En Venezuela se habla mucho de transición democrática. Se habla de acuerdos, elecciones, observación internacional, reformas institucionales y garantías para los partidos. Se habla menos, casi nunca, de lo que ocurre con una mujer indígena cuando llega a votar, cuando debe decidir en su comunidad o cuando intenta convertir su liderazgo cotidiano en poder político real.

Los datos del informe Entre la laguna y la sierra: identidad, participación y violencias contra mujeres indígenas del Zulia realizado por el equipo de investigadoras de la Asociación Cauce, obligan a mirar allí, a los márgenes del poder, a la evidencia concreta de cada mujer para quien la democracia es más una promesa que una experiencia real de poder decidir, hablar y votar en secreto, ser candidata, reconocida como lideresa por su comunidad y por el Estado y registrada también como parte de un pueblo indígena.

La encuesta recoge las respuestas de 422 mujeres de los pueblos wayúu, añú, yukpa, barí y japreira. La muestra tiene una presencia mayoritaria wayúu y distribuye el resto de las entrevistas entre los otros cuatro pueblos. La investigación no habla de “la mujer indígena” como si todas vivieran la misma realidad. Muestra, por el contrario, las profundas diferencias entre estos pueblos, en sus formas de autoridad y niveles de reconocimiento comunitario.

La primera diferencia aparece en el mundo wayúu. La sociedad wayúu está organizada por clanes de filiación matrilineal, con fuerte centralidad de la línea materna, aunque eso no equivale a decir que sea una sociedad matriarcal en sentido estricto, pues la autoridad política tradicional suele recaer en el tío materno mayor o alaüla. Esa precisión ayuda a entender por qué las mujeres wayúu aparecen en los datos con una visibilidad comunitaria mayor, pero también evita caer en la imagen idealizada de una cultura donde las mujeres controlarían todos los espacios de poder.

En los pueblos yukpa y barí, en cambio, las estructuras de autoridad, parentesco o representación familiar son predominantemente masculinas, aunque con matices y con espacios de agencia femenina. Para los pueblos añú y japreira, la evidencia disponible es menos concluyente. Por eso, en esos casos conviene ser cuidadosas: los datos muestran menor reconocimiento de los liderazgos femeninos, pero no autorizan por sí solos a clasificar a esas sociedades como marcadamente patriarcales.

Esa cautela nos permite precisar mejor los hallazgos. Los números muestran que las mujeres indígenas del Zulia no enfrentan una sola barrera, sino varias. Algunas vienen del Estado. Otras, de los partidos. Otras, de las condiciones económicas. Y otras, de las formas comunitarias en las que se distribuyen la autoridad, la palabra y el derecho a decidir.

Más de la mitad de las encuestadas dice que no participa nada en las decisiones políticas de su comunidad; algo más de un tercio participa poco y apenas una de cada diez lo hace en alguna medida.

Aquí aparece la paradoja central del estudio: las mujeres sostienen la vida comunitaria como guardianas de la cultura, las tradiciones, la lengua, los cuidados y la memoria colectiva, pero ese lugar indispensable no siempre se traduce en autoridad ni en poder de decisión; pueden ser claves para la continuidad de la comunidad y, al mismo tiempo, quedar en los márgenes de la política local.

Entre las wayúu, el 63 % reconoce una presencia femenina plural o fuerte en los liderazgos de su comunidad y casi todas las menciones de “muchos” liderazgos corresponden a ellas.

En el resto de los pueblos la foto es otra: 8 de cada 10 barís, japreiras y yukpas dicen que hay pocos liderazgos femeninos y la misma proporción añú afirma que no hay.  No se trata de jerarquizar culturas, sino de reconocer que la forma en que se organiza la autoridad comunitaria condiciona cómo las mujeres se ven, cómo son vistas y cuánto se les permite participar.

Solo un tercio de la muestra cree que las lideresas son muy valoradas y respetadas. Entre las wayúus, algo más de la mitad lo afirma; entre las yukpas, apenas el 2 %, y entre japreiras y barís más de la mitad dice que son poco valoradas. La conclusión es clara: el liderazgo femenino no tiene el mismo piso social y la filiación matrilineal wayúu abre más espacio simbólico para reconocer a las mujeres, mientras que en pueblos con autoridad masculina predominante, como yukpa y barí, las resistencias son mayores.

La desigualdad se repite cuando se mira la percepción sobre oportunidades: entre las wayúus, 6 de cada 10 cree que las mujeres tienen las mismas oportunidades que los hombres para participar en reuniones, elecciones o decisiones importantes sin ser discriminadas por su origen; entre las añús esa proporción baja al 35 %, entre las japreiras al 11 %, entre las barís al 4 % y entre las yukpas al 3%.

La distancia es demasiado grande para ser leída como una simple diferencia de opinión. Habla de experiencias políticas distintas. En algunos contextos, las mujeres perciben que pueden participar con mayor legitimidad. En otros, la igualdad de oportunidades parece más una aspiración que una vivencia cotidiana.

Pero el caso wayúu alerta contra las lecturas fáciles, pues si bien ellas reportan mayor reconocimiento comunitario del liderazgo femenino, solo el 12 % dice haberse postulado a un cargo de elección popular, frente al 46 % de las japreiras, 32 % de las barís, 23 % de las añús y 17 % de las yukpas.

Ese dato abre una pregunta política: ¿por qué un liderazgo socialmente reconocido no siempre se transforma en candidatura, representación o en poder institucional? La respuesta probablemente no está en un solo factor. Intervienen la distancia territorial, la pobreza, la falta de redes partidistas, las barreras lingüísticas, la relación con los operadores políticos, los costos de competir y las formas en que el sistema electoral indígena ha sido utilizado o controlado.

En otras palabras, la cultura puede abrir una puerta, pero el sistema político puede cerrarla: una mujer puede ser respetada como figura comunitaria y, aun así, quedar fuera de la boleta electoral.

El voto secreto es otro punto de alarma. Entre las mujeres que han participado en elecciones, casi 4 de cada 10 reconocen que alguien las acompañó o ayudó hasta el momento de introducir su voto. La práctica no se distribuye por igual entre los pueblos, es mayor en los más periféricos y aislados y menor entre las yukpas y wayúus.

La asistencia al voto puede ser legítima cuando responde a una necesidad real, pero cuando se convierte en una práctica rutinaria, es tutelaje. Para una mujer indígena en situación de vulnerabilidad económica, territorial o institucional, votar en secreto es su única protección frente a las presiones familiares o la que ejercen los liderazgos locales, los operadores partidistas, las autoridades comunitarias o los grupos de poder.

La normalización del acompañamiento es aun más preocupante: 9 de cada 10 mujeres han visto o saben de otras personas acompañadas o asistidas por alguien para votar. Cuando casi todas reconocen esa práctica, es que hay un claro control del voto.

Por eso, el requisito para hablar de ciudadanía plena es la autonomía electoral. No basta con que las mujeres estén inscritas o acudan al centro de votación. La pregunta clave es si pueden decidir sin vigilancia, sin presión y sin intermediarios. Una democracia que permite votar, pero que no garantiza el secreto del voto, deja intacta una zona de control político sobre los cuerpos y las decisiones de las mujeres.

La ciudadanía incompleta también se ve en la cédula: 9 de cada 10 mujeres wayuus encuestadas y 6 de 10 cada añús o yukpas, reportan que su documento no incluye su etnia. No es un detalle insignificante: la cédula no solo identifica a una persona, sino cómo el Estado reconoce su identidad y sus derechos colectivos.

La agenda democrática para Venezuela no puede ignorar esta realidad. Si la transición se limita a cambiar élites, partidos o autoridades nacionales, dejará intacta una deuda profunda con las mujeres indígenas. La democracia debe llegar también al centro de votación rural, a la asamblea comunitaria, a la cédula de identidad étnica y al espacio donde se decide quién puede hablar en nombre de la comunidad.

Eso exige medidas concretas. Hay que garantizar el voto directo, secreto y universal para los pueblos indígenas; impedir que el voto asistido se use como mecanismo de control; crear canales de denuncia accesibles, cultural y lingüísticamente pertinentes; formar a las mujeres indígenas en sus derechos políticos y promover candidaturas femeninas de forma que no dependan de los operadores políticos ajenos a sus comunidades.

También exige políticas diferenciadas. En las comunidades wayúus, donde el liderazgo femenino aparece más visible, el reto es convertir esa legitimidad social en mayor representación institucional, con gestión de recursos y poder público. En las otras comunidades, con predominio masculino, la tarea es ampliar la autoridad femenina sin romper el tejido comunitario.

Las mujeres indígenas del Zulia no están fuera de la democracia; están dentro de ella, pero muchas veces en condiciones subordinadas. Votan, pero no siempre en secreto. Sostienen a sus comunidades, pero no siempre deciden. Son reconocidas como portadoras de su cultura, pero no siempre como autoridades políticas. Tienen cédula, pero no siempre reconocimiento étnico. Tienen liderazgo, pero pocas son candidatas y su voz no es escuchada.

La transición democrática tiene otro reto pendiente: dejar de ver a las mujeres indígenas solo como cuidadoras invisibles o símbolo cultural y ofrecer las condiciones para que puedan decidir, representar, denunciar, administrar recursos y disputar el poder en sus propios términos, con garantías plenas del Estado y el respeto a sus culturas.

@nataliabrandler, nataliabrandler@gmail.com | María Luisa Campos | Susana Cristo Anzola.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es