La Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad Simón Bolívar (FCEUSB), respaldada por gremios de profesores, egresados y personal administrativo, entregó este jueves, 23 de abril, un documento formal a la ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuán, denunciando la “crisis terminal” que atraviesa la institución.
Este encuentro tuvo lugar luego de que los estudiantes demandaran ser escuchados por la ministra, toda vez que ya lo había hecho con representantes estudiantiles de la Universidad Central de Venezuela (UCV).
En el documento publicado por la Federación en redes sociales, detallan una situación crítica que combina el colapso de la infraestructura con una parálisis institucional que ha provocado una deserción estudiantil masiva, reduciendo la matrícula de 10 000 a menos de 3000 estudiantes.
El punto central del reclamo es el restablecimiento de la legalidad interna. La FCEUSB denuncia que, desde septiembre de 2021, la universidad ha sido dirigida por autoridades impuestas por el CNU, lo que vulnera el Reglamento General de la USB.
En tal sentido, proponen la designación de rectores de transición que cumplan con los requisitos de ley y tengan como único mandato convocar a elecciones generales en el lapso legal establecido.
La misiva, firmada por Wilmary Venal, presidenta de la FCEUSB, señala que si bien la resolución de las carencias materiales es urgente para evitar un “cierre técnico”, la solución estructural requiere obligatoriamente el restablecimiento del orden democrático y la salida de las autoridades actuales. “Solo autoridades con legitimidad podrán rescatar el futuro de la Universidad Simón Bolívar”, dicta el comunicado.
Hoy 23 de abril, sostuvimos una reunión con la ministra @santajuanasanta y su equipo, en conjunto con @aeusb, @apusb, @unionusb y el representante de los trabajadores ante el consejo directivo.
Destacamos el entendimiento entre ambas partes y la disposición de entablar un camino… pic.twitter.com/1Bfvb9B1ub
Le petición elevada a la ministra incluye abordar la crisis de servicios básicos, situación que ha hecho casi imposible la permanencia de los estudiantes en los campus de Sartenejas y el Litoral.
Según el texto, de 105 unidades que operaban en 2012, hoy solo funcionan 3 unidades propias. En cuanto al comedor, este acumula dos semanas sin servicio por falta de presupuesto, gas y fallas de infraestructura.
También, los estudiantes denuncian que la beca de $5 mensuales no cubre ni el transporte básico, mientras se les intenta cobrar $1.5 por desayunos en el comedor.
Deterioro de la infraestructura y caimanes en la piscina
El documento revela cifras alarmantes sobre el déficit fiscal, el cual escaló de $ 2000 en 2024 a casi $8000 en 2025 sin recibir respuesta del Ministerio.
Entre las consecuencias destacan el deterioro de la biblioteca, cerrada mayoritariamente desde 2019 por contaminación de hongos y moho en alfombras y colecciones. Asimismo, muchos laboratorios y aulas están fuera de servicio por falta de iluminación, reactivos y tecnología obsoleta.
Además, denuncian el abandono total de la piscina olímpica, la cual ha llegado al extremo de albergar fauna silvestre (caimanes).
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Delcy Rodríguez, presidenta interina con el aval de Estados Unidos, sacudió el tablero institucional al declarar la clausura definitiva de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.
Bajo el argumento de que el instrumento “ya cumplió su ciclo” y que los casos pendientes deben ser canalizados por “otros espacios de convivencia”, el Ejecutivo intenta cerrar una etapa jurídica por la vía de la declaración administrativa.
Sin embargo, el consenso entre juristas y defensores de derechos humanos es absoluto: en un Estado de Derecho, el Ejecutivo no tiene la potestad de extinguir una ley que emana del Poder Legislativo.
El Ejecutivo no es legislador
Para el abogado Joel García, el anuncio de Rodríguez no es solo un error político, sino un “cortocircuito legal” que atenta contra la esencia misma de la seguridad jurídica. García sostiene con firmeza que la vigencia de una norma no depende de las valoraciones subjetivas de un gobernante ni de su percepción sobre si se cumplieron o no ciertas metas políticas.
Según la Teoría General de la Ley, una norma mantiene su vigor pleno mientras no exista un acto legislativo derogatorio o una cláusula de caducidad expresa, facultades que el Ejecutivo no posee. Al pretender trasladar los derechos subjetivos de la ley a “programas de convivencia”, el Estado intenta sustituir la justicia jurisdiccional por una concesión política, lo que constituye una desviación de poder y una vía de hecho administrativa que ignora la jerarquía normativa, explica el jurista.
1/5 El anuncio sobre la "conclusión" de la Ley de Amnistía por cumplimiento de objetivos políticos presenta graves "cortocircuitos" legales. La vigencia de una norma no depende de valoraciones subjetivas del Ejecutivo, sino de la Constitución y la Teoría General de la Ley.
El director vicepresidente del Foro Penal, Gonzalo Himiob, apela al rigor del Artículo 218 de la Constitución para recordar que las leyes solo pueden ser derogadas por otras leyes o abrogadas por referendo.
En su análisis, subraya que la Ley de Amnistía es un acto dictado por la Asamblea Nacional en su función legisladora y, al no tener una “fecha de caducidad” en su texto, su vigencia es indefinida.
Himiob denuncia que si la ley ha tenido un alcance limitado, ha sido por la falta de voluntad del sistema judicial, el cual ha actuado como una extensión del aparato represivo. Para el experto, la voluntad política debería centrarse en poner fin a la persecución y no en clausurar de forma arbitraria los pocos mecanismos legales existentes para cerrar ciclos de conflictividad.
El art. 218 de la Constitución dice claramente que las leyes sólo pueden ser derogadas por otras leyes y sólo se abrogan por referendo. El Poder Ejecutivo no puede privar de su vigencia a ninguna ley de la República.
A pesar de estar bajo arresto domiciliario y con un grillete, el abogado Perkins Rocha alzó su voz para cuestionar el “fraude al espíritu de la ley” con la decisión de Rodríguez. Desde una perspectiva técnica basada en el Artículo 4 del Código Civil, Rocha enfatiza que la ley debe aplicarse según el significado propio de sus palabras y la intención real del legislador.
Rocha advierte que cerrar la puerta a la amnistía bajo criterios de “oportunidad” representa un fraude legal, pues se elude el verdadero sentido de la norma para favorecer intereses coyunturales. Al no existir un límite temporal en el texto de la ley, cualquier intento de autoridad administrativa por darla de baja es nulo.
Para Rocha, la justicia no puede ser víctima de aforismos políticos, especialmente cuando la seguridad jurídica exige el respeto irrestricto al ordenamiento vigente.
Si de cumplir la ley se trata, q se sepa q, la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática no fija ningún límite temporal para q los beneficiarios soliciten la amnistía, ni establece en su texto una fecha de vencimiento o caducidad. Es una ley con vigencia indefinida… pic.twitter.com/65TdIwlEws
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón alertó también sobre las “graves consecuencias humanas” de esta decisión de Rodríguez, tras calificarla como un “atropello” que deja a los perseguidos en un limbo legal.
La organización sostiene que una ley de esta naturaleza no puede ser clausurada por una declaración unilateral, ya que su vigencia es inherente a la existencia de las situaciones de persecución que busca subsanar.
Consideraron que al declarar el “fin” de la ley, el Ejecutivo envía una instrucción de facto a los tribunales para que ignoren las solicitudes de libertad, lo que anula el principio de progresividad de los derechos humanos, lo que confirmaría que, para el poder, la ley terminó siendo un ejercicio de retórica antes que un instrumento genuino de justicia.
“Esta medida no solo es discriminatoria, sino que anula el principio de progresividad de los derechos humanos y profundiza la brecha de impunidad”, cuestionó la organización.
#ATENCIÓN El reciente anuncio sobre la finalización de la Ley de Amnistía constituye un grave atropello al Estado de Derecho. Una ley de esta naturaleza no posee límites temporales implícitos ni puede ser clausurada por una declaración administrativa del Ejecutivo; su vigencia es…
— Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) April 23, 2026
Un freno a la reconciliación
Para la ONG Provea, poner fin a la Ley de Amnistía es a todas luces “inconstitucional” y atenta contra el proceso de paz y convivencia que el propio gobierno dice promover. La organización argumenta que la Ley de Amnistía es un paso fundamental para desarmar el sistema represivo que ha vulnerado los derechos de la población en años recientes.
Con más de 670 presos políticos aún tras las rejas, Provea insiste en que la liberación plena de estas personas no debe ser un objeto de negociación política, sino una obligación legal. La clausura de la ley entorpece la reinstitucionalización del país y profundiza la criminalización de la disidencia en lugar de resolverla.
"Esta ley de amnistía llega a su fin".
Tras el anuncio realizado por @delcyrodriguezv sobre el fin de la Ley de Amnistía, recordamos que la derogatoria de una Ley no es competencia del Ejecutivo Nacional.
Rafael Uzcátegui, director de Laboratorio de Paz, señala que esta decisión ratifica un modelo de gobernanza basado en la excepcionalidad. “La propia ‘presidencia interina’ no ha cumplido lo previsto por la Constitución”, advirtió.
El defensor de derechos humanos advierte que cuando la arbitrariedad se impone bajo la excusa de “tiempos extraordinarios”, se destruyen las garantías ciudadanas de forma irreversible.
La decisión de "ponerle fin" a la Ley de Amnistía, de manera unilateral por la "presidencia interina" ratifica que luego del 3E estamos gobernados por la excepcionalidad, no apegada a ninguna normativa.
La propia "presidencia interina" no ha cumplido lo previsto por la…
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Tras 19 injustos meses de detención, el periodista Luis López se enfrenta ahora a un muro que lo separa de la libertad plena: la falta de respuesta a su solicitud de amnistía.
López, periodista del diario La Verdad de Vargas detenido en el contexto preelectoral de las presidenciales de 2024, fue excarcelado el 14 de enero de 2026. Y han pasado más de dos meses desde que presentó su solicitud de sobreseimiento en el marco de la Ley de Amnistía que, abruptamente, el pasado 3 de febrero la presidenta encargada con el aval de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, dio por terminada.
Semana tras semana, López acude con la expectativa de recibir la respuesta. Y sigue aún en esa espera.
“El 23 de febrero acudimos al tribunal y entregamos la solicitud de amnistía a la doctora Diana Vieira, nuestra defensora pública, e hicimos lo mismo ante la unidad receptora de documentos el 26 de febrero. Pero fue el 6 de marzo cuando la defensora pública consigna ante el tribunal la solicitud de amnistía. Desde entonces, acudimos al tribunal, en principio, nos indicaron que nuestro caso iba a estar entre los favorecidos. Nos pidieron una resma de papel, fuimos a los quince días y nos dijeron que no había decisión al respecto. A partir de allí, vamos cada semana y cada semana es lo mismo: no hay pronunciamiento del tribunal ni a favor ni en contra de mi caso”, explicó en un video difundido en redes sociales.
López dice que la situación se ha convertido en “tormentosa”. Insistió en que no ha cometido ningún delito y que espera una decisión favorable, porque es inocente de los delitos que se le imputan.
#AlertaSNTP | El periodista Luis López estuvo 19 meses injustamente detenido. Fue excarcelado el 14 de enero de 2026, pero sigue sin libertad plena. Han pasado más de dos meses desde que presentó su solicitud de sobreseimiento en el marco de la ley de amnistía. El tribunal no… pic.twitter.com/oGMZoheHVr
Luis López fue detenido en La Guaira por la Policía Nacional Bolivariana (PNB) el 14 de junio de 2024, mientras se dirigía a cubrir la detención del activista juvenil Jeancarlos Rivas. Ya la represión se agudizaba en el país, en el contexto previo a las elecciones presidenciales. López fue una de las primeras víctimas en esa oleada.
Un día después, lo presentaron ante el Tribunal Segundo de Control con Competencia en Terrorismo y le imputaron cargos de incitación al odio, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo. Fue recluido en la sede del Sebin (El Helicoide) en Caracas, y al cabo de cuatro meses, su salud se complicó por un cuadro de hipertensión arterial, por lo que su familia empezó a solicitar una medida humanitaria que tampoco no llegó.
En abril de 2025, fue trasladado hacia el centro penitenciario Rodeo I, en el estado Miranda, un centro de máxima seguridad bajo condiciones de mayor aislamiento.
Su excarcelación se produjo el 14 de enero de 2026, once días después del operativo militar de Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro.
Por su labor informativa en la fuente comunitaria, López ya había sido víctima de represalias antes. El 8 de marzo de 2021 fue detenido por espacio de unas horas mientras cubría una protesta por el Día de la Mujer.
Seis periodistas y trabajadores de la prensa en la misma espera
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció que el caso de López “es parte de un patrón de judicialización y control contra quienes informan”.
En su cuenta en X, recordaron que son seis los periodistas y trabajadores de la prensa que siguen judicializados. Esto luego de informar y celebrar que este 24 de abril la reportera Deysi Peña recuperó su libertad plena, tras recibir copia de la decisión del Tribunal 2° de Juicio con competencia en terrorismo sobre el sobreseimiento de su causa.
“Fue detenida cuatro meses y sometida a un proceso judicial desde agosto de 2024. Seguimos exigiendo garantías reales para ejercer el periodismo y la libertad de otros seis colegas que continúan bajo una persecución judicial prolongada”, insistieron.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
En la azotea del edificio hay una animada fiesta y, escaleras abajo, el resto de los vecinos sigue sin ascensor, con agua racionada, apagones y sin plata para pagar el condominio… Empresarios optimistas, el chavismo en campaña electoral anticipada, el gobierno de Estados Unidos, algunos economistas, consultoras y hasta el FMI, coinciden en afirmar en declaraciones, informes, foros y conferencias que ciertas cosas mejoran en Venezuela.
Los más entusiastas apuestan a que este año la economía crecerá con fuerza, inclusive sobre el 12% del PIB (Producto Interno Bruto).
Como se sabe, el PIB es la suma total de riqueza en forma de bienes y servicios que produce una economía en un período determinado, digamos un semestre o en un año. Y es el principal indicador macroeconómico. Se supone que, como una cascada en Canaima, esa riqueza debería bajar y expandirse vertical y horizontalmente en el resto de la economía.
Pero entonces, si se está produciendo más riqueza, si llueven anuncios de inversiones y más producción de petróleo, si sigue la luna de miel entre Donald Trump y su impuesto gobierno neo chavista, y se han aliviado las sanciones financieras contra Venezuela, ¿por qué las personas de a pie no sienten los efectos de ese crecimiento y de esa mejoría en las expectativas?¿Cuándo los sentirán? ¿Qué nos espera en el próximo capítulo?
“Creo que este año va a haber un crecimiento sustancialmente mayor que en los años anteriores, posiblemente inclusive pudiera superar el 10%”, señala el reconocido economista y profesor Pedro Palma.
“Pero los efectos sobre la población en su conjunto y particularmente sobre las personas de más bajos ingresos, el verdadero efecto favorable que se puede producir este año es una reducción importante de la inflación, por lo que es factible que eso beneficie a la gente”, agrega.
También espera que este 1 de mayo se anuncien aumentos salariales en beneficio de los trabajadores, que mejorarán su poder de compra.
“Pero no se pueden tener grandes esperanzas de que este va a ser un año de bonanza con una posibilidad de trabajo, muy amplia, y bien remunerado”, señala.
Otros expertos coinciden en que el principal efecto de la apertura económica chavista en su alianza con EEUU es que las exportaciones de petróleo se venden a mejor precio –sin el descuento otorgado a China para evadir las sanciones ahora flexibilizadas-. Eso, con el limitado aumento de la producción nacional y de los precios por la nueva crisis del Medio Oriente, traerá más petrodólares.
Además, EEUU reinsertó al Banco Central de Venezuela en el sistema financiero internacional, lo que facilita el movimiento de divisas hacia y desde el país, incluyendo remesas y pagos de empresas y bancos.
El efecto es menos volatilidad en el mercado cambiario, y como en Venezuela la devaluación y el precio del dólar marcan el ritmo de los precios, esto se traduce en una inflación menos virulenta. Pero igual en lo que va de año el dólar oficial BCV ha subido de precio en 60% y el bolívar ha perdido otro 39% de su valor.
La inflación admitida por el Banco Central fue de 71,8% en el primer trimestre y en los 12 meses terminados en marzo acumuló 649%. Esta tendencia continúa. Y no hay manera de que los aumentos de sueldo, por decreto o por acuerdos entre empleadores y trabajadores, lleguen si quiera compensar de un solo golpe esa inflación. Los principales beneficiarios de ese aumento del 1 de mayo son los empleados públicos, que hoy son uno de cada cuatro trabajadores formales.
En el sector privado hace tiempo los salarios están muy por encima de los del Estado, donde el gobierno paga principalmente con bonos sin efecto en las prestaciones sociales.
Recuperación gota a gota
La más reciente encuesta de coyuntura de Conindustria prevé un aumento de 12,7% en la producción del sector manufacturero este año, pero apunta que será una recuperación incipiente, comparada con el alza de 15,4% en 2019.
Ya en 2025 el promedio de salarios en la industria venezolana fue de $503 por mes, un 14% mayor que en 2024.
Pero este sector, el que mejor paga, un obrero gana solo $270 mensuales, un profesional medio $537 y un gerente apenas $1.138, según Conindustria.
La canasta básica de alimentos, medida por el Cendas, del Magisterio, costaba en marzo $692, lo que ilustra la enorme brecha de ingresos y la muy baja capacidad de compra de los salarios.
Entre el 48% y 70% de los trabajadores (cifras del estudio Encovi de la UCAB y de consultoras) está en el sector informal, lo que incluye desde personas que sobreviven vendiendo empanadas, hasta técnicos que te cobran $50 por cambiarte la llave de un lavamanos, los maestros que dan clases privadas, hasta profesionales liberales.
“Tengo dificultades para entender cómo este renovado optimismo se va a transformar en realidades, en actividad económica real, y en bienestar para la gente”, señala el economista Omar Zambrano.
“A pesar de que ha habido algunos anuncios sobre inversiones en petróleo en grandes campos, eso no parece que va a ser ni de inmediato ni tan rápido y tampoco veo que esté pasando nada más en ningún otro sector”, agrega Zambrano al describir “un problema de origen”, en la falta de garantías institucionales y judiciales para poder producir un verdadero boom de inversiones.
“Pareciera que hay mucha cautela de parte de los inversionistas. A pesar de que hay una buena percepción sobre lo que pudiera pasar y los sentimientos son positivos para el cierre de año, no veo que esté pasando demasiado en términos de inversiones reales”, apunta.
“Esperar y ver qué pasa parece ser la estrategia dominante. Lo que está pasando en la calle es bastante preocupante, se nota una aceleración muy fuerte de la inflación, empieza a haber signos de que el consumo de los hogares está cayendo a cotas preocupantes y empiezan a sentirse síntomas de una economía a las puertas de una hiperinflación”, observa.
Para el profesor y consultor de la firma Anova, otra vez la situación económica se está deteriorando rápidamente “y a pesar de las expectativas positivas hay una tensión entre esas expectativas y lo que está pasando en la realidad”, dice.
Indicadores esconden una brutal realidad
Según la versión del chavismo, la economía de Venezuela creció 8,66% en 2025 y acumula 19 trimestre consecutivos en ese plan. Jura que en 2026, el PIB crecerá otro 7%, también impulsado por el fuerte aumento de la producción de petróleo.
Estados Unidos ha reconocido al chavismo con la ropa de Delcy Rodríguez como EL gobierno de Venezuela. Washington es el principal financista y el que da las cartas en organismos multilaterales como el FMI.
“Hoy hablé con la directora general del FMI, la doctora Kristalina Georgieva, y justamente le hablé de la necesidad de que Venezuela acceda a sus derechos especiales de giro. Son 5000 millones de dólares que tenemos en el Fondo Monetario Internacional para que podamos recuperar infraestructura vital, electricidad, agua”, dijo Delcy recientemente en un acto proselitista anticipado.
Pero el chavismo también ha descartado que vaya a pedirle prestado al FMI, mucho menos que vaya a aplicar paquetazos como los de la era de Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera. Valga recordar que Nicolás Maduro y Delcy, como su vicepresidenta de Economía, ya han aplicado paquetes con efectos mucho peores sobre la población más pobre, y sin resultados positivos ni más programas compensatorios que las miserables bolsas Clap.
La liquidación del salario real y de las prestaciones sociales, los fuertes aumentos de la gasolina, la aguda reducción del gasto público, la casi extinción de la inversión pública real en infraestructura, servicios básicos, salud y educación, la informalidad en el mercado laboral, la casi extinción del crédito bancario, los cierres de empresas públicas reducidas al mínimo y la aniquilación de cualquier esperanza de un estado de bienestar social han sido políticas sostenidas de este régimen durante años.
Ese paquete en cámara lenta haría gritar de escándalo a cualquier economista neoliberal amamantado en la Escuela de Chicago.
Superar el modelo chavista
La lista viene al caso porque cualquier recuperación real y sostenible de la economía, de una forma que tenga impacto positivo sostenido en las condiciones de vida de los venezolanos, pasa por superar el fracaso y las heridas de ese modelo chavista que saltó del estatismo dogmático y populista, a los ensayos pragmáticos de flexibilidad económica que mantiene la represión política.
La plata del FMI no se puede usar para inversiones físicas en infraestructura, servicios, mucho menos para aumentarle los salarios a empleados públicos. Solo pueden ir a fortalecer las reservas internacionales de un país y a mejorar sus cuentas fiscales.
“El país se encuentra en una situación muy difícil. La economía se contrajo dos tercios en los últimos años; ocho millones de personas abandonaron Venezuela. Este porcentaje de la población es mayor que el de los ucranianos que huyeron de un país en guerra. La inflación alcanza cifras de tres dígitos. Lograr la estabilidad macroeconómica y financiera desde esta situación será un camino muy arduo”, advierte Georgieva.
“Tenemos tareas por delante. La más urgente, número uno, son los datos. No se pueden tomar buenas decisiones sin buenos datos”, advierte.
Desde hace años en Venezuela no hay información pública sobre las deficitarias cuentas del Estado ni del Seguro Social (IVSS), ni cifras oficiales de pobreza o desempleo. Censuran los informes financieros de empresas públicas, incluyendo PDVSA y las de la CVG, y ni siquiera se conoce el monto oficial de la deuda externa.
Nada. Y si no se sabe cómo estamos, es difícil prever cuánto tiempo tomará una recuperación y cuándo llegarán las mejoras a la gente común.
El propio FMI da unas pistas este abril en su más reciente informe de Perspectivas de la Economía Mundial, donde proyecta que el PIB crecerá este año 4%, la inflación será de solo 387% y que la población es de 26,887 millones de habitantes (el chavismo niega la diáspora y dice que son 32 millones viviendo en el país).
El FMI también calcula que el tamaño de la economía equivale a $111 000 millones, una mejora respecto a los $99.000 millones de 2025, pero muy lejos de los $372.000 millones medidos en 2012. Ese año Venezuela tuvo el pico del boom petrolero más grande de su historia, irremediablemente desperdiciado y robado sin que quedara nada más que un cementerio de obras inconclusas.
Los números del Monitor Fiscal del FMI también asoman que Venezuela es hoy el país del mundo con el mayor porcentaje de deuda pública respecto al tamaño de su economía (308%). Esto lleva a deducir que esa deuda total superaría los $330.000 millones, interna y externa.
Esa deuda total bruta del gobierno incluye los saldos de Pdvsa y otras empresas públicas, de Fogade y del IVSS. También, debe haber al menos $65.000 millones en intereses y capital de bonos de deuda vencidos que circulan en los mercados financieros, préstamos de multilaterales, facturas con proveedores de bienes y servicios y pagos pendientes por confiscaciones de activos de empresas extranjeras.
Obligado a rendir cuentas
El regreso de Venezuela al FMI y al sistema financiero internacional y el alivio de las sanciones al Banco Central tiene para el chavismo el doble filo de obligarlo a presentar cuentas claras, si quiere dinero para financiar su nueva campaña electoral.
Para los que mantienen el optimismo, el reciente estudio “Visión Empresarial Venezuela 2026”, de la firma consultora KPMG, basado en una encuesta entre empresarios de varios sectores “evidencia un cambio de tono frente a 2025: de una visión predominantemente defensiva a un optimismo condicionado”.
“99% de los líderes empresariales espera crecimiento en 2026, marcando un cambio frente al pesimismo e incertidumbre de 2025, cuando predominaba una visión claramente negativa —con un 41% de los encuestados esperando una recesión y 37% anticipando estancamiento—, este año solo 1% espera el estancamiento y no hay menciones de recesión”. El 91% espera aumento de las ventas.
Los empresarios miden los principales retos que enfrenta Venezuela en 2026, y que son los mismos de la gente común: Inflación y tipo de cambio, carga tributaria, acceso al crédito, fallas en servicios públicos y bajo poder adquisitivo, dice el informe al aclarar que y la inflación y devaluación se mantienen como una amenaza transversal, que toca todos.
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¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este viernes, 24 de abril, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.
El primer sorbo
Ya no basta con que la nieguen o que ni siquiera consideren un caso, ahora ya no hay posibilidad de que los presos políticos o personas con medidas sustitutivas de libertad puedan apelar a la Ley de Amnistía aprobada por unanimidad hace dos meses en la Asamblea Nacional.
“Esta Ley de Amnistía llega a su fin, aquellos casos que no estaban contemplados, o mejor dicho, estaban excluidos expresamente en la ley, hay otros espacios donde se pueden canalizar”, dijo la presidenta encargada de Venezuela bajo la tutela de Estados Unidos, Delcy Rodríguez.
Alejandro Grisanti Capriles: “Cualquier política de incremento salarial debe diseñarse reconociendo esta restricción y buscando mecanismos complementarios que permitan aliviar la presión sobre el sistema de pensiones, sin menoscabo del derecho de los pensionados de recibir una pensión justa”.
Lo que rompe en redes
DiosdadoCabello aseguró que un número importante de jueces han sido destituidos de sus cargos y detenidos. También confirmó la destitución de más de 12.000 policías vinculados a hechos de corrupción.
Ya no basta con que la nieguen o que ni siquiera consideren un caso, ahora ya no hay posibilidad de que los presos políticos o personas con medidas sustitutivas de libertad puedan apelar a la Ley de Amnistía aprobada por unanimidad hace dos meses en la Asamblea Nacional.
“Esta Ley de Amnistía llega a su fin, aquellos casos que no estaban contemplados, o mejor dicho, estaban excluidos expresamente en la ley, hay otros espacios donde se pueden canalizar”, dijo la presidenta encargada de Venezuela bajo la tutela de Estados Unidos, Delcy Rodríguez., en horas de la noche de este 23 de abril.
Flanqueada por miembros de su gabinete en el Palacio de Miraflores, al estilo del preso Nicolás Maduro y el fallecido Hugo Chávez, Rodríguez sostuvo que los casos pendientes podrán revisarse “a través de otros mecanismos”.
Según la mandataria interina que ya lleva más de 90 días ocupando el cargo, contrariando lo que dice la Constitución nacional, los casos pendientes podrán ser atendidos por medio del Programa de Convivencia Democrática y Paz, así como por la recién instalada Comisión Nacional para la Reforma de la Justicia Penal.
El caos estructural tiene expresiones desafortunadas. Pensábamos que sólo @TarekWiliamSaab era tan improvisado para decir que la ley tenía una suerte de caducidad, pero esto es escandaloso. @delcyrodriguezv es abogada aunque jamás ha ejercido. Una ley se deroga de forma expresa… https://t.co/TEOdt94Arj
De acuerdo a la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) el hecho de que Rodríguez dé por concluidas las concesiones de amnistías de forma unilateral y a través de una declaración administrativa, representa un acto de inseguridad jurídica que deja en absoluta vulnerabilidad a las víctimas.
“Es un grave atropello al Estado de Derecho, una ley de esta naturaleza no posee límites temporales implícitos, su vigencia es inherente a la existencia de las situaciones de persecución y detención arbitraria que debe subsanar”, reza un comunicado colgado en X.
Para la organización la medida no solo es discriminatoria, sino que anula el principio de progresividad de los derechos humanos y profundiza la brecha de impunidad.
JEP dijo que como había adelantado, el instrumento jurídico terminó siendo un ejercicio de retórica política más que un instrumento para devolver la libertad a los presos políticos.
“La libertad y la justicia no tienen fecha de caducidad, y no pueden ser sacrificadas en el altar de la conveniencia política”, puntualiza la ONG.
Por su parte, Provea denunció que la derogatoria de una ley no es competencia del Ejecutivo Nacional, al tiempo que calificó la medida de Delcy Rodríguez como arbitraria e inconstitucional.
“La Ley de Amnistía es un primer paso para desarmar el entramado represivo que ha atenazado los derechos de la población venezolana durante los años recientes, pero no es un requisito para que se produzca la liberación plena de todas las personas privadas de libertad por razones políticas”, escribió la organización en la red social X.
Provea exigió nuevamente la derogación de las leyes que han sido empleadas para criminalizar y perseguir a la disidencia como la del Odio, Simón Bolívar, Resorte y antiONG.
Solo puede ser derogada por la AN
La ONG Acceso a la Justicia indicó que al no existir un término de caducidad o una cláusula de vigencia temporal, la derogación o pérdida de vigor de la Ley de Amnistía solo puede ocurrir mediante otra ley de igual rango dictada por la Asamblea Nacional o por una sentencia de nulidad por inconstitucionalidad de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
“En definitiva, al tratarse de una ley de vigencia indefinida, cualquier ciudadano que cumpla con los supuestos de hecho previstos en la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática debería poder invocar su aplicación hoy mismo, mañana o más adelante, mientras no sea formalmente derogada por otra ley”, apuntó la ONG.
La organización indicó que la culminación del beneficio de la ley deja por fuera a un número indeterminado de personas, especialmente aquellas que están fuera del país y por otro lado no especifica cómo quedan las apelaciones en curso.
“Lamentablemente, se crea una discriminación entre quienes tuvieron la posibilidad de actuar rápidamente y quienes, por su situación de movilidad humana o falta de medios, quedan fuera de un beneficio que la ley les otorga sin fecha de vencimiento”.
Para la ONG esta es otra demostración de que en Venezuela no hay separación de poderes.
“Esta decisión presidencial deja a miles en un limbo donde su libertad o seguridad depende ahora aún más de la voluntad política”, sentenciaron.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El debate sobre el salario mínimo en Venezuela ha vuelto al centro de la discusión pública. Tras años de incrementos del poder adquisitivo vía bonos y transferencias no salariales, el salario mínimo oficial se ha reducido a niveles prácticamente simbólicos, cercanos a cero en términos reales. Esta distorsión no solo afecta la calidad de vida de los trabajadores, sino que también erosiona las bases institucionales del mercado laboral.
En este contexto, plantear un incremento del salario mínimo no es solo deseable: es necesario. Sin embargo, hacerlo de forma responsable exige reconocer las restricciones económicas, legales y fiscales que enfrenta el país. La clave no está en un ajuste puntual, sino en definir una trayectoria creíble de convergencia hacia estándares latinoamericanos.
Es urgente restablecer una métrica salarial
Uno de los principales problemas del caso venezolano es la pérdida de referencia del salario mínimo como indicador económico. Mientras que en América Latina los salarios mínimos oscilan entre aproximadamente 300 y 800 dólares mensuales —como muestran países como Costa Rica, Panamá, Uruguay o Chile—, en Venezuela esta cifra se ha desanclado completamente de cualquier estándar regional.
Restablecer una métrica aceptable no implica pretender alcanzar de inmediato esos niveles, lo cual sería inviable dadas las restricciones actuales. Pero sí exige un acuerdo tripartito entre gobierno, empresarios y trabajadores que defina un “path” o trayectoria de ajuste progresivo. Este acuerdo debe ser creíble, gradual y sostenible, con metas explícitas a mediano plazo —por ejemplo, cinco años— que permitan cerrar la brecha con América Latina.
Sin una referencia clara, el salario mínimo pierde su función como ancla institucional del mercado laboral. Y sin esa ancla, la informalidad y la precarización tienden a consolidarse.
Un segundo elemento clave es reconocer que, en la práctica, el ingreso de los trabajadores ya no está determinado únicamente por el salario. El esquema actual ha desplazado gran parte de la remuneración hacia bonos no salariales, lo cual responde tanto a restricciones legales como fiscales.
En este contexto, insistir en incrementos porcentuales del salario mínimo carece de sentido cuando la base es prácticamente nula. La discusión debe centrarse en incrementos absolutos del ingreso total, combinando salario y bonos.
Lo razonable es avanzar hacia un esquema mixto: una parte del ingreso debe formalizarse como salario —para reconstruir derechos laborales, prestaciones y referencias institucionales— y otra puede mantenerse como bono, permitiendo flexibilidad en un entorno de alta incertidumbre. Lo importante es que el ingreso total de los trabajadores aumente de forma significativa y sostenida.
La reforma de la ley del trabajo: condición necesaria
El tercer punto, muchas veces evadido en el debate público, es la necesidad de reformar la legislación laboral. La actual Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) impone rigideces que, en la práctica, han desincentivado el aumento del salario formal y tampoco han protegido al trabajador.
El resultado es evidente: las empresas prefieren canalizar incrementos a través de bonos, que no generan pasivos laborales acumulativos y que el trabajador tampoco rechaza porque privilegia la opción de tener ingresos hoy, constantes y sonantes. Esto crea una desconexión entre la norma y la realidad.
Una reforma laboral que permita mayor flexibilidad —sin sacrificar derechos fundamentales— es indispensable. En particular, la discusión sobre la retroactividad de las prestaciones sociales ha sido central. Una propuesta viable es permitir esquemas de transición voluntaria, donde trabajadores y empresas acuerden nuevos términos que eliminen la retroactividad hacia el futuro, manteniendo los derechos adquiridos. Este tipo de soluciones ha sido históricamente aceptado por las partes.
El nudo crítico: el sistema de pensiones
El principal obstáculo estructural para incrementar el salario mínimo en Venezuela no es únicamente económico, sino legal y fiscal: el sistema de pensiones.
La Constitución establece que las pensiones deben ser equivalentes al salario mínimo. Esta disposición, concebida con un criterio de justicia social, genera hoy una restricción severa. En un país donde más de 20% de la población es pensionada, donde la informalidad supera el 50% y donde la base contributiva es limitada dado la importante migración de nuestros trabajadores y la bonificación del ingreso que no incide en el cálculo del pago del Seguro Social, cualquier incremento del salario mínimo tiene un impacto fiscal inmediato y significativo.
Esto crea una paradoja: aumentar el salario mínimo para mejorar el bienestar de los trabajadores termina comprometiendo la sostenibilidad del sistema de pensiones.
Modificar este esquema requeriría una reforma constitucional, lo cual no parece viable ni conveniente en el contexto actual. La experiencia venezolana demuestra que los procesos de reforma constitucional suelen abrir la puerta a múltiples cambios, introduciendo riesgos políticos no deseados.
Por tanto, cualquier política de incremento salarial debe diseñarse reconociendo esta restricción y buscando mecanismos complementarios que permitan aliviar la presión sobre el sistema de pensiones, sin menoscabo del derecho de los pensionados de recibir una pensión justa.
Un ajuste necesario con compromiso de mediano plazo
A pesar de todas estas limitaciones, la conclusión es clara: es necesario un ajuste importante del salario mínimo en Venezuela.
Este ajuste no puede ser aislado ni improvisado. Debe formar parte de un acuerdo más amplio que incluya:
Un incremento inmediato del ingreso de los trabajadores, combinando salario y bonos.
Un compromiso explícito de convergencia hacia estándares latinoamericanos en un horizonte limitado de tiempo.
Una reforma de la legislación laboral que elimine distorsiones y facilite aumentos salariales sostenibles.
Un tratamiento cuidadoso del sistema de pensiones, reconociendo sus restricciones legales y fiscales.
El objetivo no es solo aumentar el salario, sino reconstruir el sistema salarial como institución económica. Esto implica devolverle al salario mínimo su rol como referencia, reducir la informalidad y crear condiciones para una recuperación sostenida del ingreso real.
Venezuela enfrenta un desafío complejo, donde las soluciones simples no son suficientes. Incrementar el salario mínimo es necesario, pero hacerlo de forma sostenible requiere un enfoque integral que combine realismo económico, reformas institucionales y acuerdos políticos.El país no puede seguir operando con un salario mínimo que tiende a cero. Pero tampoco puede ignorar las restricciones que enfrenta. La única salida viable es construir un camino gradual, creíble y consensuado que permita, en el mediano plazo, devolver a Venezuela a niveles comparables con sus pares de América Latina.
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Arcos Dorados Venezuela celebra el Mes del Libro con una nueva colección inspirada en El Chavo del 8. A propósito de esta celebración, McDonald ‘s brindará una jornada de cuentacuentos, dirigida por la Fundación Mariana Flores Melo por la Lectura, este miércoles 29 de abril en Baruta, con motivo del Día del Libro.
A través de la icónica Cajita Feliz, McDonald ‘s reafirma su compromiso con la promoción de la lectura infantil en Venezuela, indicaron en una nota de prensa.
Aprender con diversión
La empresa considera que este tipo de jornadas incentiva el desarrollo educativo y emocional de los niños. Bajo la campaña “Libro o juguete”, los libros —inspirados en El Chavo del 8— fueron escritos por el Grupo Chespirito exclusivamente para McDonald ‘s. La compañía ha entregado más de 25 millones de libros en América Latina hasta el cierre de 2025, como parte de su compromiso con la educación y la promoción de la lectura en la infancia. Asimismo, esta cifra supera los 30 millones de ejemplares distribuidos en el primer trimestre de 2026.
Esta campaña cuenta con un video publicado en la plataforma YouTube, en el que se puede apreciar la icónica canción de El Chavo del 8 tarareada por niños que sostienen libros animados de los personajes de la vecindad. María Antonieta de las Nieves también ha participado en la promoción de la campaña, vestida e interpretando a la Chilindrina, el personaje que la catapultó en el recuerdo de muchos de quienes crecieron viendo el programa mexicano.
El éxito está asegurado desde los libros
De acuerdo con el profesor Mariano Herrera, representante de la Alianza por la Educación —un movimiento privado que busca elevar la calidad educativa en Venezuela y promover la permanencia escolar—, la lectura desde una edad temprana en el hogar es fundamental para formar este hábito. Para el profesor Herrera, el contacto con los libros en la infancia es un factor determinante para el éxito escolar, ya que fortalece las habilidades de lectoescritura.
“Hay que retomar la lectura como elemento para desarrollar la comprensión lectora, como un mecanismo sólido de enseñanza y aprendizaje”, enfatizó Herrera. Asimismo, puntualizó que, mediante los libros, los niños pueden descubrir un mundo de diversión y aventuras, gracias a la satisfacción que brinda aprender a través de la lectura.
Arcos Dorados es el mayor operador de restaurantes en América Latina y el Caribe, así como el mayor franquiciador independiente de McDonald ‘s en el mundo. Actualmente, la marca opera alrededor de 21 países de la región. Esta franquicia mantiene un enfoque en temas de interés social, como el desarrollo sostenible, el cambio climático, la diversidad y la inclusión.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
