El informe En la mira 2: un panorama de las amenazas digitales en América Latina del Observatorio Latinoamericano de Amenazas Digitales (OLAD), documenta cómo la censura en internet, la vigilancia estatal, las filtraciones de datos y la violencia facilitada por tecnologías afectan los derechos fundamentales en la región.
El reporte, que reúne investigaciones de organizaciones de distintos países, analiza incidentes ocurridos durante el período comprendido entre junio de 2024 y mayo de 2025.
El informe, elaborado mediante el trabajo conjunto de organizaciones de la sociedad civil, busca reunir casos dispersos, identificar patrones y preservar evidencias que puedan contribuir a futuros procesos de justicia y reparación.
De acuerdo a OLAD, el documento no pretende establecer un ranking de países ni realizar comparaciones directas a partir del número de incidentes registrados.
En el caso venezolano, recoge bloqueos de plataformas digitales posteriores a las elecciones presidenciales de 2024, denuncias de vigilancia contra manifestantes y restricciones que afectaron el acceso a información independiente.
Estos son algunos de los principales hallazgos del documento:
Bloqueos masivos a sitios web
Tras los comicios del 28 de julio de 2024, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenó a los proveedores de internet bloquear plataformas como Signal, X, TikTok, Telegram y YouTube. Las restricciones también alcanzaron servicios corporativos y de estadísticas, además de plataformas de entretenimiento.
Según el informe, VE Sin Filtro documentó 79 nuevos bloqueos de sitios web entre julio de 2024 y enero de 2025, que se sumaron a otros 89 previamente registrados. Muchos de los dominios afectados correspondían a medios de comunicación independientes.
La censura también alcanzó páginas de servicios VPN, como Proton y Windscribe, utilizadas para intentar eludir restricciones y proteger la privacidad.
Asimismo, la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (CANTV) bloqueó más de 30 servidores DNS públicos, incluidos los de Google y Cloudflare.
En agosto de 2024, el diario TalCual sufrió un ataque de denegación de servicio distribuido (DDoS), que dificultó el acceso al medio durante aproximadamente cuatro horas.
Vigilancia digital contra manifestantes y opositores
El documento recoge distintas prácticas de vigilancia registradas en Venezuela durante el proceso electoral de 2024.
VE Sin Filtro identificó mecanismos dirigidos a recopilar información personal, monitorear manifestaciones y revisar dispositivos móviles.
Entre los casos documentados figuran:
–Formularios falsos: Una campaña de phishing dirigida a simpatizantes de la oposición recopilaba datos personales, incluidas direcciones, mediante enlaces difundidos desde cuentas falsas en redes sociales.
–Drones en manifestaciones: Se registró el uso de estos dispositivos para captar imágenes de asistentes, con énfasis en sus rostros. Las fotografías fueron difundidas posteriormente por voceros gubernamentales.
–Revisión de teléfonos: Se documentaron denuncias de operativos policiales en los que los funcionarios exigían desbloquear dispositivos para revisar conversaciones de WhatsApp y buscar términos asociados a figuras opositoras.
–Uso de VenApp: La aplicación estatal, concebida para reportar fallas en servicios públicos, fue utilizada para canalizar denuncias anónimas contra manifestantes mediante fotografías y datos de geolocalización.
Filtraciones expusieron información sensible
El informe identificó filtraciones de datos en 12 países de América Latina, además de incidentes con alcance regional.
Los casos afectaron tanto a organismos públicos como a empresas privadas, instituciones educativas y servicios de salud.
En Venezuela se ofrecieron bases de datos con millones de registros personales en mercados de compraventa ilegal de información
El documento señala que “muchas filtraciones no se originaron en ataques informáticos sofisticados, sino en errores de configuración, controles de acceso deficientes y fallas en la supervisión de proveedores tecnológicos”.
Inteligencia artificial amplificó la desinformación electoral
La difusión de contenidos falsos o engañosos fue otra de las tendencias identificadas durante los procesos electorales celebrados en Venezuela, Brasil, Chile, Ecuador, México y Uruguay.
En el caso venezolano, el reporte documentó perfiles de TikTok con apariencia de noticieros que difundieron versiones no verificadas sobre la supuesta detención o fuga del presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso.
La repetición de esos mensajes contribuyó a amplificar la confusión y, posteriormente, fue aprovechada para desacreditar a la prensa independiente.
También circularon capturas falsas en X que atribuían a María Corina Machado felicitaciones por un supuesto intento de golpe de Estado en Bolivia.
El documento menciona un video manipulado de la dirigente política, Delsa Solórzano, en el que se superpuso una voz generada por IA para hacerle afirmar que Edmundo González “jamás ganó las elecciones”.
El informe advierte que estas prácticas pueden erosionar la confianza en los procesos electorales, afectar la reputación de figuras públicas y dificultar la distinción entre información auténtica y manipulada.
Ataques informáticos amenazan servicios esenciales
Los ataques dirigidos contra instituciones públicas y empresas se diversificaron, desde el robo de credenciales y la suplantación de identidad hasta el secuestro de información mediante programas maliciosos.
En Venezuela, el informe aborda las interrupciones de conectividad. El 30 de agosto de 2024, un colapso del sistema eléctrico nacional dejó al país sin conexión a internet durante casi 21 horas.
Según los datos citados, ocho de cada diez personas quedaron sin acceso a la red.
El documento distingue estos cortes de los bloqueos selectivos de páginas y plataformas. Mientras estos últimos restringen determinados contenidos, los apagones de internet afectan la conectividad y pueden limitar el acceso a servicios de salud, educación e información.
Violencia digital afecta a mujeres y comunidad LGBTIQA+
La violencia de género facilitada por las tecnologías incluye acoso, extorsión sexual, difusión no consentida de imágenes íntimas, suplantación de identidad y amenazas mediante plataformas digitales.
En Ecuador, la organización Navegando Libres documentó casos relacionados con aplicaciones de préstamos que accedían a los contactos de las víctimas y utilizaban esa información para intimidarlas cuando se retrasaban en los pagos.
El reporte también identificó grupos de Telegram dedicados a difundir contenido íntimo de mujeres, así como ataques contra mujeres en la política mediante imágenes y videos sexuales falsos generados con inteligencia artificial.
El documento expone que las agresiones digitales pueden combinar distintas modalidades y requieren respuestas que incluyan acompañamiento emocional, orientación jurídica y asistencia tecnológica.
Apagones y restricciones de acceso profundizan vulnerabilidad
El informe diferencia tres tipos de interrupciones de internet: las deliberadas, las ocasionadas por otros acontecimientos (como crisis eléctricas) y las derivadas del deterioro progresivo de la infraestructura.
En Venezuela, además del colapso eléctrico de agosto de 2024, se documentó una caída de conectividad que afectó a las operadoras estatales CANTV y Movilnet durante casi dos horas, cuatro días después de las elecciones presidenciales del 28J.
El informe señala que no hubo explicación oficial y que no fue posible confirmar si la interrupción fue intencional.
En Cuba, los problemas de infraestructura, los apagones eléctricos y las restricciones económicas para acceder a paquetes de datos limitaron la conectividad de la población.
“Estas interrupciones no son únicamente problemas técnicos: pueden impedir que las personas busquen y difundan información, accedan a servicios esenciales o se comuniquen durante emergencias”, reza el informe.
Ciberpatrullaje y espionaje digital amplían capacidad de vigilancia
Asimismo, el informe documenta el uso de programas espía, sistemas de reconocimiento facial y herramientas para monitorear las publicaciones e interacciones de las personas en redes sociales.
En México, documentos judiciales revelaron que 456 personas fueron atacadas con el programa Pegasus entre abril y mayo de 2019, según la información recogida por el reporte.
En Ecuador, la Asamblea Nacional inició en diciembre de 2024 un proceso de fiscalización ante denuncias sobre el supuesto uso de este software contra periodistas, opositores y activistas.
En otros países se registraron prácticas de perfilamiento político y ciberpatrullaje. “Estas herramientas permiten clasificar a usuarios según sus posiciones frente al gobierno o monitorear su actividad en línea para identificar posibles objetivos de investigaciones penales”.
El documento advierte sobre la tensión entre la adopción de estas tecnologías y la ausencia de mecanismos suficientes de transparencia, supervisión y rendición de cuentas.
Documentación de ataques es clave para exigir responsabilidades
Uno de los planteamientos centrales de En la mira 2 es que los incidentes digitales no deben analizarse exclusivamente desde una perspectiva técnica.
El documento expone que sus consecuencias dependen también del contexto político, económico y social en el que ocurren.
La conclusión del informe es que la censura, la vigilancia, la exposición de datos personales y la violencia digital tienen consecuencias que van más allá de las pantallas.
“Pueden restringir la libertad de expresión, debilitar la participación pública y aumentar los riesgos para quienes defienden los derechos humanos”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
