Muy a menudo me veo en la necesidad de una expresión que sintetice la magnitud y amplitud de la calamidad que aconteció en Venezuela en los últimos 27 años. La que viene a mi rescate es “daño antropológico”, acuñada por el autor cubano (tenía que ser alguien de una nacionalidad hermanada con la nuestra en el nivel de infortunio) Dagoberto Valdés. El adjetivo “antropológico” alude a la humanidad en todas sus dimensiones. Eso es lo que en efecto se nos dañó en Venezuela: toda nuestra humanidad fue vapuleada. No hay ningún aspecto que se haya salvado. Ni el político, ni el económico, ni el social ni el cultural.
Por eso ahora, cuando ocurre una oportunidad sin precedentes para enmendar las cosas, son muchas las heridas que necesitan sanar. El deseo natural es que todas sanen rápido y en simultáneo. Pero eso lamentablemente no es posible. En el mejor de los casos, habrá un avance ininterrumpido, pero por carriles diferentes, cada uno con su propio paso. Dada la severidad del deterioro en todos los ámbitos, el paso puede ser decepcionante para las masas, y sobre todo para los sectores más vulnerables de la población. Ya he visto a varias personas caer en la desesperación y lamentarse de que “poco o nada ha cambiado”. Creo que, por urgente que sea la necesidad de reformas, se armaron expectativas irreales que ahora las llevan a la frustración.
Se me ocurrió, por tanto, escribir una breve guía sobre expectativas cronológicas razonables para los cambios. Antes de entrar en ella, debo aclarar las premisas desde las que parto. En primer lugar, el proceso político que se está llevando a cabo en Venezuela es muy particular, pues es impulsado desde afuera. Específicamente, por Estados Unidos. La oposición venezolana no fue la que desencadenó el proceso, ni la que tiene la mayor capacidad para influir en él. Sí, hemos visto manifestaciones opositoras relativamente modestas en las últimas semanas, y puede que esa actividad se intensifique más adelante, permitiendo a la oposición incidir más. Pero no puedo darlo por hecho. La segunda premisa de la que parto es que, como supervisor del proceso, el gobierno de Estados Unidos es sincero en su plan de una transición política que permita eventualmente el regreso de la democracia a Venezuela. No estoy asegurando tal sinceridad, pero, repito, la asumiré como auténtica para estas líneas. Si no lo es, podemos descartar entonces que el resultado sea, al menos en lo político, algo muy distinto al statu quo antes de enero. Ahora, sí pasemos a la guía.
Comenzaré con aquellos aspectos en los que es sensato contemplar la posibilidad de cambios rápidos. Estos cambios dependen en buena medida de la voluntad de la elite gobernante y nada más. Solo tienen que impartirse las instrucciones a los organismos responsables de ejecutar las medidas y listo. Tenemos aquí todo lo relacionado a las libertades cívicas y políticas. La tolerancia a la crítica y al disenso. Es precisamente el ámbito en el que se ha visto, en tan solo un par de meses, cierto avance. Cientos de presos de conciencia han sido excarcelados y es posible que la cifra aumente. Ello incluye a varios de los individuos más prominentes que han pasado por ese calvario, como al dirigente Juan Pablo Guanipa. Decenas de personas han obtenido sobreseimientos o amnistías y ahora están en libertad plena. A otros, aunque ya no están tras las rejas, se les ha negado esto último, lo cual es ciertamente una señal preocupante a la que hay que prestar atención.
Algo parecido ocurre con la libertad de expresión. Ha habido una relajación de la censura. Irónicamente, se ha manifestado sobre todo en la televisión, el primer medio que fue censurado por Hugo Chávez. Dirigentes y activistas opositores que por años estuvieron vetados ahora aparecen en programas de entrevistas. Las protestas de la disidencia han obtenido cobertura. En cambio, el cierre arbitrario de emisoras de radio no ha cesado.
¿Qué hay de los exiliados? No he sabido de ninguno que haya regresado al país. Como el destierro es más bien una forma de eludir la persecución que un castigo formalmente decretado desde el poder, técnicamente nada les impide retornar. Es una decisión propia, por el miedo a las represalias. Puede que ninguno se aventure en el corto plazo y que no veamos eso hasta que haya un clima generalizado de más liberalización política.
En cuanto a la realización de elecciones libres y justas, pues eso me lleva a lo que no tiene sentido esperar en el corto plazo. Sean estas presidenciales, parlamentarias, regionales o locales. Si no ha habido una mejora considerable en los ámbitos políticos previamente aludidos, cualquier comicio será como lo que se ha visto en los últimos años. Los partidos opositores necesitan garantías de que se competirá en igualdad de condiciones. Hará falta una profunda reforma institucional. Nada de eso se hace de la noche a la mañana.
Salgo de ahora de la política para examinar las otras aristas del daño antropológico. No es que las libertades políticas y civiles sean menos importantes, pero, si nos sinceramos, su ejercicio no es algo que la mayoría de los ciudadanos comunes lleven a cabo a diario. La inmensa mayoría de los ciudadanos, en cualquier país del mundo y sin importar el tipo de gobierno, dedica casi todo su tiempo a actividades privadas: a la economía personal mediante la producción y el consumo, a la vida social con familiares y amistades, etc. En estos aspectos, por desgracia, es muy poco lo que puede mejorar en el corto plazo.
Tal vez lo que más angustia al ciudadano común en su cotidianidad es aquello por lo que no en balde he visto más quejas por la falta de progreso: la extrema precariedad de los ingresos individuales o familiares, en forma de salarios y pensiones, así como el resultante poder adquisitivo en el subsuelo. Pongámonos en contexto. La economía venezolana ha pasado en los últimos doce años por una catástrofe para la que es difícil conseguir ejemplos similares. Años de hiperinflación, seguidos por inflación sin el prefijo “híper” pero que sigue siendo sistemáticamente muy elevada. Una reducción dramática del producto interno bruto. Y sin aumento en la productividad, no hay aumento en salarios y pensiones que la inflación no haga sal y agua muy rápidamente. En todo caso, pudiera concretarse un aumento restringido del poder de compra mediante una reducción de la brecha cambiaria que presiona el alza en los precios. Esto a su vez pudiera lograrse con una alineación entre el tipo de cambio oficial y el precio de las divisas subastadas en el mercado oficial. Sería un alivio moderado mientras se concretan las reformas económicas estructurales profundas (¡te lo pedimos, Señor!) que sí permitirían en el largo plazo un incremento de la productividad y, con ella, de los salarios y pensiones.
Otra cuestión que incide en el día a día de las masas y que es fuente de grandes quebrantos de cabeza es la calidad de los servicios públicos. Reparar los sistemas eléctrico y de distribución de agua no es algo que se decreta y ya. Exige inversiones millonarias y el levantamiento de infraestructura que pudiera durar años incluso con la mejor disposición a trabajar y los fondos requeridos. Pasa lo mismo con el transporte público, y no me refiero solamente al Metro de Caracas y lo demás en manos del Estado. Hace apenas unos días la capital experimentó un paro por parte de las cooperativas de autobuses, que exigían un aumento en el pasaje. Hubo aumento, publicado en Gaceta Oficial, pese a las objeciones airadas de los usuarios, quienes se quejaron de que la medida suponía un golpe adicional a sus ya mermados bolsillos y que, para colmo, los aumentos anteriores no sirvieron para mejorar la calidad del servicio. He ahí una paradoja de economías que han sufrido tanto como la venezolana. Por la inflación, las tarifas de servicios sometidas a un control gubernamental a duras penas permiten cubrir costos operativos, y ni hablar de mejoras, pero, al mismo tiempo, son muy onerosas para los usuarios. En otras palabras, se paga “caro” por un servicio defectuoso. Solo una mejora en las condiciones macroeconómicas puede solucionar el problema.
Por último, las escuelas y los hospitales públicos aglutinan las dificultades mencionadas en los dos párrafos anteriores. Necesitan cuantiosas inversiones en infraestructura y, al mismo tiempo, que la economía en general mejore para que docentes, médicos, personal de enfermería, etc. puedan devengar salarios que hagan atractivo trabajar en estas instalaciones. Si ya captaron la idea, pueden adivinar: las expectativas de mejoras en este ámbito también son razonables únicamente en el largo plazo.
Esta lista de problemas y de deseos sensatos sobre su posible resolución no es exhaustiva. El daño antropológico tiene otras caras. No aspiro a cubrirlas todas por razones de tiempo, concisión textual y por los límites de mis propios conocimientos. Profesionales de otras áreas pudieran brindar una mejor opinión que la mía en cuanto a los aspectos restantes. Espero, sin embargo, que el lector tenga algo más de claridad ahora sobre lo que es realista esperar en el “nuevo momento político”.
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