La muerte de Alfredo Díaz, exgobernador del estado Nueva Esparta, ocurrida bajo custodia del Estado venezolano en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de El Helicoide, ha desatado una ola de indignación y denuncias de negligencia, la cual ha sido centralizada por las devastadoras palabras de su hija, Daliannys Díaz.
En una declaración pública, la mujer afirmó categóricamente: “A mi padre lo mataron lentamente”.
Díaz, quien fue detenido en noviembre de 2024 en medio de la represión poselectoral, falleció a los 55 años de edad mientras se encontraba recluido. Su hija detalló que, al momento de su detención el 24 de noviembre de 2024, su padre intentaba salir del país para buscar asistencia médica debido a una enfermedad que, según ella, no podía ser atendida en Venezuela. La familia informó sobre la necesidad de tratamiento a las autoridades al momento de la detención, pero les fue “hecho caso omiso”. Daliannys Díaz resumió la dolorosa conclusión de su calvario: “En un año y días, lo mataron”.
La hija del exgobernador describió el deterioro diario de su padre en prisión, señalando que sufría secuelas “como desmayos, falta de oxígeno, fuertes dolores en el pecho e incluso convulsionaba”. El día anterior a su fallecimiento sus compañeros de celda lo vieron caer. Para Daliannys Díaz, su padre fue víctima de una doble negación: “A Alfredo Díaz se le negó el derecho a la salud y se le negó el derecho a la vida”. Enfatizó que incluso “el peor criminal tiene derecho a la salud”, pero “Alfredito no la tuvo“.
Alfredo Díaz, a quien afectuosamente llamaban ‘Alfredito’, fue un militante de Acción Democrática que ejerció como gobernador de Nueva Esparta durante el periodo 2017-2021, además de haber sido alcalde del municipio Mariño en dos ocasiones.
Versión oficial en contraste
El Ministerio del Servicio Penitenciario emitió un comunicado el 6 de diciembre, ofreciendo una versión de los hechos que contrasta fuertemente con las denuncias de la familia y los dirigentes opositores. El organismo aseguró que el exgobernador falleció tras sufrir un supuesto “infarto de miocardio”. El Ministerio indicó que Díaz estaba recluido en El Helicoide y estaba siendo procesado “con plena garantía de sus derechos”.
Según la versión ministerial, el 6 de diciembre en la mañana, Díaz manifestó síntomas compatibles con un infarto. El comunicado precisa que fue “auxiliado por sus compañeros de recinto” y que la emergencia fue atendida “inmediatamente” por el emergenciólogo y paramédico de guardia. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Clínico Universitario, donde “lamentablemente falleció minutos después”.
A pesar de las afirmaciones del Ministerio, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) recordó que la esposa de Díaz había advertido que él padecía una úlcera gástrica y que su salud se deterioraba, razón por la cual la asistencia médica fue solicitada en reiteradas ocasiones, pero negada. El OVP enfatizó que Díaz “no murió por una condición natural de salud, murió porque el régimen lo privó de su libertad y no garantizó su integridad física y emocional, así como tampoco contó con asistencia médica continua y sostenida”.
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