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Recuperar los activos de la corrupción: uno de los retos que enfrentará la transición

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Durante el foro online “Rastro del dinero venezolano decomisado a redes corruptas”, organizado por Transparencia Venezuela, se analizó el alcance de la corrupción en Venezuela y las severas dificultades técnicas para lograr que el patrimonio descontado regrese al país, de cara a una transición. 

La charla evidenció la necesidad que tiene Venezuela de adoptar soluciones institucionales que sean creativas y de ambas partes ante la falta de justicia independiente en el territorio nacional que pueda colaborar con autoridades internacionales.

Fondos congelados y confiscados

Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, inició la sesión hablando sobre los hallazgos del informe titulado “El mapa de los decomisos”. Explicó que la corrupción en el país ha alcanzado grandes números sin precedentes a nivel global: con la suma de los expedientes judiciales de otros países a los que han tenido acceso, el monto ya supera los 70 000 millones de dólares. 

“Lamentablemente, hasta donde nosotros hemos podido identificar, solamente se ha materializado la incautación de 719 bienes, que suman una cifra cercana a los 4000 millones de dólares, esto parece poco cuando uno lo ve en referencia a todo el dineral que se ha mencionado en los casos de corrupción venezolana”, razonó Mercedes de Freitas.

La directora ejecutiva de Transparencia explicó que de esos 719 bienes identificados en 21 países 287 cuentan con un decomiso definitivo mediante sentencias, esto representa algo más de 1300 millones de dólares. Los 432 bienes restantes siguen en un limbo por la gran opacidad y falta de cooperación de las autoridades venezolanas.

“ lamentablemente los casos se sobreseen, o sea, se cierran a veces temporalmente, a veces definitiva, porque los tribunales solicitan información a Venezuela y Venezuela no entrega información”, declaró de Freitas.

La ley PANA

Una de las ponentes invitadas, María Alejandra Márquez, periodista y fundadora de la Fundación para la Iniciativa de la Recuperación de Activos Venezolanos (Inrav), centró su participación en el panorama judicial de los Estados Unidos, donde más se han procesado casos en contra de la corrupción en Venezuela.

Márquez enfatizó que su organización hace seguimiento directo a 80 casos dentro del territorio estadounidense, cuyas órdenes confiscadas ascienden a 3900 millones de dólares, de los cuales unos 600 millones ya se encuentran en estado líquido, es decir, que disponen de efectivo inmediatamente.

La periodista hizo un llamado a la urgencia de impulsar la Ley Pana (Pana Act) en el Congreso de los Estados Unidos como una herramienta de protección contra estas corrupciones.

“Hemos logrado un proyecto de ley que se llama la Pana Act, un proyecto muy sencillo que sencillamente consiste en la conformación de un fondo especial para proteger los bienes recuperados en los casos de corrupción en los que hayan sido procesados corruptos venezolanos en los Estados Unidos. la idea es lograr que ese dinero se proteja y tenga mecanismos utilizando las instituciones americanas para ser regresados en beneficio de la población de Venezuela. Este fondo tendría cuatro propósitos amplios fundamentales: fortalecer la reinstitucionalización y la gobernanza democrática de nuestro país, la defensa de los derechos humanos, el apoyo a la libertad en los medios independientes y el combate a la corrupción”, explicó María Alejandra Márquez.

La fundadora de Inrav también destacó la relevancia real de los fondos y prevenir la corrupción  a través de esta nueva ley, que está en espera de aprobación.

“El trabajo que estamos haciendo (…) es para que se haga justicia, para que haya transparencia, pero además que haya rendición de cuentas y participación de la sociedad civil en el seguimiento de esos bienes y en el seguimiento de esos retornos, porque si no hay vigilancia pública, las posibilidades de que ese dinero vuelva a la corrupción se incrementan”, advirtió Márquez.

Estrategias globales

El segundo ponente de la charla, Guillermo Jorge, abogado y experto en prevención de lavados de activos, aportó la perspectiva jurídica internacional. Profundizó en que las normas globales de recuperación de activos varían de acuerdo al nivel de colaboración del Estado afectado, que puede colaborar activamente en el proceso judicial o por el contrario, sabotear las investigaciones, lo que genera un vacío legal severo.

“Suiza,hizo primero una orden ejecutiva y después esa orden ejecutiva pasó por el Congreso y se convirtió en ley. se aplica a todos los países que permiten la recuperación de activos o cuando el estado víctima es, entre comillas, un estado fallido. también cuando las instituciones de ese estado no le permiten obtener la evidencia necesaria que exige la legislación suiza para que un juez, de acuerdo con el debido procedimiento , pueda determinar si estos activos le pertenecen a Venezuela, por ejemplo, como en este caso”, explicó el abogado.

El especialista también comentó el reciente congelamiento de 700 millones de dólares pertenecientes a 36 personas del gobierno venezolano por parte de las autoridades suizas. Jorge aclaró que estas acciones por parte del país europeo no son espontáneas, sino que vienen del cumplimiento financiero ante problemáticas como detenciones de funcionarios.

“En Suiza la ley de lavado de dinero dice que las autoridades bancarias, tienen que mantener congeladas las cuentas durante 5 días con posterioridad a los reportes de operaciones sospechosas, a espera de que el Ministerio Público Fiscal les diga si el dinero tiene que mantenerse bloqueado o no. Altamente probable que en el caso de Maduro y la familia más próxima, todos hayan dicho que sí y en algunos otros en donde simplemente una búsqueda en Google muestra que, potencialmente, el dinero es producto de algún delito”, sentenció Guillermo Jorge.

Esperanza en la transición

Al evaluar las posibles alternativas en el futuro de Venezuela, Guillermo Jorge recomendó  optar por el “pragmatismo” por encima de la búsqueda de modelos ideales que puedan traer más problemas que ayuda. También, advirtió que debatir caso por caso podría consumir una parte considerable de los fondos en representaciones legales.

“Creo que en el proceso de reconstrucción hay que elegir un plazo, hay que saber cuál es un objetivo alcanzable dentro de esto, porque si no se convierte en una lucha que no termina nunca, en un proceso más de reconstrucción antropológica histórica que de realmente hacer justicia y dar vuelta a la página (…) Lo mejor es ponerse objetivos concretos, realizables, dedicar todos los esfuerzos, y en algún momento, dar por cerrado el capítulo”, concluyó Jorge. 

El especialista exhortó a las futuras autoridades y a las organizaciones a fijar plazos y metas realizables para los esfuerzos de recuperación de activos en el país y tratar de evitar que los procesos judiciales se transformen en disputas indefinidas, que causen más problemas que soluciones.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

CLAVES | Censura y autocensura: ¿qué ha cambiado en Venezuela después del 3Ene?

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Tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores el 3 de enero de 2026, la ONG Espacio Público advierte que se abrió una grieta en el sistema de censura que operó durante más de dos décadas en Venezuela. Sin embargo, la irrupción de información antes prohibida no implica el fin del control estatal, sino un reacomodo temporal del ecosistema informativo.

En el informe ¿Se desdibuja la censura y autocensura en Venezuela en 2026?, la organización explica que la censura en el país es una estructura acumulada en capas desde 2004, reforzada por leyes actuales como la Ley Resorte, Contra el Odio, Antibloqueo y la Ley de ONG que disminuyeron drásticamente la libertad informativa.

Para Espacio Público, lo ocurrido tras el 3 de enero no debe interpretarse como una transición hacia la libertad informativa porque aún persisten los bloqueos digitales, las leyes represivas, la opacidad institucional y la presión sobre periodistas y fuentes.

La organización subraya que la disminución de casos documentados no significa una mejora real en las garantías, sino el reflejo de una autocensura profundamente arraigada y del miedo al castigo.

En su informe sobre la libertad de expresión 2025, Espacio Público documentó 123 casos y 238 violaciones a la libertad de expresión, incluyendo 44 detenciones arbitrarias, con al menos 14 de ellas vinculadas a publicaciones en redes sociales e internet.

A continuación, las claves más relevantes sobre lo que ha cambiado en Venezuela después del 3Ene:

María Corina Machado reaparece

María Corina Machado fue la figura más sistemáticamente silenciada de la televisión y la radio venezolanas durante más de una década. Tras los sucesos del 3 de enero, el 29 de enero de 2026, con Maduro ya capturado, Venevisión transmitió brevemente sus declaraciones desde Washington. Fue la primera vez en más de una década que el canal de mayor audiencia mostraba a Machado en pantalla. 

En octubre de 2025, el Comité Nobel de Noruega anunció que Machado era la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025. Según diferentes fuentes protegidas, Conatel actuó con rapidez: ordenó a Unión Radio sacar del aire a los periodistas Luis Olavarrieta y Shirley Varnagy, quienes habían anunciado el galardón.

Periodistas volvieron a las pantallas

El 1 de abril de 2026, Venevisión anunció que Luis Olavarrieta y Shirley Varnagy conducirían la nueva emisión estelar de Noticias Venevisión. Sin embargo, el regreso tuvo inmediata sombra: el 16 de abril de 2026, usuarios denunciaron que el noticiero seguía borrando digitalmente la palabra “tortura” en los carteles de familiares de presos políticos.

El silencio de los datos económicos

Bajo presión del gobierno de Estados Unidos, que exigía datos oficiales para cualquier estabilización económica, el BCV, tras más de un año de silencio, publicó sus cifras: inflación 2025: 475,28 %, la más alta del mundo.

La censura que persiste sin Maduro

Espacio Público precisa que a mayo de 2026 siguen bloqueados 206 sitios web, 65 de ellos medios de comunicación. Según destaca la ONG, es un avance puntuales que la operadora Digitel desbloqueó X (ex Twitter) el 19 de marzo de 2026, primera en hacerlo desde el bloqueo impuesto en agosto de 2024. Las demás operadoras (CANTV, Movistar, Inter y NetUno) mantienen activo el bloqueo.

Aunque se habla de reformas, normas como la Ley Contra el Odio, Simón Bolívar, Antibloqueo y de ONG continúan activas y sin cambios estructurales. Organizaciones como Espacio Público, Transparencia Venezuela y Acceso a la Justicia, en abril de 2026, exigieron la derogación de un entramado de leyes represivas que incluye también la Ley Simón Bolívar, la Ley Antibloqueo, la Ley de ONG y la Ley contra la Delincuencia Organizada y el Terrorismo.

Regreso de nuevos espacios, programas y temas

La organización señala en su informe que si bien han registrado la reaparición de términos y temas, la sensación general no es de plenitud. Una fuente protegida, señaló a Espacio Público: “La gente se siente un poquito más segura. No totalmente, porque la estructura (censora) sigue. Pero que efectivamente para ellos volver a decir su nombre, su situación, su denuncia no representa un riesgo de vida o un riesgo de integridad”.

Otra fuente menciona diferentes temas que se vuelven a ver en el ecosistema mediático y comenta: “Protestas, convocatorias de calle, movilizaciones y corrupción. Mucho se ha publicado sobre corrupción que había desaparecido de la agenda de medios durante muchos años posteriores al 2024″.

La radio fue la más golpeada

Según cifras de Espacio Público, la radio venezolana sufrió el mayor impacto de los cierres: más de 300 emisoras entre 2003 y 2025. Unión Radio, la única red de radio privada de alcance nacional que sobrevivió hasta 2025.

A mayo de 2026, no hay confirmación de que se hayan devuelto las frecuencias o equipos a emisoras cerradas arbitrariamente, ni de que Conatel haya flexibilizado su política de concesiones.

Medios digitales siguen bloqueados pero más visibles

Los medios digitales independientes operaron desde el exilio o bajo bloqueo durante años, pero comenzaron a ver un aumento en su visibilidad interna. Espacio Público explica que diversos medios digitales siguen técnicamente bloqueados para la mayoría de los usuarios dentro de Venezuela sin VPN, pero el volumen de sus coberturas sobre el escenario posterior al 3 enero de 2026 ha crecido.

ONG recuperan su voz

El informe destaca que las organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil siguen registrando la situación de derechos humanos en Venezuela sin falta, año tras año.

“Desde enero de 2026, con la disminución de la persecución por expresión, han aumentado también las acciones de denuncia y exigencia, al disminuir el riesgo a detenciones arbitrarias y desapariciones, como ocurrió previamente a diversas personas defensoras de derechos humanos”, se lee en el texto.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

La Conversa de ARI | María Corina Machado es la única autorizada por la PUD para negociar una transición política

Para el exgobernador del estado Táchira, César Pérez Vivas la única persona autorizada por la Plataforma Unitaria Democrática y los partidos políticos de oposición para negociar una transición política en Venezuela, es la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. Aseguró que su liderazgo fue ratificado de manera unánime en el encuentro de Panamá ocurrido el pasado 22 de mayo en ese país.

Durante La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por Runrunes, TalCual y El Pitazo del pasado martes 9 de junio, el dirigente explicó que no está planteada una reunión directa entre María Corina Machado y Delcy Rodríguez, sino que el proceso de diálogo y transición sucede con la intermediación de Estados Unidos y el plan de tres fases de Donald Trump: estabilización, recuperación y transición democrática

“El acuerdo de Panamá es muy importante porque se ha conseguido que todos los sectores definamos que María Corina Machado es la autorizada para llevar a cabo una negociación, entendiendo que en el medio está Estados Unidos, porque quienes están en el poder en Venezuela, no se les puede confiar en absoluto. Si no hay un garante del tamaño de EE.UU. van a burlar (los acuerdos) como lo han desconocido a lo largo de estos 27 años”, subrayó. 

Pérez Vivas explicó que, durante la reunión, se estableció como prioridad de la Plataforma Unitaria la convocatoria a elecciones presidenciales, por encima de otros comicios como los de Asamblea Nacional, gobernaciones o alcaldías. Asimismo, destacó como un logro relevante derivado del encuentro de Panamá la inclusión y el reconocimiento de otras organizaciones políticas vinculadas a la sociedad civil.

“Si se cumpliera la Constitución, las elecciones tendrían que ser en agosto, ahora hay un régimen que se niega a morir y un país como Estados Unidos involucrado en una serie de temas internacionales (…) nuestra tarea es buscar el punto de encuentro para avanzar en ese proceso y poder desarrollar este programa que ha presentado la administración de Donald Trump para ejecutar finalmente la consulta electoral que permita salir del chavismo”, aseveró. 

Cabello recibe órdenes del Departamento de Estado 

Según Pérez Vivas, el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, estaría recibiendo instrucciones del Departamento de Estado de Estados Unidos, liderado por el secretario Marco Rubio. De acuerdo con esta versión, dichas gestiones tendrían como objetivo la búsqueda de acuerdos orientados a evadir el sistema de justicia estadounidense, en el marco de la recompensa vigente de 25 millones de dólares que existe en contra del secretario nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). 

“Él está ahí y lo está haciendo para ver si lo perdonan (…) todo este comportamiento de él: de ir a las reuniones y de mantenerse quieto el 3E como todo el mundo lo vió, tiene como objetivo buscar a ver si le bajan a la solicitud que tiene de enjuiciamiento en la corte de Nueva York”, apuntó. 

Resta importancia a declaraciones de Rodríguez   

Para el dirigente, Estados Unidos busca ejecutar el plan de las tres fases “al menor costo posible”. Sostiene que, en la medida en que Delcy Rodríguez cumpla con los requerimientos establecidos, esto resulta funcional para el gobierno norteamericano, el cual conoce a los distintos actores políticos del país. En ese sentido, minimiza la relevancia de las declaraciones favorables que se han emitido hacia el gobierno venezolano.

“El hecho de que en algún momento determinado el presidente (Donald Trump) u otro funcionario, dé una declaración de alguna manera generosa con los que están actualmente usurpando el poder en Venezuela, eso no significa que aprueban su comportamiento (…) y no significa no va a ponerse en marcha el plan de transición”. 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país 

El Mañanero del 17 de junio: tras ser excarcelada, Samantha Hernández se gradúa de bachiller

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¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este miércoles, 17 de junio, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

Luis Hernández, padre de Samantha Hernández, informó que la adolescente recibió su título de bachiller este martes 16 de junio.

“Mi hija Samantha Sofía Hernández Castillo en su acto de graduación, obteniendo su titulo de bachiller. Dios te bendiga mi amada hija”, posteó Hernández en la red social X y acompañó el texto con una fotografía de la adolescente vestida con toga y birrete.

El padre de Samantha expresó que “después de la tormenta siempre llega la calma”, refiriéndose a la detención de su hija por motivos políticos.

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Recién salido del horno: otras noticias

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Dólar/Euro BCV

La cita

Diosdado Cabello: “Nosotros hemos ido acondicionando sitios y cerrando sitios que, de verdad, no era habitables. Te pongo un ejemplo, la Zona 7 de la PNB acá. Eso era un centro de hacinamiento, eso es otra cosa. Era un sitio de ultraje, más bien. Hemos estado revisando los casos, hay más de 12 000 pendientes de juicio, una cantidad de personas que tienen ya condena, que deben estar en los centros de reclusión normales”.

Lo que rompe en redes

Azuquita pa’l café

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La ñapa (recomendamos…)

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Adolescente Samantha Hernández se gradúa de bachiller a casi un mes de ser excarcelada

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Luis Hernández, padre de Samantha Hernández, informó que la adolescente recibió su título de bachiller este martes 16 de junio.

“Mi hija Samantha Sofía Hernández Castillo en su acto de graduación, obteniendo su titulo de bachiller. Dios te bendiga mi amada hija”, posteó Hernández en la red social X y acompañó el texto con una fotografía de la adolescente vestida con toga y birrete.

El padre de Samantha expresó que “después de la tormenta siempre llega la calma”, refiriéndose a la detención de su hija por motivos políticos.

Caso Samantha Hernández

Samantha Hernández, de 16 años, estuvo detenida desde el 19 de noviembre de 2025 y fue excarcelada la noche del 18 de mayo de 2026. Fue juzgada por terrorismo por su presunta participación en el atentado con explosivos en Plaza Venezuela.

En marzo de 2026, el Tribunal de Juicio del Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescentes con competencia en terrorismo le negó la amnistía a la adolescente sin ofrecer detalles al respecto.

Samantha estuvo detenida al igual que otros miembros de su misma familia por ser allegados a Cristian Hernández, un militar disidente en el exilio. Por este caso continúa tras las rejas su tío Henry Castillo Hernández. Maykelis Borges, esposa de Cristian, permaneció un año en prisión, dio a luz en la cárcel y fue liberada con medidas cautelares en el mes de febrero. El 12 de junio de 2026, fue excarcelada la hermana mayor de Samantha, Aranza Hernández, de 19 años.

La familia Hernández Castillo ha sido víctima de Sippenhaft, una práctica que se remonta a la Alemania nazi con el fin de castigar, perseguir o detener a los familiares de un perseguido político como mecanismo de presión o represalia.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.


El 12 de junio de 2026, también fue excarcelada su hermana mayor, Aranza Hernández (de 19 años), permitiendo finalmente el reencuentro de ambas.

Repsol y Venezuela firman acuerdo para explorar nueva zona petrolera al sur del Lago de Maracaibo

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La multinacional energética Repsol y el interinato de Venezuela suscribieron este martes, 16 de junio, un memorando de entendimiento para analizar la viabilidad de explorar y desarrollar una nueva zona petrolífera en el país. El proyecto se centra en el área Horcón, una ubicación estratégica situada al sureste del Lago de Maracaibo.

El acuerdo involucra al Ministerio de Hidrocarburos y Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Además de la evaluación del área Horcón -situada entre los campos de Barúa y Motatán– el memorando establece que las partes avanzarán en el análisis técnico de oportunidades de gas en la costa. Ambas delegaciones profundizarán en los estudios y en el procesamiento de datos sobre los yacimientos gasíferos en el sector conocido como offshore venezolano.

La firma del acuerdo se llevó a cabo en el Palacio de Miraflores y entre los firmantes figura el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, y el director general de Exploración y Producción de la firma, Francisco Gea Pascual. Por Venezuela estamparon su firma la presidenta encargada -bajo el tutelaje de Estados Unidos- Delcy Rodríguez; la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao; y el presidente de Pdvsa, Héctor Obregón.

Durante el acto oficial, Rodríguez resaltó la trayectoria de la compañía española en el territorio nacional y calificó la relación como una asociación estratégica de largo recorrido. “Podemos decir que Repsol ha sido un amigo comprometido en los malos momentos cuando Venezuela vivió procesos muy duros de aislamiento internacional”, expresó Rodríguez.

La oficialista también enmarcó la firma de este convenio dentro de una proyección geopolítica y social más amplia que conecta con las necesidades de desarrollo de las naciones en desarrollo. “Nosotros también estamos pensando más allá de cómo garantizar el trilema energético donde los pueblos del mundo accedan a la energía”, argumentó.

“Seguimos comprometidos a multiplicar la inversión”

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ratificó la continuidad de las operaciones de la multinacional y el interés por incrementar el volumen de sus activos en el país. El directivo recordó el arraigo histórico de la corporación y vinculó directamente la actividad extractiva con el desarrollo social de la población.

“Repsol lleva más de 30 años en Venezuela. Yo quiero agradecer al gobierno venezolano el apoyo que siempre hemos tenido y el honor que supone para nosotros poder formar parte de la historia de los hidrocarburos de este país. Y sobre todo quiero dejar un mensaje. Nosotros seguimos comprometidos”, manifestó Imaz.

Durante su intervención, el ejecutivo detalló los proyectos específicos que forman parte de la estrategia de la compañía y delineó la hoja de ruta para multiplicar la inversión en petróleo y gas.

“Tenemos un claro compromiso de hacer crecer y multiplicar nuestra inversión en petróleo, invirtiendo para ello dentro de los acuerdos que hemos establecido con ustedes, tanto el acuerdo de estabilización de gas que afecta a Cardón, como los acuerdos relativos a la empresa mixta Petroquiriquire (…) y, por supuesto, los futuros acuerdos que vayamos a hacer de cara al desarrollo de los recursos en los cuales estamos comprometidos también en la faja del Orinoco”, precisó el representante.

El directivo concluyó señalando que el crecimiento de la economía mundial, y principalmente el del Sur Global, “necesita energía, y necesita energía segura, necesita energía asequible, necesita energía competitiva para que las personas puedan tener un proyecto de vida”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

José Guerra propone plan de tres fases para frenar la inflación

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: El Estado debe dejar de lado la excusa de las sanciones

El economista y exdiputado a la Asamblea Nacional José Guerra declaró, durante una rueda de prensa este martes 16 de junio que, con un ingreso fiscal de 22 000 millones de dólares, existen recursos para un salario razonable. Por otro lado, propuso un plan de tres fases para disminuir la inflación en el país. También, se mostró a favor de la reestructuración de la deuda, que incluya el nombramiento de un grupo de venezolanos que participe en las negociaciones con el comité de acreedores.

Durante una rueda de prensa del partido Unión y Cambio, el economista aseguró que el gobierno “debe acordarse de los trabajadores” mediante la asignación de mejores salarios y dejar de lado la excusa de las sanciones.

Según Guerra, actualmente, se exporta un millón de barriles de petróleo diarios y se estima que para el segundo semestre del año las exportaciones alcancen 1.200.000 barriles.

Un plan para frenar la inflación

Con los recientes ingresos petroleros, Guerra considera que el salario puede establecerse entre 80 y 100 dólares, sin incluir bonificaciones. Para asegurar la estabilización salarial, el economista propone un plan de tres fases que incluye: estabilizar el tipo de cambio y evitar nuevas devaluaciones, prohibir al Banco Central seguir financiando a Pdvsa y declarar la política antiinflacionaria como una política nacional.

Este plan se sustenta, en primer lugar, en establecer un valor fijo del bolívar frente al dólar. En segundo lugar, en conseguir un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) que respalde esa decisión, ya que sin apoyo financiero, la confianza se debilita y la medida fracasa. En tercer lugar, en aprobar dos reglas estrictas: que el gobierno no pueda gastar más de lo que ingresa y que el Banco Central tenga prohibido financiar al Estado. Según Guerra, esto evitaría la emisión inorgánica de dinero y generaría la credibilidad necesaria para sostener un tipo de cambio fijo.

Guerra calificó como un error la restricción de compra de 1000 dólares diarios por parte del Banco Central. Señaló que, al establecer un límite, quienes desean adquirir divisas terminan acudiendo al mercado paralelo.

“Como resultado, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo se va a seguir ampliando, y esa brecha es el gran problema”, afirmó el economista.

Disminuirá el precio del petróleo, pero no su producción

Aunque la guerra en Irán benefició a Venezuela en materia petrolera, se estima que con el cese del conflicto disminuirá el precio, pero no la producción. “Puede caer un poco el precio, pero la cantidad importada va a aumentar, de manera que el país sí se va a seguir beneficiando”, aseguró el exdiputado.

En cuanto a la deuda de Venezuela, Guerra expresó que está de acuerdo con su reestructuración mediante un equipo de venezolanos que represente al país y negocie con el comité de acreedores. Señaló que esta deuda es compleja porque incluye bonos, laudos arbitrales, acuerdos con países y organismos multilaterales, por lo que se requiere asesoría legal especializada. Además, advirtió que sin esta renegociación el país no recibirá nuevos fondos ni de organismos internacionales ni del mercado financiero voluntario.

“Yo no soy diputado, pero creo hablar en nombre de los diputados que están en nuestra fracción: no van a votar a favor si el nuevo endeudamiento que se propone va contra los intereses del país”, expresó Guerra.

Asimismo, manifestó estar de acuerdo con la venta de empresas públicas, excepto Pdvsa. El economista señaló ser partidario de la reestructuración del sector público, sin afectar salud y educación. Según su criterio, el déficit del Estado se encuentra en el ámbito empresarial.

El exdiputado afirmó que, si se realizara una encuesta sobre la dolarización, el pueblo venezolano votaría a favor debido a la falta de confianza en el bolívar. Sin embargo, desaconsejó esta medida, ya que al dolarizar la Reserva Federal de Estados Unidos asumiría el control y, desde su perspectiva, lo más adecuado es un sistema bimonetario en el que el bolívar pueda competir con el dólar, lo cual requiere disciplina económica.

Un acuerdo transnacional que alivia la crisis eléctrica

La crisis eléctrica en sectores críticos del país, como el Zulia y los estados centrales, requiere una inversión de 10 000 millones de dólares durante aproximadamente cinco años para su recuperación, según estimó el economista. Venezuela tiene una capacidad instalada de 30 000 MW, de los que dispone solo 15.000 MW. Para alcanzar un nivel de crecimiento económico similar al de 2012 se requieren como mínimo 20 000 MW, y cada megavatio requiere una inversión de 2000 millones de dólares.

El anuncio del acuerdo entre la presidenta encargada Delcy Rodríguez y la empresa estadounidense General Electric representa un punto favorable para el sistema eléctrico venezolano. No obstante, Guerra insistió en que se requiere transparencia en el proceso. Recordó la inversión aprobada por la Asamblea Nacional de 25 000 millones de dólares en 2009 para la compra de turbinas, la cual derivó en el apagón nacional.

“Con esos 20 000 millones de dólares se le da electricidad a Buenos Aires y a São Paulo juntos”, señaló Guerra.

Desde la perspectiva del economista, el acuerdo con empresas internacionales es positivo, aunque solo sirve para aliviar la situación y no para resolverla por completo.

Asimismo, señaló que este tipo de inversión presenta desafíos importantes, como la falta de retorno inmediato. Para que una gran inversión en el sector eléctrico sea sostenible, el Estado tendría que subsidiar los costos durante un tiempo para no afectar a la población. “Para nosotros sería un golpe mortal al bolsillo venezolano que la tarifa que se cobre por la electricidad sea una tarifa para resolver el punto de equilibrio de la compañía”, expresó Guerra.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Preso político uruguayo recibió alta médica y volvió a su casa desvalijada

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El ciudadano uruguayo-venezolano José Breijo, de 73 años, recibió este martes el alta médica tras permanecer 19 días recluido en el Hospital de Clínicas Caracas por complicaciones de salud. El expreso político regresó a una casa totalmente desvalijada y destruida.

El periodista y defensor de derechos humanos, Carlos Julio Rojas, informó que la salud de Breijo está mucho mejor tras dejar la clínica; sin embargo, su situación legal no ha cambiado y continúa bajo la medida de casa por cárcel.

Rojas indicó que a Breijo ya se le asignó la defensa privada y que el día de mañana van a juramentarse. Entre los abogados del ciudadano uruguayo están Eduardo Torres y Erick Camargo.

El periodista destacó que la casa del señor Breijo fue desvalijada y destruida en su totalidad: “Aquí no hay nada. A él lo dejaron sin nada. Aquí se produjo un robo”, comentó Rojas.

Carlos Julio Rojas hizo un llamado al fiscal Larry Devoe a iniciar una investigación en contra de los funcionarios del GOES que arrestaron a José Breijo y quienes, según él, fueron los mismos que invadieron la propiedad del adulto mayor.

El periodista pidió la colaboración a quienes puedan hacer donativos de electrodomésticos y piezas de baño para acondicionar el apartamento de José Breijo.

Detención arbitraria y ocupación ilegal de su apartamento

El señor José Breijo fue detenido en diciembre de 2023, cuando por una iniciativa personal, tras el estallido del conflicto en el Medio Oriente, acudió a un establecimiento en Caracas con el único objetivo tomar una fotografía de una bandera con una inscripción cuyo contenido desconocía por la diferencia de idioma. Tras intentar compartir el contenido con miembros de la comunidad judía local para reportar el hallazgo, fue delatado y posteriormente capturado por funcionarios del Grupo de Operaciones Especiales (GOES).

Luego de haber recibido una medida sustitutiva de libertad para cumplir con arresto domiciliario, Breijo se encontró con que su propiedad había sido ocupada ilegalmente por uno de los funcionarios que lo detuvo. Después de que se denunciara esta situación, el apartamento fue desocupado. Sin embargo, periodistas, vecinos y defensores de DDHH documentaron que la propiedad, ubicada en el edificio Pascuarelli en Bello Monte, fue desvalijada por el funcionario que la mantenía tomada de forma ilegal.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.