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Un Mundo sin Mordaza: Venezuela se “normaliza” para los negocios, pero no para los derechos

El boletín semanal de la ONG Un Mundo Sin Mordaza, correspondiente a la semana del 28 de abril al 4 de mayo, concluyó que Venezuela se “normaliza” para los negocios, pero no para los derechos.

“La normalización internacional y la apertura económica no equivalen, por sí mismas, a una mejora real en la situación de derechos humanos”, señaló el boletín.

El informe explicó que mientras el gobierno venezolano —bajo la tutela de Estados Unidos— acelera acuerdos energéticos, reabre rutas aéreas y exhibe señales de “apertura económica”, el panorama interno de derechos humanos sigue marcado por la “opacidad, precarización y ausencia de garantías efectivas“.

En el monitoreo realizado por la ONG, reflejó que a pesar de los acuerdos firmados con la petrolera ENI y empresas estadounidenses, las inversiones por más de 500 millones de dólares y las visitas de delegaciones energéticas y mineras; la apertura no se traduce en mejoras para la población.

Privación de libertad, sistema penitenciario

La situación de las personas privadas de libertad en Venezuela volvió a ocupar un lugar central dentro del panorama de derechos humanos, según la ONG.

El reporte indicó que el período analizado estuvo marcado por la visita de familiares de presos políticos a la Defensoría del Pueblo, el anuncio de una coordinación binacional entre la Defensoría venezolana y la Defensoría del Pueblo de Colombia respecto de ciudadanos colombianos detenidos en Venezuela, y una nueva muerte bajo custodia reportada en Maracaibo.

La ONG señaló que el Observatorio Venezolano de Prisiones reportó una nueva muerte bajo custodia en Maracaibo, lo que volvió a evidenciar la gravedad estructural del sistema penitenciario venezolano.

“Cada fallecimiento de una persona bajo custodia estatal compromete directamente la responsabilidad del Estado, debido a su obligación reforzada de garantizar la vida, integridad personal, salud y condiciones de detención compatibles con la dignidad humana”, se lee en el informe.

La ONG reseñó que las declaraciones del embajador de Venezuela en Estados Unidos, Félix Plasencia, quien desestimó las denuncias sobre personas detenidas por razones políticas y negó la existencia de privaciones arbitrarias de libertad, provocaron el rechazo de familiares y organizaciones como Clippve.

Restricciones y violaciones a la libertad de expresión

Para Un Mundo Sin Mordaza, la situación de la libertad de expresión en Venezuela continuó reflejando un entorno restrictivo, caracterizado por agresiones a periodistas, limitaciones al acceso a la información y señalamientos internacionales sobre el deterioro del ecosistema mediático.

Los reportes de Espacio Público y el Colegio Nacional de Periodistas confirmaron la continuidad de un patrón sistemático de violaciones a la libertad de expresión. En el período analizado ocurrieron 238 violaciones a la libertad de expresión en Venezuela durante 2025. Asimismo, el Colegio Nacional de Periodistas reportó 87 agresiones contra la prensa en lo que va de 2026.

Reporteros Sin Fronteras también expuso que Venezuela continúa ubicándose entre los países más restrictivos para el ejercicio de la libertad de prensa.

Derechos laborales, conflictividad social y precarización salarial

Durante la semana analizada, los derechos laborales volvieron a ubicarse en el centro de la conflictividad social venezolana. El informe señaló que la crisis laboral venezolana no se limita al bajo ingreso mensual, sino que abarca una afectación más amplia del derecho al salario suficiente, la negociación colectiva, la libertad sindical, la seguridad social y la protesta pacífica.

La política de bonificación, además, sigue profundizando la separación entre ingreso recibido y salario jurídicamente protegido.

La implementación práctica del ajuste, a través de la Plataforma Patria bajo la figura de un retroactivo del denominado “Bono Incremento
Integral”, confirmó que no se trató de una recuperación salarial, sino de una ampliación del modelo de bonificación.

La organización indicó que las protestas del 1° de mayo confirmaron que la conflictividad laboral sigue abierta y que los mecanismos institucionales de diálogo continúan siendo insuficientes. También que aumento de bonos sin incremento del salario mínimo consolidó la desalarización del ingreso y profundizó esquemas de discriminación laboral entre sectores y generaciones.

Por su parte, la Federación Venezolana de Maestros exigió al Ejecutivo retomar la negociación de la convención colectiva, en un contexto donde los anuncios salariales recientes no incluyeron un aumento formal del salario base. Esta exigencia pone en evidencia la paralización del diálogo social en uno de los sectores más estratégicos del país.

Crisis prolongada en servicios públicos

La situación de los derechos económicos y sociales volvió a evidenciarse a través de varias expresiones distintas pero conectadas entre sí: la crisis de acceso al agua potable en el estado Sucre, la alta mortalidad asociada a accidentes de tránsito en el país y las expectativas sobre una posible reactivación del crédito hipotecario.

Aunque se trata de ámbitos diferentes, todos reflejan déficits estructurales de prevención, mantenimiento, respuesta institucional y garantía efectiva de condiciones materiales de vida digna.

La asignación de 2 millones de dólares por parte de la ONU para atender la crisis de agua en Sucre confirmó la gravedad de una emergencia prolongada de servicios públicos.

El reporte de 360 muertes por accidentes de tránsito en el primer trimestre de 2026 evidenció una crisis persistente de seguridad vial con impacto directo sobre el derecho a la vida.

Derechos rezagados

El llamado de Fedeagro a garantizar seguridad jurídica evidenció que la reactivación económica sigue condicionada por debilidades estructurales del Estado de derecho.

Aunque se renovó parcialmente el TSJ y avanzó el Comité de Postulaciones Judiciales, las organizaciones de la sociedad civil alertan que no existen garantías de transparencia ni independencia.

El regreso de American Airlines y la propuesta de consulados digitales en Perú muestran avances puntuales, pero insuficientes frente a los vacíos de protección consular y las barreras económicas para la movilidad.

Puede leer el informe AQUÍ

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Relatos de tortura ante la Corte IDH: “Si no haces el video, ese muerto lo vas a pagar tú”

Este miércoles 6 de mayo, la crudeza fue la constante de los relatos de tres de los 14 funcionarios de Polichacao que rindieron declaraciones en el marco del caso “Chirinos Salamanca y otros vs Venezuela”, que se llevó a cabo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Más de una decena de efectivos de la policía del municipio Chacao en Caracas fueron detenidos y señalados en 2016 de ser los presuntos responsables del asesinato del periodista de Venezolana de Television (VTV), Ricardo Durán. 

Uno de los implicados, Ángel Alfonso Sánchez Blanco, expuso en la corte que sin pruebas, el entonces ministro de Interior y Justicia y también director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), Gustavo González López, declaró en una alocución a través de la televisión pública que al menos diez miembros de Polichacao eran sospechosos de la muerte del comunicador social.

El episodio hizo que la CIDH concluyera en su informe de Fondo 314/21 que el Estado venezolano violó derechos a la libertad personal, integridad, garantías y protección judicial, además de la Convención contra la Tortura.  

Vía telemática desde Alemania, Fred Mavares Zambrano, para entonces director de gestión de Polichacao, sentenció que al escuchar el señalamiento por parte del actual ministro de la Defensa dijo que un grupo de efectivos de ese cuerpo se dirigieron al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). 

“Nos presentamos de manera voluntaria, no sabíamos ni siquiera a quienes se refería el ministro, éramos una veintena y un comisario de nombre Daniel Alvarez nos indico que por órdenes de arriba tenía que dejar presos a 14 funcionarios al azar”, dijo Mavares.

Mavares, quien no pudo acudir a Panamá por carecer de un pasaporte vigente, sentenció que ese día fueron retenidos en la sede del Cicpc en la avenida de Urdaneta de Caracas, 12 hombres y dos mujeres. “Tuvimos que dormir en un pasillo y nos pusieron con presos comunes, lo peor era que entre ellos estaba el supuesto testigo por el que nos metieron presos, alguien con prontuario a quien ya habíamos arrestado en Polichacao”.

Mavares relato que posteriormente fueron llevados al Palacio de Justicia para la audiencia de presentación en tribunales y la medida fue privativa de libertad en la sede del Sebin en El Helicoide.   

“Estábamos ocho en una celda, a las mujeres se las llevaron a otro lado. Nuestros familiares nunca se enteraron donde estábamos”, agregó.

Insecticida y electricidad 

Sánchez expuso que a dos de ellos los desaparecieron: Reggie Andrade y César Mijares, y a los 45 días los volvieron a ver con signos de deterioro: “Al primero que vimos que habían torturado fue a Mijares, tenía periódicos y cinta adhesiva alrededor de su cabeza y antebrazos”.

“Vimos a una persona en posición fetal con periódico y cinta en la cara en un pasillo y nos dimos cuenta que era Mijares porque nos dijo que lo estaban matando”, añadió Mavares.

Sánchez dijo que un día fue sacado de su celda y llevado a un piso donde le esperaban cinco hombres.

“Me pusieron las esposas, había un escritorio y sobre este un bate de béisbol, tobos de agua, insecticidas, bolsas plásticas y un teaser de electricidad, me inmovilizaron y comenzaron a decir que debía hacer un video que involucrara a algunos de mis compañeros y al alcalde de Chacao en ese entonces, Ramón Muchacho, yo me negué”, relató.

La víctima asegura que lo primero que le hicieron fue pegarle batazos en las piernas, mientras uno de los torturadores le conminaba a grabar el video.

“Las torturas eran cada vez más intensas, me tiraron al suelo y comenzaron a ponerme bolsas plásticas en la cara rociadas con insecticida, perdí el conocimiento y cuando desperté me estaban poniendo electricidad, me dijeron ‘si no haces el video, ese muerto lo vas a pagar tú”. 

Sánchez manifestó que cuando lo devolvieron a la celda sus compañeros estaban impresionados. “Sabía que en cualquier momento iban a venir por mí otra vez”.

Mavares, por su parte, precisó que aunque nunca fue torturado físicamente, fue testigo de atrocidades en El Helicoide.

“Iban a buscar a Sánchez y decían cosas como ‘prevenido Alfredo Chirinos’ y luego los regresaban como zombies con todo el cuerpo morado.  Ya yo sé por qué las personas se suicidan. No hay manera de describir la forma como el Estado venezolano puede destruir a una persona”, expresó.

Sin respeto a boletas de excarcelación

Tanto Sánchez como Mavares, así como la funcionaria Venus Medina Ferrer, quien también rindió declaración este miércoles 6 de mayo en la CIDH, aseguraron que pasados los 45 días estipulados en la Constitución y sin pruebas de culpabilidad contaban con sus respectivas boletas de excarcelación, pero que los efectivos del Sebin no acataron la norma.

Mavares aseguró que, de manera arbitraria, junto a Andrade, fue trasladado al centro penitenciario 26 de julio en San Juan de los Morros, en el estado Guárico. 

“Cuando nos sacaron de El Helicoide yo pensé que me iban a desaparecer, se me salieron las lágrimas cuando llegué a la cárcel porque imaginé que ahora sí iban a acatar la boleta de excarcelación, pero no fue así”.

Mavares relató que en la prisión de Guárico dormía en el piso y el primer mes no se bañó porque no había agua. Dijo que ideó un plan junto a su compañero y escaparon. “Si no, de repente estuviese ahí todavía”.

Tanto Sánchez como Medina fueron excarcelados en 2017 a raíz de una negociación entre el gobierno de Maduro y la oposición en República Dominicana, no sin antes vivir un infierno en El Helicoide. 

“A mi llegada a El Helicoide había 32 detenidas, estábamos en completo hacinamiento, la otra funcionaria de Polichacao, María Perez y yo compartíamos una colchoneta, las condiciones eran  insalubres, el agua no llegaba a la celda, era la época de la escasez en Venezuela, a veces pasaba todo un día con una misma toalla sanitaria”, dijo Medina.

Medina contó que ella tampoco fue sometida a maltratos físicos directos, pero su compañera sí. “La sacaban de la celda y regresaba hinchada y silente”.

La funcionaria expresó que en su celda había una luz blanca permanentemente encendida y estaba justo debajo del cuarto donde torturaban a las personas. “Teníamos que dormir escuchando gritos”.  

Medina expresó que para el momento de su reclusión en El Helicoide su hijo tenía cinco años. “Reclamaba mi presencia en el hogar, se agarraba de las rejas y me preguntaba por qué no volvía a casa, ese rompimiento de la maternidad fue lo peor de mi cautiverio”.

Heridas abiertas

Ataques de pánico y ansiedad, depresión, gastritis, trastornos del sueño, rupturas familiares, migración forzada y hasta muerte de familiares fueron los lugares comunes de los tres testimonios de este miércoles 6 de mayo en la CIDH.

“A raíz de mi encarcelamiento mi padre dejó de medicarse, no se tomó el tratamiento para los riñones y eso le costó la vida”, dijo Medina.

“Sigo teniendo insomnio, a veces me levanto con ataques de pánico, siempre tengo dolores de espalda”, añadió Sánchez.

El trío de testigos aseguró que sus cuentas bancarias fueron bloqueadas y sus registros de identidad desaparecidos, además sus carreras obstaculizadas y ahora deben dedicarse a otros quehaceres en el extranjero.

Medina contó que actualmente trabaja en una empresa de limpieza en España.

“Perdí mi proyecto de vida, mis bienes, tuve que comenzar de cero y esto conllevó a una ruptura familiar, ahora soy delivery en España”, expuso Sánchez.

Todos clamaron justicia para el funcionario de Polichacao, Darwin Herde, quien fue liberado en diciembre de 2017, pero detenido posteriormente al intentar regresar a Venezuela desde Colombia y recluido en el Fuerte Guaicaipuro en Charallave, estado Miranda, acusado con nuevos cargos de traición a la patria.

“Tiene que haber justicia y una reforma policial, El Helicoide debe ser convertido en un museo de la memoria para que cosas así no vuelvan a ocurrir. Vine aquí por Darwin Herde y sus hijos y por todos los presos políticos que aún quedan en Venezuela”, sentenció Medina. 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

Pedro Benítez: “El retorno democrático es inevitable”

En una nueva edición de Espacio Runrunes, el historiador y analista político Pedro Benítez ofreció una lectura profunda sobre la crisis de legitimidad que atraviesa el actual “gobierno interino” de Delcy Rodríguez y las implicaciones de la ruptura emocional de los sectores populares con el proyecto chavista.

La ruptura con la “Venezuela popular”

Benítez introdujo una tesis central: las protestas postelectorales de julio de 2024 representan el “Caracazo del chavismo”. Según el historiador, así como los eventos de 1989 marcaron el inicio del fin del dominio de AD y COPEI, las manifestaciones de 2024 evidenciaron una fractura definitiva entre el chavismo y su base social histórica.

Sin embargo, destaca diferencias fundamentales que demuestran una mayor madurez política en la población actual.

“A diferencia de los saqueos y actos de pillaje de 1989, las protestas de 2024 fueron autoconvocadas y dirigidas exclusivamente contra los símbolos del poder (estatuas y afiches), lo que denota una motivación política y no meramente material”.

Para Beníntez, el chavismo, que llegó al poder prometiendo reivindicar a los marginados, ha terminado convirtiéndolos en las principales víctimas de una “catástrofe humana” y del terrorismo de Estado.

La parálisis del “Rodrigato”

Benítez analizó el desempeño de la administración de los hermanos Rodríguez y a pesar de que identifica un contexto internacional aparentemente favorable, señaló fallas críticas que dan cuenta de una oportunidad perdida. 

“Con el flujo de ingresos petroleros y la cobertura de la administración Trump, el gobierno debería estar estabilizando el país, pero la inflación de dos dígitos mensuales persiste y los servicios básicos siguen colapsados con apagones frecuentes y casos como la crisis de agua potable en Cumaná que ya lleva varias semanas”.

Para el historiador, el principal problema de la gestión de Delcy Rodríguez es la crisis reputacional ya que las empresas internacionales desconfían de un grupo que ha priorizado la “rapiña de corrupción” y la conservación del poder sobre la seguridad jurídica. “Las petroleras buscan estabilidad a largo plazo, algo que un gobierno que está claro que es rechazado por la voluntad popular no puede ofrecer”.

Adicionalmente, Benítez considera que se mantienen las mismas prácticas de abandono que caracterizaron la etapa de Maduro, lo que sigue alimentando el descontento en las calles.

El mérito de sobrevivir

Para el analista político el papel de la oposición venezolana debe verse entendiendo todo lo que ha hecho el gobierno para aniquilarla y desaparecerla. “Yo creo que la oposición venezolana ha hecho un primer logro importantísimo, que es sobrevivir. Y dado el contexto de lo que ocurrió en Venezuela en los últimos años, la cuarta parte de la población se fue en un poquito más de una década, más la represión tan salvaje, la judicialización de los partidos políticos. Yo creo que el gran logro es que todavía exista y tenga una figura como María Corina Machado.

Benítez recordó que eso en Cuba no existe, en Nicaragua no existe ni tampoco en Rusia y es importante que “de cara a los venezolanos existe una alternativa de carne y hueso que está presente”. A juicio de Benítez, Machado está fuera de Venezuela antes de romper con los Estados Unidos, está haciendo lobby y tratando de incidir en la administración Trump para que facilite el proceso democrático en el país.

Retorno democrático inevitable

El analista destacó que la administración de Donald Trump ha decidido asumir la responsabilidad de lo que ocurra en Venezuela, utilizando la intervención del 3 de enero como un “efecto de demostración” regional. No obstante, advirtió que la estabilidad a largo plazo que buscan figuras como Marco Rubio solo se logrará mediante una transición ordenada y un gobierno con legitimidad de origen.

“Estados Unidos decidió asumir una responsabilidad sobre lo que pase en Venezuela. Ellos han dicho que venimos de una fase de estabilización, pero nosotros no estamos viendo una estabilización en la economía venezolana. Esto no termina de estabilizarse. Venezuela necesita grandes reformas económicas, necesita un gobierno… con una composición técnica que ofrezca certidumbres”.

Respecto a la Fuerza Armada Nacional (FAN), Benítez calificó su papel actual como “lamentable” tras la derrota estratégica y el fraude convalidado el 28 de julio. Sin embargo, sugirió que existe un descontento interno significativo, evidenciado en la facilitación del acceso a las actas electorales por parte de mandos medios y bajos. Para Benítez, aunque hoy no ve señales de parte del gobierno interino de Delcy Rodríguez de que ellos estén interesados en permitir una transición pacífica del poder, considera que el retorno a un proceso democrático es un hecho inevitable, aunque el tiempo sigue siendo la gran incógnita. Concluyó advirtiendo que, mientras se cierren las vías pacíficas de cambio, la amenaza de un estallido social que ha mencionado María Corina Machado, o una crisis mayor permanecerá latente, pues Venezuela se comporta actualmente como un “volcán” o un “cuero seco” que saltará ante la presión.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

El Mañanero del 7 de mayo: CIDH exige ante la OEA la libertad de presos políticos en Venezuela

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este jueves, 7 de mayo, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) un balance detallado sobre la situación de los derechos humanos y la detención de personas por motivos políticos en Venezuela.

En representación del presidente de la CIDH, Stuardo Ralón Orellana, la secretaria ejecutiva de la Comisión, Tania Reneaum, expuso datos actualizados y técnicos sobre la represión estatal y el alcance de las medidas legislativas recientes.

La CIDH vincula directamente la vigencia de los derechos fundamentales con el sistema democrático. Reneaum afirmó que “la democracia no es un adorno del sistema interamericano, es su condición de posibilidad”.

Lea la nota completa AQUÍ

Recién salido del horno: otras noticias

Cómo se vive el colapso del sistema de salud desde la dirección de un gremio

En El Helicoide Luis Turbay experimentó la oscuridad pero también la esperanza

La Conversa | María Oropeza: “Las mujeres en El Helicoide tienen menos derechos que los hombres”

Piden fe de vida del estudiante Faustino Hermoso: tiene seis días en desaparición forzada

#EnchufaDÍN | Felicita a Calixto Ortega Sanchez por su nuevo cargo

Dólar/ Euro BCV

La perla del Día

 María Oropeza: “Las mujeres en El Helicoide tienen menos derechos que los hombres”.

Lo que rompe en redes

Desgarrador testimonio de Ángel Sánchez, PoliChacao que testificó ante la CorteIDH sobre las torturas sufridas en El Helicoide.

Azuquita pa’l café

El día que la princesa Diana rompió el protocolo real para sus hijos al participar en la carrera del Día de la Madre de su escuela.

La ñapa (recomendamos…)

Te presentamos la agenda semanal del Centro Cultural Chacao desde el 4 hasta el 10 de mayo.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Un acuerdo laboral que prolonga la miseria de los trabajadores

El documento elaborado en la llamada Mesa Nacional de Diálogo para los Consensos Laborales y Sociales, el pasado 30 de abril, es una oda al desprecio de la condición de vida de los trabajadores activos, pensionados y jubilados en Venezuela. Lo que supuestamente iba a ser un “aumento responsable”, a decir de la mandataria interina, devino en una oportunidad perdida para abordar con seriedad el salario y el poder adquisitivo.

Las expectativas bien fundadas de atender las justas exigencias de centrales sindicales, gremios profesionales, sindicatos no confederados y organizaciones de jubilados y pensionados culminaron en la frustración persistente al conocerse los alcances de un acuerdo que mantiene en la ruina a millones de seres humanos. A esos a quienes se les ha repetido el mismo discurso a lo largo de estos años.

Efectivamente, desde 2019 una Comisión de Encuesta acordada por la OIT estableció la obligación al régimen de acordar políticas favorables al salario mínimo, las reuniones tripartitas y la libertad sindical, y designó un Foro Social permanente hasta lograr restablecer los convenios laborales violados. Directriz que comenzó a concretarse en marzo de 2022.

Desde esa fecha hasta el pasado 30 de abril han transcurrido 1507 días, en cuyo periodo se han realizado cinco foros sociales y se han aprobado decenas de comisiones y propuestas para el cálculo del salario, sin aplicación alguna. Durante cuatro años, un mes y siete días jamás se afectó al salario, que permaneció, en el acuerdo recién firmado el 30/4/2026, en 130 bolívares, integrado a los bonos de guerra y la cestaticket sin ninguna incidencia salarial.

En resumen, ese tiempo no fue suficiente para aprobar una verdadera política que reivindique al trabajo como actividad humana, donde este no sea concebido solo para sobrevivir, sino para vivir con dignidad. Lamentablemente no fue así. Los comensales de la Mesa Nacional de Diálogo para los Consensos Laborales y Sociales lo que hicieron fue ratificar el gran descubrimiento: la sustitución del salario por el “novísimo concepto” denominado ingreso mínimo.

¿Cómo justifican tal disparate ante millones de trabajadores activos y pensionados que languidecen con remuneraciones y pensión? ¿Por qué el gobierno de la interina no explica cómo se distribuyen los recursos reconducidos de la venta de petróleo?

Para nada; todo se mantiene en la opacidad absoluta del poder. Quienes lo detentan tienen el capricho del secreto para manejar discrecionalmente los recursos del país, sin control alguno de ningún poder público y mucho menos de sindicatos autónomos, a quienes reprimen con el memorándum 2792 y el instructivo ONAPRE.

Normativas inconstitucionales que debieron haber eliminado si hubieran tenido la intención de restaurar la libertad sindical, la negociación colectiva y la estructura del salario, y con ello reconocer la representación sindical vigente de los trabajadores.

El rodrigato ha perdido una oportunidad de darse un barniz de decencia y de piedad por la clase trabajadora que dice representar, con sus poses de pretender ser diferentes al dictador Maduro y al autoritario Hugo Chávez. Cambiando el rojo por el azul y borrando de la liturgia verbal revolucionaria a Chávez y a Maduro no los convertirá en rebautizados por las aguas del río Jordán.

La desfachatez y el descaro no tienen límites. Presentar como una gran victoria mantener un salario mínimo de 0,27 dólares mensuales y aumentar solo el bono de guerra y la cestaticket a la suma de 240 dólares es acordar lanzar unas migajas del festín para medir el conformismo de la muchedumbre.

Cuando vemos el texto del desafortunado acuerdo, se destaca cómo el diablo se esconde en la letra pequeña de la exposición de motivos: en el punto primero, parágrafo 3; en el punto segundo y en el punto quinto, donde trabajadores, empresarios y gobierno, todos agarrados de la mano, se comprometen cada uno a solicitar el levantamiento de las sanciones.

¿Cómo se puede explicar que esté presente esa pretensión gubernamental en un acuerdo estrictamente «laboral»? Los incautos que firmaron ese documento del lado de los trabajadores están en deuda con sus afiliados y deberán presentar sus motivos para hacerlo. A los representantes empresariales es necesario indicarles que no siempre hay gobiernos de esta calaña dirigiendo un país; viene al caso la célebre frase atribuida a Winston Churchill: «Quien se humilla para evitar la guerra se queda con la humillación y con la guerra».

Entre tanto, al rodrigato cabe señalarle que la tesitura de ese acuerdo reafirma, a la vista de millones de trabajadores, que ustedes conservan la misma esencia de quienes han devastado al país durante el siglo XXI y son, por tanto, merecedores del repudio del pueblo venezolano. Repudio que se expresará a través de las movilizaciones de un sindicalismo libre y democrático, autónomo tanto de los empresarios privados como de los gobiernos antilaborales, entre ellos el de la actual interina que azota al país.

@froilanbarriosf | Movimiento Laborista.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

En El Helicoide Luis Tarbay experimentó la oscuridad pero también la esperanza

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Luis Tarbay, expreso político y coordinador del comando Mundo, confesó para la serie de YouTube “Inquebrantables” que, durante su detención en El Helicoide, se vulneraron sistemáticamente el derecho a la defensa y el acceso a la justicia.

Tarbay opinó que las detenciones formaron parte de un “experimento social” en el que se apresó a personas de distintos sectores de la sociedad por motivos políticos. El programa de YouTube fue conducido por la periodista Mariana Atencio este martes 5 de mayo y pertenece a una serie de entrevistas disponibles en el canal oficial de Vente Venezuela. 

Tarbay fue excarcelado el pasado domingo 8 de febrero tras pasar 13 meses en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Sin posibilidad de contactar a su familia, aseguró que durante ese tiempo vivió en una celda “presurizada”: un espacio sin ventanas, con doble puerta y donde se encontraban más de 20 personas recluidas. Además de las limitaciones de espacio, enfrentaron dificultades para tomar el sol o acceder al patio; sin embargo, el factor que les generaba mayor estrés era la incertidumbre ante posibles traslados o los constantes movimientos de celda dentro del centro de reclusión.

Un centro que quebrantó la voluntad de muchos 

El Helicoide es considerado por varias organizaciones como un centro de torturas. Concebido originalmente como uno de los centros comerciales más modernos de América Latina, terminó pasando a la historia como el recinto donde se han vulnerado múltiples derechos humanos. En 2019, un informe de la ONU documentó torturas y abusos en varios centros de detención, incluido este.

El pasado 8 de enero, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció el cierre de este centro de detención con el objetivo de que la sede se transformara en un complejo deportivo de interés especial, lo que hasta el momento, no se ha concretado.

“El régimen sí logró tumbarnos, pero logramos salir adelante y recomponer los pedazos”, aseguró Tarbay.  

La represión se extendió más allá de las celdas

Uno de los momentos más difíciles que tuvo que enfrentar mientras permanecía detenido fue enterarse de los allanamientos injustificados a las empresas de sus hermanas. Este hecho le generó frustración e impotencia al comprender que la represión no estaba dirigida únicamente a él, sino también a su familia. Tarbay confesó que el período en el que estuvo preso en El Helicoide fue muy duro para sus familiares, especialmente para su esposa, quien tuvo que hacerse cargo de sus dos hijos: uno de cuatro años y otro de siete.

Añadió que tuvo que ver el “lado oscuro del venezolano” en sus carceleros, pero también sintió el apoyo y la solidaridad tanto de quienes permanecieron recluidos con él, como de aquellos que, fuera de las fronteras venezolanas, abogan por la democracia y visibilizan la situación ante el mundo.

A juicio del miembro de Vente Venezuela, incluso aquellos que hoy están del lado de la represión podrán redimirse, pues, a su juicio, no deben existir divisiones para construir un país.

Mientras estaba confinado, Tarbay observó que aún existen funcionarios dispuestos a cumplir con el rol que la ley les exige: garantizar los derechos humanos. Este hallazgo le permite mantenerse optimista y no perder la fe en el proceso.

La fe sabe a libertad

Las excarcelaciones iniciadas luego de los hechos del 3 de enero fueron un rayo de esperanza dentro de la oscura celda, tanto para Tarbay como para el resto de los presos con quienes convivía. Cada semana liberaban a una o dos personas, hasta que quedaron tan solo cinco y, finalmente, únicamente Tarbay en la celda.

“Pasé varias semanas solo; pero bueno, ya en ese punto la fortaleza mental era mucho mayor, así como mi cercanía con Dios y su protección. Ya yo vivía con eso”, reveló.

Aunque admitió que fue un proceso difícil, en el que tuvo que permanecer meses incomunicado con su familia y enfrentar la ansiedad, la incertidumbre y el miedo, Tarbay expresó sentir un profundo agradecimiento por la experiencia vivida. Asimismo, aseguró que valió la pena por el futuro de sus hijos y el de millones de venezolanos.

Concluyó afirmando que el país requiere ser gobernado desde la conciencia, reconociendo los errores del pasado para evitar repetirlos y enfatizó que el proceso aún no ha concluido, pues muchos de sus compañeros permanecen detenidos y forman parte de su lucha diaria por la libertad.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

CIDH exige ante la OEA la libertad de presos políticos en Venezuela para restaurar la democracia

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) un balance detallado sobre la situación de los derechos humanos y la detención de personas por motivos políticos en Venezuela.

En representación del presidente de la CIDH, Stuardo Ralón Orellana, la secretaria ejecutiva de la Comisión, Tania Reneaum, expuso datos actualizados y técnicos sobre la represión estatal y el alcance de las medidas legislativas recientes.

La CIDH vincula directamente la vigencia de los derechos fundamentales con el sistema democrático. Reneaum afirmó que “la democracia no es un adorno del sistema interamericano, es su condición de posibilidad”.

Bajo esta premisa, calificó la privación de libertad por razones políticas como “una de las expresiones más graves del derrumbe del estado de derecho en Venezuela”, subrayando que estas acciones no constituyen un exceso aislado, sino una “política de Estado, sostenida y deliberada”.

De acuerdo con datos obtenidos a partir del mecanismo especial de seguimiento de la CIDH, solo en 2025 la Comisión otorgó 36 medidas cautelares, dirigidas principalmente a personas privadas de libertad por motivos políticos, defensores de derechos humanos, periodistas y núcleos familiares completos. Asimismo, el monitoreo ha recopilado más de 300 testimonios directos de víctimas.

Cifras y condiciones de detención

La CIDH presentó una progresión estadística que refleja la magnitud de la crisis carcelaria por motivos políticos. Entre julio y diciembre de 2024, la sociedad civil documentó un total de 2062 detenciones. Al cierre del año 2025, la cifra de personas que permanecían privadas de libertad se situó en 1794, registro que incluía a tres menores de edad.

Para abril de 2026, la Comisión contabiliza 454 personas que continúan detenidas por razones políticas. Este grupo está integrado por 44 mujeres, una adolescente, 286 civiles y 186 militares.

Asimismo, Sse denunció que, en el marco de estas detenciones, “persisten la desaparición forzada, tortura, incomunicación prolongada y la negación de atención médica”, reportando que al menos 18 personas habrían fallecido bajo la custodia del Estado.

Análisis de la Ley de Amnistía

La Comisión evaluó la efectividad de la Ley de Amnistía, señalando discrepancias estructurales entre el texto legal y su implementación. Si bien se reconoce que la ley excluye formalmente las violaciones graves a los derechos humanos, Reneaum advirtió que la cláusula residual del artículo 9 introduce un “tipo abierto aplicable contra opositores” al excluir acciones vinculadas a actores extranjeros.

“No se le puede pedir al instrumento de la represión que se convierta en un instrumento de reparación. Las cifras lo confirman. El Estado afirma más de 8 mil beneficiados. La sociedad civil registra apenas 186 personas con libertad plena”, criticó.

Por otra parte, el organismo alertó que 554 personas permanecen bajo “libertad vigilada”, sujetas a prohibiciones de salida del país, presentaciones periódicas y restricciones para hablar con la prensa o manifestarse.

Exigencias de la CIDH al Estado Venezolano

La secretaria ejecutiva finalizó su intervención con cuatro requerimientos puntuales destinados a la restauración institucional:

Cese de detenciones arbitrarias: Exigen la “libertad plena de todas las personas presas políticas y de conciencia”, aclarando que las liberaciones parciales no satisfacen las obligaciones estatales.

Transparencia: Demandan acceso a “listas oficiales de personas detenidas, procesadas y amnistiadas”, señalando que la opacidad es una violación adicional.

Reformas estructurales: Solicitan protección absoluta contra la tortura y garantías de no repetición.

Visita in loco: La CIDH reitera la urgencia de una visita al país con “acceso irrestricto a los centros de privación de libertad”, enfatizando que la Comisión está dispuesta y solo falta la anuencia del Estado.

En su cierre, Reneaum declaró que la Comisión “no aceptará como avance lo que es apenas un gesto” y continuará señalando lo que define como una “política de estado de represión que el sistema interamericano tiene el deber de confrontar”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.