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La Conversa | A Delcy Rodríguez la sostiene un piso político estadounidense 

Para el politólogo Guillermo Tell Aveledo la única legitimidad que posee el gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, proviene de Estados Unidos.

El decano de Estudios Jurídicos y Políticos de la Universidad Metropolitana dijo en La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por Runrunes, El Pitazo y Tal Cual, que luego del 3 de enero, donde fuerzas estadounidenses detuvieron a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, Rodríguez no tiene oportunidad de zafarse de los designios provenientes de la Casa Blanca.

En el espacio donde participaron Víctor Amaya, director de Tal Cual y Luis Blanco, director de Runrunes, el profesor universitario indicó que el objetivo histórico del presidente estadounidense, Donald Trump, es que Venezuela no vaya contra los intereses de su administración.

“Y esos intereses pasan por energía (petróleo), freno al tráfico de drogas, migración y seguridad en la región”, manifestó. 

Aveledo consideró que actualmente nadie está retando el apoyo que Trump ofrece a Rodríguez en pos de garantizar una supuesta estabilidad en Venezuela.

“La verdad es que ella está ahí por una voluntad externa, si se desliga de ese apoyo se pone en peligro, su piso político no está construido, eso no quiere decir que no lo pueda edificar en un futuro”, dijo Aveledo.

El politólogo sentenció que, aunque se han producido algunos avances como la excarcelación de centenares de presos políticos y la disminución de la retórica, el sector ortodoxo del chavismo es el que está mandando actualmente.

“Pese a que el saldo negativo está del lado revolucionario, ellos (gobierno) todavía tienen poder como para evitar que se produzcan ciertas cosas, para que haya una transición hay que hacer unos cambios más duros y riesgosos”, apuntó el profesor universitario. 

Blanco apuntó que el reto de Rodríguez es desafiante porque debe complacer a la Casa Blanca y también a su base chavista.

Para Aveledo, un gesto importante hacia una eventual transición sería un reconocimiento legal a Vente Venezuela, el partido liderado por María Corina Machado.    

“Y eso todavía no parece posible, Machado no puede volver a Venezuela ni recorrer el país, no sabemos si cuenta con el apoyo total de la Casa Blanca”.

A propósito de la reaparición de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) luego del escenario represivo postelectoral de julio de 2024 y la separación de algunos líderes de partidos desvinculados a esta coalición, como el alcalde del municipio Baruta, Darwin González, Aveledo descartó “por ahora” una reunificación opositora.  

“Algunos deben estar calculando su supervivencia futura, pero eso no cambia la tendencia general en torno a Machado, es que ni siquiera veo que sea necesaria”.

El catedrático sentenció que el chavismo está pasando por una especie de crisis de la mediana edad.

Para el politólogo, muchas de las ideas históricas del movimiento fundado por el fallecido presidente Hugo Chávez colapsaron, como la unión cívico-militar. 

“Siempre han tenido una línea contraria al imperialismo, por eso niegan que el gobierno de Delcy Rodríguez esté tutelado por Estados Unidos, en todo caso lo califican como una cooperación. Venden la idea de que ellos nos están aceptando a nosotros y no al revés y se presentan como tecnocráticos”, indicó el analista político. 

A juicio de Aveledo, en un escenario optimista podría llevarse a cabo elecciones presidenciales en el último trimestre de este año o primero del que viene.

“Más en 2027 porque está más cerca de la mitad del período de Maduro. Al sector revolucionario no le veo un candidato, lo veo desahuciado, es más probable que veamos apoyo de la oposición antigua, como Timoteo Zambrano, a una posible candidatura de Delcy Rodríguez”.

Una crisis que se prolonga en el tiempo 

A juicio de la socióloga Mirla Pérez, Venezuela atraviesa por una crisis continuada producto de un deterioro de la calidad de vida lo que ha provocado manifestaciones de calle en este primer cuatrimestre de 2026.

“Hay una precariedad bastante acentuada, no hay trabajo y eso acelera la pobreza, los servicios son cada vez peores, el venezolano vive día a día como en una olla de presión”, sentenció la profesora universitaria.

Debido a su ineficiencia, Pérez considera que ha habido un desmantelamiento del sistema comunal.

“Las necesidades más apremiantes no las resuelve el Estado, sino la persona que vive en la comunidad, la gente va reaccionando para procurarse su propio bienestar, no espera que le arreglen nada”, dijo Pérez.

Pese a que la mayoría no espera mayor aporte del Estado, hay exigencias estructurales.

“Como la educación por ejemplo”, indicó la académica. “Vemos desigualdad, los muchachos en la educación pública no tienen chance siquiera de aprender a leer y escribir porque van dos días a clases, en los relatos de los jóvenes sale a relucir el hambre”, añadió. 

Pérez enfatizó que en las comunidades se percibe a gente luchando por combatir el hambre.

“Y eso genera vínculos que pueden ser políticos porque la persona comienza a dilucidar el tema de lo justo y necesario, como el derecho a la salud”, sentenció la docente.

Con respecto a un eventual ajuste salarial, Pérez manifestó que si hay una promesa que nunca se cumple, eso se traduce en malestar general. “Llega un momento en que estar en el límite te obliga a la unión gremial e intergremial”.

Para la socióloga después del 3 de enero, nada ha cambiado. 

“Lo que tenemos hoy en día es una continuidad. Si hubo un hito que realmente representó una oportunidad de cambio fue el 28 de julio, fue un episodio que produjo esperanza en los sectores populares”.

Pérez reconoció que luego del 3E el miedo se ha apaciguado, pero sigue latente.

“En estos últimos meses ha habido un descanso, la gente siente que ahora puede hablar un poquito más duro”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

Un “sistema perverso” aplica el silencio selectivo frente a los muertos bajo custodia del Estado

Yusmary Montes tiene una voz ronca. Está indignada, y esa voz se le ahoga más. Alienta a las mujeres a su alrededor a denunciar lo que sucede con sus familiares privados de libertad, a que pierdan el miedo. “No me han dado fe de vida de mi hijo. Eso es lo que más mal me tiene desde ese día”, dice refiriéndose al 20 de abril, cuando un presunto motín dejó cinco muertos en Yare III, según el Ministerio para el Servicio Penitenciario informó 24 horas después. 

“Que me den buenas o malas noticias, pero que me las den porque no es un animal… Que me lo entreguen de una u otra manera”, pide la mujer de 42 años de edad cerca del terminal de Nuevo Circo en Caracas, donde este viernes 24 de abril realizaron una concentración para exigir información y la destitución del ministro del Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa.  

El grupo asegura que hay decenas de heridos que llevaron a hospitales en zonas aledañas, pero de eso no hay declaraciones oficiales ni listas. 

Otras mujeres contaron que recibieron breves llamadas de sus parientes. Una de ellas fue Carmen Vargas, de 64 años de edad. “Mamá no me busques más en Yare. Estoy en Fénix, Lara”, le dijo su hijo por teléfono para informarle que lo trasladaron a otra prisión. “Eso es una maldad”, señala sobre los gastos que implicará trasladarse a Barquisimeto para visitarlo, también se pregunta si allá le darán comida porque teme que lo que ella lleve se dañe en el camino. 

En la concentración, algunas comentaron que habían sintonizado la instalación de la comisión para una Reforma de la Justicia Penal que hicieron en Miraflores el 23 de abril. Se sentaron juntos la presidenta encargada Delcy Rodríguez; el ministro Zerpa; el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello; el Fiscal general, Larry Davoe; y la defensora del Pueblo, Egleé González Lobato. Ninguno habló de Yare. 

Mujeres familiares de presos de Yare III se concentraron para exigir la destitución del ministro del Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa | Foto: María Gracia Lacruz  

Más dudas que certezas

Para Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), las autoridades no cumplieron con su deber: dar respuesta oportuna y adecuada a las familias. “No se trata de sacar un comunicado todo chucuto”, dice sobre el post de Instagram que el Ministerio del Servicio Penitenciario publicó.  

Cuestiona el contenido del mensaje: “mueren cinco personas y ellos simplemente alegan que son unos mala conducta, líderes negativos, miembros de bandas criminales”. Él se hace otras preguntas: ¿no se pudo actuar para evitar la riña?, ¿murieron por un enfrentamiento con armas blancas o por armas que se contrabandearon al penal?, ¿es posible que las muertes sean responsabilidad de los custodios, pero culpan a otros presos?, ¿estaban protestando por sus derechos y los reprimieron?  

El Ministerio Público (MP) dijo que abriría una averiguación sobre el caso. Prado sugiere que las autoridades desincorporen al director de la cárcel para que también sea investigado. Plantea que deben invitar a los funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para que la investigación sea inmediata, exhaustiva e imparcial. “De lo contrario, esto va a quedar impune”, cree. 

El abogado y activista señala similitudes entre el caso de Yare y la llamada masacre de Vista Hermosa, en Bolívar, el 10 de noviembre del año 2003. “Igualito. Las autoridades salieron diciendo que fue un enfrentamiento entre presos”. En esa ocasión los familiares contactaron al Observatorio y representantes de la ONG lograron entrar a la cárcel.

Los presos narraron que quienes dispararon y mataron a siete reclusos fueron funcionarios de la Guardia Nacional. “Empezaron a protestar y resulta que les echaron la culpa de esas muertes”, recuerda Prado. La ONG logró que el MP exhumara los cuerpos. Se halló que “los cadáveres presentaron tiros descendientes en la cabeza”. 

En 2020 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que hubo negligencia en las investigaciones y responsabilizó al Estado de lo sucedido en Vista Hermosa. Instaron a las autoridades a reparar a las víctimas y disponer de mecanismos de no repetición. 

“Un sistema carcelario perverso”

Durante la instalación de la Comisión para la Reforma de la Justicia Penal, Delcy Rodríguez afirmó que la iniciativa busca saldar una deuda impostergable y garantizar al pueblo el acceso a la justicia imparcial. Entonces, pidió a Diosdado Cabello dar un balance sobre el tema. 

El ministro dijo que hace tres años se instaló una comisión para revisar “todo lo que significa la cantidad de personas detenidas” y “por qué no estaban asistiendo a los tribunales”. Explicó que existían retenes temporales en las policías, sedes de la GNB y el Cicpc, que tenían “muchas más personas de las que estaban en las cárceles”. Habló así del hacinamiento que organizaciones como el OVP han denunciado por años. Agregó que el sistema carcelario era “muy perverso” y que había casos de personas que tenían años detenidos y que no habían acudido al tribunal nunca. 

Ese es precisamente el caso del hijo de Yusmary Montes: “a mi hijo ni siquiera lo han enjuiciado. No me le hacen telemática, no me lo traen al tribunal y tiene tres años detenido y es sembrado”. 

Cabello aseguró que han trabajado en la revisión del por qué no llevaban a la gente a los tribunales. “Ahí, cuando de excusas se trataba, inventaban cualquiera… eso se había convertido en un reciclaje que tiene como fondo desafortunadamente hechos de corrupción: yo te llevo al tribunal si pagas. Y eso hemos ido desmontándolo. Una cantidad de fiscales y jueces han sido destituidos y detenidos”. 

Habló también sobre los pranes y cómo estos no dejaban salir a los presos para que fueran a juicio porque tenían que pagarles. “Eso ya no existe, eso se ha corregido… porque las personas que hacían esa actividad están sometidos a un régimen distinto, en un lugar especial para ellos. Ahora no hay excusa, si la persona le toca juicio un día, se hace”, afirmó.  

Instalación de la Comisión para la Reforma de la Justicia Penal en Miraflores el 23 de abril de 2026

Los problemas de siempre

Sobre quienes aún no tienen información de sus familiares presos, Humberto Prado insiste en que se está vulnerando el derecho que tienen los privados de libertad con el mundo exterior, a tener sus visitas. Cita las llamadas Reglas Mandela o Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, y destaca la premisa de que todos deben ser tratados con dignidad y no ser sometidos a tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

El abogado considera que las normas deben extenderse a las familias pero sabe que no suele respetarse. María Escobar, de 51 años de edad, es paciente oncológica y tiene a su hijo en Yare. Explica que quien va a visitarlo es su pareja. “Una vez fui y no pude ir más porque la forma como revisan a uno es impresionante”. Acto seguido, explica que al entrar al recinto “a uno le mandan a quitar toda la ropa, abajo hay un espejo, lo manda a abrir a uno y lo manda a bajar y a toser. Yo le dije a la muchacha: ‘si me agacho no me voy a poder parar’”. 

Sobre los traslados a los distintos centros de reclusión, Prado insiste en que ningún recluso puede ser llevado de un penal a otro sin la autorización de su juez natural, pero que la mayoría se hacen de forma inconsulta. Opina que en casos como los de Yare, se pudieron producir traslados para llevarse personas que pueden ser testigos de lo que sucedió o incluso a personas que están heridas y en condición grave. 

El abogado y activista critica que en estos últimos 27 años “le quitaron la imparcialidad y la autonomía a los organismos”. Por eso, dice “tú no viste a un Defensor del Pueblo haciendo lo que tiene que hacer. Lo viste totalmente callado, incluso faltando el respeto a la Constitución”. Recapitula cómo en 2011 se creó un Ministerio del Servicio Penitenciario que iba a tener autonomía financiera, jurídica y administrativa.

“Pero sigue habiendo hacinamiento, retardo procesal, tráfico de armas y de drogas en las cárceles, falta de salud, mala alimentación. Falta personal especializado. Sigue habiendo maltrato físico para la población reclusa, falta de respeto para las familias. Sigue habiendo requisas de contacto para la familia, los mandan a desvestirse y a los presos. Siguen muriendo presos por violencia y sigue existiendo el pranato en las cárceles”, dice. 

Este viernes 24 de abril el OVP denunció la muerte del noveno preso bajo custodia del Estado en menos de una semana. “Se trata de Yelamo Zárraga José Ramón, quien falleció en el Internado Judicial de Tocuyito, estado Carabobo, tras un deterioro progresivo de su salud sin acceso a atención médica”, señala la alerta. 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Un rapeo sin groserías y por los derechos humanos en la UCV

Dieciséis jóvenes talentos de Rap Sin Grosería celebraron la cultura urbana y los derechos humanos en una batalla de freestyle, realizada en la Plaza Cubierta de la Universidad Central de Venezuela (UCV) este viernes 24 de abril.

El evento fue organizado por Voto Joven y la Federación de Centros Universitarios de la UCV, así como por organizaciones aliadas como el Observatorio de Juventudes Venezuela (OBJUVE), Equalia, Gritemos con Brío, Provea y VIH Vivos. En la actividad resultó ganador Loute, quien sumó puntos con esta victoria para clasificar a la gran final de Rap Sin Groserías, cuyo campeón viajará para representar a Venezuela en una competencia internacional.

Rap Sin Groserías seleccionó a los mejores raperos de la ciudad, incluyendo a campeones nacionales de la Freestyle Master Series (FMS) Colombia y de Red Bull Venezuela, para ofrecer una combinación de talentos entre los más nuevos y los profesionales del género.

La batalla de rap se basó en enfrentamientos de rimas entre dos participantes, elegidos al azar por el público. Cada batalla de freestyle se estructuró en torno a temáticas orientadas a la democracia y los derechos humanos. Los participantes contaron con una palabra clave para iniciar sus presentaciones; términos como “constitución”, “misoginia”, “votación”, “vida” y “estudiantes” formaron parte de las improvisaciones de los artistas.

Denuncias sociales al ritmo del hip hop

El evento contó con la asistencia de aproximadamente 40 personas, quienes se reunieron en un círculo alrededor de los raperos y desbordaron energía al ritmo del hip hop. En las rimas ingeniosas y creativas de estos jóvenes —algunos estudiantes de la UCV— también se apreciaron profundas denuncias hacia las autoridades y el sistema educativo.

Frases como “tu rap está más vacío que el comedor”, en referencia a la falta de insumos que enfrenta en ocasiones el comedor universitario; “no había plata pa’ pagar el internet” y “no voy a dejar que eliminen mis derechos”, esta última dicha por el joven finalista Sebas —quien fue el participante más joven de la competencia y asistió al evento acompañado de su padre—, formaron parte de la jornada.

La representación del freestyle femenino se hizo sentir con la participación de Cristonita, una joven rapera que ha competido en escenarios como la Red Bull Batalla en Venezuela.

Buscan fomentar el criterio en los jóvenes raperos

Abraham Indriago, fundador del movimiento, señaló que celebrar este tipo de competencias en espacios como la UCV permite que los jóvenes raperos aprendan a dirigirse a la audiencia y se sometan al criterio del público universitario.

“Me encanta cuando se realizan en universidades porque creo que los freestylers tienen una exigencia aún mayor que la que podrían tener en la calle”, explicó.

Indriago aseguró que, contrario a lo que se pueda pensar, los derechos humanos y el rap han sido aliados desde los inicios del género. “Cuando surgió en el Bronx, en Estados Unidos, era la proyección de los derechos civiles a través de la música (…). El rap se convirtió en la parte hablada de la lucha de muchísimas personas”, declaró.

Mariandreina Montilla, coordinadora nacional de Activismo y Estructura de Voto Joven, aseguró que esta fue la cuarta edición de su colaboración con Rap Sin Grosería, en alianza con otras organizaciones. Resaltó que este evento cultural busca recuperar espacios y promover la defensa de los derechos humanos. Asimismo, ratificó su intención de lllevar estas presentaciones a otras universidades, como la Simón Bolívar y la Católica Andrés Bello.

Salud, creatividad y amor propio

El evento también contó con una jornada de despistaje de VIH, estimada para unos 100 jóvenes universitarios. El stand estuvo a cargo de la organización VIH Vivos, una de las aliadas. Por su parte, Equalia, una ONG que lucha por los derechos de las mujeres, también participó de la actividad con una dinámica de afirmaciones positivas a cambio de dulces para las jóvenes presentes en el evento.

Asimismo, Voto Joven invitó a Hugo Carrasco, artista grafitero, quien plasmó diseños creativos en las camisas de los estudiantes.

Rap Sin Groserías se presentará los domingos en el Coliseo del Museo de los Niños y celebrará la final de su gira nacional el 4 de octubre en el Centro Cultural de Arte Moderno, donde se reunirán los dieciséis mejores raperos de distintas ciudades del país. El campeón viajará al extranjero para representar al freestyle venezolano.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Cómo se vive siendo profesor universitario en Venezuela

En la mayoría de los países, incluso en los más cercanos de la región, ser profesor universitario es una carrera estable, respetada y muy bien remunerada. En Venezuela ocurre todo lo contrario. Desde hace más de diez años, la docencia a nivel superior atraviesa por su época más oscura: desmejora salarial sostenida, beneficios inexistentes y condiciones laborales deplorables que han obligado a muchos a buscar oficios extras para poder sobrevivir. 

Karina Guillén* es docente universitaria con casi 20 años de experiencia en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Poco tiempo después de graduarse (2007) decidió ejercer la docencia en su alma mater. Pensaba que impartir clases era una manera de retribuir a la universidad su formación y, al mismo tiempo, una oportunidad de crecimiento académico y profesional. Sin embargo, llegó la crisis económica y con ella los peores años para los docentes de educación superior. 

A Guillén le tocó ver las dos caras de la docencia universitaria en Venezuela. Durante sus primeros años, antes de 2014, pudo contar con relatividad, estabilidad, beneficios y una remuneración cónsona con su dedicación. Pero a partir de ese mismo año, la crisis arrasó con los salarios hasta convertirlos en algo simbólico.

A partir de 2014, la profesora fue testigo del éxodo masivo, de las aulas vacías y de las decisiones políticas que contribuyeron a desmejorar la universidad. Aún así siguió impartiendo clases aferrada a la idea de no dejar que la institución se viniera al suelo, de no parar la profesionalización del país, y sobre todo, de “no darle el gusto” a que la oscuridad de la ignorancia siguiera ganando terreno en el país.

Actualmente el salario de la profesora es prácticamente inexistente y, aunque percibe un bono de “guerra económica” de 120 dólares mensuales, este no incide en sus prestaciones salariales, no reconoce la trayectoria ni el escalafón que, desde hace años, está detenido por la paralización institucional. 

“En Venezuela, todas las formas de ejercer la docencia están atravesadas por la precarización del trabajo. Los profesores tienen que tener más de un ingreso para poder subsistir y, si no los tienen, corren el riesgo de  de tener una alimentación precaria, de no poder tener acceso a servicios de salud y a tratamientos médicos para muchas patologías y condiciones, con el paso de los años, son comunes”, comentó Guillén.

Para la profesora, la docencia es un trabajo muy satisfactorio, pero la realidad es que se ha convertido en un apostolado que ha sostenido la ineficiencia de un Estado que ha dejado de lado la educación durante décadas, lo que a su juicio, potencia la precarización del ejercicio en comparación con otros profesionales de Latinoamérica.

La docencia universitaria exige una formación continua. Los profesores deben costear actualizaciones, diplomados, maestrías y doctorados para mantenerse vigentes; además, deben dedicar horas extras -no remuneradas- en la preparación de las clases y en la corrección de tareas. También deben cumplir con requisitos de investigación y extensión para ascender en el escalafón académico. Esta combinación de exigencias y la simbólica retribución, hacen que la situación del docente sea una de las más duras y severas.

Los más pobres 

En diciembre de 2025, el Observatorio Venezolano de Universidades alertó que el profesor universitario venezolano es el más pobre de Latinoamérica. 

En su boletín, el OBU reveló que la gran mayoría de los más de 64 000 académicos que trabajan en el país, según datos oficiales, viven actualmente en condiciones de “extrema vulnerabilidad”.

Desde el 25 marzo de 2022 —último aumento anunciado por el gobierno del expresidente Nicolás Maduro— el salario mínimo de los trabajadores en Venezuela se mantiene estancado en Bs. 130 mensuales, lo que en ese entonces equivalía a 30 dólares, hoy en día son 0.26 centavos de dólar, una cifra que está muy por debajo del umbral de pobreza extrema recientemente actualizado por el Banco Mundial, que establece que una persona necesita al menos tres dólares diarios para no ser considerada en esa condición.

Según información difundida por el Cendas en su cuenta en X, la Canasta Alimentaria Familiar alcanzó un récord de 692,32 dólares (Bs. 308.084,33) para el mes de marzo de 2026. Esto se traduce en que con un salario mínimo solo se puede adquirir el 0.04% de la canasta. El Cendas recalcó que una familia necesita más de 2400 salarios mínimos para poder comprar los productos básicos para su subsistencia.

La situación de Antonio De Eliseo, profesor titular de la UCV, no es distinta a la de Guillén. Con una experiencia de 45 años como docente, define su situación económica como “complicada”, por lo que ha tenido que reinventarse para poder subsistir. Aunque el docente también es investigador y participa en proyectos internacionales, su ingreso universitario es también simbólico. En la última quincena recibió 1300 bolívares, unos tres dólares al cambio oficial. Al profesor le preocupa enormemente la seguridad social y, aunque cuenta con el Instituto de Previsión del Profesorado, la cobertura que le garantizan es de apenas 300 dólares y se mantiene con el sueldo disminuido de los profesores y las contribuciones que se puedan hacer.

Los académicos venezolanos, junto con los cubanos (cuyo salario máximo es de 29 dólares mensuales), encabezan el “ranking de pobreza por ingresos en educación superior” en América Latina y el Caribe.

En contraste, entre los docentes de otros países que se posicionan con mejores salarios en la región destacan: Uruguay ($6065), Chile ($7330), México ($1996), Paraguay ($1870) Colombia ($1703) y Argentina ($1124).

“Nunca habíamos sido tan despreciados”

En su informe de 2025, el OBU también reportó violaciones a los derechos políticos y civiles de los docentes, cuyas denuncias crecieron un 79% a partir de 2024.

Ingerzon Freites, profesor de política económica en la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela desde 2010, califica la situación de los profesores universitarios como “precaria, caótica y vergonzosa”. Asegura que percibe mensualmente menos de 1000 bolívares y un bono que apenas le alcanza para cubrir gastos mínimos en su hogar. 

El docente aseguró con tristeza que nunca en la historia del país un profesor universitario fue tan “despreciado, deshumanizado y  precarizado”.

Recordó que hace 20 años un titular podía percibir hasta 2000 dólares, mientras que hoy muchos sobreviven haciendo trabajos informales.  En su caso, se sostiene como taxista o realizando mudanzas. 

El profesor aseguró que continuará en la lucha por la dignificación del salario, al tiempo que rechazó el argumento oficial de que “no hay dinero”, cuando en otras instituciones del Estado —dijo— técnicos y analistas ganan entre 500 y 1000 dólares mensuales.

Sinfín de derechos vulnerados 

El artículo 91 de la Constitución establece que “todo trabajador tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales”. Además ordena que el salario sea ajustado anualmente tomando como referencia el costo de la canasta básica.

En el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos queda claro que “toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana”.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), de igual manera, establece que los salarios de los trabajadores deben “garantizar las necesidades del trabajador y su familia”.

A los docentes universitarios se les vulnera también el derecho a contar con un seguro social eficiente que responda en casos de emergencias médicas y en salud preventiva. 

El desarrollo profesional también está comprometido en Venezuela por la paralización de concursos de oposición y la imposibilidad de ascender en el escalafón, pero con esto, no solo los profesores se ven afectados. La precarización docente incide directamente en el derecho de los estudiantes a recibir una educación de calidad. 

En este escenario, la profesora *Guillén, de la Universidad Central de Venezuela, insta a los estudiantes a comprender y apoyar las razones que llevaron a escalar el conflicto hace unos días y a convocar un paro de 24 horas.

“Durante más de una década, los profesores hemos sostenido la educación universitaria. Ha sido un ejercicio de esfuerzo, voluntad, de enfrentar las mismas dificultades y preocupaciones que han experimentado ellos, porque lo veíamos en clases: rostros cansados, testimonios de quienes admitían que no habían comido o comido poco. La lucha por la dignificación de los salarios es algo que trasciende la causa universitaria, que puede beneficiar a sus padres, a sus hogares. Además, para que la educación sea continua y de calidad, debe ser bien remunerada. No es un favor lo que estamos pidiendo, es un reclamo de justicia social”, concluyó.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

“Las balas en Yare III salieron de los funcionarios”: piden fe de vida frente al Palacio de Justicia

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Fotos y videos:  Foto: María Gracia Lacruz

Madres de privados de libertad protestaron frente a la sede del Palacio de Justicia, en Caracas, este 24 de abril, para exigir una investigación de los hechos de violencia ocurridos durante esta semana en la cárcel de Yare III, así como también para reclamar la libertad de los detenidos injustamente y exhortar a solucionar los problemas estructurales que persisten en los centros de reclusión del país.

Jasmín Bracamonte, familiar de un detenido, dirigió unas palabras a la presidenta encargada con el aval de Estados Unidos, Delcy Rodríguez: “Yo sé que cuando usted fue niña, le cegaron la vida a su padre y hubo justicia en ese tiempo. Por lo que pasó en Yare también queremos justicia porque fue contra una población desarmada, yo fui familiar de un privado de libertad en Yare y allí no dejan pasar armas, las únicas armas que hay la poseen los funcionarios”.

Bracamonte también preguntó a Rodríguez por qué no permiten que los familiares puedan llevar comida a los detenidos, ya que “el Estado no está en capacidad de suministrarla”: “Mi familia está en Rodeo IV y les dan arepa con papa, o arroz con papa”.

La señora completó su testimonio recalcando a la encargada del poder en el país que las madres de los presos no son enemigas del Estado: “A usted se le hizo justicia en esa cuarta que tanto denigran, lo que queremos es que el ministerio penitenciario se responsabilice por todos los privados de libertad”.

“Tienen que desmantelar Yare III, es un centro de criminales pero a través del propio gobierno. Antes teníamos miedo de denunciar y lo perdimos tarde, ahora hay muertos y desaparecidos, queremos fe de vida”, expresó entre sollozos una familiar de un recluido en ese centro.

“Esas balas salieron de los armamentos de los funcionarios que estuvieron en esa revuelta, pero acusan a los muchachos -los detenidos- para ellos salir libres de culpas (…) Necesitamos fe de vida”, clamaba la madre de un recluido en Yare III. Mencionó que sigue esperando una llamada del ministerio que le confirme que su ser querido está con vida.

La señora asegura que en el Hospital de Ocumare hay decenas de heridos por la situación violenta ocurrida el pasado 19 de abril y que se están produciendo traslados de detenidos sin información: “No nos dan los nombres por ninguna parte”.

En la protesta también hicieron acto de presencia familiares de presos políticos como Verónica Vargas, hermana de Juan Camilo Vargas, joven de de nacionalidad colombiana recluido en Yare II. Fue detenido en agosto de 2024 cuando cruzó la frontera para legalizar su visa estudiantil, ya que quería estudiar en Venezuela: “Él no es ningún terrorista y se le acusa de eso“, sentenció Verónica, al tiempo que reveló que el gobierno colombiano prácticamente se ha desentendido del caso, bajo el argumento de que no pueden intervenir en estos asuntos.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Saben y alertan, pero no las escuchan: la deuda con el conocimiento femenino en la crisis climática

En el marco de la maestría en Estudios de la Mujer por la Universidad Central de Venezuela (UCV), se llevó a cabo el 23 de abril el foro virtual “Más allá del silencio y la traducción: justicia epistémica y el derecho de las mujeres a una voz política en la crisis climática”.

El encuentro remoto contó con la ponencia de la socióloga María Victoria Canino, jefa del Laboratorio de Ecología Política e investigadora del Centro de Estudios de la Ciencia, quien analizó cómo el patriarcado científico ha desplazado el conocimiento femenino bajo la premisa de que carecen de rigor técnico, mientras las mujeres sostienen la vida en los territorios más vulnerables del país.

Al explicar la relación histórica entre el género y la ciencia, Canino señaló que Venezuela padece de una “injusticia epistémica”, es decir, el negar a una persona su derecho de ser reconocida por tener un conocimiento válido por prejuicios sobre su identidad, en este caso las mujeres en la opinión política.

La especialista enfatizó que, desde la Revolución Científica, se construyó un modelo donde la razón se asoció a lo masculino, mientras que lo femenino fue desplazado a lo “sensible o irracional”. Esto hoy se traduce en obstáculo para que las líderes comunitarias participen en las propuestas de soluciones ambientales.

Esta incapacidad de reconocer el conocimiento de la mujer se ve demostrado en la gestión de territorios mencionados durante el foro, donde a pesar de que las mujeres ocupan la gran mayoría de los cargos de liderazgo en consejos comunales, sus alertas sobre el entorno están siendo ignoradas.

Canino destaca que la crisis climática actual no puede resolverse si el sistema sigue exigiendo que el saber local sea “traducido” a términos académicos para tener validez.

“No hablemos solamente de derechos y leyes porque las leyes nos han dado el derecho de estar presentes, porque es verdad que ocupamos espacio, somos numéricamente más que los hombres en muchísimos espacios, pero no tenemos todavía el derecho de ser creídas de que nuestra palabra valga”, sentenció CANINO.

El cuerpo femenino como detector a la crisis

La ponente puso el foco en el cambio climático en Venezuela y refirió que el cuerpo de la mujer funciona como una especie de detector: en comunidades de Aragua, Miranda y La Guaira, las mujeres reportaron síntomas físicos como aumento de fatiga o calor extremo.

“El cambio climático lo siento en el cuerpo porque ahora sudo más… me dan calorones que se me baja la tensión”, relatan mujeres de zonas populares, y establecen las analogías de que si ellas no aguantan el calor, las plantas tampoco. Para Canino, estas percepciones no son anécdotas, sino “objetividad fuerte” que permiten adaptaciones a las que la ciencia tradicional le intenta restar importancia.  

La socióloga agregó que las mujeres venezolanas enfrentan una gran vulnerabilidad y que tienen catorce veces más probabilidades de fallecer durante un desastre socioambiental, debido a que los roles de cuidado que tienen impuestos limitan su movilidad y las obligan a gestionar la supervivencia del hogar sin apoyo de servicios básicos.

De la deserción escolar a la asfixia en el hogar

Un punto importante mencionado en el encuentro es la cruda realidad de zonas afectadas por desastres, como en Las Tejerías, donde la crisis ambiental impacta la educación de forma directa, ya que en situaciones de sequía o inundaciones, las niñas son las primeras en abandonar las escuelas para cargar agua o asumir las tareas del hogar. Esto lleva al riesgo de pobreza a largo plazo y las excluye prematuramente de los espacios públicos.

Una de las propuestas centrales durante el foro fue cambiar la visión de la mujer como un “objeto de estudio” a considerarlas un “sujeto de conocimiento”. Este cambio puede implicar que las agricultoras y líderes dejen de ser solo testimonios o historias de angustia para convertirse en agentes con poder real de ejecución y decisión frente al Estado Venezolano.

El fin del silencio institucional

La ponente hizo énfasis en que la justicia epistémica debe ir acompañada de una democratización real de las instituciones. En el foro recomendaron romper con la “traducción institucional”, que silencia la voz política femenina, y reconocer que los conocimientos en el interior del país son indispensables para enfrentar la crisis climática que mantiene a las comunidades al borde de la inoperatividad.

El foro concluyó con un exhorto a que se permita la agencia política a las venezolanas, quienes hoy enfrentan la crisis climática desde la primera fila de resistencia en sus comunidades, pero siguen esperando que sus palabras sean reconocidas como una verdad científica y política.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

El pliego de urgencias que la USB presentó a la ministra Sanjuán para exigir soluciones

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La Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad Simón Bolívar (FCEUSB), respaldada por gremios de profesores, egresados y personal administrativo, entregó este jueves, 23 de abril, un documento formal a la ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuán, denunciando la “crisis terminal” que atraviesa la institución.

Este encuentro tuvo lugar luego de que los estudiantes demandaran ser escuchados por la ministra, toda vez que ya lo había hecho con representantes estudiantiles de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

En el documento publicado por la Federación en redes sociales, detallan una situación crítica que combina el colapso de la infraestructura con una parálisis institucional que ha provocado una deserción estudiantil masiva, reduciendo la matrícula de 10 000 a menos de 3000 estudiantes.

El punto central del reclamo es el restablecimiento de la legalidad interna. La FCEUSB denuncia que, desde septiembre de 2021, la universidad ha sido dirigida por autoridades impuestas por el CNU, lo que vulnera el Reglamento General de la USB.

En tal sentido, proponen la designación de rectores de transición que cumplan con los requisitos de ley y tengan como único mandato convocar a elecciones generales en el lapso legal establecido.

La misiva, firmada por Wilmary Venal, presidenta de la FCEUSB, señala que si bien la resolución de las carencias materiales es urgente para evitar un “cierre técnico”, la solución estructural requiere obligatoriamente el restablecimiento del orden democrático y la salida de las autoridades actuales. “Solo autoridades con legitimidad podrán rescatar el futuro de la Universidad Simón Bolívar”, dicta el comunicado.

Colapso de servicios estudiantiles

Le petición elevada a la ministra incluye abordar la crisis de servicios básicos, situación que ha hecho casi imposible la permanencia de los estudiantes en los campus de Sartenejas y el Litoral.

Según el texto, de 105 unidades que operaban en 2012, hoy solo funcionan 3 unidades propias. En cuanto al comedor, este acumula dos semanas sin servicio por falta de presupuesto, gas y fallas de infraestructura.

También, los estudiantes denuncian que la beca de $5 mensuales no cubre ni el transporte básico, mientras se les intenta cobrar $1.5 por desayunos en el comedor.

Deterioro de la infraestructura y caimanes en la piscina

El documento revela cifras alarmantes sobre el déficit fiscal, el cual escaló de $ 2000 en 2024 a casi $8000 en 2025 sin recibir respuesta del Ministerio.

Entre las consecuencias destacan el deterioro de la biblioteca, cerrada mayoritariamente desde 2019 por contaminación de hongos y moho en alfombras y colecciones. Asimismo, muchos laboratorios y aulas están fuera de servicio por falta de iluminación, reactivos y tecnología obsoleta.

Además, denuncian el abandono total de la piscina olímpica, la cual ha llegado al extremo de albergar fauna silvestre (caimanes).

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Los “cortocircuitos legales” del fin abrupto que puso Delcy Rodríguez a la Ley de Amnistía

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Delcy Rodríguez, presidenta interina con el aval de Estados Unidos, sacudió el tablero institucional al declarar la clausura definitiva de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.

Bajo el argumento de que el instrumento “ya cumplió su ciclo” y que los casos pendientes deben ser canalizados por “otros espacios de convivencia”, el Ejecutivo intenta cerrar una etapa jurídica por la vía de la declaración administrativa.

Sin embargo, el consenso entre juristas y defensores de derechos humanos es absoluto: en un Estado de Derecho, el Ejecutivo no tiene la potestad de extinguir una ley que emana del Poder Legislativo.

El Ejecutivo no es legislador

Para el abogado Joel García, el anuncio de Rodríguez no es solo un error político, sino un “cortocircuito legal” que atenta contra la esencia misma de la seguridad jurídica. García sostiene con firmeza que la vigencia de una norma no depende de las valoraciones subjetivas de un gobernante ni de su percepción sobre si se cumplieron o no ciertas metas políticas.

Según la Teoría General de la Ley, una norma mantiene su vigor pleno mientras no exista un acto legislativo derogatorio o una cláusula de caducidad expresa, facultades que el Ejecutivo no posee. Al pretender trasladar los derechos subjetivos de la ley a “programas de convivencia”, el Estado intenta sustituir la justicia jurisdiccional por una concesión política, lo que constituye una desviación de poder y una vía de hecho administrativa que ignora la jerarquía normativa, explica el jurista.

La Constitución no es opcional

El director vicepresidente del Foro Penal, Gonzalo Himiob, apela al rigor del Artículo 218 de la Constitución para recordar que las leyes solo pueden ser derogadas por otras leyes o abrogadas por referendo.

En su análisis, subraya que la Ley de Amnistía es un acto dictado por la Asamblea Nacional en su función legisladora y, al no tener una “fecha de caducidad” en su texto, su vigencia es indefinida.

Himiob denuncia que si la ley ha tenido un alcance limitado, ha sido por la falta de voluntad del sistema judicial, el cual ha actuado como una extensión del aparato represivo. Para el experto, la voluntad política debería centrarse en poner fin a la persecución y no en clausurar de forma arbitraria los pocos mecanismos legales existentes para cerrar ciclos de conflictividad.

Fraude al espíritu de la Ley

A pesar de estar bajo arresto domiciliario y con un grillete, el abogado Perkins Rocha alzó su voz para cuestionar el “fraude al espíritu de la ley” con la decisión de Rodríguez. Desde una perspectiva técnica basada en el Artículo 4 del Código Civil, Rocha enfatiza que la ley debe aplicarse según el significado propio de sus palabras y la intención real del legislador.

Rocha advierte que cerrar la puerta a la amnistía bajo criterios de “oportunidad” representa un fraude legal, pues se elude el verdadero sentido de la norma para favorecer intereses coyunturales. Al no existir un límite temporal en el texto de la ley, cualquier intento de autoridad administrativa por darla de baja es nulo.

Para Rocha, la justicia no puede ser víctima de aforismos políticos, especialmente cuando la seguridad jurídica exige el respeto irrestricto al ordenamiento vigente.

Víctimas en absoluta indefensión

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón alertó también sobre las “graves consecuencias humanas” de esta decisión de Rodríguez, tras calificarla como un “atropello” que deja a los perseguidos en un limbo legal.

La organización sostiene que una ley de esta naturaleza no puede ser clausurada por una declaración unilateral, ya que su vigencia es inherente a la existencia de las situaciones de persecución que busca subsanar.

Consideraron que al declarar el “fin” de la ley, el Ejecutivo envía una instrucción de facto a los tribunales para que ignoren las solicitudes de libertad, lo que anula el principio de progresividad de los derechos humanos, lo que confirmaría que, para el poder, la ley terminó siendo un ejercicio de retórica antes que un instrumento genuino de justicia.

“Esta medida no solo es discriminatoria, sino que anula el principio de progresividad de los derechos humanos y profundiza la brecha de impunidad”, cuestionó la organización.

Un freno a la reconciliación

Para la ONG Provea, poner fin a la Ley de Amnistía es a todas luces “inconstitucional” y atenta contra el proceso de paz y convivencia que el propio gobierno dice promover. La organización argumenta que la Ley de Amnistía es un paso fundamental para desarmar el sistema represivo que ha vulnerado los derechos de la población en años recientes.

Con más de 670 presos políticos aún tras las rejas, Provea insiste en que la liberación plena de estas personas no debe ser un objeto de negociación política, sino una obligación legal. La clausura de la ley entorpece la reinstitucionalización del país y profundiza la criminalización de la disidencia en lugar de resolverla.

El imperio de la arbitrariedad

Rafael Uzcátegui, director de Laboratorio de Paz, señala que esta decisión ratifica un modelo de gobernanza basado en la excepcionalidad. “La propia ‘presidencia interina’ no ha cumplido lo previsto por la Constitución”, advirtió.

El defensor de derechos humanos advierte que cuando la arbitrariedad se impone bajo la excusa de “tiempos extraordinarios”, se destruyen las garantías ciudadanas de forma irreversible.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.