Con una nueva temporada y en medio de uno de los años más determinantes para la política regional, regresa Bestiario Político, el podcast de análisis político y geopolítico conducido por el consultor político Edgard Gutiérrez, el director de ORC Consultores Oswaldo Ramírez y el periodista Nelson Eduardo Bocaranda.
La octava temporada inicia con el episodio 76 titulado “Venezuela: ¿en transición?”, una conversación que busca responder las preguntas que hoy dominan tanto las discusiones dentro del país como el debate internacional sobre el futuro venezolano.
¿Qué ocurrió realmente el 3 de enero? ¿Existe una transición política o un reacomodo del poder? ¿Habrá elecciones y bajo qué condiciones? ¿Está cambiando el oficialismo? ¿Cuál es el verdadero estado de la oposición? ¿Qué significan hoy las libertades políticas y económicas en Venezuela? Estas son algunas de las interrogantes que aborda el episodio de estreno, en un contexto donde varios países de América Latina atravesarán procesos electorales y redefiniciones políticas que podrían transformar el mapa regional.
“Volvemos porque América Latina está entrando en una nueva etapa de reconfiguración política y Venezuela sigue siendo una pieza central para entender el tablero regional”, afirmó Edgard Gutiérrez. “No queríamos regresar para hacer ruido; queríamos volver cuando las preguntas fueran más importantes que las respuestas”.
Oswaldo Ramírez destacó que esta nueva temporada el podcast busca ofrecer análisis más estratégicos y menos reactivos. “Estamos viviendo un momento en donde la política ya no puede analizarse solamente desde la ideología. Hoy hay que entender poder, emociones, percepción pública, economía y geopolítica al mismo tiempo. Ese es el espíritu de Bestiario Político, ayudar a inversionistas y ciudadanos a comprender el país”.
Para Nelson Eduardo Bocaranda el regreso del podcast coincide con un renovado interés internacional sobre Venezuela y su impacto regional. “Venezuela dejó de ser únicamente una noticia de crisis. Ahora es también una incógnita estratégica para la región. Hay demasiadas preguntas circulando dentro y fuera del país, y sentimos que era el momento correcto para volver a conversar sobre ellas con profundidad”.
Esta nueva temporada también estrenará un formato más concentrado y dinámico, manteniendo algunas de las secciones favoritas de la audiencia, como La Bestia Política del episodio y las recomendaciones personales de sus conductores.
Aunque el equipo prefiere no adelantar demasiados detalles, aseguran que durante este año llegarán nuevas sorpresas y formatos orientados a fortalecer la conexión con la audiencia y ampliar las formas de conversación alrededor del podcast.
Bestiario Político se ha consolidado como un espacio de referencia para audiencias interesadas en campañas, comunicación política, opinión pública, estrategia y geopolítica latinoamericana.
El episodio 76 estará disponible este domingo a las 7:00 PM en YouTube y ya puede seguirse en las principales plataformas de audio y redes sociales:
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La invitación es a seguir Bestiario Político en la plataforma de su preferencia y sumarse a una nueva temporada dedicada a entender las dinámicas de poder que marcarán el futuro de Venezuela y América Latina.
La corrupción no es más la que describe la historia política de nuestros países. Forma redes complejas de poder, dentro de un ecosistema que sustituye a la meritocracia para privilegiar las lealtades. Venezuela es el epígono
Le escuché decir a un muy lúcido experto global en cuestiones de inteligencia financiera, Mariano Federici, expresidente del Grupo Egmont, que la corrupción es, en la actualidad, multifrontal y polivalente, sobre todo desde cuando se coaliga con el crimen trasnacional organizado. Antes que manchar al Estado y a sus servidores, le comenté, ese morbo tomó en sus manos al mismo Estado. Mutó en poder institucional, socialmente normalizado.
El encuentro no pudo ser más propicio. Su sede, el naciente Institute for Freedom of The Americas del Miami Dade College, auspiciado por el Grupo IDEA y el Instituto Atlántico de Gobierno de Madrid. Su audiencia, los primeros veintidós (22) fellows, líderes emergentes de España y las Américas cuyo I Programa coordina Julián Martín Obiglio, argentino, presidente de la Fundación Nuevas Generaciones. Su propósito, mostrarles a estos las condiciones estructurales de ese fenómeno social y culturalmente destructor y disolvente de la corrupción en el siglo XXI. Con el mismo coluden terceros Estados y sus gobiernos, creyendo poder domesticarlo.
La corrupción no es más la que describe la historia política de nuestros países. Esta vez forma redes complejas de poder, dentro de un ecosistema que sustituye a la meritocracia para privilegiar las lealtades. Venezuela, enhorabuena –digo enhorabuena por ser el más propicio laboratorio para la ejemplaridad– es el epígono.
En nombre del bien común la narcocorrupción ha acabado con el bien común y fracturado el principio de igualdad ante la ley; para lo cual, acaso en copia del modelo fascista de la mentira, lo primero que hizo a partir de 1999, en Venezuela, fue cooptar y controlar a los jueces para que estos, como lo explicaba en su tiempo Pierto Calamandrei, avanzasen más allá de la turbia ilegalidad y “simulasen la legalidad y el engaño, desde la legalidad organizada”.
El morbo de la corrupción es complejo, resultando limitado –lo advierte Federici– su clásico encasillamiento como caso criminal. De su valoración como índice dependen las decisiones de inversión extranjera e incide en el plano de lo macroeconómico. Tampoco basta limitarlo a una cuestión moral, sin que pueda excluírsele, sobre todo por su efecto social modelador. Su normalización adquiere ribetes culturales. ¡Roban, pero hacen y dejan hacer, se repite en no pocos estratos de América Latina!
Volviendo a lo de Venezuela, la mutación del antaño 10 % con que los funcionarios de la Administración castigaban al contratista del Estado, en el 100 % que hoy se reparte entre el corruptor y el corrompido sin que dejen obra pública o suministro visibles, explica que, Salvo Uruguay, Barbados y Canadá, los índices internacionales la reprueben, seguida de Nicaragua y Haití.
Se aceleran en su construcción global mecanismos que facilitan el lavado de dineros, mediante la combinación de negocios tradicionales con las nuevas tecnologías financieras –empresas de fachada, estructuraciones (smurfing), manipulación de facturas– y, a la par, crecen mecanismos refinados de inteligencia financiera; a un punto tal que, de sus seguimientos, cada día, se conocen más los trazados de los dineros de sangre, obra de actividades criminales estructuradas como las del terrorismo, el narcotráfico y la corrupción.
La exposición que se alcanzó, con apoyo del periodismo de investigación independiente, en el caso Lava Jato, determinó conocer la llamada «corrupción sistémica» propiciada por la Odebrecht en toda la región. Causó el derrumbe de varios mandatarios y exmandatarios. Sin embargo, el problema central de la lucha contra la corrupción, como lo demuestra la experiencia, es su politización; tratándose incluso de una trama medularmente política.
Es política no porque la corrupción sea política, tal como lo predican los corruptores que dicen ser ajenos a los intereses políticos, sino porque afecta, dirían los griegos, el conjunto de la ciudad. Debilita la economía, las relaciones de convivencia, trastocándolas o transformándolas, la actividad cultural y hasta religiosa. “El alfarero con alfarero pugna, el artesano al artesano envidia, y lucha el pobre con pobre, y el poeta con poeta”, le dice Hesíodo a Perses, enseñándole sobre lo positivo, a saber, la emulación en ese choque; pero le advierte sobre lo negativo, como la envidia de lo ajeno que se vale de malos medios, como la corrupción de los jueces para disputarse los hombres las riquezas, o del robo para tomárselas por su mano” (Paul Mazon).
Los victimarios, así las cosas, cuando les toca ser víctimas de sus entuertos, denuncian al lawfare, a una supuesta e indebida criminalización de la política. Y huelgan los casos. De modo que, si nos ocupamos de lo sustantivo para resolver sobre el morbo que nos ocupa –entendiendo de imposible su eliminación– y a fin de atenuarlo hasta donde sea humanamente factible, cabe testear, sin agotarlos, al conjunto de sus ángulos polivalentes.
Primero que todo, resolver y evaluar la corrupción como problema cultural. Lo peor ha sido la tolerancia social del corrupto y del corruptor. Debe analizarse la visión que se tiene del Estado. Es el botín, dentro de la perspectiva patrimonialista del poder que ha regido en las Américas.
Importa rescatar la independencia de los jueces, que no solo han de ser competentes sino probos. Es algo crítico en el plano de lo institucional. La transparencia en la gestión pública ayuda. Asimismo, resolver sobre el financiamiento de la política urge. Ha sido la veta a través de la cual se infiltra, para hacer dependientes a los políticos, el entramado financiero y mediático. Fortalecer la alternancia en el ejercicio del poder y restablecer los balances entre los poderes, incluidos los contralores (¿quién controla al que controla?), evitará que el poder se siga corrompiendo.
La lista no se acaba y puede extenderse. Mas acabar con el paternalismo estatal y político, que mantiene bajo capitis diminutio al ciudadano, haciéndole irresponsable, pasivo beneficiario de las regalías públicas, es, lo creo, la condición del conjunto. Bien decía Federici que “la lucha contra la corrupción no es moral ni penal –que sí lo es– sino algo más importante, es una cuestión democrática y de seguridad nacional”.
Caben dos precisiones. Una, la de la citada cuestión democrática como experiencia cotidiana de vida, no reducida a lo electoral mayoritario. Las mayorías, presas de lo emocional, premian la opinión y no el programa real de un líder corrupto. La otra, la seguridad nacional no se ha de entender como la del Estado. El Estado es el que ha derivado en agente del poder criminal, al haberse separado o haber separado de su arquitectura a la nación, a la gente.
Que la corrupción acabó con la institucionalidad cabe predicarlo, tanto como que ella le abrió las puertas al crimen transnacional. Sin embargo, sostengo a pie juntillas que al debilitarse las bases espaciales y temporales de la institucionalidad global y la de los Estados, como consecuencia del quiebre epocal de 1989 –punto de ignición de las grandes revoluciones de la inteligencia– un nuevo marco, el de la virtualidad y la instantaneidad, hace añicos las ideas de soberanía y jurisdicción. Resta un descampado, proclive al uso de la fuerza unilateral y arbitraria por quien conserve algo de poder real y aspire a beneficiarse de la desconstrucción normativa. Lo hace USA en Venezuela.
El laboratorio de la revolución venezolana
Don Andrés Bello, en su Manual del forastero, editado en 1810, en Caracas, recuerda que “era el hallazgo del Dorado el móvil de todas las empresas, la causa de todos los males”. En 1817, desde Angostura, a la par de ordenar el secuestro y confiscar los bienes de los americanos y los españoles afectos al realismo, Simón Bolívar dispuso la adjudicación de esos bienes a los jefes, oficiales y soldados del llamado Ejército Libertador.
Sobre ese telón de fondo, el mito de El Dorado y el del cesarismo, el del salvador o padre bueno y fuerte, castigador que a la vez que administra el patrimonio común se cobra de este sus servicios, la corrupción genética de Venezuela regreso por sus fueros, pero mediando una falacia y un fraude.
Mientras los militares insurgentes de 1992 argumentaban lo que veían, es decir, la corrupción de sus superiores dentro de sus propios cuarteles, atrincherada como secreto de Estado, en la otra banda las élites financieras y empresariales, históricamente dependientes de los subsidios y el favoritismo gubernamental, resentían que el «Estado botín» no les cubriese más bajo su regadera. Toma cuerpo, así, un pacto fáustico, prorrogado hasta el presente, con sus excepciones conocidas.
Mirándola en retrospectiva, se incurrió en el error estratégico de colectivizar la lucha contra el peculado a partir de la Revolución de octubre de 1945. Sufrieron de la andanada todos, gomecistas, lopecistas y medinistas. Los militares, entre estos Marcos Pérez Jiménez, causahabiente del Ejercito Libertador, se sintieron burlados y preteridos por los civiles a quienes ofrecieron su concurso. Olvidaban que Bolívar, en la Angostura de 1819, pidió a su congreso constituyente crear un Senado vitalicio y hereditario integrado por los hombres de espadas, para que los venezolanos les quedasen siempre agradecidos.
Tras esa experiencia, en 1959, al forjarse el Pacto de Puntofijo, se corrige y focaliza el castigo en cabeza de los prohombres del régimen dictatorial. Se procura, por una parte, que el mundo militar acepte quedar sujeto a la autoridad civil electa por el pueblo; por la otra, se entiende que, más allá del acuerdo entre políticos y partidos, la estabilidad institucional habría de pender de la nación, de la misma gente y “sus intereses perdurables”. La confianza se asume, entonces, como el fundamento de la consolidación de la convivencia y para el desarrollo de una constitucionalidad estable, forjada por un liderazgo moral y moralizador. “La sinceridad política, el equilibrio democrático, la honestidad administrativa, y la norma institucional” serían las esencias de la voluntad de nación. La legitimidad era la clave.
Ahora bien, ¿que separa o que hace confluir la perspectiva histórica conocida y la que ahora avanza, llamada «estabilización económica», excluyente de la tríada «confianza-auctoritas-legitimidad» como necesaria para conjurar a la corrupción sistémica maridada con el narcoterrorismo, a partir de 1999?
La separa la tríada, y las emparenta, justamente, la idea reduccionista de los agentes externos involucrados y la misma dictadura, a quienes les basta, antes que la confianza –sigo a Pierre Rosanvallón– contar con una póliza de seguro contra riesgos. Nada más. La vida moral de los venezolanos les es indiferente. Medra una ejemplaridad en negativo.
Tras el 3 de enero de 2026 –miremos hacia atrás y a distancia de cuatro siglos– casi que se recrean las Capitulaciones de Madrid, cuando Carlos I, le entrega a la familia Welser, banqueros de Augsburgo, los derechos para explorar, explotar y colonizar el territorio de la Pequeña Venecia el 28 de marzo de 1528.
El castigo del morbo de la corrupción, en suma, no es de dimensiones, como la del argentino Daniel Muñoz, exsecretario de los Kirchner, cuyo peculado de 80.000.000 de dólares lo invierte en unos apartamentos del Hotel Plaza, en Nueva York. Tampoco la de Tarek El Aisssami, que toma para sí 23.000 millones de dólares del patrimonio petrolero de Venezuela o la del ministro Giordani, que en 2014 reconoce que se estafó al Estado con empresas de maletín, una suma de 25.000 millones de dólares. Tampoco es de impunidad, pues al presidente Carlos Andrés Pérez se le condena y expulsa del poder en un ajuste de cuentas de su propio partido, que se carga al andamiaje de la democracia dado el gasto por este de 250.000 dólares, para proteger a la democracia nicaragüense.
La lucha contra la corrupción ha de ser polivalente y multifrontal, pero solo es posible con voluntad política, según Federici. Bajo un liderazgo confiable, agregaría, susceptible de modelar comportamientos. “El origen de la ética se halla en la admiración de ejemplares. Y los ejemplares no son simples personas buenas, son personas ‘supremamente excelentes’ y, por lo tanto ‘supremamente admirables’, afirma Zagzebski (Cit. Tras las huellas de Sócrates, 2024)
En un comunicado difundido por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) la tarde de este 16 de mayo, el gobierno de Delcy Rodríguez confirmó los rumores que circulaban horas antes sobre la deportación del empresario Alex Saab. El texto indica que el ciudadano, “de nacionalidad colombiana”, está incurso “en diversos delitos en Estados Unidos y América, tal como es público, notorio y comunicacional”.
Saab, de 54 años, había sido detenido en Cabo Verde en 2020 y extraditado 16 meses después a EE.UU. Permaneció recluido hasta diciembre de 2023 en una prisión federal de Florida, acusado de liderar un esquema de sobornos y lavado de $350 millones de dólares provenientes del sistema cambiario y de los CLAP.
El 20 de diciembre de 2003, la administración del expresidente de EE.UU, Joe Biden, liberó a Saab mediante un indulto en el marco de un canje de prisioneros con el gobierno de Nicolás Maduro. A cambio, Venezuela liberó a 10 presos políticos.
El 18 de octubre de 2024, el expresidente Nicolás Maduro lo nombró ministro de Industria y Producción Nacional, cargo desde el cual asumió la conducción de las políticas industriales del Estado. Pero tras los hechos del 3 de enero de 2026, en los que Maduro fue capturado por fuerzas militares de Estados Unidos, la presidencia encargada con el aval de ese país, Delcy Rodríguez, lo destituyó.
Aunque la detención de Saab no fue formalmente reconocida por el Rodrigato, medios y agencias internacionales como Reuters difundieron que habría ocurrido el 4 de febrero de 2026. En las primeras horas, activistas del movimiento “Free Alex Saab” y figuras como Pedro Carvajalino intentaron desmentir públicamente el arresto.
La millonaria campaña por el “héroe diplomático”del chavismo
En varias ocasiones, los máximos líderes del oficialismo calificaron formalmente a Alex Saab como un “héroe”. La narrativa oficial del gobierno venezolano se estructuró específicamente bajo ese término para justificar su defensa diplomática.
El aparato estatal venezolano diseñó una estrategia multimedia e institucional para transformar la imagen del empresario acusado de lavado de dinero en un “mártir diplomático“. Investigaciones demostraron que se usaron masivamente granjas de bots, cuentas automatizadas y el pago a “influencers” para posicionar diariamente etiquetas a favor de Saab. Se crearon miles de cuentas en plataformas como X (antes Twitter) enfocadas exclusivamente en atacar a las autoridades judiciales de Cabo Verde y Estados Unidos.
También se pintaron grafitis y murales gigantes en las principales autopistas de Caracas, se celebraron conciertos masivos (“Un Canto por la Libertad”), y se convocaron a marchas obligatorias de empleados públicos en las que se distribuía mercancía (camisas, gorras, pancartas y juguetes inflables) alusivas a Saab.
El 20 de diciembre de 2023, tras la liberación de Saab en un intercambio de prisioneros con Estados Unidos, Maduro lo recibió en el Palacio de Miraflores y publicó en sus redes oficiales: “Nuestro héroe ha regresado a la Patria sano, vivo y libre… gracias a la resistencia y a la unión nacional fue posible el regreso de este héroe de la Patria“. En múltiples alocuciones televisadas posteriores, Maduro insistió en que Saab era un “héroe anónimo” que arriesgó su libertad para traer alimentos y medicinas a Venezuela venciendo el “bloqueo” financiero.
Otro que reiteradamente defendió el rango diplomático de Saab fue Jorge Rodríguez, quien remarcó que el hoy deportado fue representante de Venezuela ante los gobiernos de África, Irán y Rusia. Cabe recordar que en el año 2021, en su condición de jefe de la delegación oficialista, Rodríguez incluyó a Alex Saab como miembro de la mesa de negociación en México. También, ordenó levantar a la delegación chavista después de que Saab fuera extraditado a Miami. Por si fuera poco, Saab fue incluido en el equipo de comunicaciones del comando de campaña de Maduro en las cuestionadas presidenciales de 2024, coordinado justamente por Rodríguez.
En una búsqueda reciente se puede apreciar cómo Delcy Rodríguez secundó a su hermano en la defensa del carácter diplomático de Saab. En mensajes publicados en sus redes sociales de octubre de 2021, la hoy presidenta encargada aseguraba que el empresario era un “diplomático venezolano, víctima de secuestro y violación de sus derechos humanos” que había servido a Venezuela “frente al inmoral bloqueo imperial”.
En diciembre de 2023, la hoy presidenta celebró la liberación de Alex Saab y remarcó el “triunfo de la diplomacia bolivariana” contra la detención “injusta “en EE.UU. de Saab. Delcy felicitó públicamente a su hermano por sus “gestiones brillantes” para concretar este hecho.
Tras su liberación y llegada a Venezuela, Alex Saab fue recibido con júbilo en el palacio presidencial, en Caracas e inmediatamente fue designado como presidente del Centro Internacional de Inversiones Productivas. Nueve meses después, Nicolás Maduro lo nombró ministro del Poder Popular para la Industria y Producción Nacional, en sustitución de Pedro Tellechea, quien apenas estuvo ocho semanas al frente del cargo y fue detenido acusado de espionaje.
Fue Jorge Rodríguez quien emprendió luego una campaña para denunciar supuestas torturas físicas y psicológicas “indecibles” a Saab durante su detención y hasta anunció que emprendería acciones legales “por la violación de los Derechos Humanos del diplomático durante los 1286 días que estuvo secuestrado”.
¿Colombiano o venezolano?
Alex Nahim Saab Morán llegó a Venezuela en el año 2008. El empresario nacido en Barranquilla, Colombia, de origen libanés y nacionalizado como venezolano, siempre se mantuvo operando “bajo perfil” en países como Estados Unidos, Ecuador, Brasil, Reino Unido y su país natal. Su cercanía con las ideas del fallecido expresidente Hugo Chávez le abrieron las puertas para hacer negocios en Venezuela y facturar millones de dólares.
Aunque el chavismo defendió en reiteradas ocasiones la nacionalidad venezolana de Saab, en el comunicado difundido este 16 de mayo por el Saime se le señala como “ciudadano colombiano”. La mención a esta nacionalidad deja abierta la pregunta de si el gobierno reconoce con esto que violó el artículo 41de la Constitución, en el que se expresa que para ejercer el cargo de ministro hay que ser venezolano de nacimiento. Recordemos que Saab se desempeñó como ministro de Industria y Producción Nacional desde octubre de 2024 hasta enero de 2026.
«Sólo los venezolanos por nacimiento y sin otra nacionalidad podrán ejercer los cargos de Presidente o Presidenta de la República, Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, Ministros o Ministras, Presidentes o Presidentas y Directores o Directoras de Institutos Autónomos, así como Gobernadores o Gobernadoras y Alcaldes o Alcaldesas. En los demás casos, la ley establecerá los requisitos que sean necesarios», reza la Carta Magna.
La nacionalización de Alex Saab como venezolano generó gran polémica debido a que el dato se hizo público el 14 de junio de 2020, por el entonces excanciller Jorge Arreaza, pero para esa fecha, estaba detenido en Cabo Verde.
Por si fuera poco, en mayo de 2021, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró procedente un amparo a favor de Alex Saab. En esta resolución, el máximo tribunal lo reconoció explícitamente como ciudadano venezolano y “Enviado Especial” para asuntos humanitarios. El fallo exhortó al Ejecutivo a exigir a Estados Unidos la observancia de su inmunidad diplomática y liberación.
Una fortuna amasada sobre el hambre de los ciudadanos
En nuestra sección especial “Enchufadín” hemos recopilado los capítulos polémicos por los que Saab se ha dado a conocer. Desde 2020 pesaba sobre él una orden de captura internacional por Interpol. En Colombia también fue investigado por el lavado de 25 millones de dólares entre 2004 y 2011.
Filtraciones masivas de documentos como los Panamá Papers y Pandora Papers lo señalan como vinculado con paraísos fiscales e investigaciones de Armando.Info determinaron que vendió más de 200 millones de dólares en alimentos al gobierno que se vendieron con 112% de sobreprecio. Las revelaciones de estas irregularidades derivaron en la persecución de los editores de dicho medio, quienes tuvieron que abandonar el país.
Los reportajes deArmando.info revelaron que el programa de alimentos subsidiados del gobierno venezolano (CLAP) era utilizado para sobrefacturar comida. A través de empresas fachada en México, Hong Kong y Turquía (como Group Grand Limited o Mulberry Proje Yatirim), Saab importaba productos alimentarios de bajísima calidad nutricional, cobrando sobreprecios millonarios al Estado venezolano.
El portal documentó asimismo cómo Saab diversificó su negocio operando en la comercialización del crudo venezolano a través de firmas opacas como la mexicana Libre Abordo, evadiendo así las sanciones internacionales aplicadas a Pdvsa.
En julio de 2019, Departamento del Tesoro de EE. UU. (a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros) congeló todos sus bienes y sancionó su red internacional de empresas fantasma en países como los Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Panamá, y Colombia. En ese mismo mes, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida imputó formalmente a Saab y a su socio, el empresario Álvaro Pulido. El cargo principal fue conspiración para cometer lavado de dinero. Según la acusación norteamericana, Saab y sus socios lavaron aproximadamente 350 millones de dólares utilizando el sistema financiero estadounidense con destino a cuentas en el extranjero.
Este esquema criminal comenzó en 2011 mediante un contrato fraudulento de la Gran Misión Vivienda Venezuela. El grupo falsificó documentos de importación de materiales que nunca entraron al país para obtener dólares preferenciales a través del control de cambio venezolano, y en el proceso, sobornaron a altos funcionarios públicos.
En abril de 2023, el empresario Álvaro Pulido Vargas, cuyo verdadero nombre sería Germán Enrique Rubio Salas, fue detenido en medio de la purga madurista. La Oficina de Control de Activos Extranjeros aseguró que Álex Saab tenía relación con Walter, Yosser y Yoswal, hijos de Cilia Flores conocidos como “Los Chamos”, lo que le permitió a él y a Álvaro Pulido acceder a funcionarios del gobierno venezolano.
Durante el proceso en Miami se desclasificaron documentos judiciales que revelaron que, entre 2018 y 2019, Saab cooperó en secreto como informante de la DEA y que habría entregado información sobre sus negocios y los sobornos pagados al chavismo antes de ser capturado.
Pese a todas las evidencias, el juicio en Florida nunca llegó a una sentencia formal, dado que en diciembre de 2023, el gobierno de Joe Biden otorgó un indulto a Saab y lo liberó, a cambio de la excarcelación de 10 ciudadanos estadounidenses y varios presos políticos detenidos en Venezuela.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El pasado 15 de mayo, en el marco del Día Internacional de la Objeción de Conciencia, la organización no gubernamental Laboratorio de Paz emitió un contundente pronunciamiento que pone la lupa sobre un fenómeno normalizado pero peligroso: la progresiva militarización de la vida civil en Venezuela.
La ONG instó a la sociedad a activar una reflexión urgente para reconstruir una democracia real, donde la ciudadanía —y no la fuerza de las bayonetas— tenga la primera y la última palabra.
A través de un análisis de siete ejes fundamentales, la organización desmenuzó cómo el estamento militar ha cooptado espacios que corresponden exclusivamente a los ciudadanos:
Lo militar no puede decidir lo político: El monopolio de las armas jamás debe secuestrar las decisiones públicas. En una democracia sana, el poder emana del ciudadano. Cuando los militares definen el rumbo político, la participación se asfixia y el debate plural es sustituido por la obediencia ciega. Desmilitarizar pasa necesariamente por devolverle la política a la gente, insisten.
El derecho a decir “no” (Objeción de conciencia): Laboratorio de Paz recordó que ninguna persona debe ser obligada a formar parte de estructuras armadas. El derecho a la objeción de conciencia implica la libertad de no realizar el servicio militar, rechazar la instrucción premilitar en colegios y liceos, y no integrar organizaciones militarizadas. “Tu cuerpo y tus decisiones no pertenecen al Estado”, señala el texto.
Prioridades invertidas en el presupuesto público: El destino de los fondos públicos revela el verdadero rostro de una gestión. Durante años, el Estado venezolano prefirió gastar millones de dólares en aviones de guerra y misiles —cuya utilidad el “3E” quedó severamente en entredicho— en lugar de invertir en salud y educación. Esos millones que hoy escasean en escuelas y hospitales públicos se tradujeron en armamento inútil para la vida cotidiana.
La ciudadanía bajo sospecha: Ejercer derechos fundamentales en Venezuela se ha convertido en una carrera de obstáculos militares. Exigir el “registro militar” obligatorio como requisito obligatorio para graduarse, trabajar o realizar trámites esenciales convierte a la institución armada en un filtro discriminatorio de la ciudadanía. Laboratorio de Paz sentencia que los derechos humanos no se condicionan a un carnet de reclutamiento.
Civiles armados y el conflicto permanente: La proliferación de milicias, colectivos y otras estructuras civiles armadas quiebra la regla de oro de la democracia: las diferencias no se resuelven por la fuerza. La Constitución venezolana establece con absoluta claridad quiénes deben ejercer de forma exclusiva las labores de seguridad ciudadana. Es por eso que desde la organización recuerdan que armar a los civiles solo cronifica la violencia.
Las elecciones no son una operación de guerra: El voto es un acto estrictamente civil. Sin embargo, el despliegue del “Plan República” envía un mensaje de intimidación y control, sugiriendo que la Fuerza Armada tutela la participación electoral. El reporte de Laboratorio de Paz lanza una pregunta incómoda pero necesaria: “¿De qué sirvió esta vigilancia el pasado 28 de julio de 2024, cuando los militares terminaron avalando un fraude electoral?”. Recalcan en ese contexto que desmilitarizar es confiar en el escrutinio de la gente, no controlarla.
Militarización de mentes y corazones: El arraigo del miedo ha calado en la psique colectiva, imponiendo taras sociales como obedecer sin cuestionar, callar por temor, aceptar pacíficamente lo impuesto y tildar la crítica constructiva como un acto de “confrontación”.
Laboratorio de Paz concluye que desmilitarizar a Venezuela no es un evento fortuito de un solo día; es un proceso profundo que comienza cuando la sociedad deja de ver la bota militar como algo “normal” y vuelve a exigir una república civil.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La organización Provea presentó este 14 de mayo su informe anual titulado “Informe Provea 2025: El eclipse de la Constitución, Venezuela exige justicia y democracia”. En sus estudios dedicados al derecho al trabajo y la previsión social, la ONG documenta cómo la política económica del Estado ha consolidado un modelo de exclusión que ignora la protección de los trabajadores y recorta derechos que, por ley, deberían ser intocables, como los contemplados en los artículos 86, 87, 89, 90, 91, 95 y 97 de la Constitución de Venezuela.
A lo largo de 2025, el derecho laboral y la seguridad social enfrentaron un deterioro a nivel estructural. La investigación detalla que el Estado ha abandonado su rol permitiendo que la inflación y la devaluación destruyan el valor del esfuerzo humano mientras se mantiene la opacidad sobre el manejo de los recursos públicos.
Los datos recopilados muestran que 34,1% de los trabajadores venezolanos se desempeñaba en el sector informal en 2025 y la estimación del desempleo en 2024 alcanzó 40,3%.
“La brecha entre quienes perciben ingresos en divisas y quienes dependen exclusivamente del salario oficial profundizó la desigualdad estructural. Las protestas laborales representaron 26% de las movilizaciones registradas en 2025, a pesar de la represión”, describen.
Vivir con nada
El informe de Derecho al Trabajo destaca que el salario mínimo se ha mantenido estancado en 130 por más de 1300 días, lo que al cierre del año 2025 representaba apenas 0,45 centavos de dólar al mes. Esta cifra sitúa a Venezuela con el ingreso más bajo de la región, sin poder cubrir el costo de una Canasta Alimentaria Familiar que, según El Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), alcanzó en abril un valor de 693 dólares.
Provea advierte que esta “desalarización” afectó el cálculo de las prestaciones sociales, jubilaciones, indemnizaciones y pensiones, ya que el oficialismo ha sustituido el sueldo por bonos que no impactan en la seguridad social al igual que se está rompiendo con la estabilidad necesaria para que un trabajador pueda planificar su futuro o el de su familia.
Igualmente, el poder adquisitivo de los trabajadores sufrió una caída drástica debido a la devaluación del bolívar, que alcanzó hasta un 479%, y el ingreso mínimo resultó ser insuficiente para detener la migración forzada de los profesionales, dejando áreas en un estado crítico con falta de personal que compromete la operatividad de las instituciones nacionales.
La vejez en el olvido
Un sector que ha sido especialmente maltratado es el de los pensionados y jubilados. El informe de Seguridad Social indica que el Estado ha reducido este derecho a un simple sistema que no garantiza la protección ante las contingencias como enfermedades catastróficas o riesgos laborales. La investigación resalta que la seguridad social en Venezuela padece de opacidad, pues el Estado no publica cifras actualizadas sobre el presupuesto real destinado a este rubro, lo que impide el conocimiento del uso de los fondos del IVSS mientras la devaluación constante de la moneda termina de asfixiar cualquier capacidad de respuesta institucional.
Para los adultos mayores, la seguridad social ha dejado de ser una garantía de vida para convertirse en desprotección total, ya que el sistema ha fallado en asegurar una existencia digna y obliga a la tercera edad a enfrentar la vida sin fondos esperables ni suficientes.
Lejos de ser un derecho universal, la seguridad social hoy se gestiona de forma ineficiente y deja a los jubilados y pensionados a merced de una crisis que los ha sacado de las “prioridades” de la nueva agenda.
Sindicalismocriminalizado
Durante 2025 Provea registró que la criminalización de los sindicatos se ha convertido en un obstáculo para las exigencias de condiciones dignas vulnerando los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El estudio destaca que la persecución por razones gremiales constituye una violación grave de los derechos humanos y busca silenciar los reclamos de mejores salarios y beneficios.
La detención de dirigentes sindicales y defensores laborales han sido utilizados como herramientas de control estatal. Provea exige la liberación inmediata de los detenidos arbitrariamente y el cese de las prácticas de discriminación laboral, especialmente en el sector público.
La dignidad laboral
La situación explicada por Provea revela que el país transita hacia una realidad donde el trabajo ha dejado de ser un camino hacia el ascenso social para convertirse en vulnerabilidad. El Estado ha permitido que el salario pierda su función de proporcionar una existencia digna y que el ciudadano quede atrapado entre ingresos que no son suficientes y un sistema de seguridad social que ya no lo protege.
La organización detalló varias recomendaciones para revertir esta circunstancias, entre ellas, la reactivación efectiva de la Mesa de Diálogo Social, un espacio de negociación para discutir políticas laborales y socioeconómicas, en el que se deben diseñar resultados concretos en materia de salario mínimo y libertad sindical.
Finalmente, la investigación concluye que una recuperación real del país exige detener la criminalización de la actividad gremial, la discriminación política y devolver al salario y a la pensión la protección y la dignidad que la Constitución establece.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
A través de sus redes sociales, el expreso político, Carlos Azuaje, denunció que funcionarios del Sebin han estado siguiéndolo tanto a él como a los dirigentes opositores Freddy Superlano y Juan Pablo Guanipa, quienes visitaron el estado Táchira para una jornada de actividades políticas durante el fin de semana.
“Acabamos de llegar a San Cristóbal y ya tenemos al Sebin acá, pegados haciéndonos videos. Tienen rato grabando a Juan Pablo Guanipa, a Freddy Superlano y a todos los que vamos ahorita al acto del Colegio de Ingenieros. No se cansaron de tenernos en El Helicoide, sino que también quieren jodernos acá”, rechazó, al tiempo que grababa un carro blanco estacionado dentro del cual estarían los presuntos funcionarios del Sebin.
“Se metieron en la parte de atrás del carro, porque para eso sí son cobardes, para darle la cara al pueblo”, insistió Azuaje.
🇻🇪 🚨 URGENTE | Carlos Azuaje (@azuajecarlosalb) denuncia persecución por parte del SEBIN contra los dirigentes Juan Pablo Guanipa y Freddy Superlano en el estado Táchira.
Según la denuncia, agentes del organismo les toman fotografías e intentan intimidar a la comitiva. pic.twitter.com/gxsvTvvPCN
Azuaje recalcó que estas intimidaciones no los van a disuadir de su lucha “por la libertad de todos los presos políticos y de Venezuela”.
Otros dirigentes políticos como William Dávila, Biagio Pilieri y Roland Carreño también participaré en las actividades en Táchira.
El diario La Nación informó que además del acto en Colegio de Ingenieros, la agenda del sábado se trasladará al corazón de los municipios Guásimos, Ayacucho y San Judas Tadeo, con motocaravanas y caminatas populares. Al final de la tarde, en el Municipio San Judas Tadeo, se inaugurará la nueva sede de Primero Justicia y se procederá a la juramentación del equipo municipal. El día domingo los opositores continuarán su recorrido por la zona sur del estado.
Los dirigentes opositores de Venezuela llevaron a cabo un multitudinario acto político, rueda de prensa, y una caravana en el estado Barinas el pasado 15 de mayo de 2026. Esta actividad formó parte del inicio de una gira nacional de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) diseñada para movilizar las bases y exigir un cronograma de elecciones presidenciales transparente.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Pudiera decirse que soy una rara avis en el catálogo ornitológico caraqueño. Nací y me crie en la ciudad capital, técnicamente dentro de sus confines, aunque pocas personas que vieran los predios de mi infancia supondrían tal cosa. Ese terruño de mis andanzas pueriles se parece más a la otra cara de la identidad nacional que existe en el imaginario popular del capitalino, con toda su carga peyorativa: el monte y la culebra. Cerros velados por la neblina, muchísima vegetación, abundante fauna silvestre, calles solitarias. Así era el panorama visual. Sonoramente, lo que prevalecía era (ah, paradoja) la falta de sonido. Crecí rodeado por el silencio.
Ahora no es así. Vivo en un apartamento en una de las zonas más bulliciosas de Caracas. Rara vez, sin embargo, el ruido de la calle me perturba. Desafortunadamente no pude durante un buen tiempo decir lo mismo del interior del edificio. Por varios años tuve uno de esos vecinos para quienes la idea de moderación en los decibeles era tan desconocida e inconcebible como la realidad definitiva en ciertas filosofías orientales (“el que cree que no lo conoce, lo conoce”, reza el Kena Upanishad; “el no saber es lo más elevado”, sentencia el Tao Te Ching). A menudo, su residencia, justo encima de la mía, se convertía en una discoteca de Ibiza, con música electrónica a un volumen anonadante. Varias veces me vi obligado a reclamarle. Aunque el problema nunca llevó a situaciones marcadas por el insulto, la grosería o algo peor, su reiteración lo hizo en sí mismo un verdadero dolor de cabeza. Por suerte, el parrandero se mudó.
Sirvan los dos párrafos anteriores para dar a entender que no soy de ninguna manera ajeno a la cuestión de la contaminación sónica que está siendo objeto de discusiones candentes entre venezolanos, debido a videos que circularon recientemente en redes sociales a propósito del flagelo. La discusión no abarca solo la dimensión doméstica. Hay un clamor, ehhhh, altisonante contra la música a todo volumen en playas, en la calle y en comercios. Es más, la discusión no solo abarca la dimensión musical. También incluye el habla a gritos. Es más, la discusión no solo abarca la dimensión auditiva. También incluye todo tipo de conductas que atentan contra la convivencia cívica y educada, desde el empleo de groserías en conversaciones con desconocidos hasta la tendencia de los conductores de motocicletas a manejar entre canales de tránsito en la autopista.
Estamos en la era de la adicción a tener la razón. La condición del hombre-masa contemporáneo es que quiere ser reconocido como erudito en cualquier cantidad de temas sin hacer el más mínimo esfuerzo por informarse al respeto o estudiarlos. No debe sorprender entonces la cantidad de diagnósticos improvisados sobre las causas de la anomia abusiva que se percibe en el espacio público venezolano. Algunos exponen profundos complejos de inferioridad sobre la identidad nacional. Sostienen que el venezolano es y siempre será en esencia un animalito semisalvaje, totalmente incapacitado para vivir de manera civilizada.
Yo no puedo brindar una explicación propia sobre las malas conductas del venezolano que contemple todas las aristas. Estaría incurriendo en lo que acabo de criticar. Sociólogos y psicólogos pueden hacer aportes desde sus respectivas disciplinas, sin los cuales, estoy seguro, no se puede entender el problema completamente. Lo que sí puedo hacer es intentar una contribución desde la ciencia política, mi propia área de especialización.
Lo que tengo que decir, pues, al respecto es que a mi juicio una de las razones por las que se ve tanto caos vial y personas poniendo reguetón y vallenato (nada personal contra esos géneros musicales; aludo a ellos simplemente por su popularidad) a un volumen elevadísimo en Mochima o Morrocoy obedece a otro problema, del que he hablado en múltiples oportunidades. Me refiero a la privatización del Estado. En el transcurso de los últimos 27 años, mientras se desmontaba la democracia y el Estado de derecho en Venezuela, los mecanismos de la res publica dejaron de estar al servicio del público. Fueron puestos al servicio de la elite gobernante, para la salvaguarda de su poder y sus privilegios.
Por lo general, cuando se piensa en esta apropiación, se la concibe en términos de recursos materiales. La tan mentada mano que se mete en el erario público y luego pasa al bolsillo (“Y comenzó: coge aquí, coge allá, coge allá, coge aquí”, canta el coro acompañante de Wilfrido Vargas en su tema El funcionario). Eso existe. Vaya que existe, con consecuencias nefastas. Pero justo ahora el Estado como administrador de dineros no es el que tengo en mente, sino el que lleva a cabo su función hobbesiana más básica. A saber, garantizar la seguridad de los ciudadanos. Velar porque se cumpla la ley. Que todo el mundo respete las normas.
Cuando ese garante se retrotrae, bien sea para dedicarse exclusivamente a velar por la seguridad e intereses de un grupo muy minoritario (como ha sucedido en Venezuela) o por cualquier otra razón, los incentivos de las masas para respetar esas normas disminuyen drásticamente. Lo cierto es que hace falta la espada que esgrime el coloso en la célebre portada de la primera edición del Leviatánde Hobbes. Para que la población en general siga las reglas, se necesita temor a consecuencias reales acarreadas por el quiebre de las mismas. Quisiera uno que la población estuviera siempre iluminada por la virtud al punto de que ni siquiera fuera indispensable que haya leyes escritas, como en la “república” de Platón. Pero por algo ese Estado hipotético es hasta el Sol de hoy el epítome del idealismo político. El mundo real no funciona así.
Sé muy bien que esta no es una visión muy positiva de la humanidad. Pero si no sobrara evidencia a favor de ella, no estaríamos teniendo esta conversación en primer lugar. Cuando las autoridades no cumplen con su deber y dejan a las masas a sus anchas, pero a la vez desamparadas, ocurre una regresión parcial o total al “estado de naturaleza” hobbesiano. No es que absolutamente todos los individuos de la sociedad se vuelven ladrones, asesinos y violadores, aunque esa peor criminalidad sí se multiplica (cosa que, de nuevo, los venezolanos hemos experimentado bastante, para nuestra desgracia). Pero si las faltas menores son siempre más numerosas que las más graves, asimismo en esta situación cabe esperar que muchas más personas pongan música a todo volumen en un parque nacional e irrespeten el semáforo que en circunstancias opuestas.
Todo esto suena deprimente, ¿no? Pero vuelva a leer la primera oración del último párrafo antes de este. Repare en la palabra “humanidad”. Lo que estoy describiendo es un rasgo de la naturaleza humana. No de la naturaleza del venezolano. No hay, pues, nada especial en los venezolanos en este sentido. Cualquier sociedad que sufra el desvanecimiento parcial o total del Estado por la razón que fuere es vulnerable a los mismos padecimientos. No importa cuán civilizada se la imagine. De ahí que, por ejemplo, en las guerras, los saqueos sean frecuentes en territorios que caen en manos del enemigo, ya que las autoridades derrotadas pierden control sobre ese espacio y la población local puede dedicarse al robo masivo. Otro tanto pueden hacer las tropas vencedoras, ya que se encuentran en un territorio en el que la jurisdicción legal de sus respectivos Estados no alcanza (en el siglo XX surgieron estatutos de derecho internacional y leyes de guerra con el propósito de frenar estos excesos, pero esa es otra discusión). Sucedió en la culta Europa en el contexto de las Guerras Napoleónicas y la Segunda Guerra Mundial.
De manera que no hay ninguna necesidad de que, entre tantos incidentes de tormento auditivo, los venezolanos nos atormentemos adicionalmente por cuenta propia con atribuciones ridículas de salvajismo a nuestra nacionalidad. No estamos condenados a ser así. Nadie lo está. Cuando volvamos a tener un Estado que cumpla con sus responsabilidades para con el público, no tendremos que preocuparnos tanto por esas dos palabras con las que Faulkner tituló una novela: el ruido y la furia. El esfuerzo de todos, por lo tanto, debe ir hacia aquella dirección.
La organización Provea presentó este 14 de mayo su informe anual titulado “Informe Provea 2025: El eclipse de la Constitución, Venezuela exige justicia y democracia”. En su investigación dedicada específicamente al Derecho a la Educación, la ONG documenta cómo el Estado ha fallado en la obligación de garantizar una formación gratuita y de calidad. En el país, los obstáculos económicos y el abandono institucional convierten la enseñanza en un privilegio.
Durante 2025 el sistema educativo enfrentó un deterioro estructural marcado por la opacidad oficial. Aunque el Ministerio de Educación reportó un aumento en la matrícula de 365 000 estudiantes, organizaciones independientes como Hum Venezuela señalan que los niños, niñas y adolescentes aún asisten a clases de forma irregular debido a las crisis.
Aulas en ruinas y servicios ausentes
Según los datos recopilados por Provea, 3 de cada 4 escuelas no cuentan con servicio de agua potable ni instalaciones sanitarias aptas. La investigación señala que la educación se ve vulnerada por las condiciones “precarias” de las infraestructuras que afectan a la gran mayoría de los planteles en el país.
Aunque el Estado ha implementado los Bricomiles (Brigadas Comunitarias Militares) para la rehabilitación de las escuelas, Provea también resalta la falta de información pública y transparente sobre el alcance real de estas intervenciones. Es así como se destaca que muchas instituciones siguen presentando fallas graves que comprometen la seguridad y la salud de las comunidades educativas.
A esto se le suma el colapso de los servicios básicos, ya que el informe resalta que la deficiencia de las fallas eléctricas constantes y el suministro de agua impiden el cumplimiento normal del calendario escolar. Ante la falta de presupuesto y de una gestión eficiente, las propias comunidades educativas han tenido que asumir los costos de las reparaciones, en caso de poder permitírselo, para evitar el cierre total de las escuelas, convirtiendo esto una transferencia de responsabilidades del Estado al ciudadano.
El aprendizaje en niveles críticos
El informe cita los resultados del Sistema de Evaluación de Conocimientos en Línea (SECEL) de la UCAB, en el que se puede evidenciar un rendimiento escolar deficiente porque el promedio de los estudiantes en matemática fue de 7,51 sobre 20 y en comprensión lectora 7,61. Estos datos indican que la mayoría de los jóvenes que finalizan la escolaridad obligatoria no alcanzan las competencias mínimas.
La información recabada por el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) en 2025 podrían brindar un conocimiento más completo con una muestra aleatoria de planteles públicos en el país y con un número mayor de estudiantes evaluados. Provea espera que se haga pública y que permita un diagnóstico general sobre la situación exacta de la educación a nivel nacional.
Sin presupuesto educativo
El Estado ha incumplido con la obligación de realizar inversiones prioritarias en las escuelas, es por esto que en el informe se resalta que existe una persistente falta de transparencia y rendición de cuentas sobre la ejecución del presupuesto educativo, lo que impide conocer el destino real de los fondos destinados al mantenimiento de planteles y programas de apoyo estudiantil.
Este problema financiero ha afectado la capacidad institucional para asegurar programas esenciales como el Programa de Alimentario Escolar (PAE), cuya irregularidad o ausencia total en muchas regiones profundiza la deserción de los estudiantes. Provea advierte que, sin un presupuesto suficiente, el derecho a la educación se mantiene en un estado de precariedad que castiga especialmente a los sectores con menores recursos económicos.
Rescatar la educación
Ante todas estas situaciones, Provea concluye su investigación con una serie de recomendaciones urgentes para frenar el decaimiento de la educación: la organización exige al Estado venezolano cumplir con su obligación de presentar cuentas públicas sobre las políticas educativas y hacer públicos los resultados de la evaluación nacional de la calidad de la enseñanza realizada en 2025.
De la misma forma, consideran importante implementar programas de nivelación y apoyo académico destinados a la población más vulnerable para prevenir la deserción estudiantil y la necesidad de retomar políticas como la dotación de uniformes y útiles, al igual que recuperar el valor de los salarios para poner fin al déficit de docentes.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
