, afirmó Rodrigo Diamanti, presidente y fundador de Un Mundo Sin Mordaza.
Ante estos hechos, Un Mundo Sin Mordaza exigió el cese inmediato de las prácticas de estigmatización, intimidación, censura y criminalización contra las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil. También demandó al Estado venezolano el desmantelamiento efectivo de las estructuras y los mecanismos represivos, incluyendo aquellos utilizados para difundir y amplificar narrativas de criminalización a través de medios estatales y plataformas digitales.
De igual manera, exhortó a garantizar que ningún recurso, institución o plataforma estatal sea utilizado para individualizar, desacreditar o vincular a actores de la sociedad civil con actividades violentas o delictivas. Asimismo, hizo un llamado a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a mantener especial atención sobre la continuidad y adaptación de estas prácticas y sus consecuencias para el ejercicio de los derechos fundamentales en el país.
Con 17 años de trayectoria en la promoción y defensa de los derechos humanos, la libertad de expresión y la participación ciudadana, Un Mundo Sin Mordaza ratificó su independencia institucional y reafirmó su compromiso con la documentación y denuncia de las prácticas destinadas a restringir el espacio cívico venezolano.
El mes de septiembre cerró en rojo en las cárceles de Venezuela. Al menos tres mujeres privadas de libertad fallecieron bajo custodia del Estado, y además se produjeron brotes de enfermedades, situaciones que encienden las alarmas de las condiciones de reclusión, garantías del derecho a la vida y la salud de la población penitenciaria.
Carmen Rodríguez, de 66 años, falleció el pasado 19 de septiembre en el anexo femenino de la cárcel de Tocuyito en el estado Carabobo, víctima de un infarto agudo de miocardio.
Cinco días después murió Tomasa Sanchez de 72 años de edad, quien estaba recluida en el anexo femenino del Centro Penitenciario de Occidente en el estado Táchira como consecuencia de un paro cardiorespiratorio.
Después de que fuesen ignoradas varias solicitudes de traslado, falleció en la prisión de La Crisálida en Los Teques, estado Miranda, Eleiner Sánchez, exdirectora del Centro Penitenciario para Procesados Judiciales 26 de julio en el estado Guárico, víctima de una obstrucción intestinal.
La exempleada pública fue trasladada de emergencia al Hospital Victorino Santaella Ruiz de Los Teques, donde fue sometida a una cirugía que fue infructuosa.
Sánchez fue detenida en diciembre de 2024 por orden del ministro de Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa. La Fiscalía la acusó de tener una relación sentimental con el recluso Wilfredo Sánchez, señalado como líder de la banda Tren del Llano.
OVP enfatizó que esta es la segunda muerte que se registra en La Crisálida, después de que Fabiana Desiree Paez Fernandez falleciera en junio sin la asistencia médica requerida.
Según la organización, desde abril de este año, se han registrado más de 60 muertes de personas privadas de libertad.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) informó que más de 2300 mujeres se encuentran privadas de libertad en anexos femeninos penitenciarios en condiciones de hacinamiento, desatención médica y precariedad alimentaria.
La organización recordó que el artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reza que el sistema penitenciario debe garantizar los derechos humanos de las personas recluidas, el 43 establece que el derecho a la vida es inviolable y el 83 reconoce a la salud como un derecho social fundamental y una obligación del Estado.
Brote en la 26 de julio
El OVP también denunció que desde hace una semana, los reclusos en la cárcel 26 de julio de Guárico están enfrentando un brote de fiebre, diarrea y vómitos.
“La situación es cada vez más crítica ante la rapidez del contagio. Mientras unos pocos logran recuperarse con sus propios medios, otros caen enfermos, sin que exista una respuesta asistencial sanitaria dentro del recinto”, expuso la ONG en su cuenta de X.
La organización indicó que en el penal no hay personal médico y las autoridades penitenciarias mantienen una actitud de indiferencia, pese a los constantes llamados de presos y familiares.
“Garantizar la atención médica no es una concesión ni un privilegio, sino un deber estatal ineludible y negar el acceso a la salud constituye una grave y flagrante violación a los derechos humanos”, agregó el OVP.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este viernes, 2 de octubre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.
El primer sorbo
Antes de abordar un avión en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue consultado sobre si planea construir una base en Venezuela o Sudamérica.
“Estamos evaluando hacer muchas cosas”, respondió Trump a los periodistas.
También este jueves en una entrevista publicada por Time Magazine, Trump, aseguró que Venezuela podría celebrar elecciones, pero apuntó que aún es “demasiado pronto” para hacerlo.
“El tema de las garantías creo yo que es el corazón de la negociación y va a ser materia propia del próximo ciclo de trabajo”, Juan Miguel Matheus, integrante de la representación opositora en negociaciones con gobierno y diputado de la AN 2015
Vengan, niños, que les voy a contar una historia graciosa. No, mentira. No soy Esopo, La Fontaine ni ningún otro cuentacuentos. En realidad, vine a hablarles de dos pensadores. No obstante, puedo prometerles que uno de ellos es un tipo muy divertido. Como lo bueno se hace esperar, comenzaré con el otro. Es Zygmund Bauman. Probablemente el autor que mejor ha descrito los problemas que aquejan a las sociedades contemporáneas. No en balde su obra más conocida se titula, en paráfrasis a Freud, La posmodernidad y sus descontentos.
Para Bauman, vivimos en tiempos en los que todo fluye. No es un pensamiento metafísico, sino sociológico. No es exactamente el panta rhei de Heráclito. Lo que quiere decir es que en la vida en sociedad hoy muchas menos cosas que antes son sólidas y consistentes. Al contrario, más factores son líquidos. Se nos escapan de las manos fácilmente, o nosotros mismos nos deshacemos de ellas como si fueran bienes de consumo habitual. Los trabajos, las relaciones afectivo-sexuales, etc.
A partir de aquellos postulados, el año pasado escribí para esta columna un artículo que titulé Las ideologías líquidas. Estas son las ideologías que caracterizan a los regímenes no democráticos del siglo XXI. Son distintas a las de sus predecesores en la centuria pasada, que tenían idearios oficiales rígidos e inmutables como el fascismo y el estalinismo. Coherentes. Siniestramente coherentes, pero coherentes al fin. Para los regímenes no democráticos contemporáneos, en cambio, sus ideologías pueden mutar fácilmente. La conservación del poder condiciona la ideología, y no al revés. Si las circunstancias para mantener el poder lo exigen, el régimen adapta su ideario acorde. A veces lo hace reteniendo discursivamente elementos de la faceta previa, aunque la coherencia se vaya al demonio.
En ocasiones, la metamorfosis ideológica es bastante gradual. En otras, brusca, como reacción a un evento súbito que exige un reacomodo inmediato. Los hechos de enero de este año en Venezuela constituyen un ejemplo de ese tipo de evento. Para nadie es un secreto a estas alturas que la inmensa influencia que desde entonces ejerce el gobierno de Estados Unidos en nuestro país forzó un giro profundo en la forma en que se había venido ejerciendo el poder político en Venezuela desde hacía 27 años. Surgieron así nuevas alianzas geopolíticas, nuevas aperturas al capital foráneo, etc.
La nueva asociación cercana entre Miraflores y la Casa Blanca ha dejado boquiabiertos, acongojados y molestos a varios de los enemigos de Washington que hasta el año pasado habían visto en la elite gobernante venezolana un compañero de causa. La lista de los decepcionados es larga y diversa. Abarca a personeros de la teocracia iraní, a propagandistas al servicio del régimen cubano y a comunistas europeos. Se les ve ahora manifestar en redes sociales su profundo descontento con los cambios que ha habido en Venezuela, a lo cual simpatizantes del gobierno venezolano responden airadamente. Tales intercambios a menudo se vuelven virulentos, con ofensas y acusaciones de parte y parte.
Esto me lleva al segundo pensador. El cómico que les prometí. Es Groucho Marx. Un hombre muy conocido por sus apotegmas chistosos. Alguien que, como Confucio con sus analectas o La Rochefoucauld con sus sentencias morales, fue cultor de la proclama de Baltasar Gracián de que “lo bueno, si breve, dos veces buenos”. Uno de los aforismos que se le atribuye al buen Groucho es el que me interesa: “Estos son mis principios. Si no le gustan, tengo otros”. Como, desafortunadamente, no soy un experto en la obra suya, tampoco puedo dar fe de que en efecto esas palabras salieron de sus labios alguna vez. Pero asumamos que sí. En caso contrario, no creo que a nuestro amigo le importe, dada su personalidad desenfadada.
Volviendo a nuestro drama, los exaliados de otras latitudes, ahora devenidos en detractores mordaces, pensaron por años que en sus camaradas venezolanos hallaron a marxistas convencidos. Tenían razón solo en parte. Estaban ante marxistas, pero de otra escuela. No la de El 18 Brumario de Luis Napoleón Bonaparte, sino la de A Night at the Opera. No la de Karl, sino la de Groucho. Estaban ante el grouchomarxismo. Ese que, como buena ideología líquida, un día tenía unos principios y al día siguiente tenía otros muy diferentes.
En Venezuela, aún no sabemos en qué va a parar el “nuevo momento político”. Aunque nuestra situación no es el horror de años anteriores, sigue habiendo razones de sobra para preocuparse por el futuro. Pero a veces hay que hacer una pausa. Relajarse y contemplar lo gracioso de la situación. El artículo que usted acaba de leer es una de esas pausas, o al menos se propuso serlo. Un intermezzo jocoso que contrasta con la seriedad habitual de la columna. Como los que hay en las noches de ópera que Groucho Marx satirizó. Pienso que al propio Groucho le hubiera gustado saber que su imagen sigue cumpliendo ese propósito.
Antes de contarles la historia de Alfredo Díaz, quiero responder algo que suele quedar flotando en el aire cuando hablamos de “informes de la ONU”. ¿Para qué sirve realmente todo este trabajo? ¿Qué pasa con un informe así una vez publicado?
La Misión de Determinación de los Hechos no es un capricho ni nació para hacer un diagnóstico general y quedarse ahí. Fue creada por el Consejo de Derechos Humanos en la resolución 42/25 del año 2019, con un mandato concreto, que es documentar los crímenes más graves ocurridos en el país para combatir la impunidad y asegurar la rendición de cuentas de los responsables, así como justicia para las víctimas. Eso tiene consecuencias prácticas, aunque no sean inmediatas. La Misión es un cuerpo de investigación y como él solo hay 7 mecanismos activos en todo el mundo, así de extraordinaria es nuestra situación y así de fuerte ha sido la sociedad civil para organizarse y lograr su renovación en tres ocasiones.
Cada vez que la Misión concluye que hay “motivos razonables para creer” que una persona participó en una violación de derechos humanos, esa conclusión queda documentada con expedientes, testimonios y pruebas guardadas en bases de datos seguras. El material no se pierde, aunque hoy no haya un tribunal venezolano dispuesto a usarla. En octubre de 2026 será posible renovar el trabajo de este grupo por cuarta vez porque la situación lo amerita.
Esa documentación ya ha tenido efectos fuera de Venezuela. El informe menciona, por ejemplo, que un tribunal federal argentino emitió en junio de 2026 una solicitud de extradición contra un exmilitar venezolano vinculado a la represión de 2014, residente en España, apoyándose en el principio de jurisdicción universal, que es la posibilidad de que un país juzgue crímenes graves cometidos en otro, cuando en el país de origen no hay justicia. Ese militar fue mencionado en el informe especial de 2025 dedicado a la Guardia Nacional Bolivariana.
Por otro lado, aunque Venezuela denunció formalmente el Estatuto de Roma en julio de este año para no cooperar con el tribunal de La Haya, el informe de la Misión aclara algo importante: esa salida no borra ni frena las investigaciones que la Corte Penal Internacional ya tenía abiertas por hechos ocurridos en Venezuela mientras el Estatuto seguía vigente para el país. En otras palabras, estos informes nos han permitido construir, hecho por hecho, el expediente que algún día podrá sostener una acusación penal en Venezuela o afuera. Por eso más víctimas y testigos deberían animarse a compartir su historia con la Misión.
Con esa función en mente, vale el esfuerzo leer el caso de Alfredo Díaz Figueroa.
Extracto del Informe de la Misión ONU sobre Alfredo Díaz, nota de prensa y obituario de su partido, AD.
Alfredito Díaz fue gobernador de Nueva Esparta y dirigente de Acción Democrática. Lo detuvo el SEBIN el 24 de noviembre de 2024 en Ospino, estado Portuguesa, sin que su familia supiera su paradero durante cuatro días. Ahí se suman varias violaciones al debido proceso como la incomunicación y la desaparición forzada. Lo acusaron de “incitación al odio” y “terrorismo”, y pasó el resto de su detención sin poder nombrar un abogado de su confianza ni tener acceso a su propio expediente.
Lo que hace especialmente grave este caso, según la Misión, no es solo la detención arbitraria, que ya de por sí es un crimen grave, sino lo que ocurrió con su salud. Antes de ser detenido, Díaz ya tenía antecedentes médicos serios como convulsiones, un cuadro de ansiedad con rasgos paranoides, depresión, y en un informe médico de ese año había una indicación pendiente de tratamiento farmacológico, hacerse una tomografía y hacer valoración neurológica. No pudo cumplir su tratamiento debido a la persecución política. Ya preso, según testigos que compartieron celda con él, tuvo al menos dos episodios graves, uno en octubre de 2025, con dolor intenso, rigidez muscular y desorientación, que el personal médico de El Helicoide diagnosticó como “indigestión” y “problema del estómago”. Nunca lo evaluó un especialista, a pesar de que la propia Misión documenta reclamos repetidos de su familia y compañeros de reclusión. Esta negligencia también constituye un castigo extendido contra los dos grupos
El 6 de diciembre de 2025, alrededor de las cinco de la mañana, Díaz volvió a presentar los mismos síntomas. Sus compañeros vivieron la agonía con él e hicieron las alertas que fueron atendidas tarde. Lo trasladaron al área médica del centro, le hicieron maniobras de reanimación y murió poco después en el hospital. La causa oficial fue un infarto agudo de miocardio.
La Misión no está diciendo que lo mataron a golpes ni que hubo una orden directa de dejarlo morir. Señala algo distinto que en cierto modo es más difícil de esquivar para los responsables dentro del Estado: la ausencia sostenida de atención médica especializada, pese a las señales de alarma repetidas durante más de un año, fue un factor que contribuyó a su muerte, y eso constituye una privación arbitraria de la vida atribuible al Estado, porque quien tiene bajo custodia a una persona asume también la obligación de proteger su salud.
Entonces aquí aparece el dato que conecta este caso con el hallazgo con el que abrimos la serie. Díaz no fue el único al que le ocurrió esto. La Misión documentó también la muerte en custodia de Edison José Torres Fernández, un policía con 24 años de servicio, detenido por criticar al Gobierno, cuyo cuerpo presentaba hematomas que el acta oficial de defunción no menciona. Son historias distintas, ocurridas bajo el mismo sistema de custodia, con el mismo patrón de fondo: personas que entraron vivas y con problemas conocidos, y luego salieron en un ataúd, sin que nadie haya respondido por ello todavía. Nos leemos en el próximo episodio.
Artículo anterior de la serie Textos sobre la Misión ONU:
