La salida del ministerio de la Defensa del general Vladimir Padrino López constituye todo un hito político y militar dentro de los confines de la revolución bolivariana en sus 27 años de existencia. El país, de alguna manera, cierra con su marcha un ciclo particularmente confuso y catastrófico: el de los años del gobierno de Nicolás Maduro (que no necesariamente el de la hegemonía de la revolución bolivariana).
Los doce años que estuvo Padrino frente al ministerio de la Defensa constituyen todo un récord administrativo en Venezuela. Siendo uno de los efectivos más longevos del mundo militar venezolano, Padrino logró consolidar, de acuerdo a las fuentes, una arraigada autoridad en los cuarteles durante mucho tiempo y un inusual e inconfesado poder político. Antes del ataque militar estadounidense del pasado 3 de enero, que parecen haber eclipsado su estrella, Padrino se había convertido en una de las bisagras de la estabilidad del país y en un garante del predominio chavista sobre la sociedad nacional. En uno de los hombres del poder de este tiempo.
“La salida de Vladimir Padrino del gobierno no tiene que ver exclusivamente con los sucesos del 3 de enero”, afirma Sebastiana Barráez, analista especializada en el ámbito militar. “Padrino no cabe en esta nueva realidad. Es una figura que no le gusta a los Estados Unidos, ni sus vínculos con Vladimir Putin”.
Simulando en todo momento -pero sobre todo al comienzo de su gestión- ser un actor institucional y apolítico, con el paso del tiempo, Vladimir Padrino López galvanizó una poderosa alianza con Nicolás Maduro, y le prestó a su gobierno un soporte de una utilidad invalorable. Ambos consiguieron la llave para garantizar la continuidad de la revolución luego de la muerte de Chávez y se convirtieron en la expresión personificada de la estrategia de poder cívico-militar del chavismo.
Además, dentro de las Fuerzas Armadas, Padrino se encargó de darle el soporte definitivo al nacimiento del estado revolucionario. Bajo su mando, se consolidó el carácter rupturista del proceso político actual. El pensamiento chavista colonizó el mundo castrense y la letra de la Constitución Nacional pasó a tener una importancia secundaria. Se endurecieron los procedimientos de control del personal militar y se adelantó un implacable proceso represivo con el mundo civil una vez que se concretó el colapso socioeconómico del país. Con Padrino, el pensamiento político de Hugo Chávez pasó a ser estudiado en términos doctrinarios en los cursos de formación especializada, y su presencia en los cuarteles obtuvo un rango similar al de Simón Bolívar.
Delcy Rodríguez, la presidenta encargada, adelanta en este una ambiciosa cirugía en su gabinete para consolidar su autoridad y consolidar su equipo de trabajo en este “nuevo momento político” que ella misma ha invocado: el del “rodrigato”. Las conclusiones y consecuencias implícitas del ataque militar estadounidense del 3 de enero hacían ya difícil la prolongada presencia de Padrino en el Ministerio de la Defensa.
El cambio de gabinete que aludimos trae consigo una mutación de caras y personas en las cuales parece asentarse, sobre todo, un cambio de estilos, más que definiciones de fondo. El nuevo ministro de la Defensa será ahora Gustavo González López, especializado en labores de inteligencia, con años de experiencia en el gobierno, otro cuadro político comprometido con los lineamientos institucionales del estatus quo. La llegada de González López deja al mundo militar en el mismo lugar donde estaba en tiempos de Padrino: lejos de una reinstitucionalización constitucional, y dentro de los confines político-ideológicos del chavismo. Oscar Murillo, de Provea, denunció que en 2024 existen en el país “una suspensión de facto de las garantías constitucionales”.
A Padrino le tocó transitar tiempos especialmente anegados y caóticos: las protestas antigubernamentales de 2014 y 2017; el veto impuesto a la Asamblea Nacional de 2015; la fallida Asamblea Constituyente; la escasez generalizada de bienes en los automercados; la ola criminal que azotó a Venezuela hasta 2020; el éxodo masivo de venezolanos al exterior; la crisis humanitaria y el ascenso de Juan Guaidó; la pandemia y el derrumbe de la economía; las primarias de María Corina Machado; la candidatura de Edmundo González Urrutia; las controvertidas elecciones presidenciales de 2018 y 2024. Las sanciones internacionales.
Al comienzo de su gestión, algunas personas abrigaban esperanzas sobre lo que podría ser la conducta de Padrino, en virtud de sus pergaminos profesionales, de su condición de militar formado en los tiempos de la democracia, y de la calculada neutralidad de sus declaraciones públicas, en las cuales ofrecía la confusa impresión de ser un funcionario estatal con una aproximación equidistante de las parcialidades políticas, como suelen ser los efectivos militares en una democracia (y como se lo prescribe la Constitución Nacional)
“El 6 de diciembre (de 2015) habrá una fiesta electoral en Venezuela”, habría declarado entonces. “No habrá golpes de estado, esa etapa debe quedar superada en América Latina. Habrá más democracia, y la paz debe prevalecer”, había afirmado poco antes de las elecciones parlamentarias en las cuales la oposición obtuvo una resonante victoria política y no pudo poner en vigor una sola ley.
Privilegiando el criterio de la lealtad, fue capaz de todo con tal de garantizar la continuidad de la revolución, tal y como lo dejó encargado Hugo Chávez antes de morir. Su salida marca el fin de un capítulo. Pero no necesariamente el fin de la historia.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Mariana* tiene 12 años, es lunes y no está sentada en el salón de clases en la fría ciudad de Paipa, en el departamento de Boyacá. No está tomando notas en su cuaderno, está tendida en la cama de una clínica de salud mental en Bogotá, a unos 180 km de su hogar, mientras recibe cuidados médicos.
Tras 2 años consecutivos de sufrir acoso escolar basado en su nacionalidad y ante la indiferencia y revictimización por parte de las autoridades educativas, sintió que había llegado a su límite: Mariana había intentado quitarse la vida.
“Yo nunca pensé que iba a vivir esto, que me iba a pasar a mí. Una niña excelente estudiante, llena de vida”, dice con la voz quebrada, Oiralih Rojas, la madre.
De nada valió apelar a “los canales regulares”. En las reiteradas peticiones que la madre hacía ante las autoridades escolares nadie intervino. Oiralih fue etiquetada de “madre conflictiva” cada vez que acudía en defensa de su hija, a medida que las secuelas físicas y psicológicas se hacían más evidentes en medio del acoso escolar y la xenofobia que Mariana sufría por parte de algunos compañeros.
“Yo tengo tres hijas, la mayor también padeció el acoso. Con Mariana se repite la historia. El hecho de que seamos venezolanas no quiere decir que nuestros hijos corran peligro en las instituciones educativas y que los docentes hagan caso omiso, que no les importen que los humillen, que siempre les saquen en cara que están en tierra ajena”.
Mariana, una ejecutante de violín, tenía uno de los mejores promedios del salón, pero su situación no contó con un abordaje oportuno. A las amenazas de sus agresores se sumó el robo de sus pertenencias y la intimidación de uno de los directivos cuando reclamó sus derechos.
“De ahí en adelante [Mariana] empezó a decaer mucho más emocionalmente, se llenó de más miedo. Mi hija está viva porque Dios es grande”, dice la madre.
Desde el colegio jamás llamaron para preguntar por la evolución de Mariana.
Con el tiempo, Luisa, la hermana menor de Mariana también empezó a enfrentar xenofobia constante, pese a que la madre decidió inscribirla en otro colegio. Las afectaciones van desde la ansiedad, la alteración del sueño, agotamiento, miedo, pero también se debate entre el hartazgo, en no querer ir a clases o guardar silencio para “no hacer sentir mal” a su madre.
Oiralih ha pensado muchas veces regresar con sus hijas a su país, pero el retorno a Venezuela no es una opción por ahora.
Al acoso escolar (o bullying, en inglés), si bien podía resultar conocido para los núcleos familiares de la diáspora venezolana que durante la última década ha llegado a Colombia, se une la xenofobia, el rechazo o discriminación hacia los extranjeros, hacia las personas en razón de su origen y nacionalidad y que sufre un grueso de la población en situación de movilidad humana en países en tránsito o destino.
El bullying cumple unas características específicas: el hostigamiento es reiterado y a veces de manera agresiva, se sostiene a lo largo tiempo con la intención de generar daño y se suele producir sin que exista una provocación por parte de quien lo sufre. Los perpetradores pueden ser los compañeros, docentes u otras personas del entorno escolar.
“El 73% de las niñas migrantes reporta sentirse “fuera de lugar” en la escuela, frente al 69% de los niños migrantes. El 4% ha sufrido bullying físico, el doble que entre las niñas nativas. Y el 9% ha faltado a clases porque sentía que allí podía sucederle algo malo, cuando la escuela debería ser el lugar más seguro de todos”, concluye la investigadora Marta Luzes, de la Unidad de Migración del Banco Interamericanos de Desarrollo (BID), quien junto a Felipe Muñoz, director de esta área, diserta sobre el desafío de las niñas migrantes en la escuela.
Colombia sigue siendo el primer país del mundo en albergar a la diáspora venezolana. De los 2,8 millones de migrantes y refugiados, unos 808 mil son niñas, niños y adolescentes entre los 0 y 17 años de edad. En esta nación, la cantidad de estudiantes inscritos en la educación regular (preescolar, básica y media) asciende a unos 9,5 millones. De ese universo, un poco más de 576 mil aproximadamente son de origen venezolano, según cifras del Ministerio de Educación a octubre de 2025.
Consultados por Laboratorio Migrante, desde el ministerio de Educación colombiano aseguran que en los últimos seis años (enero/2020- febrero/2026) solo tienen 141 registros a nivel nacional por “discriminación por procedencia”, es decir, relacionados al origen de los estudiantes afectados. Los reportes fueron hechos a través del Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar (SIUCE) que recoge situaciones de agresión escolar, acoso escolar (bullying) y ciberacoso (ciberbullying).
Pero el “matoneo”, como se le llama en Colombia al acoso escolar, es un fenómeno social cada vez más extendido, que reproduce desigualdades y menoscaba el derecho a una educación segura.
En mayo de 2025, el propio ministerio reconocía que entre 2018 y 2025 se registraron más de 11.000 casos de acoso y agresión escolar.
Pero ¿cuánta articulación hay entre el sistema educativo, el de salud y el de protección de niñas, niños y adolescentes?
“La xenofobia sigue siendo un problema en las escuelas, manifestándose en microagresiones que a menudo pasan desapercibidas para docentes y directivos. Aunque existen iniciativas para prevenir la discriminación, muchas de ellas son esporádicas y no han sido integradas de manera estructural en las instituciones educativas.”, ha alertado un estudio liderado por las profesoras Nathalia Urbano (Universidad del Rosario) y Claudia Díaz (Universidad de Toronto).
Los investigadores Natalia Durán y Alejandro Mojica, lideran para la oenegé Innovations for Poverty Action (IPA) un estudio sobre integración social y resultados académicos en aulas con estudiantes migrantes en Colombia, en el que se recogieron datos de instituciones educativas públicas en las ciudades de Barranquilla, Cali y Medellín.
Entre los hallazgos, aseguran que, aunque no existen diferencias significativas en la victimización por acoso escolar entre estudiantes colombianos y venezolanos, su carácter generalizado resulta preocupante. Al tiempo que detectan que la discriminación no es innata, sino que es adquirida.
“Muchos estudiantes colombianos escuchan comentarios negativos sobre los migrantes en sus casas o círculos sociales (19% en 5º grado y 30% en 8º). Aunque estas percepciones no se traducen necesariamente en opiniones negativas hacia sus compañeros de clase, sí evidencian la necesidad de fortalecer las relaciones y la inclusión en comunidades más allá del aula”, detalla el informe.
Formar a docentes, directivos y alumnos en derechos humanos ¿tarea pendiente?
Cuando tenía seis años Alejandro migró forzosamente con sus padres y un hermano a Colombia tras el recrudecimiento de la Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela.
Desde muy niño ha sido lector voraz, pero a sus 14 años le tocó incorporar un texto que no se parece a las historias de aventuras que suele leer.
Aunque nació en Caracas tiene doble nacionalidad, al ser hijo de una madre colombiana. Pero varios compañeros del salón, de un colegio privado en Medellín (Antioquia), le recriminan que “no tiene ese derecho”. Entonces, casi de memoria, les recita el artículo 96de la Constitución que consagra el derecho a ejercer la nacionalidad colombiana por nacimiento.
Es domingo por la noche y se abraza a la madre. “No quiero que llegue el lunes, no quiero entrar otra vez al salón”, le susurra a ella en voz bajita.
En los últimos 4 años, a Alejandro le ha tocado enfrentar lo más parecido a una especie de batalla en diversas intensidades en su escuela: mensajes constantes de discriminación por su color de piel, por su acento y por su nacionalidad. Ha sido un proceso que lo ha quebrado moralmente, no sólo a él, también a su núcleo familiar que es su soporte emocional.
Recientemente, como parte de una asignación escolar rutinaria, los alumnos debían grabar un corto vídeo de opinión sobre un tema libre y proyectarlo en pleno salón de clases. Cuando tocó el turno de quien había sido uno de sus acosadores constantes, la gran pantalla mostró un clip en el que su compañero se grabó asegurando que “el gobierno de Colombia debería enviar a todos los venezolanos a su país, son los culpables de la criminalidad y no tienen derecho a vivir aquí”.
El salón quedó en silencio. Todas las miradas se posaron sobre Alejandro. Nadie protestó, nadie salió en su defensa. Pese a la gravedad del mensaje que acababa de proyectarse, la clase siguió como si nada y el profesor tampoco intervino.
A los días, solo una extensa carta de la madre dirigida a las autoridades escolares en protesta por la muestra de xenofobia alertó a la coordinación académica desde donde hicieron un llamado de atención al alumno agresor y al docente del área. Nunca hubo un espacio posterior de reflexión.
“Abuelita ¿tú crees que yo soy un niño malo? ¿Por qué mi maestra no me quiere?”, eran las preguntas reiteradas que Gabriel de solo seis años le hacía a Gisela Serrano, una lideresa venezolana que trabaja desde hace varios años por el acceso a derechos de la población migrante en Colombia.
Su nieto, un niño colombo-venezolano empezaba un proceso de adaptación en una escuela pública de Bogotá y reiteradamente manifestaba que lo aislaban o relegaban en algunas actividades grupales.
Pese a ser un niño migrante forzado, no hubo un enfoque diferenciado para su situación, las maestras exigían acelerar el proceso de asimilación o acatar instrucciones como la de compartir con otros niños su propia botella de agua o sus alimentos, prácticas a las que el niño no estaba acostumbrado. Su conducta era pacífica y nunca había tenido episodios agresivos.
“Pero cuando faltaban solo 5 semanas para finalizar el año escolar el niño fue expulsado. A mi hija la llamaron argumentando que mi nieto era una amenaza para el colegio, para sus compañeros, para la maestra. Todo se lo dijeron a ella delante del niño y eso le afectó mucho”, relata la abuela, quien dirige la oenegé Mahuampi Venezuela.
Aunque el calendario escolar estaba a punto de culminar, la familia logró inscribirlo en otro colegio. En paralelo a la denuncia que hacían por tratos discriminatorios ante la Secretaría de Educación de Bogotá, conocieron otros cinco casos más de expulsiones de niñas y niños en la misma época. En el mismo lugar.
“Todos los casos eran de niños venezolanos. Los argumentos eran que “tenían mala conducta, que eran peligrosos y representaban un riesgo para los docentes”. A los padres no les dieron otra opción y perdieron el año escolar”.
En el tiempo que lleva trabajando con población migrante y refugiada, esta lideresa cree que, aunque ha habido avances institucionales, es un asunto de abordaje desde las aulas. “Hay conductas sistemáticas que cometen los docentes. Yo sé que con el caso nuestro podíamos avanzar más en a la denuncia, pero por salud mental preferimos dejarlo hasta ahí”, dice.
¿Quién prende las alarmas?
En 2022, la Alcaldía Mayor de Bogotá reconocía que “la xenofobia está presente en las interacciones sociales y la cotidianidad de la vida escolar. En la mayoría de los casos se manifiesta de manera soterrada y poco visible a la mirada de los profesores o profesoras, que de alguna manera representan una autoridad escolar”.
Para este reportaje , la Secretaría de Educación del Distrito (Bogotá), explicó a Laboratorio Migrante que cuentan con un Protocolo de Prevención y Atención de Casos de Presunta Xenofobia en 3 situaciones: 1. Cuando el menor de edad presenta señales o indicios de presunta xenofobia, 2. Cuando un tercero lo reporte o 3. Cuando se identifica en flagrancia un caso de presunta xenofobia.
“Yo sí empecé a notar que mi hijo no tenía amigos en el salón, pese a haber sido muy sociable. Una psicóloga de una oenegé que atendía a población refugiada y migrante también se dio cuenta que algo sucedía y me pidió hablar con mi niño”, nos dice Matilde Carrillo, madre de Daniel, quien a los cinco años había migrado forzosamente junto a ella a Colombia.
Una larga y detallada conversación entre Matilde y su hijo le confirmó que estaba siendo víctima de discriminación por su nacionalidad por parte una docente. Las afectaciones psicológicas y académicas hacían cada vez más mella en el niño y decidió pedir ayuda a la orientadora de la misma institución.
“Eso fue peor, se quejó de que era un niño problemático, un niño promedio y que no se esforzaba, cuando había egresado con honores de otro colegio anterior en Cartagena. Ella nunca quiso indagar en las razones de fondo, pero igual lo reportó con esas características en su expediente escolar”.
Tras pedir apoyo en un chat de líderes comunitarios de la zona, una funcionaria alertó a las autoridades del colegio. Empezaría lo más parecido a un viacrucis para madre e hijo.
Fue citada por la rectoría del colegio y acusada de “hablar mal de la institución”. Luego, las hostilidades hacia Daniel fueron escalando de un modo alarmante y ella temía represalias si escalaba la denuncia.
“Tenía miedo de denunciar y que siendo migrante me expulsaran del país. Pero a la discriminación del niño se sumaban la profesora titular, la orientadora y la coordinadora”. Jamás le permitieron hablar con la directora.
Denunció a la escuela y posteriormente el cupo para el siguiente año escolar de su hijo le fue negado. Fue reasignado a otro colegio conocido por sus elevados problemas de seguridad y convivencia en Ciudad Bolívar (localidad del Distrito Capital de Bogotá).
“Como yo había dado los nombres de todos los involucrados en la denuncia, sentía mucho miedo de que sucediera algo a mi niño y a mí. Entonces decidí mudarme”, confiesa Matilde.
Su caso llamó la atención de un medio local y cuando la historia se hizo pública su teléfono empezó a sonar sin parar.
“Cuando me vieron en las noticias, me empezaron a escribir por un chat de una red de apoyo de mujeres, era una cantidad de madres venezolanas contándome que habían padecido lo mismo con sus niños”, pero a diferencia de Matilde a estas madres las paralizó el miedo.
Daniel no ha vuelto a ser el mismo. Se volvió un niño desconfiado, poco sociable, más tímido para hacer contacto con los docentes, pero el cambio a un tercer colegio distrital fue positivo y ha ampliado su grupo de amigos. La recomendación es que acuda a un proceso de terapia, pero económicamente no lo pueden costear.
“Emocionalmente me marcó mucho, siempre que recuerdo ese momento me duele mucho. Como mamá no supe qué hacer, me sentí acorralada. A veces creo que no supe defender a mi hijo, que le fallé, pero yo tenía mis dolores, mi luto migratorio”, entonces a Matilde se le vuelve a quebrar la voz.
¿Cuánto se rompe en la vida de la niñez atravesada por la xenofobia y el bullying?
“Un niño que migra forzosamente ha perdido muchas cosas, su entorno, su casa, sus amigos, su seguridad emocional. Cuando ese mismo niño llega a una escuela nueva y en lugar de encontrar refugio encuentra burlas, insultos, violencia o rechazos por su origen, su color de piel, lo que ocurre es una doble herida emocional. La primera fue el desarraigo y la segunda es el rechazo social”, nos dice desde Panamá, Víctor Smoly, quien preside la Organización Global de Prevención ante el Bullying (OGPAB).
“Más allá de los datos hay una verdad humana, cuando un niño se le hace sentir extranjero, incluso en un aula, se le está diciendo que no pertenece a ningún lugar, y un niño debería crecer amado, valorado y respetado”, insiste Smoly, cuya organización maneja un formulario de denuncias confidencial que documenta estos casos.
Las consecuencias del acoso escolar en niñas, niños y adolescentes pueden ser devastadoras en su salud física y mental, además de obstaculizar su aprendizaje.
“Los niños acosados tienen mayor probabilidad de perder clases, ser excluidos de la escuela y sufrir depresión”, alerta el informe de las pruebas PISA 2022 (Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y en las que Colombia participa junto a otras 80 naciones, que evalúa capacidades, habilidades y aptitudes asociadas a lectura, matemáticas y ciencias y su relación con la resolución de problemas y situaciones de la vida en adolescentes.
¿Qué hacer? ¿Dónde y cómo se sanan las heridas?
“Un padre o madre pueden sentirse fracasados para ayudar a sus hijos, pero el solo hecho de buscar cómo apoyarlos ya es un acto valiente”, nos dijo Alexa, quién relata haber sido víctima de acoso escolar durante años y sin poderlo identificar como tal, pero quien recibió apoyo desde, Cecodap, una oenegé con más de 40 años en la promoción y defensa de los derechos humanos de la niñez y adolescencia en Venezuela
A unos 400 kilómetros de Bogotá, Mónica Sequera, lidera en Medellín una estrategia de convivencia escolar en las comunas que concentran mayor población migrante y refugiada y que incluye a familias de colombianos retornados. Desde su organización trabajan con alumnos en el rango de la primera infancia hasta la adolescencia.
“Los padres deben poner al tanto al maestro, hablar con la coordinadora o la rectora. Si no se logra conciliar deben dirigirse al núcleo escolar por escrito todo lo que está sucediendo, dónde fue, cómo fue, cuáles son las pruebas que puedan tener sobre la situación. Si tampoco hay respuesta se pide acompañamiento a la Personería o a la Defensoría del Pueblo”, cuenta Sequera, directora de la oenegé Anauco.
El equipo de la ONG ANAUCO mantiene actividades de convivencia escolar y prevención de la xenofobia en escuelas públicas de Medellín. Foto: cortesía
Save the Children había alertado en un estudio (2022) que dentro del sistema educativo colombiano los “sentimientos de exclusión, el matoneo (acoso escolar) por el acento y otras diferencias culturales, generaban rechazo y maltrato discriminatorio”, afectando a niñas y niños migrantes especialmente en zonas fronterizas.
“La escuela no es el enemigo, pero se debe luchar, propiciar redes de apoyo entre padres y madres y escuelas abiertas al diálogo”, nos dijo, Indira Rojas, experta en comunicación quien también forma a periodistas en temas de infancia y adolescencia.
A cientos de kilómetros, entre Ciudad de Panamá, Bogotá, Medellín y Caracas, hay coincidencias.
En febrero de 2026, la OGPAB junto a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), hicieron público un Manual Teórico Práctico de Prevención del Bullying y la Xenofobia, en el que insisten que los entornos escolares y comunitarios son vitales para ejecutar estrategias encaminadas a transformar las actitudes negativas hacia los migrantes y refugiados.
Precisamente, se publica en un año marcado por cambios políticos y procesos electorales en varios países de destino en las Américas, en medio del aumento del endurecimiento de las políticas migratorias en la región, de las restricciones de tránsito y del cierre, retroceso y/o retraso de mecanismos de regularización y solicitudes de protección internacional para la población en situación de movilidad humana forzada, mayoritariamente de origen venezolano.
Este artículo hace parte de un ejercicio periodístico impulsado desde del Programa de Formación “Periodismo comprometido con la primera infancia” (Coalición Somos Crianza) y el “Diplomado de Educomunicación para visibilizar la niñez y la adolescencia”, impartido por CECODAP, en los que la autora participó simultáneamente
*La identidad de las niñas, niños y adolescentes fueron cambiados por resguardo de su integridad
Paula Andrea Jiménez
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Muy a menudo me veo en la necesidad de una expresión que sintetice la magnitud y amplitud de la calamidad que aconteció en Venezuela en los últimos 27 años. La que viene a mi rescate es “daño antropológico”, acuñada por el autor cubano (tenía que ser alguien de una nacionalidad hermanada con la nuestra en el nivel de infortunio) Dagoberto Valdés. El adjetivo “antropológico” alude a la humanidad en todas sus dimensiones. Eso es lo que en efecto se nos dañó en Venezuela: toda nuestra humanidad fue vapuleada. No hay ningún aspecto que se haya salvado. Ni el político, ni el económico, ni el social ni el cultural.
Por eso ahora, cuando ocurre una oportunidad sin precedentes para enmendar las cosas, son muchas las heridas que necesitan sanar. El deseo natural es que todas sanen rápido y en simultáneo. Pero eso lamentablemente no es posible. En el mejor de los casos, habrá un avance ininterrumpido, pero por carriles diferentes, cada uno con su propio paso. Dada la severidad del deterioro en todos los ámbitos, el paso puede ser decepcionante para las masas, y sobre todo para los sectores más vulnerables de la población. Ya he visto a varias personas caer en la desesperación y lamentarse de que “poco o nada ha cambiado”. Creo que, por urgente que sea la necesidad de reformas, se armaron expectativas irreales que ahora las llevan a la frustración.
Se me ocurrió, por tanto, escribir una breve guía sobre expectativas cronológicas razonables para los cambios. Antes de entrar en ella, debo aclarar las premisas desde las que parto. En primer lugar, el proceso político que se está llevando a cabo en Venezuela es muy particular, pues es impulsado desde afuera. Específicamente, por Estados Unidos. La oposición venezolana no fue la que desencadenó el proceso, ni la que tiene la mayor capacidad para influir en él. Sí, hemos visto manifestaciones opositoras relativamente modestas en las últimas semanas, y puede que esa actividad se intensifique más adelante, permitiendo a la oposición incidir más. Pero no puedo darlo por hecho. La segunda premisa de la que parto es que, como supervisor del proceso, el gobierno de Estados Unidos es sincero en su plan de una transición política que permita eventualmente el regreso de la democracia a Venezuela. No estoy asegurando tal sinceridad, pero, repito, la asumiré como auténtica para estas líneas. Si no lo es, podemos descartar entonces que el resultado sea, al menos en lo político, algo muy distinto al statu quo antes de enero. Ahora, sí pasemos a la guía.
Comenzaré con aquellos aspectos en los que es sensato contemplar la posibilidad de cambios rápidos. Estos cambios dependen en buena medida de la voluntad de la elite gobernante y nada más. Solo tienen que impartirse las instrucciones a los organismos responsables de ejecutar las medidas y listo. Tenemos aquí todo lo relacionado a las libertades cívicas y políticas. La tolerancia a la crítica y al disenso. Es precisamente el ámbito en el que se ha visto, en tan solo un par de meses, cierto avance. Cientos de presos de conciencia han sido excarcelados y es posible que la cifra aumente. Ello incluye a varios de los individuos más prominentes que han pasado por ese calvario, como al dirigente Juan Pablo Guanipa. Decenas de personas han obtenido sobreseimientos o amnistías y ahora están en libertad plena. A otros, aunque ya no están tras las rejas, se les ha negado esto último, lo cual es ciertamente una señal preocupante a la que hay que prestar atención.
Algo parecido ocurre con la libertad de expresión. Ha habido una relajación de la censura. Irónicamente, se ha manifestado sobre todo en la televisión, el primer medio que fue censurado por Hugo Chávez. Dirigentes y activistas opositores que por años estuvieron vetados ahora aparecen en programas de entrevistas. Las protestas de la disidencia han obtenido cobertura. En cambio, el cierre arbitrario de emisoras de radio no ha cesado.
¿Qué hay de los exiliados? No he sabido de ninguno que haya regresado al país. Como el destierro es más bien una forma de eludir la persecución que un castigo formalmente decretado desde el poder, técnicamente nada les impide retornar. Es una decisión propia, por el miedo a las represalias. Puede que ninguno se aventure en el corto plazo y que no veamos eso hasta que haya un clima generalizado de más liberalización política.
En cuanto a la realización de elecciones libres y justas, pues eso me lleva a lo que no tiene sentido esperar en el corto plazo. Sean estas presidenciales, parlamentarias, regionales o locales. Si no ha habido una mejora considerable en los ámbitos políticos previamente aludidos, cualquier comicio será como lo que se ha visto en los últimos años. Los partidos opositores necesitan garantías de que se competirá en igualdad de condiciones. Hará falta una profunda reforma institucional. Nada de eso se hace de la noche a la mañana.
Salgo de ahora de la política para examinar las otras aristas del daño antropológico. No es que las libertades políticas y civiles sean menos importantes, pero, si nos sinceramos, su ejercicio no es algo que la mayoría de los ciudadanos comunes lleven a cabo a diario. La inmensa mayoría de los ciudadanos, en cualquier país del mundo y sin importar el tipo de gobierno, dedica casi todo su tiempo a actividades privadas: a la economía personal mediante la producción y el consumo, a la vida social con familiares y amistades, etc. En estos aspectos, por desgracia, es muy poco lo que puede mejorar en el corto plazo.
Tal vez lo que más angustia al ciudadano común en su cotidianidad es aquello por lo que no en balde he visto más quejas por la falta de progreso: la extrema precariedad de los ingresos individuales o familiares, en forma de salarios y pensiones, así como el resultante poder adquisitivo en el subsuelo. Pongámonos en contexto. La economía venezolana ha pasado en los últimos doce años por una catástrofe para la que es difícil conseguir ejemplos similares. Años de hiperinflación, seguidos por inflación sin el prefijo “híper” pero que sigue siendo sistemáticamente muy elevada. Una reducción dramática del producto interno bruto. Y sin aumento en la productividad, no hay aumento en salarios y pensiones que la inflación no haga sal y agua muy rápidamente. En todo caso, pudiera concretarse un aumento restringido del poder de compra mediante una reducción de la brecha cambiaria que presiona el alza en los precios. Esto a su vez pudiera lograrse con una alineación entre el tipo de cambio oficial y el precio de las divisas subastadas en el mercado oficial. Sería un alivio moderado mientras se concretan las reformas económicas estructurales profundas (¡te lo pedimos, Señor!) que sí permitirían en el largo plazo un incremento de la productividad y, con ella, de los salarios y pensiones.
Otra cuestión que incide en el día a día de las masas y que es fuente de grandes quebrantos de cabeza es la calidad de los servicios públicos. Reparar los sistemas eléctrico y de distribución de agua no es algo que se decreta y ya. Exige inversiones millonarias y el levantamiento de infraestructura que pudiera durar años incluso con la mejor disposición a trabajar y los fondos requeridos. Pasa lo mismo con el transporte público, y no me refiero solamente al Metro de Caracas y lo demás en manos del Estado. Hace apenas unos días la capital experimentó un paro por parte de las cooperativas de autobuses, que exigían un aumento en el pasaje. Hubo aumento, publicado en Gaceta Oficial, pese a las objeciones airadas de los usuarios, quienes se quejaron de que la medida suponía un golpe adicional a sus ya mermados bolsillos y que, para colmo, los aumentos anteriores no sirvieron para mejorar la calidad del servicio. He ahí una paradoja de economías que han sufrido tanto como la venezolana. Por la inflación, las tarifas de servicios sometidas a un control gubernamental a duras penas permiten cubrir costos operativos, y ni hablar de mejoras, pero, al mismo tiempo, son muy onerosas para los usuarios. En otras palabras, se paga “caro” por un servicio defectuoso. Solo una mejora en las condiciones macroeconómicas puede solucionar el problema.
Por último, las escuelas y los hospitales públicos aglutinan las dificultades mencionadas en los dos párrafos anteriores. Necesitan cuantiosas inversiones en infraestructura y, al mismo tiempo, que la economía en general mejore para que docentes, médicos, personal de enfermería, etc. puedan devengar salarios que hagan atractivo trabajar en estas instalaciones. Si ya captaron la idea, pueden adivinar: las expectativas de mejoras en este ámbito también son razonables únicamente en el largo plazo.
Esta lista de problemas y de deseos sensatos sobre su posible resolución no es exhaustiva. El daño antropológico tiene otras caras. No aspiro a cubrirlas todas por razones de tiempo, concisión textual y por los límites de mis propios conocimientos. Profesionales de otras áreas pudieran brindar una mejor opinión que la mía en cuanto a los aspectos restantes. Espero, sin embargo, que el lector tenga algo más de claridad ahora sobre lo que es realista esperar en el “nuevo momento político”.
En el estado Sucre habitantes sufren una crisis de agua potable que lleva un mes y sigue sin mejorías. Todo comenzó el pasado 22 de febrero cuando se produjo un sismo de magnitud 5,2, el cual ocasionó un derrumbe de rocas y obstruyó el túnel Guacamán, el cual lleva el servicio de agua potable desde la represa Turimiquire hacia los municipios Sucre (Cumaná), Simón Bolívar y Cruz Salmerón Acosta.
No fue sino hasta inicios de marzo que los habitantes de los municipios afectados supieron por qué no recibían el servicio de agua. Por esos días, la presidenta encargada con el aval de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, realizó una visita a la ciudad de Cumaná, donde prometió que se normalizaría el servicio por los trabajos técnicos para desbloquear el túnel.
También, la Gobernación del Estado Sucre declaró “emergencia hídrica” por la falta del servicio en Cumaná y otras localidades. En un comunicado fechado el 5 de marzo, el organismo regional confirmó que la falta de agua se debía a una “falla estructural crítica en el sistema de trasvase de la represa del Turimiquire causada por un reciente evento telúrico”.
De acuerdo con una nota publicada por El Tiempo, la gobernadora Jhoanna Carrillo activó la “Operación Turimiquire”, la cual contaría con más de 100 funcionarios trabajando en la limpieza manual del ducto obstruido en condiciones de alto riesgo.
Operación Turimiquire ⛰️🏞
💧Así avanzan los trabajos en el túnel Guamacan, que suministra agua a Cumaná, Marigüitar y Araya del estado Sucre, así como el 45 % del estado Nueva Esparta.
— Ministerio del P.P. de Atención de las Aguas (@minaguasoficial) March 9, 2026
Promesa incumplida
A pesar de los anuncios y los trabajos por recuperar el túnel, los habitantes de los tres municipios afectados siguen sufriendo los embates por la falta del servicio, lo que los ha llevado, ya en múltiples oportunidades, a realizar protestas y cierres de calle para exigir que el servicio sea restablecido lo antes posible.
Muchas personas estaban recibiendo cisternas para poder subsanar la falta de agua. Sin embargo, algunos ciudadanos advierten que los camiones llevan días sin acudir a sus hogares. Durante este viernes, 20 de marzo, vecinos del sector La Copita en Cumaná, trancaron la calle tras debido a que desde hace al menos 15 días que no reciben agua mediante el Plan de Abastecimiento por Cisternas.
También, en la localidad de Mundo Nuevo, los residentes pidieron a las autoridades respuesta ante el suministro provisional prometido y señalaron que no tienen tanta capacidad de almacenamiento como muchas personas que poseen tanques de gran tamaño. “Nosotros contamos con pipotes y cuñetes de agua. Necesitamos que nos apoyen y que nos surtan el agua para poder sobrevivir a esta crisis”, señaló uno de los ciudadanos afectados.
“Desde el domingo no viene una cisterna, la gente no tiene en sus casas un abastecimiento grande como para almacenar agua por tantos días. No entiendo a los gobernantes cómo pretenden que la gente viva con dos tobos de agua o unas botellitas de refresco. ¡Es algo que se sale de las manos de todos!”, declaró a Radio Fe y Alegría Noticias la ciudadana Yerimar Pino.
Foto: Mariana Arias/Cortesía Radio Fe y Alegría Noticias
Muchas de las ayudas que han recibido los ciudadanos provienen de organismos de ayuda humanitaria como la Cruz Roja, organización que mediante su red de voluntarios de la Filial Cumaná, puso en marcha una operación para garantizar el suministro de agua potable en Cumaná, donde estiman atender a más de 16.000 personas.
Preocupante impacto en la salud
Presidentes de diversos colegios médicos, agrupados en una intergremial de la salud, advirtieron sobre los riesgos sanitarios en Sucre por la falta de agua potable. En un comunicado, alertaron sobre la aparición de dolores abdominales, náuseas y diarreas, “vinculados a la utilización de aguas no potabilizadas del río Manzanares y a la falta de un sistema de potabilización adecuado”.
Los profesionales recordaron que la situación no solo afecta a la salud pública, sino que además vulnera los derechos humanos y la dignidad humana. En ese sentido, señalaron que la transparencia y comunicación efectiva por parte de autoridades regionales “son imprescindibles para orientar a la población y evitar mayores riesgos sanitarios”.
Asimismo, demandaron que se brinde información oficial precisa sobre la situación actual del embalse Turimiquire, así como permitir la asesoría de expertos como el Colegio de Ingenieros y organismos internacionales especializados en recursos hídricos.
Finalmente, exhortaron a la comunidad y población afectada a mantener las medidas sanitarias básicas para evitar mayores complicaciones, priorizando la salud y el bienestar común.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) realizó este sábado, 21 de marzo, la segunda “colecta solidaria”, para recibir donativos destinados a apoyar a los familiares de detenidos por razones políticas que siguen pernoctando a las afueras de los centros de reclusión.
Desde las 11 de la mañana del sábado, familiares de presos políticos y defensores de derechos humanos se reunieron en la Plaza del Rectorado de la Universidad Central de Venezuela (UCV), en una jornada en la que se recolectaron alimentos no perecederos, artículos de higiene personal, ropa, abrigos y mantas.
“Hoy es la segunda colecta solidaria después de 73 días de los familiares durmiendo fuera de las cárceles, esperando las excarcelaciones masivas pero que lamentablemente no se han materializado en su totalidad”, expresó Andreína Baduel, miembro del Clippve y hermana del preso político Josnars Baduel.
La también periodista y defensora de DDHH señaló que sostener a los familiares en las distintas cárceles representan un reto y un “desgaste físico, emocional y económico”, recordando que en Venezuela todavía hay más de 700 presos políticos.
A la fecha, muchos familiares siguen pernoctando a las afuera de las cárceles. Un ejemplo es la situación de El Rodeo, en el estado Miranda, donde son muchas las madres, hijas y esposas que todos los días están en las inmediaciones de este recinto carcelario esperando que sus familiares sean liberados.
SEGUNDA COLECTA SOLIDARIA | 📍 ¡ESTAMOS ACTIVOS EN LA UCV! ✊
Son las 11:00 a.m. de este #21Mar seguimos en la Plaza del Rectorado para la Segunda Colecta Solidaria. 📦
Estamos recibiendo tus donativos para apoyar a los familiares de los presos políticos que siguen pernoctando… pic.twitter.com/CruqnNUteF
— Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) March 21, 2026
DECLARACIONES | La periodista Andreína Baduel, miembro Comité por la Libertad de los Presos Políticos y hermana del preso político Josnar Baduel, advierte, desde la Plaza Rectorado de la UCV, sobre la crítica situación de las familias que cumplen 73 días de vigilia ininterrumpida… pic.twitter.com/1Fl6fa4WJl
— Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) March 21, 2026
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Este viernes, 20 de marzo, se oficializaron los cambios y ratificaciones en las jefaturas de las Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI), las unidades que coordinan el despliegue militar en todo el territorio venezolano.
El anuncio, realizado por la presidenta encargada con el aval de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, define quiénes estarán al frente de las ocho áreas geográficas clave para la seguridad nacional.
Esta reconfiguración de la estructura de mando combina la ratificación de oficiales que ya venían desempeñando funciones estratégicas y ocurre tras la movida de mata de Delcy Rodríguez del gabinete ministerial.
MG César Augusto Lugo Rivera (REDI Capital)
Es Mayor General del Ejército. Antes de asumir la REDI Capital (que abarca Caracas, La Guaira y Miranda), sustituyendo al al M/G Johan Hernández Lárez. Se desempeñó como Viceministro de Planificación y Desarrollo para la Defensa y Jefe del Estado Mayor de la Guardia de Honor Presidencial (GHP).
MG Pedro Esteban González Ovalles (REDI Occidental)
Mayor General del Ejército. Es ratificado en el occidente del país (Zulia, Falcón y Lara) tras ser designado en enero por Delcy Rodríguez. Fue el Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) de la Capital.
MG Pablo Ernesto Lizano Colmenter (REDI Los Andes)
Proviene del Ejército y fue ratificado en el cargo, designado en enero de 2026 por Delcy Rodríguez.
MG Erasmo Eduardo Ramos Iriza (REDI Oriental)
Mayor General de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Antes de dirigir la zona oriental (Anzoátegui, Monagas y Sucre), fue Comandante Nacional de la Guardia del Pueblo.
MG Wilfredo Alexander Medrano Machado (REDI Guayana)
Mayor General del Ejército. Tiene bajo su responsabilidad la región más extensa (Amazonas, Bolívar y el Esequibo), cargo que ya ocupada desde octubre de 2024.
MG Gustavo Adolfo Serrano Urdaneta (REDI Los Llanos)
Es Mayor General de la Aviación Militar Bolivariana. Antes de esta designación, fue director de Apresto Operacional de la AMB. Su nombramiento destaca por ser uno de los pocos oficiales de la Aviación al mando de una región predominantemente terrestre.
MG Ángel Daniel Balestrini Jaramillo (REDI Central)
Mayor General del Ejército. Fue era Director General de la Oficina de Gestión Administrativa del Ministerio de la Defensa. Ahora supervisa la defensa integral de los estados Aragua, Carabobo y Yaracuy, una zona con alta concentración industrial y militar.
Almirante Víctor Hugo Borjas Trujillo (REDI Marítima e Insular)
Es el único representante de la Armada Bolivariana en este grupo de comandos regionales. Su jurisdicción abarca todo el espacio marítimo, las islas y el estado Nueva Esparta. Anteriormente fue comandante de la Aviación Naval Bolivariana.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela) publicó su Reporte Anual 2025, titulado “Las formas del silencio: periodismo en clandestinidad”, un documento que retrata la etapa más crítica para la libertad de expresión en la historia reciente del país.
Según el informe, el panorama actual no solo se define por la censura institucionalizada, sino por la consolidación de un entorno hostil donde el miedo y la criminalización han forzado a los comunicadores a operar bajo dinámicas de supervivencia, despojando a la ciudadanía de su derecho fundamental a estar informada.
La cifra que encabeza la gravedad de este período es el registro de al menos 25 trabajadores de la prensa privados de libertad, el número más alto documentado hasta la fecha. Esta estrategia de encarcelamiento, lejos de ser un hecho aislado, es descrita por IPYS como un mecanismo de intimidación colectiva que ha logrado su objetivo: el repliegue de los profesionales de la información.
La mutación del riesgo
En 2025, IPYS Venezuela registró un total de 111 casos que abarcaron 139 violaciones a la libertad de expresión. Aunque la cifra numérica es inferior a años anteriores, el informe advierte que esto no representa una mejora, sino una mutación de las condiciones del ejercicio periodístico: el miedo a la cárcel ha generado una autocensura sistémica.
Variación temporal: El mayor pico de agresiones ocurrió en enero con 43 casos, coincidiendo con tensiones políticas poselectorales. A partir de allí, las cifras descendieron no por mayor libertad, sino por un repliegue forzado de los periodistas.
Tipos de vulneraciones: Las categorías con mayor incidencia fueron las restricciones en internet (33), seguidas por agresiones físicas o verbales (29), discurso estigmatizante (19), detenciones arbitrarias (17), restricciones de acceso a la información (15), restricciones administrativas (12), hostigamiento judicial (6), desapariciones forzadas (5) y censura (2).
Víctimas y Victimarios: Se identificaron 217 victimarios, destacando los proveedores de internet (113) y los cuerpos de seguridad del Estado (40). Entre las víctimas directas figuran 60 hombres y 17 mujeres; por rol, los más afectados fueron reporteros (31), medios de comunicación (22) y reporteros independientes (16).
Percepción del riesgo: El 88,5% de los periodistas consultados percibe que los riesgos para el ejercicio independiente aumentaron mucho en 2025. Además, el 83,1% afirma que su forma de ejercer el oficio cambió respecto a años anteriores.
En la clandestinidad
El periodismo independiente ha entrado en una fase donde los profesionales deben pasar inadvertidos para evitar la criminalización estatal. Esta clandestinidad se manifiesta en dos tendencias principales:
Cobertura remota: El 89,7% de los periodistas realizó un trabajo mayoritariamente remoto frente a solo un 10,3% presencial. El 55,9% citó la inseguridad personal y el riesgo de detención como la razón principal para no estar en el lugar de los hechos, mientras que el 27,9% lo atribuyó a la falta de recursos para traslados.
Anonimato y reserva de identidad: El 80% de los comunicadores mantuvo bajo reserva su identidad como autores de los contenidos publicados para evitar represalias. De ellos, el 55,7% ocultó su firma “siempre” o “la mayoría de las veces”.
Otras estrategias de supervivencia incluyen el borrado de chats (WhatsApp/Telegram) para no dejar evidencia de fuentes ante revisiones arbitrarias de dispositivos en la vía pública. Además, solo el 42,3% participó en proyectos colaborativos o alianzas de medios como forma de diluir el riesgo de ataques focalizados.
Periodistas encarcelados
El año 2025 marcó un hito oscuro con un registro de 25 trabajadores de la prensa tras las rejas, la cifra más alta en la historia del país. El hostigamiento judicial se convirtió en la herramienta de control más distintiva, utilizando acusaciones de terrorismo, incitación al odio y asociación para delinquir con penas de hasta 20 años.
El impacto del miedo: El 91,4% de los periodistas señaló que su principal temor es ser detenido, juzgado y condenado. Este miedo ha sido tan paralizante que el 95,8% de los encuestados admitió haber recurrido a la autocensura por temor a represalias.
Casos emblemáticos: Entre los detenidos figuran periodistas como Roland Carreño (17 meses preso), Carlos Julio Rojas (más de 20 meses), Biagio Pilieri (16 meses) y Víctor Ugas (más de 16 meses). También se documentaron casos de desapariciones forzadas temporales, como la de Ángel Godoy y Rory Branker, quien permaneció 11 meses detenido tras un allanamiento sin orden judicial.
La degradación del periodismo
La presión y la precariedad han erosionado la calidad de la información disponible para la ciudadanía, dando paso a un “periodismo light” que evita temas conflictivos.
Pérdida de acuciosidad: El 53,6% de los periodistas calificó como “menor” la profundidad y rigor de su trabajo en 2025 en comparación con años anteriores.
Temas silenciados: Los asuntos más evitados por miedo a represalias fueron la persecución política (56,7%), la corrupción (56,7%), la gestión gubernamental (55,2%) y la represión policial-militar (50,7%).
Precarización económica: El periodismo ha dejado de ser una actividad económicamente viable para muchos; el 76,1% de los consultados vio disminuir sus ingresos. Como consecuencia, el 78,9% tuvo que realizar actividades ajenas al periodismo para subsistir.
Desigualdad territorial: En regiones como Táchira y Bolívar, el riesgo se agrava por la presencia de grupos armados y minería ilegal, mientras que en el interior del país el periodismo independiente casi ha desaparecido por falta de financiamiento y recursos para coberturas.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
En los pasillos de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Diego Rosal aprendió que el cuerpo humano es un mapa de sistemas complejos. Lo que los libros no le enseñaron fue cómo navegar un sistema de salud que, en lo legal y administrativo, se empeña en no reconocer su propia existencia.
Diego tiene 26 años y es un hombre trans graduado como médico cirujano en 2024. Nació en Maturín, estado Monagas, pero su vocación por cuidar y sanar a otros lo llevó hasta Caracas a estudiar Medicina en la “casa que vence las sombras”.
Actualmente, ejerce como Oficial de Salud en el proyecto VIHvos y VIHsibles, donde su bata blanca no solo representa conocimiento científico, sino un refugio de identidad para poblaciones que históricamente han sido vulneradas por la sociedad y el Estado.
En el marco del Día de la Visibilidad Trans, que está próximo a conmemorarse el 31 de marzo, Diego conversa sobre cómo se vive la medicina cuando tu título profesional es, al mismo tiempo, un recordatorio de una deuda del Estado.
Una certeza temprana
Diego cuenta que todo comenzó con una “certeza muy temprana”. Desde niño supo que le atraían las mujeres y recuerda que, estando en preescolar, practicaba la escritura redactando cartas a sus amigos. “Entre ellos había una niña que yo adoraba”, dice, y un día, le pidió a su mamá que le enseñara a escribir “te amo” a esa niña.
“Mi mamá, con mucha dulzura, intentó corregirme: ‘Hijo, a las amigas no se les dice te amo, se les dice te quiero’. Mi respuesta, con apenas cinco años, fue inmediata y firme: ‘Mamá, es que tú no entiendes… yo la amo’“, relata en entrevista con Runrun.es. Ese fue el preámbulo de una adolescencia en la que exploró cómo se sentía más cómodo en sus relaciones.
Aunque, dice, vivió “experiencias emocionantes y enriquecedoras”, siempre sentía que “algo no terminaba de encajar”. Pero añade: “No era un problema con la otra persona; era algo en mí que no cuadraba en esas interacciones”.
”Siempre tuve una expresión masculina. Crecí haciendo deportes con entusiasmo, jugué fútbol profesional y me relacionaba desde códigos que la sociedad lee como masculinos. En el camino, tuve intentos de ‘corrección’: traté de obligarme a encajar en lo que se esperaba de mí, pero el resultado siempre fue una profunda infelicidad. No estaba viviendo mi vida; estaba cumpliendo un guion ajeno”, señala.
Para él, su primer gran paso “hacia la libertad” fue cortarse el cabello. Ese, el que considera un acto simbólico, abrió la puerta a cambios en su vestimenta y, eventualmente, la elección de sus pronombres. “Fue un proceso de afuera hacia adentro, hasta que finalmente, a los 18 años, todo cobró sentido. Comprendí que siempre había sido Diego, y que simplemente me había tomado un tiempo transitar la vida hasta encontrar el nombre que hoy porto con tanto orgullo”.
El proceso de renacer
Diego cursaba tercer año de Medicina en la UCV cuando tomó la decisión de iniciar su transición social. Él era del interior y vivía hacía tres años en Caracas de forma “prácticamente autofinanciada”. Se sentía agotado y solo, y aunque siempre contó con la cordialidad de sus compañeros y semejantes, confiesa que esa “fue probablemente la época de mayor distress emocional” de su vida.
Durante mucho tiempo su narrativa interna se centró en la pérdida: “pensaba que para ser yo mismo tendría que sacrificarlo todo, incluso mi carrera”, cuenta. Pero hubo un punto de quiebre. “Un momento en que me vi frente al espejo y me atreví a reconocer los ojos que me miraban de vuelta y lloré, no de tristeza, sino de alivio“. En ese momento la balanza cambió: “entendí que no estaba abandonando nada, sino sumando vida desde una experiencia que finalmente me pertenecía. Elegirme a mí mismo fue el primer paso para ser, hoy, el médico y la persona plena que soy”, recuerda.
Salir al mundo como ‘Diego’ fue un proceso de renacimiento. Él entendía que esto involucraba presentarse nuevamente no solo con su círculo social cercano, sino con espacios universitarios y hospitalarios donde ya hacía vida activa.
“Como toda reintroducción, no fue un proceso fácil, experimenté casos puntuales de exclusión deliberada, resistencia en algunos otros, pero a pesar de ello, también vino acompañado de mucha curiosidad, que antecedió a una ola de respeto y validación”, relata. Aunque para él este proceso estuvo lleno de incertidumbre, siempre apostó por la “cordialidad de sus semejantes”, y eso le permitió “abrir caminos que antes parecían cerrados”.
Se considera afortunado al haber tenido “padrinos y madrinas”, quienes se aseguraban de que cada servicio en el que rotara de forma intrahospitalaria supiera de él y lo recibiera haciéndolo sentir, no solo bienvenido, sino celebrado.
La deuda del Estado
Para Rosal, ejercer la medicina en Venezuela siendo un hombre trans “es vivir en una contradicción constante”. Señala que, por un lado, tiene la responsabilidad de cuidar la vida de sus pacientes “con el máximo rigor”, pero por el otro, el sistema lo obliga a firmar documentos, recetas y registros con un nombre que, dice, no le pertenece.
“Me he sentido vulnerado en situaciones cotidianas donde el sistema aún no está actualizado —trámites administrativos o legales donde tu identidad no coincide con un documento— esos momentos recuerdan que todavía hay mucho trabajo por hacer en materia de políticas públicas”, relata.
Pero, por otro lado, se sintió “inesperadamente aceptado” en el lugar que más le importaba: el gremio médico y sus pacientes. “Entender que mis colegas y pacientes valoran mi capacidad profesional por encima de cualquier prejuicio fue el impulso definitivo para caminar con seguridad”, dice.
Destaca también el recordatorio de la “deuda histórica del Estado”, al ver su título de médico cirujano y su cédula de identidad, ya que en todos estos documentos figuran su nombre y género asignados al nacer. “Cada vez que sello un informe o presento mi credencial, hay una fricción: el sistema ve un nombre legal, pero mis pacientes y mis colegas ven al doctor Diego”, reflexiona. A pesar de ello, su enfoque ha sido el de ofrecer un trato humano y ético, de manera que eso sea lo que vean sus pacientes en él.
En Venezuela, a pesar de que la Ley Orgánica de Registro Civil de 2009 permite el cambio de nombre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) mantiene un bloqueo administrativo de facto al no emitir el reglamento para procesar estas solicitudes.
Según el informe anual publicado en febrero de 2026 por el Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+, esta falta de identidad legal forza a las personas trans a una “muerte civil cotidiana” que afecta su derecho al trabajo, a la educación y a la salud.
Del “miedo institucional” a la organizaciones inclusivas
Diego Rosal lamenta que su identidad de género “ha sido utilizada como un condicionante directo” de sus capacidades, y que por ella ha sido privado del acceso a cargos y empleos en clínicas convencionales.
Señala, además, que la mayor traba que ha encontrado es “el miedo institucional”. Especialmente, en el sector privado, pocas instituciones se atreven a encarar el reto de enfrentar la realidad que él representa siendo un médico trans. Para él, es “más fácil” ignorar su currículo o su trayectoria en la práctica clínica, antes que adaptar procesos administrativos o su cultura organizacional a su identidad legal y social.
Ese contraste hace que Rosal valore profundamente los espacios en los que actualmente hace vida profesional, entre ellos, el Proyecto VIHvos y VIHsibles, donde llevan casi un año realizando pruebas de tamizaje de VIH y sífilis a poblaciones clave, educando y concientizando sobre infecciones de transmisión sexual (ITS) y estrategias de prevención combinada.
“En este proyecto, mis particularidades no han sido un obstáculo, sino el motor que me ha permitido crecer organizacionalmente y ampliar los alcances de lo que significa un espacio seguro. Mi visión como médico y persona trans es vista como una pieza fundamental para construir una respuesta técnica y sensible frente al VIH”, relata.
Para el médico, poder estar en este proyecto es el ejemplo vivo de que, cuando una organización apuesta al talento sin prejuicios, el crecimiento no solo es profesional, sino que también se transforma la calidad de la atención para toda la comunidad. “Estamos demostrando que la salud inclusiva es, ante todo, salud de primera calidad y al alcance de todos por igual”, expresa.
La “lotería de la empatía”: vacíos en la formación médica
Para Diego Rosal, los vacíos en la medicina venezolana son profundos y los vive en carne propia. Según relata, la formación académica tradicional aborda la salud trans como una “nota al margen”, con pinceladas en endocrinología o psiquiatría que no cubren la complejidad clínica, ética y humana del acompañamiento en la transición. En ese contexto, identifica tres vacíos fundamentales que marcan la atención sanitaria en el país:
Ausencia de protocolos: No existe un estándar de atención transafirmativa en programas de estudio ni en hospitales universitarios. Esto obliga a cada médico a improvisar según su criterio, convirtiendo la calidad del servicio en una variable dependiente de la sensibilidad individual. “Eso no es medicina, es una lotería”, afirma.
Invisibilización de intersecciones clínicas: La formación actual no contempla la interacción entre condiciones médicas de base y la identidad trans. Diego cita su propio caso de Hiperplasia Suprarrenal Congénita, una realidad que prácticamente no existe en la literatura médica nacional ni en la malla curricular de postgrado.
El miedo como factor clínico: La estructura educativa no enseña a manejar el historial de experiencias médicas invalidantes que cargan las personas trans. Para Rosal, el primer contacto médico debe ser “reparador”, una sensibilidad que no se imparte en los auditorios tradicionales.
A pesar de esos vacíos, para Diego, su identidad no es algo que se deja en la puerta del consultorio; es la herramienta de empatía clínica más poderosa que posee. “Cuando trabajo con poblaciones HSH (hombres que tienen sexo con hombres) o personas dentro del paraguas trans, la barrera del estigma se rompe en el instante en que cruzan la puerta, porque el paciente no ve a una figura de autoridad distante que lo va a juzgar, sino a un semejante que entiende sus miedos desde la vivencia propia”.
Esta confianza genera una mayor compenetración en los procesos de salud y enfermedad, fomentando la adherencia al tratamiento. Un paciente que se siente seguro, visto y representado es un paciente que regresa a consulta, se realiza sus exámenes y confía en el proceso.
Aunque un médico cisgénero (persona cuya identidad de género y sexo asignado al nacer son coincidentes) pueda tener la mejor intención técnica, Diego destaca que existe una “conexión de códigos compartidos” que surge al saber lo que es habitar los márgenes del sistema. Su presencia le dice al paciente:“Yo también ocupo este espacio, y tu salud me importa porque tu vida es valiosa para mí”.
Sanar los vacíos desde la consulta
En su ejercicio profesional, Diego intenta llenar estas carencias mediante tres ejes de acción inmediata:
Validación de la identidad: Utiliza el nombre y pronombre correctos desde el primer momento, evitando el nombre legal a menos que sea estrictamente necesario para trámites administrativos.
Escucha activa: Prioriza entender la historia de vida de la persona antes que el protocolo frío, integrando la vivencia del paciente como parte fundamental del diagnóstico.
Derivación informada: Cuando un caso supera su alcance, Diego no “deriva a ciegas”. Acompaña al paciente hacia especialistas con la sensibilidad y el conocimiento técnico necesarios para continuar el proceso de forma segura.
Para el doctor Rosal, este enfoque no es una postura política: “La consulta transafirmativa no es un acto de activismo; es simplemente medicina bien hecha”.
Barreras para transiciones hormonales
Para Diego Rosal, la Terapia de Reemplazo Hormonal (TRH) no ha sido un camino lineal, sino un sendero recorrido desde la espera y la resiliencia en dos momentos clave de su vida. El primero ocurrió a los 18 años, cuando se enfrentó a un sistema médico que, ante la falta de información, intentaba disuadirlo de iniciar su transición. Sin una ruta clara ni especialistas sensibles, la incertidumbre lo hizo desistir en aquel entonces.
Hoy, en su segundo intento, el proceso es activo pero complejo. Diego revela que su transición no es convencional debido a una condición de nacimiento: Hiperplasia Suprarrenal Congénita (HSC). Esta condición hace que su cuerpo produzca una carga basal mayor de hormonas masculinas, lo que condiciona un grado de intersexualidad. Como médico, entiende que su dosis de testosterona debe ser calculada de forma milimétrica para evitar complicaciones de salud.
Diego además es claro en señalar que acceder a una transición supervisada en Venezuela va más allá de adquirir el fármaco; implica costear consultas especializadas y exámenes de monitoreo que se han convertido en un “privilegio inalcanzable” para la mayoría. Ante la brecha de servicios públicos, reconoce la labor de organizaciones como Fundaunitrans y Transafab, cuyo acompañamiento técnico y humano evita que las personas transicionen en soledad o riesgo.
Para Rosal, el objetivo final trasciende la hormona: “El enfoque real debe ser abogar por una atención médica transafirmativa genuina”. Su realidad es la de una comunidad que sigue trabajando para que la salud deje de ser una carrera de obstáculos y se convierta en un derecho humano garantizado, regulado bajo protocolos internacionales.
La “huella de protocolo”: transformar el hospital desde la bata blanca
En el mundo hospitalario, donde el uniforme, la credencial y el uso de los espacios están rígidamente normalizados, la presencia de Diego Rosal como hombre trans obliga a las instituciones a mirar sus propios vacíos protocolares. Ante esta realidad, su estrategia ha sido la “profesionalidad absoluta”. Para él, su uniforme y su bata no son solo vestimenta, sino el símbolo de su competencia profesional.
“He procurado que mi desempeño clínico sea tan impecable como sea posible, de forma que el debate sobre qué baño uso o qué dice mi credencial pase a un segundo plano frente a la calidad de mi atención”, explica.
Sin embargo, el camino no ha sido sencillo; ha requerido gestionar espacios de forma estratégica y recurrir al diálogo directo con actores institucionales para establecer acuerdos que respeten su dignidad. Su objetivo es que su paso por estos centros deje una “huella de protocolo” que facilite la atención de futuros profesionales o pacientes trans.
Más allá de la urgencia de una base legal en Venezuela, Rosal identifica tres cambios estructurales mínimos de gestión y sensibilidad necesarios para que el sistema evolucione hacia una atención basada en el respeto y el principio de no maleficencia:
Protocolos de atención transafirmativa: Implementar manuales de procedimientos que garanticen un trato digno, técnico y libre de prejuicios desde el triaje hasta el alta médica.
Enfoque de diversidad en la formación académica: Incorporar la identidad de género como objeto de estudio clínico y de atención integral en las facultades de medicina —como la UCV— y postgrados hospitalarios.
Espacios de trabajo seguros para profesionales: Crear políticas internas de no discriminación que permitan a los profesionales trans ejercer, ascender y ocupar cargos de toma de decisiones sin frenos administrativos por su identidad.
Diego cierra con una reflexión: cuando el sistema de salud sea seguro para todos, se convertirá en un verdadero refugio tanto para quienes padecen, como para quienes alivian el padecimiento. “No estamos pidiendo privilegios; estamos pidiendo institucionalidad y rigor científico aplicado a la diversidad humana”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
