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El mes del periodista en Venezuela comenzó con agresiones e impedimentos al trabajo

Junio, mes en el que se conmemora el Día del Periodista en Venezuela, comenzó marcado por nuevas agresiones, detenciones e impedimentos al ejercicio profesional, un reflejo de la situación sostenida de hostigamiento y restricciones que enfrenta la prensa en el país.

El Colegio Nacional de Periodistas alertó mediante un comunicado difundido en redes sociales que 97 agresiones a la prensa enmarcan el mes del periodista. Cifras de la organización revelan un preocupante incremento de ataques entre enero y mayo, incluyendo 18 detenciones arbitrarias, 15 deportaciones de corresponsales extranjeros, Impedimento de cobertura (16), ataques directos (12), borrado de material grabado (12), hostigamiento (10), intimidación (8) y el cierre de emisoras de radio (4).

La seccional advirtió sobre la indefensión jurídica de seis comunicadores excarcelados bajo medidas restrictivas y el uso de leyes que criminalizan la opinión.

El secretario general del gremio caraqueño, Edgar Cárdenas, afirmó que el panorama actual es sumamente crítico para el sector, marcado por patrones de persecución sistemática y el quebrantamiento de las garantías constitucionales para el libre ejercicio informativo.

Ataques recientes

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) documentó que el pasado lunes, 1 de junio, el periodista Pablo José Mujica Rodríguez, reportero de Noticias La Voz de Valera, fue interceptado por sujetos armados, detenido y trasladado contra su voluntad a una sede policial en La Beatriz, Valera, estado Trujillo.

Mujica Rodríguez permaneció detenido por aproximadamente tres horas y fue interrogado por una nota sobre la escasez de gasolina en la entidad. Según su testimonio, los funcionarios le advirtieron de la molestia del gobernador del estado y le preguntaron qué político lo presionaba para publicar y le ordenaron no volver a informar sobre el tema.

El SNTP alertó también que el pasado 4 de junio, en horas de la tarde, la periodista Maryorín Méndez y los reporteros gráficos Miguel Gutiérrez y Leonardo Fernández fueron detenidos y posteriormente liberados, mientras cubrían las protestas de familiares de presos políticos en las inmediaciones de El Helicoide.

Méndez detalló que se encontraba en una colina cercana al Helicoide haciendo tomas de apoyo cuando llegaron violentamente tres vehículos motorizados con agentes armados. Los funcionarios intentaron quitarles los equipos de trabajo por la fuerza. A ella le arrebataron su teléfono celular, pero logró recuperarlo momentáneamente para manifestarles que colaboraría si procedían de forma pacífica.

A la periodista y a los reporteros gráficos los subieron a los vehículos oficiales y los trasladaron de inmediato hasta la cúspide de la estructura helicoidal del Sebin, donde permanecieron por espacio de unos minutos y los liberaron al poco tiempo. Méndez describió la vivencia como un momento terrible y concluyó con la frase: “Hay cosas que no cambian, hay cosas que siguen siendo exactamente igual“.

“El periodismo venezolano hoy se ejerce bajo la amenaza de instrumentos legales punitivos como la Ley contra el Odio y la Ley Simón Bolívar. Son normas ambiguas que se utilizan deliberadamente para criminalizar la opinión, judicializar el pensamiento crítico y forzar a los medios a la autocensura por temor a sanciones penales o administrativas desproporcionadas”, alertó el secretario general del gremio caraqueño, Edgar Cárdenas.

Resiliencia gremial

El CNP destacó que a pesar de la gravedad del contexto y el persistente debilitamiento del ejercicio, mantendrá izada la bandera de la libertad de expresión a través de la resistencia institucional y la capacitación académica.

Durante las próximas semanas se desarrollará una agenda de actividades formativas, foros y conversatorios dirigidos a profesionales y estudiantes de comunicación social, cuyos detalles se anunciarán públicamente de manera progresiva.

El gremio invitó a todos los colegiados y ciudadanos a estar atentos a sus canales y redes sociales oficiales para conocer detalladamente el cronograma de eventos académicos programados para este mes.


*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

“Una burla a la ley”: Presos de El Helicoide trasladados a distintas cárceles del país

Abogados y defensores de derechos humanos se pronunciaron este miércoles por el traslado de presos políticos desde El Helicoide a distintas cárceles del país.

El abogado y especialista en derecho penal, Joel García, denunció que “trasladar presos políticos desde El Helicoide a otros penales es una burla a la ley”.

García explicó que los detenidos están a la orden del juez de la causa, no del arbitrio del órgano de policía ni del Ministerio Penitenciario. “Se violan las competencias judiciales y el debido proceso”, alertó el abogado.

Por su parte, el abogado y vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob expresó que “la arbitrariedad no desaparece ni se disimula moviendo presos de una cárcel a otra”.

Explicó que las personas sujetas a detención preventiva por más de tres años deben ser liberadas o, en última instancia, quedar sujetas a una medida cautelar menos gravosa.

“La exigencia es la liberación, no los traslados”

La directora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), Marta Tineo, en entrevista para el programa “Tiene Sentido”, transmitido por Youtube, recordó que desde hace más de 10 años la exigencia de las ONG y defensores de derechos humanos es la liberación de los presos políticos, no los traslados a otras cárceles.

Tineo precisó que más de 90 presos que estaban en El Helicoide fueron trasladados a otros centros de reclusión.

Sobre el traslado de reclusos, el jurista y director del Foro Penal, Alfredo Romero, informó que el dirigente y preso político del Táchira, Jackson Vera, fue enviado a La Planta (El Paraíso), mientras que las mujeres fueron recluidas en el INOF y Las Crisálidas. Otros de los detenidos por razones políticas fueron llevados al Rodeo, Yare y Tocuyito.

90 presos trasladados

El periodista Seir Contreras contabilizó que los traslados de presos de El Helicoide suman 90, aproximadamente.

A través de su cuenta en X, Contreras precisó que, en el marco de los recientes movimientos carcelarios, fueron trasladados 40 detenidos del caso Pdvsa-Cripto, 10 del caso Robert Serra, tres vinculados al caso Pdvsa–Rafael Ramírez, 15 funcionarios policiales, dos del expediente Ulandinos Vera y Cariel, uno del caso Vassyly Kotosky y seis relacionados con el caso de los “riferos” de Lucena y sus allegados.

En redes sociales se difundieron videos en los que activistas y familiares de presos políticos denunciaron el traslado masivo de los privados de libertad recluidos en El Helicoide hacia el Centro de Formación Hombre Nuevo, ubicado en el penal de Tocuyito, estado Carabobo.

El último balance de la ONG Foro Penal contabiliza que a la fecha del 3 de junio de 2026, en Venezuela hay 404 presos por motivos políticos en Venezuela. De ellos, 369 son hombres y 35 son mujeres. 39 son extranjeros.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Precariedad, violencia y abusos castiga a mujeres y personas Lgbtiq+ en cárceles venezolanas

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El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) publicó el pasado 1 de junio su informe anual correspondiente al año 2025, en el que señaló que persisten deficiencias críticas en atención médica, alimentación, agua potable, saneamiento y espacios de maternidad en mujeres privadas de libertad. Además, se documentaron tratos degradantes hacia personas de la comunidad Lgbtiq+.

El informe, titulado “En Venezuela es preferible estar muerto que vivir el horror tras las rejas”, registró el fallecimiento de al menos cinco mujeres por condiciones de salud que no fueron oportunamente atendidas. Entre las causas de muerte más frecuentes se encuentran: infarto, paro cardíaco e insuficiencia respiratoria. De las cinco mujeres fallecidas, una murió por infarto, una por infección respiratoria, dos por paro cardíaco y una por insuficiencia respiratoria.

La investigación también resaltó que las mujeres privadas de libertad por tráfico de drogas responden a un patrón común: son captadas por redes delictivas mientras construyen un vínculo afectivo de forma progresiva. Estas mujeres actúan como “mulas” y son usadas para transportar droga por mafias que las abandonan al ser capturadas.

El OVP señala que el sistema judicial solo castiga al eslabón más débil, dejando impunes a las redes criminales que las reclutan y se aprovechan de su vulnerabilidad.

Alimentación precaria y falta de atención médica especializada

El informe registró que una gran mayoría de mujeres privadas de libertad no son alimentadas correctamente, un hecho que es ignorado por los funcionarios penitenciarios. Por ejemplo, una de las presas fallecidas en Uribana fue atendida en varias ocasiones por presentar dolencias y depresión, pero esta última condición no fue atendida. Su alimentación (arroz, granos y arepas sin relleno) y el acceso a recursos de higiene personal dependían del apoyo de sus compañeras.

Muchas de estas mujeres pasan horas recluidas en celdas sin poder ejercitarse, recrearse o participar en actividades que les permitan, en un futuro, reinsertarse a la sociedad, lo que, a juicio del OVP, tiene un impacto negativo en su salud física y mental.

Obligadas a pagar por el servicio que no les brindan

En octubre de 2025, más de 250 mujeres protestaron contra la directiva del anexo femenino de Barinas por no tener acceso a agua potable. Además, eran obligadas a pagar colectivamente por un camión cisterna. Durante intensas pesquisas, sus pertenencias (artículos de higiene personal, colchonetas, sábanas y almohadas), en su mayoría suministradas por sus familiares, fueron destruidas.

La ONG documentó un aumento considerable de detenciones arbitrarias contra mujeres y personas de la tercera edad. De 30 personas detenidas en octubre, nueve eran mujeres de los estados Guárico, Lara, Mérida y Trujillo. Las aprehensiones fueron ejecutadas sin las debidas órdenes emitidas por las autoridades judiciales competentes. Estas mujeres fueron víctimas de violencia y saqueos a sus hogares durante las detenciones.

Según informó el OVP, las audiencias no se realizaron dentro del plazo estipulado por la ley y, en algunos casos, se reportaron desapariciones forzadas.

Casos emblemáticos de detención arbitraria

Entre los dos casos emblemáticos registrados por el observatorio se encuentra el de Rocío San Miguel, activista de derechos humanos detenida en enero de 2024 y excarcelada en enero de 2026. Tras sufrir una fractura de hombro, Rocío pasó meses sin atención médica especializada. La activista estuvo detenida en la sede del Sebin, en el Helicoide.

Otro caso mencionado fue el de Maykelis Borges Ortuño, detenida en enero de 2025 mientras estaba embarazada por su vínculo afectivo con el primer teniente exiliado Christian Hernández Castillo, cuyas hermanas Samantha Hernández Castillo -adolescente recientemente excarcelada- y Aranza de los Ángeles Hernández también fueron detenidas, así como su tío Henry Castillo, quien permanece privado de libertad desde enero de 2025.

Maykelis tuvo que dar a luz mientras permanecía privada de libertad. Los primeros seis meses de vida de su hijo los pasó en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF). Actualmente, se encuentra bajo arresto domiciliario.

Discriminación y violencia contra personas Lgtbiq+

El Observatorio Venezolano de Prisiones señaló que las personas de la comunidad Lgbtiq+ temen revelar su orientación sexual o identidad de género para evitar represalias.

Muchas de estas personas son obligadas a realizar labores adicionales en los centros de reclusión, como lavar ropa, cargar agua o efectuar labores de limpieza para otros internos, para los mismos funcionarios del centro penitenciario y para miembros del Servicio de Sistema de Máxima Seguridad (Sesma).

Según la ONG, este tipo de situaciones refleja sometimiento y abuso hacia una comunidad históricamente discriminada, aunque no cuentan con registros ni denuncias directas debido al miedo de las personas a exponer estos hechos.

El informe señaló que estas situaciones evidencian la ausencia de medidas de protección diferenciadas y un entorno penitenciario que excluye y perpetúa abusos y tratos degradantes.

Asimismo, se reportaron casos de personas de la comunidad que mantienen relaciones de pareja con personas que ejercen control en los centros penitenciarios, lo que revela dinámicas desiguales y desprotección institucional. 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

José Guerra propone un acuerdo nacional para derrotar la inflación

Tras su regreso al país, el economista y exparlamentario José Guerra señaló que el problema fundamental de la economía venezolana, por encima de cualquier diatriba política, es la inflación. 

Con una tasa anualizada que ronda el 632%, Guerra advierte que Venezuela padece una “inflación muy alta” que pulveriza el ingreso de los trabajadores y exige un plan de estabilización urgente, explícito y consensuado.

A pesar de percibir una evidente “distensión política”, que le permitió volver al país y la liberación de presos políticos, Guerra advirtió que las expectativas de inversión aún no se materializan y que el bienestar económico no llegará al bolsillo de los ciudadanos mientras no se derrote el flagelo de la inflación.

Para Guerra, bajar la inflación es la mayor política social posible, ya que es el único camino para detener la caída del ingreso real y permitir que el crecimiento económico se sienta en el “bolsillo de la gente”. Su llamado es a un liderazgo responsable que presente un programa de gobierno claro, capaz de generar esperanza y estabilidad en un contexto de cambio inclusivo

Los pilares del plan antiinflacionario

La política actual del Banco Central de Venezuela (BCV) es insuficiente y contradictoria, pues mientras inyecta dólares para frenar el tipo de cambio, emite bolívares para financiar el déficit de Pdvsa, lo que termina presionando nuevamente la devaluación. Ante esto, su propuesta se estructura en cuatro ejes prioritarios:

“El plan requiere establecer dos “anclas”: una sobre el precio del dólar y otra sobre la emisión monetaria. Esto debe acompañarse de una reforma a la Ley del Banco Central que prohíba terminantemente el financiamiento monetario a PDVSA”

Adicionalmente, el economista propone la implementación de una regla fiscal que acote el gasto y el endeudamiento del gobierno para evitar el financiamiento inorgánico. 

Guerra considera clave alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a unos 10 000 millones de dólares entre fondos de asignación por COVID y líneas de crédito rápido. “Estos recursos servirían para fortalecer las reservas internacionales y dar credibilidad al tipo de cambio”, indicó.

Finalmente sugiere la creación de un “superministro” de Economía con plenos poderes y alta calificación técnica para dirigir estas medidas.

La importancia vital de un Acuerdo Nacional

El aspecto más innovador de la propuesta de Guerra no es meramente técnico, sino político: la necesidad de un Acuerdo Nacional Antiinflacionario. Según el experto, para que un plan de este tipo sea exitoso, debe ser una política de Estado suscrita por el gobierno, la oposición y el sector privado. 

La importancia de este consenso radica en la credibilidad. “Si el público considera que esta política… no es sostenible, va a seguir comprando dólares”, explica Guerra. Un acuerdo nacional enviaría una señal de permanencia a los agentes económicos, permitiendo que las expectativas de inflación se corten de raíz. 

Sobre la persistente propuesta de dolarizar formalmente la economía, Guerra se mostró cauteloso. Aunque reconoció que es la vía más rápida para bajar la inflación , advirtió sobre sus costos a largo plazo, como la pérdida de herramientas para enfrentar crisis externas o la tendencia al estancamiento económico, citando el caso de Ecuador. 

“Tenemos una dolarización de facto, pero no de derecho. Desmantelar el Banco Central y renunciar a la moneda propia es una decisión compleja que requiere un debate muy cuidadoso”.

Retorno político y exigencia electoral

En el plano político, Guerra aclaró que su regreso al país no estuvo condicionado por ninguna negociación oculta con el Ejecutivo. “Yo no me entendí con nadie; me entendí con la ley” , afirmó, detallando lo engorroso y desgastante que ha sido el proceso en los tribunales para activar el salvoconducto que hoy posee.

Finalmente, de cara al escenario político actual, el economista insistió en que la prioridad de toda la oposición debe ser confluir en una ruta electoral que relegitime la Presidencia de la República. Sostuvo que la oposición debe unirse en un “programa mínimo” que incluya temas como la pobreza, la política petrolera y la equidad. Finalmente señaló que el cambio en Venezuela tiene que ser inclusivo y que “las experiencias históricas nos enseñan que no se puede llegar al poder con cuentas por cobrar si se quiere dar estabilidad al país”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

El Mañanero del 4 de junio: Tensión y angustia en El Helicoide

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este jueves, 4 de junio, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

El Helicoide continúa siendo centro de atención. Un día después de que el secretario de Estado de EE.UU., levantara polémica en Venezuela al mencionar que había sido cerrado, familiares de presos políticos y ONG alertaron sobre un operativo de traslado sorpresivo de los detenidos a cárceles fuera de Caracas.

La situación estuvo tensa a lo largo de la jornada del 3 de junio. Se celebró una vigilia en horas de la noche y una periodista y dos reporteros gráficos fueron abordados violentamente por funcionarios del Sebin, quienes intentaron arrebatarles sus equipos y los retuvieron por unos minutos.

Más información del tema acá.

Recién salido del horno: otras noticias

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ONG piden celeridad a España en trámite de extradición a Argentina de excoronel Verdú

Dólar/ Euro BCV

Lo que rompe en redes

En las redes sociales recordaron que se cumplieron cinco meses del operativo militar de Estados Unidos en Venezuela que derivó en la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

Azuquita pa’l café

Un estadounidense en Los Ángeles tuvo una “experiencia religiosa” al probar platos emblemáticos de la gastronomía venezolana.

La ñapa (recomendamos…)

La subida de los precios sigue siendo una de las principales preocupaciones de los venezolanos. ¿Qué medidas pueden ayudar a estabilizar la economía? ¿Es posible recuperar el poder adquisitivo?

Luis Ernesto Blanco, director editorial de Runrun.es, conversó con el economista José Guerra sobre los retos económicos del país y las alternativas para contener la inflación.

EE.UU. espera elecciones “lo antes posible” en Venezuela según Marco Rubio

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El secretario de Estado Marco Rubio, urgió este miércoles 3 de junio ante la Cámara de Representantes a establecer “lo antes posible” las condiciones necesarias para la realización de las elecciones en el país, narrativa que contrasta con la precaución que mostraba el político unas semanas atrás.

Durante la audiencia frente a la miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, María Elvira Salazar, el secretario de Estado insistió que el objetivo final de la administración de Donald Trump es lograr “unas elecciones multipartidistas, libres y justas”.

De todas formas, Rubio evadió ofrecer una fecha tentativa para los comicios e hizo énfasis que para alcanzar este escenario es necesario reestructurar el sistema.

“Claramente, necesitamos una nueva comisión electoral”, declaró Rubio haciendo alusión implícita al Consejo Nacional Electoral (CNE) controlado por el oficialismo que proclamó la problemática reelección de Nicolás Maduro en julio de 2024.

El cambio de estrategia

Esta nueva postura de la Casa Blanca establece una velocidad en la transición que parecía que pretendían manejar con más cuidado, ya que hace casi un mes, el pasado 13 de mayo, Rubio mostraba una opinión distinta durante la entrevista a bordo del Air Force One

En ese momento al evaluar y platicar sobre la situación política en Venezuela tras la captura de Maduro, su explicación fue: “No queremos ir tan rápido porque todo se puede romper”.

Rubio también defendía que Venezuela se encontraba en una posición favorable gracias a la “normalización” de sus ingresos petroleros, que actualmente se encuentran resguardados en una cuenta auditada en Nueva York para el pago de nóminas públicas.

Un cierre inexistente

El llamado a la rapidez electoral de Rubio ocurrió dentro de un contexto de profunda controversia, por las declaraciones que el secretario de Estado emitió el martes 2 de junio, cuando afirmó ante la Cámara de Representantes que El Helicoide había sido cerrado.

Estas palabras provocaron una reacción de rechazo inmediata por organizaciones y familiares de detenidos, quienes desmintieron el supuesto cierre del recinto penitenciario, que este 3 de junio fue el centro de una tensa jornada por traslados arbitrarios de los detenidos, que no fueron notificados a los familiares.

Aunque la presidente encargada, Delcy Rodríguez, prometió en enero transformar la sede del Helicoide en un centro social y deportivo, esta promesa sigue sin cumplirse ya que el lugar, según organizaciones como Realidad Helicoide, continúa operando como un centro de torturas y tratos crueles, donde decenas de ciudadanos permanecen recluidos bajo violaciones de sus derechos humanos.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

HRW: La jurisdicción universal puede ser un camino a la justicia en Venezuela 

Con la posibilidad de extradición del coronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Ephraín Enrique Verdú Torelles a Argentina se abre una vía hacia la justicia fuera de Venezuela expuso la organización Human Rights Watch (HRW). 

La justicia argentina solicitó a España la extradición de Verdú Torelles, señalado de ser uno de los presuntos responsables de la muerte de Geraldine Moreno Orozco, ocurrida en el marco de las protestas antigubernamentales de 2014. 

“Las víctimas en Venezuela no han tenido justicia en su país, y la solicitud de extradición presentada por Argentina es un recordatorio de que la justicia puede cruzar fronteras. Ahora corresponderá al tribunal español decidir si se procede o no con la extradición”, dijo Michelle Reyes Milk, asesora senior de justicia internacional de Human Rights Watch.

El representante de las víctimas venezolanas, Ignacio Jovtis, señaló a Human Rights Watch que las autoridades españolas han notificado a Verdú Torrelles sobre el proceso de extradición y el Consejo de Ministros de España aprobó la continuación del procedimiento relativo a la solicitud de extradición, remitiendo el asunto a la Audiencia Nacional. 

La solicitud de extradición de Verdú Torelles deriva de una denuncia presentada ante los tribunales argentinos en junio de 2023 por InterJust, organización de derechos humanos que representa a familiares de personas que fueron presuntamente ejecutadas extrajudicialmente por miembros de la GNB durante 2014.

En septiembre de 2024, un juez de instrucción en Argentina emitió órdenes de detención contra Verdú Torrelles y otros 13 oficiales de la GNB para interrogarlos sobre la denuncia presentada en su contra. 

De ser extraditado, Verdú Torrelles sería la primera persona en este caso en comparecer personalmente ante tribunales argentinos y se convertiría en la persona de más alto rango hasta la fecha en comparecer ante un tribunal en cualquier país por graves violaciones de derechos humanos cometidas en Venezuela, de acuerdo a Human Rights Watch (HRW).

Por separado, el juez también citó y emitió órdenes de detención contra Nicolás Maduro, actualmente encarcelado en Estados Unidos y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.

Otra denuncia separada y paralela fue presentada por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia en enero de 2023 contra Maduro y Cabello. 

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela encontró motivos razonables para creer que las violaciones cometidas por el gobierno constituían crímenes de lesa humanidad. 

En 2021, la Corte Penal Internacional (CPI) abrió una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

“La persecución de casos de jurisdicción universal por parte de Argentina envía un mensaje claro y contundente de que no debería haber refugio seguro para quienes sean responsables de graves violaciones de derechos humanos. La cooperación de otros Estados, como España, es fundamental para ese esfuerzo”, dijo Reyes Milk de HRW. 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país 

Denuncian que a José Faustino Hermoso quieren cambiarle la identidad para mantenerlo detenido 

Familiares de José Faustino Hermoso García denunciaron que miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), junto a fiscales del Ministerio Público, pretenden que este se cambie el nombre y declare culpable para mantenerlo preso, en un caso descrito como sin precedentes por organizaciones civiles venezolanas. 

“Mi hijo se llama José Faustino Hermoso y lo están obligando a declararse culpable, lo están culpando de un crimen que no ha cometido, a aceptar una identidad que no corresponde, de un tal Fausto Malavé. Por lo que pueda pasarle a mi hijo responsabilizo a la jueza tercera de control, Yulimer Mariana Hernández Prieto, a la fiscal, Mirtha Lugo y al Comando 11 de la GNB en el estado Zulia”, dijo en un video publicado en la cuenta de X  del Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales, Yajaira García, madre de Hermoso García. 

García denunció que su hijo ha sido víctima de torturas e hizo un llamado a la presidenta encargada de Venezuela bajo la tutela de Estados Unidos, Delcy Rodríguez. 

Hermoso García es hijo de Bernardo Hermoso, sobrino de Carlos Hermoso y primo de Jesus Noel Hermoso, conocidos dirigentes políticos y luchadores sociales del partido Bandera Roja, de acuerdo a la cuenta del Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales.

El comité denunció que por no tener identidad, a Hermoso García lo han tenido retenido por más de un mes, trasladado al estado Zulia bajo desaparición forzada y sin derecho a ser visto por abogado alguno ni familiar. 

El abogado y expreso político, Eduardo Torres, denunció que Hermoso García fue detenido por un problema personal el pasado 30 de abril por funcionarios del Comando Nacional de Antiextorsión y Secuestro (Conas) de la GNB en Santa Teresa del Tuy, estado Miranda. 

Torres dijo además que los tribunales del área metropolitana de Caracas se negaron a recibir un recurso de habeas corpus. 

“Este no es un caso político. Es un caso doméstico de un joven trabajador que tuvo un altercado con un funcionario policial y que lamentablemente lo amenazó y le dijo: ‘Donde te vea te voy a reventar’”, comentó el abogado. 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país