Así como lo prometió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, antes de abordar el avión que lo llevó a reunirse con su homólogo, el líder comunista chino Xi Jinping en Pekín esta semana, así mismo la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) dijo que todos los presos políticos en Venezuela deben salir en libertad.
De la misma manera, la CIDH condenó la muerte de privados de libertad bajo custodia del Estado, especialmente la de Víctor Hugo QueroNavas de 51 años de edad, cuya madre estuvo pidiendo una fe de vida durante meses, cuando en realidad había sido enterrado en un cementerio por las autoridades el año pasado.
Datos manejados por la CIDH revelan que además de Quero Navas, otras 17 personas han fallecido bajo custodia de las autoridades, entre ellas Reinaldo Araujo, Lindomar Amaro y exgobernador de Nueva Esparta, Alfredo Díaz. Aunque algunas organizaciones como Justicia, Encuentro y Perdón hablan de 27 desde 2014 y Foro Penal maneja la cifra de 31.
La CIDH reportó que hasta abril de 2026, organizaciones civiles reportaron 454 presos políticos. Igualmente denunciaron la continuidad de prácticas como desaparición forzada, tortura, incomunicación prolongada, negación de atención medica y de una defensa privada.
“La CIDH sigue recibiendo denuncias constantes sobre el uso de la privación de la libertad, incluido el empleo discrecional y excesivo de la prisión preventiva, como mecanismo de control, censura y represalia, junto con graves violaciones al debido proceso y a la protección judicial”, expuso el comunicado.
La CIDH expone que si bien, el régimen de Delcy Rodríguez ha adoptado medidas para excarcelar a un número de presos políticos como la Ley de Amnistía, estas han tenido un alcance limitado.
Contrario a las 8000 personas beneficiadas que asegura el gobierno, la CIDH reporta que solo 186 personas resultaron favorecidas y obtuvieron libertad plena, mientras que otras 554 personas excarceladas permanecen sometidas a medidas cautelares.
La CIDH informó que de 777 solicitudes de aplicación de dicha ley, 322 fueron negadas, 96 apeladas, 434 se encuentran en espera de decisión y apenas 19 fueron aprobadas.
El organismo indicó que el hecho de que Rodríguez haya decretado el fin de la Ley de Amnistía, es una muestra de que en Venezuela no existe separación e independencia de poderes públicos y que el sistema de justicia continúa opera como un apéndice del Ejecutivo.
La CIDH también demandó el acceso pleno y verificable a la información pública, en particular las listas de personas detenidas y procesadas por motivos políticos.
De la misma manera, hizo un llamado a la comunidad internacional para que continúe exigiendo elecciones libres, justas y transparentes y reiteró su disposición a llevar a cabo una visita in situ a Venezuela para mirar de cerca la situación de los derechos humanos.
“La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia”, expresó el comunicado.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
De acuerdo con la agencia Reuters, un incendio afectó este viernes 15 de mayo una instalación de procesamiento de gas en el lago de Maracaibo, operada porPetróleos de Venezuela (Pdvsa).
Según varias fuentes consultadas por la agencia internacional y videos difundidos en las redes sociales, el incidente llevó a los trabajadores a intentar sofocar las llamas.
Estos son algunos hallazgos que ha revelado Reuters.
–El incendio se registró cerca de las 7 de la mañana.
-No hubo muertos. Al menos seis trabajadores resultaron heridos, dos de ellos fueron identificados como Yorvi Mosquera, armador y fabricador, Jorge Rivera, operador de generación, mientras que otros se lanzaron al agua para salvaguardar sus vidas
-Los vídeos evidencian que no hay protocolo para ese tipo de accidentes, se perciben a varios trabajadores utilizando una manguera para controlar las llamas que surgían de la planta.
-De acuerdo a Reuters, el incendio podría haber sido provocado por la ruptura de un oleoducto en la planta de compresión Lamargas de Pdvsa, ubicada en el Bloque 5 del Lago de Maracaibo.
An explosion and fire was reported at the Lamargas site in the middle of Lake Maracaibo, some workers at the platform were injured in the explosion #Venezuelapic.twitter.com/jiLY7jB4a9
-La prolongada falta de inversión nacional y extranjera, además de la corrupción (denunciada por los propios chavistas) ha provocado que la empresa lleve a cabo un mantenimiento oportuno, aumentando el riesgo de incendios y accidentes
#15May 9am incendio en la planta Lamargas, de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), ubicada en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, estado Zulia. Venezuela pic.twitter.com/QgZEM85g4d
Por medio de un breve comunicado, el Ejecutivo que dirige Delcy Rodríguez se pronunció al respecto y dijo que un comité investigará las causas del incidente, sin que este procedimiento incida en la continuidad de las operaciones
#Comunicado || Petróleos de Venezuela, S. A. (PDVSA) informa que en la mañana de este viernes, 15 de mayo de 2026, se registró una explosión en la Planta de Compresión Lamargas, ubicada en el Bloque 5 del Lago de Maracaibo, estado Zulia. pic.twitter.com/AqkdF0nQ6Q
“Esta debacle tiene nombres y apellidos: Delcy Rodríguez y la cúpula corporativa estatal destruyeron la industria al sustituir la meritocracia ya los ingenieros capacitados por militantes leales, pero absolutamente incapaces”, escribió en su cuenta de X el exconcejal de Caracas y expreso político, Jesús Armas.
De acuerdo a Armas, en las próximas horas esto tendrá un impacto directo en el suministro de gas doméstico e industrial en el estado Zulia. “Además del desplome en la producción de petróleo de los campos adyacentes”, acotó.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
De acuerdo al Departamento de Estado de los Estados Unidos, la administración de Donald Trump completó una misión para retirar uranio altamente enriquecido de un reactor nuclear fuera de servicio en Venezuela.
Según lo informado por el Departamento de Estado, la operación fue coordinada por las autoridades venezolanas y el Reino Unido, y contó con el apoyo técnico del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA).
“Estados Unidos, en colaboración con Venezuela y el Reino Unido y con apoyo técnico del OIEA, ha retirado con éxito el exceso de uranio altamente enriquecido del reactor de investigación RV-1 de Venezuela”, señaló el Departamento de Estado en un comunicado difundido.
Según Washington, “el RV-1 fue el primer y único reactor nuclear del país, construido inicialmente con fines de investigación científica pacífica y reconvertido más tarde para la esterilización por rayos gamma de suministros médicos y alimentarios”.
El Departamento de Estado asegura que la retirada del material nuclear se completó en cuestión de meses, más de dos años antes de lo previsto inicialmente.
La oficina estadounidense explicó que el material fue trasladado por el Reino Unido y llegó a principios de mayo al complejo nuclear de Savannah River, en Carolina del Sur, para su eliminación definitiva.
Un traslado no informado
Venezuela empaquetó el uranio altamente enriquecido a finales de abril, suministrado en el marco del programa estadounidense “Átomos por paz”, y lo preparó para su transporte.
El traslado del material no fue informado previamente, lo que causó suspicacia y especulaciones de todo tipo en las redes sociales, al difundirse las imágenes del traslado por las vías del país.
Radioactive material being moved in Venezuela overnight, some reports suggest it’s the decommissioned reactor from IVIC being removed#Venezuelahttps://t.co/S2GapCUDU1
Al menos ocho días después del retiro del material, el representante de Venezuela ante Estados Unidos, Yván Gil, recordó en un comunicado que el Reactor Experimental RV-1 del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), concebido por el Dr. Humberto Fernández-Morán, finalizó su ciclo operativo en 1991 y que en 1997, junto con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), se decidió su clausura definitiva, tiempo en el que se iniciaron operaciones de retirada parcial del combustible nuclear gastado y de custodia técnica del material restante, conforme a los protocolos internacionales de seguridad aplicables.
En el texto, aseguraron que supuestamente Venezuela insistió durante a la OIEA para el retiro de las fuentes y material sin desuso y que el ataque militar del 3 de enero “a escasos 50 metros del reactor”, acentuó la urgencia de extraer el material
EEUU asegura que la agencia con sede en Viena confirmó la transferencia de 13 kilogramos de uranio enriquecido en algo más del 20%, en línea con los esfuerzos internacionales para reducir los riesgos de proliferación.
El Departamento de Estado informó que la OIEA desempeñó un papel clave como observador y asesor técnico durante todo el proceso.
La Casa Blanca sostiene que la retirada refuerza la no proliferación del uranio y envía un mensaje directo a otros países, entre ellos Irán, sobre la lucha de Washington de reducir los riesgos nucleares a escala global.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
Antes de iniciar oficialmente su mandato, la flamante presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, agradeció a su predecesor Rodrigo Chaves a quien calificó como un “un hombre de principios, de valores, un jefe cariñoso y un presidente siempre cercano”. Y es que en esta “nueva” etapa de gobierno el popular político deja su cargo, pero no el poder, pues asumirá de manera simultánea como ministro de la Presidencia y de Hacienda. En resumen, un “súperministro” con beneficios para mantener su inmunidad e incluso aplacar las investigaciones judiciales en su contra.
Mientras eso ocurre en la vereda del poder, del lado de la prensa costarricense, las alarmas de censura e intimidación suenan más fuerte. El 2 de mayo, cinco de los siete integrantes de la junta directiva del reconocido diario La Nación fueron sorprendidos pues Estados Unidos acababa de revocar sus visas.
Esta medida es considerada “sin precedentes” en la esfera de los medios de comunicación, pero hay otros casos para tener en cuenta. En febrero de 2025 dos diputadas opositoras perdieron sus visas porque cuestionaron excluir a empresas chinas de un millonario contrato público. Algunos legisladores y funcionarios críticos también corrieron con esa suerte, así como el respetado expresidente y Nobel de la Paz, Óscar Arias, quien constantemente ha cuestionado a Donald Trump. “Estados Unidos es un paradigma de democracia, o lo ha sido. Hoy en día tiene características de autocracia, lamentablemente para mi gusto. Pero bueno ¿quién soy yo para decirle que enmiende su camino?”, dijo a los medios, aunque descartó que el gobierno de Chaves haya tenido que ver con la decisión.
El expresidente de la República, Óscar Arias, descartó este martes que el gobierno de Rodrigo Chaves tenga algo que ver en el retiro de su visa de Estados Unidos.
Pero hasta ahora nunca esa medida había tocado a los periodistas. Como la Embajada no ha explicado las razones, La Nación considera que podría tratarse de un “castigo” por su independencia periodística, como lo afirmó en su editorial del 4 de mayo: “Hoy tenemos razones muy sólidas para suponer que no se trata solo, ni tanto, de qué se piense en Washington; muchos elementos también apuntan hacia la Casa Presidencial de Costa Rica. La convergencia de ambos torna alarmantes tanto el método como los propósitos que lo animan. No solo vulneran seriamente la libertad de expresión, sino la integridad de nuestra democracia”.
Como explica a CONNECTAS Fabrice Le Lous, director editorial de La Nación, esto se enmarca en un “proyecto político populista polarizante que trata de dividir el país entre buenos y malos. Por eso necesitan enemigos, algo como la estrategia de Steve Bannon en Estados Unidos, de tirar temas súper escandalosos para marcar agenda temática (…) Al unir los hilos vemos que hay denominadores comunes, como que se quitan las visas a personas, políticos, empresarios y magistrados que el Gobierno, de una u otra forma, ha catalogado como sus enemigos, no así a personas ligadas al propio Gobierno”.
El asunto viene de larga data. Desde hace años, el diario ha cubierto la investigación interna del Banco Mundial contra Chávez por “acoso sexual” cuando el hoy expresidente ocupaba un alto cargo en esa entidad. Además ha publicado varios casos de supuesta corrupción incluyendo un financiamiento irregular en su campaña, y ha cuestionado constantemente las posturas “autoritarias” como una afrenta al sistema democrático. No es exagerado decir que La Nación se convirtió en una piedra en el zapato del político conservador.
Personajes como Chaves tienen una respuesta de manual en estos contextos: “Prensa canalla” dice y expresa abiertamente sus intenciones de destruir al diario y a Canal 7, televisora de gran relevancia en el país centroamericano.
Visas politizadas
La cercanía de Chaves con el gobierno actual de Estados Unidos no es un secreto, pues ha cooperado abiertamente para recibir deportados de otros países y extraditar a presuntos narcotraficantes. A esto se suma su participación, junto a su sucesora Laura Fernández, en la cumbre regional “Escudo de las Américas”, la iniciativa del presidente Trump para alinear a gobernantes afines en varias temáticas de interés regional.
Por lo visto de la administración Trump, en los últimos meses, las restricciones migratorias parecen ser la estrategia práctica para sancionar a sus adversarios políticos. Por eso el exembajador estadounidense John Feeley no habla con medias tintas: “La señal que está mandando el Gobierno del presidente Trump es que está más que listo para politizar el proceso de visas”.
🇺🇸🚫 EE. UU. anuncia restricciones de ingreso para quienes apoyen a sus adversarios políticos en la región. 📌 La medida ya afecta a 26 personas en América Latina como parte de una nueva estrategia del Departamento de Estado. 💻 https://t.co/JrbpHCUjq2pic.twitter.com/CjyByfVll0
Para el experimentado diplomático, se ha politizado la función consular y en la adjudicación de las visas ahora pesan más que nunca las creencias y opiniones del aspirante. “Es una lástima enorme y una traición de lo que ha sido una función de seguridad nacional. La han convertido en un arma de venganza para los que piensan distinto al Gobierno de Trump”, explica Feeley a CONNECTAS.
Y la medida contra los integrantes de la junta directiva de La Nación le han dado un nuevo cariz a esa política. Los congresistas demócratas que integran el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes rechazaron la medida: “Esta acción contra La Nación por parte del Departamento de Estado de (Marco) Rubio es el último ejemplo de cómo la política exterior estadounidense se está utilizando para servir los intereses políticos de Trump y sus aliados, no los del pueblo estadounidense”, aseguraron en respuesta a una publicación de la periodista Vera Bergengruen, del diario The Wall Street Journal.
This action against @nacion by Rubio's State Department is the latest example of how American foreign policy is being used to serve the political interests of Trump and his allies—not the American people.
— House Foreign Affairs Committee Dems (@HouseForeign) May 7, 2026
En esta línea hay más ejemplos. En octubre de 2025, el Departamento de Estado canceló la visa del periodista paraguayo Enrique “Kike” Gamarra, debido a un comentario que hizo sobre el asesinato del activista de derecha Charlie Kirk. El comunicador lo llamó “un hijo de puta” y añadió que “murió en su ley”. Luego ofreció disculpas públicas a la familia.
De hecho, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, es muy cercano a Trump y su país podría ser uno de los destinos de los inmigrantes, pues firmó con Estados Unidos un acuerdo migratorio en agosto de 2025.
Feeley, radicado en Panamá, recuerda el caso de Martín Torrijos y Ricardo Lombana, excandidatos a la Presidencia en 2024, que vieron sus visas revocadas tras emitir una declaración en defensa de la soberanía del Canal de Panamá. “Esto representa un patrón de comportamiento. Debe haber una justificación que vaya más allá que unas simples declaraciones en contra de una política específica de un gobierno. Para mí, habiendo sido representante del país más poderoso del mundo militarmente por más de tres décadas, la muestra más desnuda de debilidad es quitar una visa porque alguien piense distinto de ti. La muestra de fuerza es cuando puedes permitir la disidencia de opiniones. Y coño, esto es un periódico, no es un ejército (…) En realidad nos están mostrando que tienen miedo de la libertad de expresión”.
El acecho a la prensa
En el reciente Índice de Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras (RSF), Costa Rica cayó del puesto 8 al 36, un dato preocupante justamente en un país como Costa Rica. “La libertad de prensa y la libertad de expresión son dos principios muy respetados en Costa Rica, lo que la convierte en una excepción en América Latina. No obstante, ciertos periodistas y medios sufrieron ataques verbales en el último año, y el ejecutivo restringió el acceso a la información pública”, indica el documento de RSF.
Según Yanancy Noguera, periodista costarricense y activista en temas de libertad de prensa, el panorama es preocupante. Ella identifica tres aspectos claves: El primero, que su país no tiene una legislación muy robusta para defender la libertad de prensa, aunque hay cosas que han ido mejorando. Un segundo punto se refiere a cómo ha cambiado ese antagonismo natural entre prensa y poder. Anteriormente en casos de desacuerdos los tribunales los resolvían sin demora y casi siempre de manera positiva hacia el periodismo. “Jamás nos imaginamos que a la Presidencia iba a llegar un ser humano sin escrúpulos y haciendo de todo para amedrentar a la prensa”, asegura Noguera.
Finalmente, en tercer lugar la activista señala el debilitamiento institucional que comenzó bajo la acción sistemática, premeditada y organizada del gobierno. “A pesar de todo, creo que a nivel personal hay un enorme sacrificio de periodistas que intentan hacer su trabajo”, añade.
Y el panorama sigue oscurecido debido a la continuidad del gobierno de Laura Fernández. Aunque no hay muchas expectativas sobre un cambio en el relacionamiento con la prensa, sí existe un compromiso sólido de los periodistas por defender su oficio y seguir fiscalizando al poder.
Laura Fernández jura como presidenta de Costa Rica
"No me temblará el pulso para enfrentar el crimen organizado", dijo en su discurso de investidura.
Este panorama, con más o menos matices, se repite en países de la región donde gobiernos autoritaristas arremeten sin tregua contra los medios independientes. Es el caso de El Salvador donde recientemente el presidente Nayib Bukele congeló cuentas y bienes a los socios de El Faro, en un proceso considerado ilegítimo y un acto de venganza por la labor contestataria de este medio digital.
En Argentina también suenan las alarmas porque el presidente Javier Milei decidió bloquear el acceso de periodistas acreditados a la Casa Rosada, e incluso suspendió el sistema de ingreso digital que usaban reporteros nacionales e internacionales.
Así los casos pueden llenar una larga lista. Pero en medio queda casi intacto el compromiso de la prensa independiente a prueba de autoritarismos o balas. “Este es nuestro ADN, vamos a hacer periodismo mejor que nadie y esperemos que no llegue el día en que tengamos que exiliarnos o que haya una instrumentalización total del poder para silenciar a la prensa. Esperemos que Costa Rica no llegue ahí porque ahora nos toca documentar el presente”, dice el director de La Nación.
Cada semana, la plataforma latinoamericana de periodismo CONNECTAS publica análisis sobre hechos de coyuntura de las Américas. Si le interesa leer más información como esta puede ingresar a este enlace.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La crisis alimentaria en Venezuela ha dejado de ser una coyuntura económica para convertirse en una sistemática vulneración de los derechos humanos. El “Informe Provea 2025: El eclipse de la Constitución, Venezuela exige justicia y democracia”, presentado este 14 de mayo, documenta cómo el derecho a la seguridad alimentaria (consagrado en el artículo 305 de la Constitución) enfrenta un deterioro estructural que no se puede ocultar con la nueva narrativa de recuperación.
Mientras el oficialismo celebra el crecimiento en la exportación, la realidad en las masas venezolanas, según Hum Venezuela, es de una pobreza extrema en el 56,8% de los hogares y una inflación en alimentos que en 2025 escaló al 259,3.
Para el venezolano de a pie, la falta de dinero es el primer obstáculo que denuncia la ONG. En 2025, el Ingreso Mínimo Integral resultó ser insuficiente para poder cubrir una dieta básica ya que la caída del salario fue drástica: pasó de 3,3 dólares en 2024 a apenas 1,1 dólares en 2025. Estos datos sitúan a gran parte de la población en umbrales de inseguridad alimentaria severa, pues la capacidad de compra en los hogares a duras penas alcanzó para costear el 7,3% de una canasta alimentaria valorada en 565,35dólares.
El documento detalla que en 2025, la brecha entre los salarios y el costo de la Canasta Básica evidencia una “vulneración sistémica”: en los hogares venezolanos el gasto alimentario absorbe la totalidad de los ingresos, lo que se traduce en “privaciones severas en salud y educación para evitar el hambre, rompiendo la estabilidad mínima necesaria por hogar”.
Este capítulo del informe de Provea describe que aunque en el primer semestre de 2025 en el primer semestre de 2025 se observó una desaceleración en los precios,desde julio del año pasado comenzó un “ciclo de deterioro acelerado” en este aspecto que terminó pulverizando aún más el poder adquisitivo de los trabajadores “y exacerbó la desigualdad, situando el costo de la vida muy por encima de los ingresos promedio y consolidando una tendencia de encarecimiento agresivo hacia el cierre del año”.
Salarios que no alimentan
La investigación detalla que ante la pérdida del poder de compra, el 32,5% de las familias se vio en la obligación de canjear trabajo por comida, mientras que un 9,9% tuvo que recurrir a empleos riesgosos para poder alimentarse. Este fenómeno de “oficios precarios” se agrava con la disminución de las remesas, las cuales disminuyeron un 13,9% con respecto a 2024, lo que dejó a muchos hogares sin su principal salvavidas monetario.
Provea refiere datos de reportes de Cáritas Venezuela que documenta otras medidas de “supervivencia crítica” a las que recurren los venezolanos para poder comer: 76% liquida sus ahorros para adquirir alimentos, 59% se priva de alimentos en cantidad y calidad, 54% recurre al endeudamiento y 32% “debe pedir apoyo o mendigar para comer”.
“Estas cifras confirman que, aunque el suministro de alimentos ha mejorado en los anaqueles, la exclusión económica mantiene a la mayoría de la población en una situación de inseguridad alimentaria severa”, concluye Provea.
En medio de esta fragilidad económica parte de la población mantiene una dependencia forzada a programas como el CLAP. Sin embargo, Provea destaca que este proyecto también ha mostrado una caída: de beneficiar al 54,5% de los hogares en 2024 pasó apenas a beneficiar al 39,5% en 2025.
Un sector muy vulnerable en cuanto al tema de la alimentación es el de los adultos mayores. Las estadísticas indican que 9 de cada 10 no pueden costear su alimentación básica, pues sus ingresos apenas pueden cubrir entre 9% y 23% de la canasta alimentaria.
El colapso de los servicios
Alimentarse en Venezuela también implica enfrentar el suplicio de los servicios públicos. Según el estudio, el 68% de la población sufrió interrupciones eléctricas en horas productivas con un promedio de 14 horas sin suministro. Esta situación impacta directamente en la seguridad alimentaria por la pérdida de la cadena de frío y el daño de los electrodomésticos.
El acceso al agua potable muestra también una brecha profunda. Según un monitoreo de Cedice Libertad, el 86% de los hogares posee conexión por tuberías, el 63% presentó restricciones graves para su acceso, y el 86% de los usuarios calificó el agua como “fétida y sucia”. Sin agua salubre el derecho a la alimentación se rompe y se expone a los ciudadanos a enfermedades, en un sistema hospitalario que tampoco tiene garantizado el servicio.
Signos del “hambre oculta”
En Venezuela, el hambre tiene una cara invisible que no siempre se refleja en la pérdida de peso, sino en el colapso de los valores sanguíneos. La anemia ferropénica es la manifestación más extendida de la llamada “hambre oculta”, una crisis silenciosa provocada por la imposibilidad de acceder a proteínas animales, vegetales verdes y frutas.
Provea explica que a diferencia de la emaciación, o pérdida de peso, este déficit puede pasar desapercibido sin pruebas de laboratorio, pero sus efectos son devastadores: fatiga crónica y complicaciones críticas durante el embarazo y el desarrollo del feto.
La gravedad del problema es sistémica. Según el informe SOFI, casi una de cada cuatro mujeres en edad fértilen el país padece anemia (24,2% en 2024). Estas cifras no son solo estadísticas, sino el reflejo del fracaso de las políticas de fortificación alimentaria y del sistema de salud pública.
“Esta crisis compromete el capital humano futuro, pues madres anémicas suelen tener hijos con deficiencias cognitivas e inmunológicas. Urge garantizar nutrición y salud dignas para que las mujeres aseguren una generación de relevo sana”, advierten.
Respecto a los índices de desnutrición, las estadísticas de Cáritas reportan hasta un 9,1% en comunidades vulnerables frente al 1,2% que indican las cifras oficiales.
Dinero que no se traduce en más y mejores platos
Existe un contraste en el crecimiento de las exportaciones y el hambre en el país. En el informe se señala que sectores como el café y el cacao registraron incrementos notables en sus ventas: el café creció un 500% en mercados externos, pero estos ingresos en divisas no se traducen en soluciones alimentarias para la dieta básica.
Por el contrario, sectores básicos para la dieta nacional, como las caraotas, presentan un retraso crítico: el 75% del consumo depende de importaciones.
En la investigación también se detalla que aunque la producción nacional logra cubrir 98% de la demanda interna de carne de res, el sector enfrenta una fase de “estancamiento estructural, como bajo consumo per cápita, con una ingesta de apenas 12 kg anuales (aproximadamente 250 gramos semanales por persona), cifra que refleja una profunda brecha de accesibilidad económica”.
Provea advierte que el modelo económico que intenta emerger en el país está priorizando el capital y las exportaciones por encima de la justicia social.
Sugerencias para la recuperación
El Estado venezolano enfrenta la urgencia de rescatar la producción nacional de rubros estratégicos como el maíz y el arroz, que hoy dependen de las importaciones en un 50% y 32%, respectivamente. Para revertir esta vulnerabilidad, Provea recomienda implementar medidas financieras que fortalezcan a los pequeños y medianos productores, garantizándoles acceso a insumos, servicios básicos confiables e infraestructura adecuada.
Sin embargo, la producción es solo una parte de la ecuación: el informe destaca que es imperativo nivelar el ingreso mínimo con el costo de la canasta alimentaria, que en 2025 promedió los 565 dólares. Actualmente, el ingreso promedio apenas cubre el 7,3% de esta necesidad básica y condena a más de un tercio de los venezolanos a estrategias de supervivencia de alto riesgo.
Más allá del acceso económico, la seguridad alimentaria exige un entorno que permita el aprovechamiento biológico de los alimentos, lo que implica estabilizar urgentemente los servicios de electricidad, agua potable y gas doméstico.
Provea insta asimismo a ejecutar programas nutricionales focalizados en grupos prioritarios como la población infantil, mujeres embarazadas, adultos mayores, comunidades indígenas y personas bajo tutela del Estado, especialmente privados de libertad.
Finalmente, el informe subraya que cualquier solución sostenible requiere transparencia: el Estado debe publicar cifras oficiales actualizadas y garantizar seguridad jurídica a las organizaciones humanitarias que operan bajo el enfoque de “triple nexo” (emergencia, desarrollo y paz) para transitar de la asistencia inmediata al desarrollo real.
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¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este viernes, 15 de mayo, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.
El primer sorbo:
El “eclipse” de la Constitución: informe anual de Provea documenta una crisis estructural de DDHH
La organización no gubernamental Provea presentó este jueves, 14 de mayo, su informe anual titulado “Informe Provea 2025: El eclipse de la Constitución, Venezuela exige justicia y democracia”. El evento, realizado en la Universidad Central de Venezuela (UCV), congregó a activistas, víctimas, académicos y miembros del cuerpo diplomático para analizar el estado de las garantías fundamentales en el país durante el último año y los primeros meses de 2026.
La presentación contó con un panel de expertos y voces de la sociedad civil que abordaron la crisis desde distintas dimensiones. Óscar Murillo, coordinador general de Provea, quien ofreció el contexto político y los retos de la transición; Lissette González, coordinadora de Investigación de la organización, quien detalló los hallazgos estadísticos sobre derechos sociales y civiles; la historiadora Margarita López Maya, que tuvo la responsabilidad de analizar el nuevo escenario geopolítico tras los eventos de enero de 2026; Javier Tarazona, director de Fundaredes y expreso político, quien brindó un testimonio sobre la tortura y la judicialización; y Lis Hernández, lideresa indígena que denunció la devastación ambiental en el sur del país.
“Privatizar para que un grupito saque beneficios es inaceptable. La sociedad civil debe exigir que este proceso no se dé a espaldas de la gente”, investigadora Christi Rangel.
Lo que rompe en redes
John Barrett, encargado de Negocios de EEUU, informó este jueves 14 de mayo que se reunió con el Ministro de Energía, Rolando Alcalá, para trabajar en la reconstrucción del Sistema Eléctrico Nacional. «El plan de tres fases del Presidente de los EEUU y del secretario Marco Rubio se enfoca en restaurar el suministro de energía confiable a través de la experiencia, inversión y colaboración con EEU», publicó la cuenta de X de la embajada estadounidense en Caracas.
Me reuní con Rolando Alcalá, Ministro de Electricidad de las autoridades interinas, para trabajar en la reconstrucción de la red eléctrica de Venezuela. El plan de tres fases de @POTUS y del @SecRubio se enfoca en restaurar el suministro de energía confiable a través de la… pic.twitter.com/UxMvByy9A2
— Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) May 14, 2026
Azuquita pa’l café
Este viernes, 15 de mayo, se realizará una misa en honor a Víctor Quero Navas, preso político que falleció bajo custodia del Estado en julio de 2025 y cuyo deceso fue revelado casi 10 meses después. Familiares y amigos acompañarán a la señora Carmen Teresa Navas en la Iglesia La Candelaria a las 10:00 de la mañana para rendir homenaje a su hijo.
Después de tanto tiempo de búsqueda, de lucha incansable y de una espera que solo el amor de una madre puede sostener, es momento de unir nuestras manos y corazones.
Acompañemos a la señora Carmen Navas a elevar una oración profunda por el descanso eterno de su hijo, Víctor… pic.twitter.com/F7BFFQQz1P
— Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) May 14, 2026
Como una “pésima” noticia para el país calificaron algunos expertos en materia económica, el anuncio hecho este miércoles 13 de mayo por el Ejecutivo de reestructurar la deuda externa pública y la de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa).
El economista y profesor de la Universidad Católica Andres Bello (UCAB), Omar Zambrano, sostuvo que llevar a cabo esta misión es cuesta arriba para un gobierno sin legitimidad democrática, estadísticas macroeconómicas, deudas creíbles, programa formal con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y un plan de estabilización coherente.
De acuerdo con Zambrano, para llevar a cabo una reestructuración exitosa se necesitan cifras auditables, legitimidad, apoyo multilateral y un plan macro creíble.
“El gobierno interino tiene cero de cuatro”, escribió el economista en su cuenta de X.
El profesor universitario agregó que sin un análisis de sostenibilidad de deuda refrendado por el FMI no hay manera técnica de defender una reestructuración.
“Sin ancla multilateral, puede haber un descuento, pero este será negociado sobre la inferencia que hagan los acreedores sobre la capacidad de pago de un soberano débil”, dijo Zambrano.
El economista también apuntó que está latente la posibilidad de caer nuevamente en default en pocos años porque sin la presencia de un árbitro multilateral, los acreedores impondrán sus plazos de pago y periodos de gracia. “Por lo que habrá menos tiempo para que el flujo de caja externo se recupere”.
El especialista agregó que la reestructuración solo de bonos no tiene sentido técnico.
“Reestructurar solo los bonos, que son unos $100 mil millones, subestima la verdadera carga de la deuda externa y no resuelve el problema integral, por lo que el alivio efectivo será marginal y la sostenibilidad post acuerdo seguirá estando comprometida”, amplió
Zambrano añadió que lo anunciado por el gobierno de Rodríguez constituye un proceso opaco, parcial, apresurado, sin contrapartes técnicas y respaldo multilateral: “Va a producir un acuerdo lesivo para los intereses económicos de Venezuela y para la recuperación que viene”.
Reestructuración limitada
Para el director y fundador de la firma Ecoanalítica, Alejandro Grisanti, es importante acotar que la Licencia General 58 emitida recientemente por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) a Venezuela no permite ejecutar transacciones financieras.
“Permite contratar asesores legales, bancos de inversión y consultores para preparar una eventual negociación. Se pueden diseñar propuestas y escenarios de reestructuración, pero no intercambiar bonos, cerrar acuerdos ni ejecutar operaciones sin autorización explícita de las autoridades estadounidense”, escribió en su cuenta de X.
Para Grisanti antes de cualquier negociación seria de la deuda, Venezuela debería avanzar a una normalización institucional y estadística.
“Aunque el BCV volvió a publicar cifras macroeconómicas, el propio instituto reconoce que los datos desde 2018 son provisionales, y persisten debilidades importantes en recolección y procesamiento estadístico”, dijo el economista.
Grisanti consideró indispensable la intervención de una misión técnica del FMI para revisar cifras oficiales e indicó que ese proceso podría fácilmente consumir un año.
“Las experiencias internacionales muestran que las reestructuraciones más rápidas toman alrededor de dos años, mientras que los procesos complejos consumen cuatro años o más”, agregó.
Para el director de Ecoanalítica acelerar el proceso sin suficiente institucionalidad puede terminar generando más riesgos que soluciones.
Por su parte, el economista José Guerra dijo que para reestructurar la deuda es necesario publicar cifras oficiales, constituir un grupo de expertos financieros independientes, acudir al FMI para obtener apoyo y asesoría técnica para la renegociación y solicitar una licencia a la OFAC para poder renegociar la deuda.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
Profesores de la Universidad Central de Venezuela (UCV) ratificaron un paro nacional de 24 horas para el próximo martes 19 de mayo.
A través de un comunicado difundido en redes sociales, la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv) informó que la medida se lleva a cabo por la grave crisis salarial y la falta de respuesta del Ejecutivo Nacional a las demandas del sector universitario.
A pesar de que el pasado 30 de abril el Ejecutivo informó un anuncio salarial, para los profesores el aumento no representó novedad alguna. Los docentes exigen salarios dignos y mejoras en las condiciones laborales.
En el documento denunciaron que el salario mínimo se aproxima a cero dólares y que el aumento reciente en el “Bono de Guerra” es insuficiente y no tiene incidencia en las prestaciones sociales.
Las 24 horas de paro serán acatadas por todas las instituciones públicas de país, incluyendo personal docente, administrativo y obrero.
El Ministerio de Educación Universitaria, bajo la gestión de Ana María Sanjuan, rechazó el llamado a paro, calificándolo de “incomprensible” e instó a continuar con el diálogo.
“Si estamos dialogando, cumpliendo, entendiéndonos ¿por qué el llamado a paro? Ratificamos nuestra política de diálogo constructivo y permanente. Rechazamos el llamado a paro”, escribió Sanjuan en su cuenta en X.
En el comunicado, el Ministerio de Educación Universitaria “lamentó” las “visiones unilaterales” que desconocen los “esfuerzos” del Ejecutivo para proteger el ingreso de los trabajadores universitarios a través de los beneficios “temporales” de bonificación.
Si estamos dialogando, cumpliendo, entendiéndonos ¿por qué el llamado a paro?
Ratificamos nuestra política de diálogo constructivo y permanente. Rechazamos el llamado a paro.
— Ana Maria Sanjuan (@santajuanasanta) May 13, 2026
Para la Apucv resulta incomprensible que el Ministerio de Educación Universitaria manifieste su asombro ante la convocatoria a un paro de 24 horas.
“La realidad es que el 30 de abril solo hubo el incremento de $50 dólares del denominado Bono de Guerra. El Bono de Responsabilidad Profesional que, unilateralmente el Gobierno decidió pagar solo al 25% de los profesores universitarios”, afirmó la Apucv.
Los profesores reiteraron que llevan más de una década trabajando de manera gratuita y financiando la educación superior pública. Agradecieron las mesas de trabajo que se han realizado con representantes del Estado para tratar asuntos puntuales como el HCM, seguro funerario y atención primaria de salud; sin embargo, aclararon que en dichas reuniones no se ha tratado el tema central que es el aumento del salario.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
