Inicio Blog Página 226

Caso Quero: los “cables cruzados” entre la Defensoría, el Ministerio Penitenciario y la Fiscalía

16 meses pasó Carmen Teresa Navas buscando por doquier a su hijo Víctor Hugo Quero Navas, de 51 años de edad. La octogenaria sabía que su descendiente había sido detenido en el marco de la represión que ha marcado al chavismo, y que tuvo un pico en enero de 2025, por el rechazo a la juramentación de Nicolás Maduro para un segundo período luego de unas elecciones con resultado poco transparente. Justo desde los primeros días de ese mes, la madre perdió contacto con Quero.

Con sus ocho décadas a cuestas, Navas visitó centros de reclusión, hospitales, morgues y cualquier sitio donde pudiese estar una persona desaparecida. Nunca hubo respuesta.

El 8 de enero cuando el presidente de la Asamblea Nacional controlada por el chavismo, Jorge Rodríguez, anunció la excarcelación de una “cifra importante” de presos políticos, Carmen albergó un halo de esperanza y cuando la presidenta encargada bajo la tutela de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, oficializó la elaboración de una Ley de Amnistía, ese sentimiento se acrecentó.  

Carmen se convirtió en perenne asistente a vigilias y concentraciones de familiares de presos políticos en cárceles e instituciones públicas, fue foco de los medios de comunicación y hasta fue recibida por la recién nombrada defensora del Pueblo, Eglée Gonzalez Lobato.

Pero este jueves 7 de mayo llegó la noticia que no quería escuchar: el Estado venezolano finalmente quebró el silencio y confirmó la muerte de Víctor, después de casi 10 meses de su fallecimiento. 

¿Como un gobierno no sabe si un preso bajo su sistema penitenciario está vivo o muerto? Eso tal vez suceda en Venezuela y levanta una polvareda de cuestionamientos en los que salen a flote decenas de irregularidades, además de destruir el alma y corazón de una anciana a escasos días del Día de las Madres. 

Contradicción cronológica

De acuerdo al comunicado emitido por el Ministerio para el Servicio Penitenciario, Quero, de profesión comerciante, fue detenido en Caracas el 3 de enero de 2025 por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Se le señaló de conspirador y su caso estuvo bajo la jurisdicción del Tribunal Especial Segundo de Terrorismo.

Según el ente gubernamental, el comerciante quincuagenario fue recluido en el Internado Judicial del Rodeo I en el estado Miranda y el 15 de julio del año pasado fue trasladado al Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo en la localidad caraqueña de San Martín, donde murió bajo custodia del Estado nueve días después producto de una “hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo que desencadenó una insuficiencia respiratoria aguda secundaria con tromboembolismo pulmonar”.

Esto significa que desde que Navas inició su búsqueda, foto en mano, tocando la puerta de todas las instituciones del Estado y denunciando la desaparición ante medios de comunicación privados y públicos, el cuerpo de su hijo ya estaba enterrado en el Cementerio Parque Jardín en Hoyo de La Puerta, que fue el lugar al que llevaron a la madre y en el que este 8 de mayo hubo intensa presencia policial por el procedimiento de exhumación ordenado desde la Fiscalía.

A modo de justificación ante los familiares de Quero, el Ministerio para el Servicio Penitenciario se excusó diciendo que este no suministró datos sobre vínculos filiatorios y ningún familiar se presentó a solicitar visita formal en el recinto penitenciario. En vista de ello, el Estado se tomó la libertad de inhumar el cuerpo de Nava el 30 de julio de 2025.

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) denunció que al inhumarlo sin presencia familiar, el Estado intenta borrar el rastro de lo acontecido dentro de El Rodeo e incurre en destrucción de evidencias.

Lo insólito es que en octubre de ese año, la propia Defensoría del Pueblo, entonces al mando de Alfredo Ruiz, replicó sin verificar una información proveniente del Ministerio Público, asegurando que Quero se encontraba en El Rodeo I, cuando ya habían transcurrido tres meses de su muerte.  

Después de haberse enterado por redes sociales, apenas el 10 de marzo de este año, fue que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) inició una investigación bajo noticia criminispor la presunta desaparición de Quero, sin embargo, su madre tenía meses exigiendo respuestas.

Otra contradicción detectada es que una foto de la lápida de Quero tomada por la periodista Maryorin Méndez en el cementerio muestra una fecha de fallecimiento distinta a la difundida el Ministerio Penitenciario. En la lápida aparece que murió el 27 de julio, mientras que el gobierno afirma que fue el 24.

Pese a que la Defensoría del Pueblo señaló que es “imperioso” que las autoridades inicien una investigación exhaustiva, independiente y transparente, organizaciones civiles como JEP y Laboratorio de Paz sostuvieron que las averiguaciones no pueden quedar en manos de las mismas instituciones que lo custodiaron, incomunicaron y ocultaron, incluso después de estar muerto.

Las organizaciones piden que se aplique el Protocolo de Minnesota, un manual de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que establece estándares internacionales para investigar muertes potencialmente ilícitas o desapariciones forzadas. El objetivo de esta es garantizar investigaciones independientes, imparciales, rápidas y efectivas para asegurar justicia y rendición de cuentas.  

De acuerdo a JEP, la autopsia y experticias médico-forenses deben ser practicadas por especialistas externos que garanticen que la verdad no sea enterrada junto con la víctima. 

Hubo ocultamiento no ineficacia

Para el director y presidente del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, el caso de Víctor Quero es emblemático porque refleja todas las violaciones que puede cometer un Estado, desde la detención arbitraria hasta la desaparición de un individuo.

“Primero, hubo una detención arbitraria acusándolo de mercenario sin pruebas, no hubo orden de captura, lo desaparecen y lo meten en el Dgcim por aproximadamente un mes, y sabemos esos detalles porque otros presos lo vieron, no porque alguien de esa institución informó”, dijo Romero.

El abogado sentenció que, como es costumbre con los presos políticos, no le permitieron derecho a la defensa y lo llevan al Rodeo I. 

“El silencio y la oscuridad es lo que rodea al caso, aquí tanto la Fiscalía como el tribunal tienen responsabilidad porque en el expediente estaba su nombre y sus datos, todos son responsables de ese ocultamiento”, explicó Romero.

El director de Foro Penal explicó que no se trata de ineficacia.

“Hay una intencionalidad de mantenerlo oculto”, recalcó.

Sentenció también que de acuerdo a las leyes no se puede llevar a alguien a una institución hospitalaria y menos someterlo a una intervención quirúrgica sin avisar a sus familiares, por supuesto, tampoco inhumarlo. 

El club de los 27

De acuerdo a los registros de JEP, Víctor Quero es el preso por razones políticas número 27 que muere bajo la custodia del Estado desde 2014 a la fecha.

“Los 27 presos políticos que han perdido la vida bajo custodia del Estado, desde Rodolfo González y Fernando Albán hasta Raúl Isaías Baduel y Víctor Quero, son el testimonio de un sistema en el que la muerte fue el desenlace de la persecución política”, expuso JEP en un comunicado  

Esta es la lista de fallecidos bajo custodia desde el año 2015 que maneja JEP:

  1. Rodolfo Pedro González (murió el 12/03/2015 en El Helicoide)
  2. Carlos Andrés García (murió el 17/09/2017 en El Helicoide)
  3. Rafael Arreaza (murió el 30/11/2017 en Ramo Verde)
  4. Fernando Albán (murió el 8/10/2018 en el SEBIN)
  5. Modesto Díaz  (Murió el 4/11/2018 en el SEBIN)
  6. Nelson Martínez (murió el 12/12/2018 en la DGCIM )
  7. Virgilio Jiménez Urbina (murió el 5/02/2019 en la cárcel de Uribana – Lara )
  8. Ángel Javier Sequera Romero (murió 9/03/2019 en los calabozos del CICPC – Bolívar )
  9. Elwin Mendoza (murió el 24/03/2019 en el Destacamento 113 de la GNB-Zulia)
  10. Rafael Acosta Arévalo (murió el 19/06/2019 en la DGCIM)
  11. Wilfredo José Heredia Rodríguez (murió el 9/02/2020 en la DGCIM)
  12. Luis Armando Monsalve Estaba (murió el 31/05/2020 en la DGCIM)
  13. Pedro Pablo Santana (murió el 14/08/2020 tenía arresto domiciliario)
  14. .Salvador Franco (murió el 03/01/2021 en el Internado Judicial Rodeo II)
  15. Gabriel Andrés Medina Díaz (murió el 29/08/2021 en el Centro de Formación Hombre Nuevo Nelson Mandela de La Pica – Monagas)
  16. Raúl Isaías Baduel (murió el 12/10/2021 en El Helicoide)
  17. .Armando Flores Piñango (murió el 23/08/2022 en Ramo Verde)
  18. Nelson Adan Girón Giménez (murió el 31/10/2024 en el Hospital Pablo Acosta Ortiz) 
  19. Asdrubal Santana  (murió el 8/11/2024 durante su traslado al Seguro Social del municipio Biruaca)
  20. Jesús Manuel Martínez Medina (murió el 14/11/2024 en el Hospital Luis Razetti de Barcelona – Anzoátegui – estaba bajo custodia de la PNB)
  21. Jesús Rafael Álvarez (murió el 12/12/2024 en el Internado Judicial de Tocuyito – Carabobo)
  22. Oswal Alexander Gonzalez Pérez (murió el 16/12/2024 en el Internado Judicial de Tocuyito – Carabobo )
  23. Reinaldo Araujo (murió el 24/02/2025 en los calabozos de la Policía de Trujillo )
  24. Lindomar Jesús Amaro Bustamante (murió 03/05/2025 en el Centro Penitenciario de Aragua, Tocorón)
  25. Alfredo Javier Díaz Figueroa (murió el 06/12/2025 en El Helicoide)
  26. Edison José Torres Fernández (murió el 10/01/2026 recluido en Zona 7, Caracas)
  27. ⁠Víctor Hugo Quero Navas 
  28. *El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Encovi 2025: las mujeres venezolanas llevan la mayor carga de la crisis

0

La edición de 2025 de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) presentada por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), expone una realidad fundamental: las mujeres venezolanas son el amortiguador principal de la crisis. A pesar de demostrar estar preparadas académicamente, las barreras sociales y la ausencia de un sistema público de protección las obligan a retirarse de la vida laboral para así gestionar las carencias del hogar, profundizando la feminización de la pobreza en el país.

Según el informe, existe una relación de 98 hombres por cada 100 mujeres en el país, pero el entorno socioeconómico no ofrece las mismas garantías para ellas. Actualmente, los hogares venezolanos están encabezados por mujeres, una cifra que ha oscilado entre el 54% y el 60% en años anteriores debido a la migración y la necesidad de identificarse como jefas de hogar para acceder a algunos beneficios sociales. 

Pero esto puede implicar para el ciudadano común que el potencial económico de las familias está estancado por falta de apoyos para el cuidado de los niños y adultos mayores, que impide que miles de mujeres puedan generar ingresos, limitando la capacidad de consumo y la movilidad social de los hogares venezolanos.

Mayor formación, menos empleo

Uno de los datos más contundentes de la Encovi 2025 es la brecha entre preparación académica y la participación laboral. El estudio señala que las mujeres venezolanas poseen, en promedio, un capital educativo ligeramente más alto que el de los hombres, pero esta ventaja no se traduce en autonomía financiera, en realidad, el rezago escolar severo es menor en niñas de 7 a 11 años en comparación con los niños y esta tendencia se mantiene en la adolescencia.

Pese a este mejor desempeño escolar, las mujeres han sido las primeras en salir del mercado laboral durante la crisis porque el “costo de oportunidad” es demasiado elevado ya que, al no existir servicios de apoyo, el salario que recibirían en el mercado laboral no compensaría el gasto de contratar cuidados externos y esto las confina a la inactividad económica. 

Es así, como esta pérdida de talento humano es crítica para la recuperación de la sociedad, considerando que muchas de estas mujeres estarían más “preparadas” para cubrir la demanda laboral que los hombres quienes tienen mayores planes de emigrar del país.

El peso de los cuidados

La encuesta identifica que la recuperación de la participación femenina es extremadamente lenta (39%) en comparación con la masculina (72%). Mientras que los hombres suelen retornar rápido a la actividad económica tras los momentos de crisis, las mujeres permanecen “atrapadas” por la falta de distribución equitativa en las tareas del hogar.

La Encovi advierte que para cambiar esta realidad es urgente la creación de un Programa de Sistemas de Cuidos porque sin ese cambio estructural, la fuerza de trabajo femenina seguirá siendo un recurso que no es utilizado por el Estado y el sector privado.

De igual manera, durante el estudio, se subraya que las mujeres son exclusivamente casi las únicas acompañantes pedagógicas de sus hijos: el 70% de las madres acompañan a sus hijos en la educación frente a apenas un 4% de los padres, respectivamente. 

Esta carga se extiende en la logística diaria debido a fallas en los servicios públicos, siendo el 26% de las inasistencias escolares debido a fallas con el agua y un 24% a faltas eléctricas, problemas que que terminan recayendo sobre los hombros de las mujeres en el hogar. 

Capital humano femenino

Para poder revertir este panorama, el estudio presentado por la UCAB sugiere que cualquier contexto de crecimiento económico en Venezuela debe incluir a las mujeres de forma prioritaria. Indican asimismo que se deben promover programas de emprendimiento femenino que no se queden solo en una idea, sino que incluyan planes reales de financiación y de capacitación.

La conclusión del Encovi 2025 es bastante clara: la recuperación del país no es posible sin integrar a las mujeres al mercado laboral. Esto requiere no solo ofertas de empleo, sino un cambio en las políticas de remuneración y una modificación cultural en las cargas del hogar para que el género deje de ser un determinante de la pobreza en Venezuela. 

Lea el informe completo aquí.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Doble discurso político rezaga a Venezuela camino a la transición energética

0

A finales de abril pasado por fin, en una cumbre, ocurrieron los primeros pasos para hacer que la transición energética sea posible. 57 países participaron en la Primera Conferencia Internacional para dejar atrás los Combustibles Fósiles en Santa Marta, Colombia, y discutieron no solo la necesidad urgente de este cambio sino el cómo llegar a hacerlo.

En su análisis, Mongabay Latam destaca que una de las diferencias clave de este encuentro es que, a diferencia de las COP, esta no fue convocada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) sino por países que persiguen que el debate sobre transición energética se traduzca en propuestas.

Aunque se suponía que la participación de la sociedad civil sería un elemento clave y diferenciador, hubo expertos que criticaron que sus intervenciones fueron controladas y “con poco tiempo para expresarse ante gobiernos”. Otros, en cambio, subrayaron la importancia de que se escuchara a pueblos indígenas que plantearon la creación de “Zonas Libres de Combustibles Fósiles”, y que organizaciones indígenas, líderes religiosos y representantes de la sociedad civil firmaran una “Declaración Popular”, para exigir “el abandono progresivo de los combustibles fósiles financiado mediante reparaciones climáticas que no generen deuda”.

La organización defensora de derechos ambientales, Clima21, destacó que en la Conferencia se abordaron temas como “la descarbonización de la economía sin aumentar la deuda pública de los países empobrecidos”, así como “evitar nuevos extractivismos de minerales críticos usados en las energías limpias”.

Pero mientras Colombia, que fue la anfitriona, recibió a países del continente como Brasil, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Canadá, Antigua y Barbuda, Venezuela estuvo ausente. Una falta que, para Clima21, representa una “una señal preocupante frente a una de las transformaciones económicas y ambientales más profundas del siglo XXI”.

La organización también resalta que, al no asistir a estos encuentros, Venezuela pierde oportunidades para intervenir en normativas que definirán el futuro del sector energético global. 

“Mientras otros países diseñan hojas de ruta, acceden a financiamiento y construyen alianzas, el país corre el riesgo de quedar atrapada en un modelo petrolero en declive”, advierte.

La Venezuela verde

“Venezuela tiene una de las matrices eléctricas más verdes del mundo”, afirma el ingeniero, profesor y coordinador del Centro Internacional de Energía y Ambiente (CIEA) del Instituto de Estudios Superiores de Administracióndel Instituto (IESA), Oswaldo Felizzola, quien se ha especializado en transición energética y en el rol de las renovables junto a recursos fósiles. Recuerda que 75% de la energía eléctrica que se produce en el país tiene origen hidráulico.

Ese hecho pone al país en ventaja frente a otras naciones petroleras y no petroleras de la región. Por eso, Felizzola piensa que la Conferencia hubiese sido una gran oportunidad para que Venezuela demostrara cómo, pese a ser un productor de hidrocarburos, ha usado fuentes renovables para, irónicamente, mantener la poca electricidad que se aprovecha en el país.

Pero el experto pone en la mesa la realidad actual: el sector energético venezolano está reducido a su capacidad original porque no se han hecho inversiones ni en la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) ni en Petróleos de Venezuela (Pdvsa). 

Además, aunque el país entre en las futuras discusiones sobre transición energética, se requiere que antes ejecute unos cuantos movimientos internos para permitir el cambio.

“Lo que pasa es que el esquema, tal como está en las leyes y tomando en cuenta que el monopolio lo tiene Corpoelec, hace que sea inviable generar energía renovable en Venezuela”, apunta Felizzola. 

Sobre esto, hay una esperanza: en enero, la presidenta encargada de la República que cuenta con el aval de Washington, Delcy Rodríguez, anunció la actualización de un paquete de normativas, entre estas, la Ley del Sistema Eléctrico Nacional y la Ley para el Uso Racional de la Energía en Venezuela. La intención, dijo entonces, es que ambas ayuden a recuperar el golpeado sector eléctrico, que hoy mantiene a pueblos y ciudades sin luz durante horas, y que mejore las actuales condiciones de generación, transmisión y distribución. Esto, por cierto, es uno de los pedidos de Estados Unidos para invertir en la industria petrolera de Venezuela.

Las nuevas leyes

Para el investigador y profesor del IESA, hay que insistir en que las nuevas leyes incluyan la “posibilidad de tener un mercado eléctrico”. Pone de ejemplo los que ya existen en Estados Unidos y Europa, donde las energías renovables compiten de manera justa con las fósiles y se subastan.

Además, recalca que aunque ya hay una propuesta de ley de Energías Renovables, el Parlamento no le ha dado luz verde. Esta también podría aceptar la entrada de competidores privados o de otras empresas públicas, sin relación con Corpoelec o el gobierno central, que puedan competir entre ellas.

“En Venezuela, lo que debemos hacer realmente es sincerar qué es lo que queremos hacer y empezar a implementarlo. Porque es cierto que existen experiencias en otras partes que son perfectamente transferibles a Venezuela. Lo que pasa es que si seguimos con ese modelo estatista-centralista, es poco probable que ocurra el cambio”, indica. 

Felizzola habla de empresas de origen chino, líderes en tecnologías eólicas y solares, que podrían interesarse en un país que “tiene luz 12 horas al día, durante todo el año, y vientos muy fuertes en algunas regiones específicas”. “La oportunidad es increíble”, sustenta.

Pese a que el chavismo cacarea constantemente su interés en las energías verdes y hasta las incluye en el capítulo 6 del Plan de la Patria 2025-2031, donde habla sobre alumbrado, edificaciones y hasta ciudades que se mantengan con energías limpias, sus acciones distan de sus palabras y escritos.  

“Parece ser que todo está enfocado hacia el tema de sostenibilidad, por lo menos en el discurso político, pero en la realidad no tenemos cómo instrumentarlo”, comenta el experto. La próxima conferencia que discutirá el tema se hará en 2027 en Oceanía. Habrá que ver, entonces, si las decisiones energéticas de Venezuela la llevaran a la vanguardia o a la retaguardia de una transición más que necesaria.

Crisis eléctrica: Gobierno reporta “hito en demanda” y anuncia que presentarán plan de recuperación

El Gobierno encargado, con el aval de los Estados Unidos, informó este jueves, 7 de mayo, que el país alcanzó un “hito” en la demanda de energía eléctrica que alcanzó la cifra récord de 15.579 Megavatios (MW).

Según el comunicado emitido por la vicepresidencia sectorial de Obras Públicas, la cifra es la más alta en los últimos nueve años, producto de las “altas temperaturas que continúan y el crecimiento económico que mantiene su impulso”.

El organismo señaló que el equipo técnico se mantiene desplegado ejecutando maniobras de estabilización y protección del Sistema Eléctrico Nacional para garantizar el equilibrio del servicio.

En el texto, el Gobierno responsabiliza a las sanciones internacionales por la crisis eléctrica: “Las sanciones han golpeado al Sistema Eléctrico Nacional, coadyuvando a las dificultades en su recuperación plena”.

“Inversiones estratégicas”

En el comunicado aseguraron que en aras de continuar el proceso de recuperación del sistema eléctrico se están realizando “importantes inversiones estratégicas en infraestructura” para fortalecer a mediano y largo plazo la capacidad de generación y dar así respuesta efectiva a la demanda.

Asimismo, hicieron un llamado al sector privado que dispone de fuentes propias de generación a hacer un uso responsable de las mismas, ante las altas temperaturas pronosticadas para hoy y mañana. “Apelamos a la colaboración de todo el país para preservar la estabilidad del sistema”.

En ese sentido, insistieron en que se mantiene la “prohibición absoluta de la minería digital” en todo el territorio nacional. Y advirtieron que, quienes de manera ilícita hagan uso de esta actividad, “serán sancionados con todo el peso de la ley”.

El Gobierno también anunció que iniciará una convocatoria nacional con todos los sectores (privado, industrial, académico y científico, etc.) para presentar y poner en conocimiento al país el Plan de Recuperación y Transformación del Sistema Eléctrico Nacional (PRTSEN).

La crisis eléctrica se acentúa

El comunicado de la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios se compartió después de una semana en la que, en distintos puntos del país, se ha presentado protestas espontáneas de ciudadanos que denuncian la interrupción constante y prolongada del servicio eléctrico.

En estados como Carabobo, Barinas, Mérida y Aragua se han reportado estas manifestaciones así como cacerolazos.

La Gran Caracas no está exenta del problema eléctrico. Sectores del centro, oeste y sureste de la capital están reportando interrupciones eléctricas con más frecuencia que, aunque no ser tan prolongadas como en el interior del país, sí se están presentando cotidianamente.

El pasado 7 de mayo Provea llamó la atención sobre el empeoramiento de la crisis eléctrica y recordó que las autoridades “stán obligadas a destinar el máximo de los recursos disponibles —económicos, jurídicos y políticos— para garantizar un nivel de vida adecuado a la población, ello incluye la provisión de servicios públicos de calidad y salarios y pensiones suficientes”.

Además, insistieron en que un genuino proceso de recuperación de la democracia, “convivencia y paz” y respeto a los derechos ciudadanos “solo será posible si se asume con urgencia, entre otras cosas, la enorme deuda social del Estado venezolano”, además que deben escuchar los reclamos de la población y establecer mecanismos para brindar respuestas oportunas.

Problema de fondo

Un informe de la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC) en el Plan Nacional de Mantenimiento 22-23 precisó que de los 7000 megavatios (MW) de capacidad de generación instalados en el territorio venezolano, el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) solo disponía de una capacidad operativa cercana al 31,3 %. Con esta solo podría servir el 62,7 % de la demanda máxima histórica de 18.696 MW, ocurrida en el año 2013.

En un análisis compartido en sus redes sociales el ingeniero civil y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB),  José de Viana, explica cómo el colapso eléctrico de Venezuela no es un problema técnico, sino más bien “un profundo fracaso institucional y financiero”.

Argumenta que a pesar de tener las mayores reservas de hidrocarburos del hemisferio, el sistema eléctrico del país es el más vulnerable de la región. El experto enumera como causas la desinversión y canibalización de las plantas termoeléctricas, la falta de combustible para turbinas (lo cual destaca como paradoja en un país petrolero), sobrecarga hídrica, porque el Bajo Caroní asume todo el peso operando fuera de diseño, fallas de transmisión con más de 800 kilómetros de red inestable por falta de mantenimiento y la fuga de talento, o pérdida crítica de ingenieros y personal especializado. 

A eso se suma la congelación de las tarifas por debajo del costo real tras la estatización en 2007 de Corpoelec. De Viana opina que este monopolio estatal eliminó la inversión privada y concentró decisiones “en una burocracia sin rendición de cuentas”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Migrantes venezolanos recelan entre su realidad y el llamado de la patria

0

La anhelada recuperación económica de Venezuela necesitará gente calificada, además de inversionistas y energía eléctrica. Muchos interesados miran hoy hacia la diáspora, calculando si las personas que se fueron en los peores momentos del chavismo de Maduro están ahora dispuestas a regresar.

Pero emprender el camino de vuelta apostando a la reconstrucción no es una decisión fácil, y está más allá de la economía.

Como en alguna estrofa de una canción de despecho, la frase de Jorge Rodríguez se volvió viral: “Si hay un venezolano en el extranjero que alberga en su corazón alguna forma de resentimiento, le decimos: ‘Supéralo, perdónanos y vente’. Siempre estarás mejor en tu tierra”

Lo dijo en un acto en la Universidad Santa María, durante unas jornadas de exposición pública los últimos días de abril, cuando el presidente de la Asamblea Nacional y la presidenta designada por Donald Trump, Delcy Rodríguez, salieron como puntas de lanza del inicio de una campaña electoral anticipada llamada “peregrinación”.

El mensaje intenta montarse en la ola de cierto optimismo irracional, según el cual desde el 3 de enero todo está chévere y al paso que se alivian las sanciones de Estados Unidos Venezuela será grande otra vez.

La grandilocuencia se unió al grupo

Las hipérboles se han sucedido: “Me atrevería a decir que Venezuela es hoy el lugar más importante para invertir en toda América, incluyendo Canadá y Estados Unidos. Tenemos todas las condiciones dadas para que la inversión nacional y transnacional crezca exponencialmente en los próximos años”, sostiene el presidente también encargado del Banco Central, Luis Alberto Pérez González.

Prometió buenos tiempos de menor presión inflacionaria y estabilidad cambiaria para este 2026, y más inyección de dólares oficiales en el mercado. Los precios, dijo, solo subieron en 10,6% en abril, comparado con 14,7% en febrero, 13,1% en marzo y el espantoso 32% en enero.

En lo que va de año la inflación es de 90% y en los últimos 12 meses es de 612%, de acuerdo al BCV.

En efecto algunas cosas están mejorando, y se prevé que otra vez el petróleo sea el carro de bueyes que jale al resto de la economía. Pero no hoy ni mañana.

Un reciente estudio de la agencia de la ONU para refugiados,ACNUR,  encontró que el 35% de los venezolanos encuestados en algunos países de la región expresaron su inclinación a regresar a su tierra. Pero de ellos solo 9% tenía intenciones inmediatas de hacerlo en los próximos 12 meses.

La reunificación familiar es el principal motor de esta intención, pero la mayoría expresa que ese retorno requerirá de una mayor estabilización política y económica en Venezuela.

Mejor esperar

El acceso a empleos y oportunidades de ingreso en los países receptores permanecen como los principales factores que influyen en la decisión de quedarse donde están.

“El 75% no ha tomado pasos concretos para prepararse para regresar y el 60% carece de suficiente información para tomar una decisión bien sustentada”, señala el estudio.

Para estas personas las perspectivas futuras de Venezuela no bastan para decidirse a regresar, hacen más peso su situación personal y las realidades inmediatas del lugar donde habitan hoy.

Según la encuesta de ACNUR, en Ecuador, Perú, Colombia, Brasil, Chile y Guatemala, el 65% de esos migrantes tienen educación secundaria o más alta; el 23% tiene un título universitario y tres de cada cinco tiene estatus legal en el país de acogida; el 55% está empleado y el 30% está activamente buscando trabajo.

Por cierto, en EEUU, donde hoy viven cerca de un millón de venezolanos, el 49% de ellos tiene al menos un título universitario, según el centro Pew Research. Este nivel, que ilustra la fuga de cerebros venezolanos, llega a 57% según el Censo y supera con creces ese 21% de la población hispana total y el promedio estadounidense, que es de 21%.

“Los resultados indican que, si bien las aspiraciones de retorno persisten, el retorno inmediato no es una tendencia dominante” y depende de las condiciones tanto en Venezuela como en el país de acogida, dice por su parte ACNUR.

De hecho, miedos que los forzaron a emigrar son los mismos que persisten cuando piensan en regresar: falta de empleos, inseguridad alimentaria y el limitado acceso a los servicios de salud.

Al mismo tiempo, las preocupaciones respecto a la violencia y el miedo a convertirse en víctimas también es un factor importante, “lo que subraya que los movimientos migratorios no solo se debieron a factores económicos solamente, sino a condiciones más amplias que afectan la seguridad, estabilidad y el bienestar”, señala el estudio de ACNUR.

“El 58% de los encuestados expresó miedo a regresar, lo que indica que la mayoría no prevé condiciones seguras o viables para volver en el corto plazo”, precisaron.

Más allá de las promesas

“Los encuestados enfatizan la necesidad de un cambio estructural sustancial y visible. La recuperación del mercado laboral (85%), la estabilidad de precios (83%), la transición política (83%), servicios básicos confiables (82%) y la mejora de la seguridad (78%) se consideran ampliamente como condiciones previas esenciales”, remata el estudio.

En contraste, los dirigentes de Venezuela, desde Caracas o desde Washington, tendrán que ofrecer más que promesas para convencer a la gente a regresar. La decisión de quedarse donde están son determinadas por razones muy concretas: la seguridad en el  ingreso (81%), servicios de salud (75%) y oportunidades de empleo.

El acceso a la educación y a la vivienda también son determinantes. Todos estos factores sirven como anclas clave, ofreciendo predictibilidad y estabilidad en la vida diaria”, aunque el mercado laboral permanezca limitado.

Entonces, no basta con las perspectivas de enormes inversiones petroleras para que se desate una estampida de venezolanos pugnando por regresar.

“Aquí viene un aumento de las inversiones que va a ser mayor que el de la apertura petrolera”, pronostica el ejecutivo e ingeniero del sector Ronald Páez, exdirectivo de la Cámara Petrolera, y quien en los últimos 40 años ha participado en grandes proyectos de  plantas para la industria.

“Pero no hay personal calificado para lo que viene, es uno de los problemas que tenemos. Uno de los grandes retos es con qué gente emprender esos mega proyectos en los próximos años”, comenta este petrolero que sabe que tendrán que conseguir soluciones para este problema más pronto que tarde. “En un principio tendremos que importar gente”, dijo otro alto gerente de la industria petrolera.

Volver sobre las nieves del tiempo

Entonces, como si el país fuera igual a su fracasada selección nacional de fútbol, ¿a los  migrantes les basta con la fe para creer en un futuro luminoso, agarrar las maletas y regresar a esta tierra de gracia?

La respuesta final recae en el terreno de las decisiones personales y familiares.

Hoy la nación venezolana es una patria esparcida por el mundo, con al menos 7,9 millones de migrantes y refugiados registrados por organismos de Naciones Unidas. De ellos, 6,7 millones en América Latina y el Caribe, incluyendo 2,8 millones en Colombia.

No se sabe cuántos más hay por ahí sin registrarse, pero el caso es que uno de cada cuatro nacidos en Venezuela viven hoy fuera de su tierra, lo que supone una de las mayores diásporas del mundo en proporciones.

Acnur estima que 5,9 millones de venezolanos migrantes, incluyendo 370.00 en calidad de refugiados y 1,7 millones de solicitantes de asilo, necesitan algún tipo de protección.

Y en efecto la mayoría de los países han sido generosos y les han facilitado papeles y trámites, pero aún así, los expulsados por la autodenominada revolución bolivariana – ahora en confusa contrición- enfrentan cada día la xenofobia, la incertidumbre el subempleo y la informalidad, las familias rotas, el desarraigo y la saudade antes que regresarse de una vez a casa.

“La mejora macroeconómica puede facilitar el retorno, pero no lo convierte en automático: el arraigo acumulativo eleva los costos de reversión”, apunta por su parte en una investigación académica el economista Francisco J Contreras.

“El retorno depende de trayectorias, hogares, riesgos y oportunidades comparadas”, señala.

El Informe Mundial de Migración 2026 de ACNUR indica que desde 2014 Venezuela experimenta una crisis multidimensional marcada por la hiperinflación, recesión económica, severos apagones y un debilitamiento de la democracia y del imperio de la ley.

Todo esto sigue igual después del 3 de enero.

Entre los años 2014 y 2020, el Producto Interno Bruto se derrumbó 76%, el empleo informal subió 20 puntos hasta 72% y la expectativa de vida se redujo en más de tres años. Aunque ha habido algunos signos recientes de mejoría el deterioro sostenido por tanto tiempo llevó a un éxodo a gran escala. Esto transformó el país desde uno de inmigrantes netos en uno de migración masiva

El mayor flujo se concentró en la región andina, con esos 2,8 millones en Colombia; 1,6 millones en Perú; 532.000 en Chile y más de 444.000 en Ecuador, aparte de más de 626.000 en Brasil.

“La probabilidad de retorno permanente cae cuando el arraigo legal, laboral, familiar, educativo y patrimonial se acumula en el país receptor”, apunta por su parte el economista Contreras.

Es que ese arraigo reduce la probabilidad del retorno permanente. “La estabilización ayuda, pero no basta sin seguridad, empleo, servicios y confianza”, coincide sobre los condicionantes de la vuelta a la patria.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Profesores universitarios protestarán ante la OPSU por exclusiones en asignación de bonos

0

Profesores de la Universidad Central de Venezuela (UCV) denunciaron ante el Consejo Universitario que solo el 25 % del personal docente pudo cobrar el bono de responsabilidad profesional anunciado por el Ejecutivo el pasado 30 de abril. Además, el 96 % de los jubilados no recibió el beneficio, lo que dejó por fuera a 5336 profesores, aseguró Gregorio Alfonso, presidente de la Asociación de Profesores de la UCV (Apucv).

A través del Sistema Patria, los profesores debían recibir dos pagos: un bono compensatorio de 50 dólares y el bono de reconocimiento profesional y académico de 200 dólares. Sin embargo, el presidente de Apucv declaró este miércoles ante los medios que no todos los docentes universitarios cobraron el bono de profesionalización. “Estamos hablando de que, de forma deliberada, el gobierno dejó de pagarle a 5336 profesores de un total de 7100”, afirmó.

Alfonso explicó que este problema se originó porque el gobierno realizó los pagos de manera arbitraria y sin consultar las nóminas de profesores, lo que dejó excluidos al 75% de los docentes, empleados y obreros de la universidad.

El gremio docente está cansado de los atropellos

José Balbino León, vicerrector administrativo de la UCV, declaró que no han recibido ninguna comunicación oficial para realizar los pagos. Explicó que, mediante el Sistema Patria, la nómina se envía con tres meses de antelación para su aprobación por parte de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU). “No sabemos qué nóminas tomaron: si fue la de enero, la de marzo, la de abril o la de junio, que generalmente ya están aprobadas”, aseveró.

Por su parte, Gregorio Alfonso denunció que el abuso y el atropello hacia el personal docente han sido continuos. Señaló que no puede considerarse estratégica un área en la que los trabajadores encargados de producir conocimiento se encuentran en situación de indigencia.

“Está fuera de discusión decirle a la gente que tiene que estar conforme con tener un gobierno rico y un pueblo pobre”, expresó.

Por esta razón, y en Asamblea Intergremial Universitaria, la Apucv decidió protestar el próximo martes 12 de mayo frente a la sede de la OPSU, en Caracas La actividad está prevista para las 10:00 a.m. y en ella se exigirá el “respeto” a los derechos laborales del sector.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

En vigilia en el Rodeo I exigieron justicia por muerte bajo custodia de Víctor Hugo Quero

0

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (Clippve) informó que familiares de presos políticos dedicaron la vigilia número 119 frente a la cárcel de El Rodeo I a la memoria de Víctor Hugo Quero Navas, quien murió bajo custodia del Estado mientras su madre, Carmen Teresa Navas, lo seguía buscando sin obtener respuestas oficiales sobre su paradero.

A través de un comunicado, la organización —integrada por familiares de presos políticos, víctimas y defensores de derechos humanos— expresó sentirse “conmocionada” por la noticia de la muerte de Quero Navas y elevó un reclamo de justicia durante la jornada de oración y acompañamiento.

“En esta jornada, nuestras oraciones se concentraron especialmente en la señora Carmen Teresa, de 84 años, quien nunca dejó de buscar a su hijo”, señaló el Clippve en el texto difundido este jueves

La organización destacó que la madre de Víctor Hugo Quero recorrió “cada instancia del Estado” para pedir información sobre el paradero de su hijo, pero “sin recibir jamás respuesta”.

El Estado calló casi un año

En horas de la tarde de este 7 de mayo, el Ministerio del Servicio Penitenciario confirmó que Víctor Hugo Quero Navas, de 51 años, y quien había sido detenido en enero de 2025, murió bajo custodia estatal el 24 julio de ese mismo año.

Casi 10 meses después de la muerte del hecho, esa dependencia ministerial confirmó que Quero fue detenido el 3 de enero de 2025 y estaba recluido en el Internado Judicial Rodeo I. En el comunicado, el organismo se excusó en que, durante su tiempo de reclusión, Quero “no suministró datos sobre vínculos filiatorios y ningún familiar se presentó a solicitar visita formal”.

El 15 de julio de 2025, según el Ministerio, Quero Navas fue trasladado al Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, “tras presentar hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo“. Luego de 10 días, falleció “por insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar”, según el certificado de defunción que su madre no conocía.

El Ministerio Público anunció el inicio de una investigación penal para esclarecer las circunstancias del deceso. Las acciones principales incluyen la exhumación del cadáver y la asignación de la Fiscalía 80 Nacional para encargarse de las averiguaciones. Mientras que La defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, calificó el hecho de “trágico” y exigió una investigación “exhaustiva, independiente y transparente”. En un comunicado de su institución, señaló que este hecho evidencia la necesidad de erradicar los abusos y la “debilidad institucional” en el país.

El caso de Víctor Hugo Quero Navas ha generado indignación entre organizaciones de derechos humanos y familiares de presos políticos debido al prolongado silencio de las autoridades sobre su situación.

De acuerdo con denuncias públicas de familiares y activistas, Carmen Teresa Navas pasó meses buscando información sobre su hijo sin que organismos del Estado confirmaran su condición ni ofrecieran detalles sobre lo ocurrido bajo custodia.

La situación ha sido interpretada por defensores de derechos humanos como una muestra de opacidad institucional y falta de garantías para las personas detenidas por motivos políticos en Venezuela, especialmente en centros de reclusión denunciados por familiares y ONG por presuntas violaciones a derechos fundamentales.

“Nuestro clamor de justicia se eleva más alto que nunca”

Durante la vigilia frente a El Rodeo I, los familiares también reiteraron sus exigencias de libertad para los presos políticos y reclamaron justicia, reparación y garantías de no repetición.

“Hoy, nuestro clamor de justicia se eleva más alto que nunca”, expresó Clippve en el comunicado.

La organización cerró el pronunciamiento con una consigna reiterada en sus actividades: “¡Libertad para todos los inocentes! ¡Libertad para todos los presos políticos!”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

El Estado ocultó durante casi un año la muerte de Víctor Quero mientras su madre lo buscaba

La señora Carmen Teresa Navas pasó más de un año buscando a su hijo. Lo buscó en tribunales, en centros de reclusión, preguntó por él y denunció públicamente su desaparición mientras se aferraba a la esperanza de encontrarlo con vida. Este 7 de mayo, el Estado venezolano rompió su prolongado silencio y confirmó que Víctor Hugo Quero Navas, de 51 años, murió bajo custodia estatal el 24 julio de 2025.

Casi 10 meses después de la muerte de Quero Navas bajo custodia, el Ministerio para el Servicio Penitenciario informó que había sido detenido el 3 de enero de 2025 y estaba recluido en el Internado Judicial Rodeo I. En el comunicado, el organismo se excusó en que, durante su tiempo de reclusión, Quero “no suministró datos sobre vínculos filiatorios y ningún familiar se presentó a solicitar visita formal”.

El 15 de julio de 2025, según el Ministerio, Quero Navas fue trasladado al Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, “tras presentar hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo“. Luego de 10 días, falleció “por insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar”, según el certificado de defunción que su madre no conocía.

El Ministerio argumentó que, al estar bajo tutela del Estado y “ante la ausencia de sus familiares”, procedieron a ejecutar la “inhumación formal” del cuerpo el 30 de julio de 2025.

A pesar de que la señora Navas llevaba meses buscando a su hijo, las autoridades estatales atendieron sus solicitudes apenas en marzo de 2026. Ya habían pasado varios meses desde la muerte de Víctor Hugo cuando por fin decidieron escucharla. Señala el comunicado que el 10 de marzo de este año fue que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) inició una “investigación bajo noticia criminis por conocimiento a través de redes sociales de la presunta desaparición” de Quero Navas. Pero la señora Navas tenía más de un mes denunciando insistentemente la situación y exigiendo respuestas.

La defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, señaló que es “imperioso” que las autoridades ordenen “una investigación exhaustiva, independiente y transparente” que permita esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y garantizar justicia.

Mediante un comunicado, la defensora también afirmó que el caso evidencia “la urgente necesidad de impulsar reformas profundas orientadas a erradicar los abusos, la impunidad y las debilidades institucionales” que persisten en el país. No fue sino hasta el fin de semana pasado que González Lobato difundió un video de la reunión que sostuvo con la madre del preso político fallecido, aunque ya tiene casi un mes al frente de ese cargo.

La inconsistencia de la Defensoría y el Ministerio

La confirmación de la muerte de Víctor Hugo Quero Navas bajo custodia del Estado venezolano, tras diez meses de ocultamiento y silencio institucional, representa para las organizaciones de derechos humanos una evidencia irrefutable de la quiebra del Estado de derecho y un caso de desaparición forzada con desenlace fatal.

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón exige la “apertura inmediata de una investigación independiente, exhaustiva e imparcial” bajo el Protocolo de Minnesota, advirtiendo que “la investigación no puede quedar bajo control de las mismas instituciones estatales responsables de la custodia”.

La organización señala la contradicción oficial: la Defensoría del Pueblo informó en octubre de 2025 que Quero estaba en el Rodeo I, pero el Ministerio para el Servicio Penitenciario sostiene ahora que el fallecimiento ocurrió el 24 de julio del mismo año.

El sistema penitenciario viola los DDHH

La organización de DDHH Laboratorio de Paz expone que la señora Carmen Teresa Navas buscó a su hijo durante meses “exigiendo una fe de vida”, mientras el Estado afirma que procedió a la inhumación por “ausencia de sus familiares”.

Mediante un comunicado, la ONG sentencia que este hecho “no constituye únicamente una irregularidad administrativa: representa una grave violación de derechos humanos que compromete la responsabilidad internacional del Estado venezolano”. Además, vincula el caso con un sistema donde “los presos políticos han terminado siendo un negocio económico para sus captores y fichas de canje para los procesos de negociación”.

“Cuando el Estado niega información, impide el acceso de las familias, oculta fallecimientos o normaliza la opacidad institucional, no solo profundiza el sufrimiento de las víctimas: erosiona las bases mínimas del Estado de derecho y alimenta patrones de impunidad que hoy continúan siendo documentados e investigados por mecanismos internacionales”, cuestiona la organización.

Laboratorio de Paz recordó que debido a la ausencia de respuesta estatal, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó, el 18 de abril de 2026, medidas cautelares a favor de Víctor Hugo y su madre. Ya habían transcurrido nueve meses del fallecimiento, pero el Estado tampoco respondió a este exhorto.

Tribunal negó amnistía a Víctor Quero, aunque ya había fallecido

A la opacidad del sistema penitenciario se suma la actuación incongruente del Tribunal Segundo de Control, que rechazó otorgar la amnistía solicitada para Quero Navas. A pesar de que el Ministerio para el Servicio Penitenciario sitúa el fallecimiento en julio de 2025, el sistema judicial continuó tramitando su causa meses después, cuando ya presuntamente había fallecido.

El abogado Moisés Gutiérrez, representante de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, explicó que el tribunal argumentó que los delitos imputados —”traición a la patria, conspiración y terrorismo”— no cumplían con los supuestos de la amnistía vigente. Según Gutiérrez, esta decisión judicial profundizaba la “incertidumbre” y obstaculizaba los esfuerzos por localizarlo.

Mientras el tribunal mantenía el proceso activo, su madre denunciaba que no había recibido ninguna comunicación oficial que confirmara si su hijo estaba con vida o dónde podría encontrarse.

El verdadero peregrinaje por la búsqueda de un hijo

A pesar de su avanzada edad, la señora Carmen recorrió durante meses diversos centros de detención en todo el país. Durante los primeros meses de 2025 acudió reiteradamente al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo para denunciar la desaparición y exigir información sobre el paradero y estado de salud de su hijo.

En febrero de 2026 acudió a la cárcel del Rodeo I pidiendo una fe de vida de su hijo, tras revelar que en seis ocasiones había acudido hacia ese centro porque en los tribunales de Caracas le dijeron que estaba recluido allí, como se confirmó al anunciarse su deceso.

Más tarde, el 5 de marzo, la señora Carmen acudió ante la Comisión Parlamentaria de la Asamblea que atiende la Ley de Amnistía. Allí llenó una planilla formal para solicitar que su caso fuera atendido con urgencia. Y esto tampoco dio resultado.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) citó a la señora Carmen Navas el 13 de marzo para rendir declaración, precisamente a raíz de sus denuncias previas sobre la desaparición de Víctor Hugo.

Esta secuencia demuestra que la señora Carmen Navas activó todos los mecanismos legales ante el Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, tribunales, el Cicpc y el Ministerio Penitenciario, pero solo recibía como respuesta información contradictoria o silencio absoluto mientras su hijo ya había muerto bajo custodia.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.