El abogado Alfredo Romero, director presidente de Foro Penal, informó que desde el 8 de enero han confirmado la excarcelación de 894 personas que estaban detenidas por razones políticas.
Por medio de una publicación en sus redes sociales, el activista recordó que el 8 de enero se anunció el inicio de un proceso de excarcelaciones. «El gobierno bolivariano junto a las instituciones del Estado ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras y estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento», informó Jorge Rodríguez en ese momento.
A partir de ese anuncio, familiares y organizaciones de derechos humanos han exigido la entrega de los listados con la identidad de las personas beneficiadas para poder verificar la información. Sin embargo, esto no se ha concretado.
A ese primer anuncio, le han seguido otros en los que el Ejecutivo ha informado sobre procesos de excarcelación. El 22 de mayo, Delcy Rodríguez anunció que en las «próximas horas» se alcanzarán las quinientas excarcelaciones de presos políticos. En sus declaraciones, aseguró que un total de 8.740 personas habían recibido la libertad plena desde febrero pasado con la ley de amnistía.
Las cifras dadas por el Ejecutivo han sido cuestionadas por familiares que siguen en vigilia esperando la liberación de sus seres queridos y por las organizaciones no gubernamentales que se enfrentan a la dificultad de poder contratar los datos ante la falta de información oficial.
Este viernes, Foro Penal reportó la excarcelación de varios presos políticos, entre ellos: Andreina Alemán, Jhon Jaimes, Diosmer Rumbos, Kelvis Coronel, Karen Hernández Rodríguez, Ana Zoris Gutiérrez, Keenami Guevara Vásquez, Aranza Hernández Castillo, Daniela Alexandra Araña Gutiérrez y Génesis Grisbely Rodríguez Araña.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La Academia Nacional de Ciencias Económicas (ANCE) se refirió al inicio de la reestructuración de la deuda externa venezolana, advirtiendo que “el desafío es complejo” debido al incumplimiento de pagos vigente desde noviembre de 2017.
Mediante un comunicado difundido el 12 de junio, los académicos señalan que, sin una negociación en términos favorables, Venezuela “permanecerá aislada de los principales mercados financieros internacionales”. Por ello, consideran urgente una reducción importante de la deuda, pues los montos actuales resultan “enteramente incompatibles con la capacidad actual y prospectiva de pago” del Estado.
La ANCE también enfatiza en la necesidad de un proceso transparente basado en datos reales y auditables. Para la organización, “es impostergable actualizar y validar las estadísticas que componen las cuentas nacionales y fiscales del país” como requisito previo para delimitar la carga financiera futura.
El documento señala que la participación del Fondo Monetario Internacional (FMI) representa una “condición necesaria para asegurar la sostenibilidad y ganar la credibilidad de un eventual acuerdo con los acreedores”. Este respaldo técnico y financiero ayudaría a enfrentar las “fragilidades sociales e institucionales” que ya reconocen organismos internacionales en el país.
Finalmente, la Academia exhorta a las autoridades a gestionar este proceso con la “gravedad y urgencia que esta materia comporta”. Insisten en que una estrategia efectiva y coordinada debe contribuir genuinamente a la recuperación económica y social de la nación.
La Academia Nacional de Ciencias Económicas (ANCE) se pronuncia ante el anuncio oficial del inicio del proceso de reestructuración de la deuda pública externa de Venezuela. pic.twitter.com/SI9GuK47U4
— Academia Nacional de Ciencias Económicas (ANCE) (@ANCEVenezuela) June 12, 2026
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Mientras muchos centraban su atención en el partido entre Paraguay y Estados Unidos, la noche de este viernes, 12 de junio, el presidente norteamericano, Donald Trump, anunció en su red social Truth la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como el “Niño Guerrero”, principal cabecilla de la megabanda criminal “Tren de Aragua”.
Según la publicación de Trump, el ataque fue ejecutado por el Comando Sur, con el apoyo de las autoridades venezolanas. Describió la ejecución como un «ataque cinético rápido y letal». El mensaje del mandatario estadounidense confirmó el fin de una era para la criminalidad transnacional en el continente.
No se tienen muchos detalles del hecho más que un video difundido por Trump donde se ve el bombardeo a una vivienda, y la confirmación del Ministerio de Comunicación, el cual indicó que todo ocurrió en al sureste del estado Bolívar, zona en la que desde hace varios días se reportó una operación militar en zonas mineras y el Estado no había informado de qué se trataba el operativo.
"We will find these vicious murderers and drug lords anytime, anyplace, and send them to the depths of hell where they belong."
President Trump issued the warning after announcing that U.S. Southern Command carried out a strike that killed Tren de Aragua leader Niño Guerrero.… pic.twitter.com/orfFHlbyzP
Héctor Guerrero nació el 2 de diciembre de 1983 en la ciudad de Maracay, estado Aragua. Sus primeros pasos en el mundo delictivo quedaron registrados en el año 2000, cuando apenas salía de la adolescencia, según reseña el portal InSight Crime, atacando policías e involucrándose con negocios de microtráfico.
Un evento decisivo definió su perfil violento en el 2005, año en el que participó en un ataque contra una comisaría policial que resultó en el asesinato del cabo Oswaldo González. Para esa época, el Tren de Aragua ya tenía reputación criminal debido a los secuestros y extorsiones a comerciantes, así como los sobornos a funcionarios públicos.
En el año 2010 fue detenido mientras traficaba drogas y artículos robados en su ciudad natal. Fue recluido en el Centro Penitenciario de Aragua, conocido como Tocorón, pero se fugó en 2012. Sin embargo, esa fuga duró hasta 2013, cuando fue recapturado en Barquisimeto, estado Lara.
A pesar de los reveses judiciales, su influencia crecía exponencialmente cada vez que regresaba a una celda.
De delincuente local a pran de Tocorón
El liderazgo de Guerrero transformó una pequeña banda carcelaria en una corporación criminal de alcance transnacional y de las más peligrosas de la región. Bajo su mando, el Tren de Aragua inició un proceso de expansión territorial agresivo que comenzó por la toma del barrio San Vicente en Maracay. Guerrero convirtió este sector en su primer “feudo criminal”, donde incluso intentó lavar su imagen pública.
A pesar de estar en la cárcel, Niño Guerrero apareció en una fiesta de un barrio en Maracay en 2015. Era un sector controlado por el Tren de Aragua y en aquel momento, se presentó como su líder natural y aseguró que mejoraría las condiciones de vida de los habitantes.
Muy al estilo del narcotraficante colombiano Pablo Escobar, líder del Cartel de Medellín, Guerrero proyectaba una imagen de benefactor que prometía rescatar a los jóvenes de las drogas y embellecer la comunidad, siempre bajo la condición de no permitir la presencia policial en el sector. Mientras tanto, en las sombras, extendía sus tentáculos hacia las minas ilegales del estado Bolívar y controlaba corredores estratégicos de narcotráfico hacia Trinidad y Tobago.
En el año 2018, la justicia venezolana lo condenó a 17 años de prisión, pero esa sentencia solo sirvió para consolidar su título de “pran” desde el interior de la cárcel.
La construcción de un estado paralelo entre muros y lujos
Entre los años 2011 y 2019, el Tren de Aragua construyó una infraestructura de lujos que desafiaba cualquier lógica de reclusión. El recinto llegó a albergar una piscina olímpica, una discoteca de nombre “Tokio”, diversos bares, restaurantes y un patio de juegos. La opulencia del líder del Tren de Aragua incluía incluso un zoológico privado, un estadio de béisbol y granjas para la cría de animales.
Esta ciudadela criminal operó durante años bajo la gestión de la entonces ministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela. Aunque la cárcel tenía una capacidad original para 750 reos, el control de Guerrero permitió que llegara a albergar a más de 5,000 internos en condiciones de hacinamiento para los presos comunes, mientras la cúpula disfrutaba de servicios exclusivos.
Desde este centro de mando, Guerrero Flores dirigía operaciones de extorsión, secuestro y sicariato que afectaban a todo el país, utilizando la figura del “pranato” para ejercer un gobierno paralelo.
La última huida al cierre de Tocorón
El control que Guerrero ejercía sobre Tocorón llegó a un punto de quiebre en septiembre de 2023 con la Operación de Liberación Cacique Guaicaipuro. El gobierno desplegó más de 11,000 funcionarios militares y policiales para retomar el control del penal y finalmente, cerrarlo.
Durante el operativo, las autoridades descubrieron un arsenal de guerra que incluía 40 granadas antitanque, 80 kilos de explosivo C4, cohetes autopropulsados y cerca de 400,000 municiones de diversos calibres. También hallaron 14 armas largas y sistemas de comunicación avanzados.
El éxito de la operación se vio empañado por la fuga de Guerrero y de cientos de reos más. Algunas ONG denunciaron que el cabecilla criminal habría negociado su salida con el gobierno de Nicolás Maduro días antes de la intervención.
En el penal de Tocorón no solo había instalaciones de lujo, también tenía una sofisticada red de túneles de cinco kilómetros de longitud que desembocaba en el lago de Valencia, por donde huyó. Estas excavaciones subterráneas contaban con ventilación forzada, alumbrado eléctrico y armazones de concreto.
En 2024, el gobierno venezolano anunció que ofrecía una recompensa de 250,000 dólares por información que permitiera capturar a Niño Guerrero.
⚠️ #ATENCIÓN || Los órganos de seguridad ciudadana buscan a Héctor Guerrero; alias “El Niño Guerrero”, por su participación en múltiples delitos contra las personas y terrorismo. pic.twitter.com/Tf6Yip6O3g
El Tren de Aragua: una franquicia del terror transnacional
Durante la crisis económica y el éxodo migratorio venezolano el Tren de Aragua obtuvo el combustible necesario para la expansión internacional. Niño Guerrero supo capitalizar el flujo de millones de personas para infiltrar sus células en otros países de la región.
Además, la organización criminal diversificó sus crímenes para incluir la trata de personas, el lavado de dinero y el terrorismo. El Tren de Aragua se estableció con fuerza en países como Perú y Chile, donde sus métodos violentos generaron una alarma social sin precedentes.
La peligrosidad de Guerrero Flores lo convirtió en un objetivo prioritario para las agencias de inteligencia regionales. El Ministerio del Interior de Perú lo incluyó en su programa de recompensas, ofreciendo una suma de 500,000 soles -unos 132,400 dólares- por información que permitiera su captura. Simultáneamente, en Chile, la Fiscalía nacional dictó órdenes de detención y solicitudes de extradición, buscando procesarlo por los delitos cometidos por su estructura criminal en suelo chileno.
Un objetivo de valor internacional
Tras su desaparición de Tocorón, Niño Guerrero se convirtió en uno de los prófugos más buscados del hemisferio. El gobierno de Estados Unidos intensificó su interés en el líder del Tren de Aragua debido a sus vínculos probados con el narcotráfico y su membresía en el Cartel de los Soles.
El país norteamericano lo señalaba por cargos graves que incluían conspiración para delinquir y robo de identidad. La Casa Blanca monitoreaba sus movimientos como una amenaza a la seguridad regional ypuso una recompensa de 5 millones de dólares por información que permitiera su captura.
La inteligencia estadounidense rastreó sus actividades financieras y sus posibles escondites en las zonas mineras del sur de Venezuela. Guerrero, además de su rol criminal, actuaba como un factor de inestabilidad política, siendo señalado en ocasiones por su presunta colaboración en la represión de manifestantes.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Tuvieron que pasar casi cinco días para que el gobierno venezolano admitiera que, en las minas de oro del sur del país, se había desplegado un operativo militar. Sin embargo, la primicia no la dio la presidenta encargada Delcy Rodríguez, sino quien avala su gobierno desde el pasado 3 de enero: Donald Trump, el mandatario estadounidense que informó que un “ataque cinético” mató a “Niño Guerrero”, uno de los líderes de la organización criminal Tren de Aragua.
“At my direction, the United States Southern Command delivered a swift and lethal kinetic strike to successfully execute Niño Guerrero, the infamous leader of Tren De Aragua, one of the most bloodthirsty Terrorist Organizations on Planet Earth.” – President DONALD J. TRUMP 🇺🇸 pic.twitter.com/3R5IPxhPXX
Pese a comunicar la noticia, muchos cabos quedaron en el aire. No se detalló el lugar exacto en donde ocurrió la explosión, tampoco se dijo la fecha ni se habló del protocolo para identificar los restos de Guerrero. Mucho menos se habló de cómo se dio con el paradero del jefe criminal que estaba en fuga desde noviembre de 2023, cuando desmantelaron la cárcel de Tocorón que le servía como “palacio”, ni qué sucedió con los otros líderes de la zona.
Runrun.es se planteó todas estas preguntas y buscó las respuestas a este operativo minero-militar que se mantuvo en “secreto” durante días.
¿Qué pasó?
La noche del viernes 12 de junio, el presidente norteamericano Donald Trump anunció que el Comando Sur de Estados Unidos, en colaboración con Venezuela, había matado Héctor Rusthenford Guerrero Flores, mejor conocido como el “Niño Guerrero”, el líder más visible de la banda criminal Tren de Aragua.
La información la publicó en su perfil de su red social Truth Social, junto a un video en el que se ve en un plano cenital cómo una vivienda, rodeada de tierra amarilla, explota. La toma es parecida a las detonaciones que han volado decenas de supuestas narcolanchas en el Caribe y en el Pacífico.
Aunque Trump no indicó que el hecho ocurrió en Venezuela, su ministro de Guerra, Pete Hegseth, aclaró poco después que a Guerrero lo mataron dentro de “un complejo del Tren de Aragua en Venezuela”. Más tarde, el Ministerio de Comunicación e Información (Minci) detalló que sucedió al sureste del estado Bolívar.
Earlier this week, the @DeptofWar — in full collaboration with Venezuelan security forces — conducted a kinetic strike on a Tren de Aragua (TdA) compound in Venezuela. TdA founder & leader Hector Rusthenford Guerrero Flores, aka “Niño Guerrero,” was confirmed killed during the…
— Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) June 13, 2026
El comunicado del Minci es apenas la primera información oficial que sale a la luz luego de que habitantes de poblaciones de Las Claritas y el Kilómetro 88, en el municipio de Sifontes, denunciaron que el martes 9 de junio arrancó un operativo militar en los yacimientos mineros de la zona.
Ese día, helicópteros sobrevolaron el área a baja altura, mientras que los uniformados, vestidos completamente de negro, se desplegaron por las calles de los pueblos y desalojaron varias minas.
Reporteros de Bolívar señalaron que las tropas que llegaron provenían de otros estados del país. Una vez que se instalaron, llamaron a los locales para que se unieran a ellos.
Esa afirmación va de la mano con un documento del 6 de junio pasado, que firmó el general de División, Delfín Alfredo Espinoza Torres, director de personal de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), y que ordena a todos los oficiales y efectivos de tropa profesional especializados en operaciones especiales a reunirse el 9 de junio en el Cuartel General de la GNB (Cogeguarnac), en la urbanización El Paraíso, en Caracas. La imagen del comunicado la difundió el exdiputado y expreso político, Américo De Grazia.
#GuayanaNuevaMarquetalia ?#ElOrigenDelMal La Marquetalia en Colombia es el santuario territorial de todos los irregulares. Convertir a Guayana; Bolivar, Delta y Amazona; en refugio del ELN, FARC, Pranes y asociados, para operar minas y droga, fue un blindaje para Chávez. pic.twitter.com/zbOE7hO99p
— Americo De Grazia (@AmericoDeGrazia) June 10, 2026
El político también divulgó un comunicado de la alcaldía del municipio Caroní, al norte de Bolívar, que suspende el transporte público hacia el sur del estado desde el martes 9 de junio.
Ante la presencia de las fuerzas de seguridad, los pobladores decidieron encerrarse en sus casas y bajar las santamarías de sus comercios por varios días. Cientos de mineros, que no residen allí, quedaron a la deriva y comenzaron a salir del lugar. Otros se quedaron a la espera de que el gobierno les diga qué hacer.
De acuerdo con la AFP, los uniformados continuaban allí el jueves, cuando había “decenas de vehículos militares y agentes armados con ametralladoras y armas automáticas”, así como vehículos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).
¿Cuándo mataron supuestamente a Guerrero?
No hay fecha exacta de la ejecución del líder del Tren de Aragua. Ni Trump ni el gobierno venezolano especificaron cuándo lo mataron. Solo Hegseth asomó que había sido a principios de la semana sin mencionar el día.
Esa revelación de Hegseth coincide con el inicio del operativo militar sucedido en Las Claritas y el Kilómetro 88.
Un día antes de la toma de los efectivos, el lunes 8 de junio, supuestos inversionistas estadounidenses recorrieron varias minas de oro del municipio El Callao así como plantas procesadoras de la Corporación Venezolana de Minería (CVM) que están en esa jurisdicción. Así lo confirmó el alcalde de la zona, Coromoto Lugo, a El Pitazo. Aquel movimiento fue la excusa para que los uniformados inspeccionaran yacimientos que están bajo el control exclusivo del gobierno.
Un minero entrevistado por la AFP en las minas de la Concesión Las Brisas de Cuyuní, cercanas al pueblo del Kilómetro 88, aseguró que el día que comenzó el operativo hubo tres explosiones. Otras fuentes en el lugar afirmaron que se lanzaron tres bombas desde los helicópteros que sobrevolaban el sitio.
¿Dónde mataron a Guerrero?
Ese es otro misterio que no tiene respuesta oficial. El Minci señala que fue en Bolívar, el estado más grande de Venezuela, que tiene una superficie de 240.000 km2, ligeramente menor a la del Reino Unido. Pero hay un dato clave: indican que fue en el sureste de la entidad, que coincide con la vasta zona minera en donde hubo los operativos.
Aunque no se ha especificado el lugar, hay una foto y un video que publicó este viernes el periodista Fritz Sánchez –conocido por denunciar la violencia, el daño ambiental y los conflictos que ocurren en el Arco Minero– que podrían ser la prueba del sitio en donde sucedió la explosión que mató a Guerrero.
Sánchez detalló que la imagen corresponde a la Concesión Brisas de Cuyuní, el mismo lugar en donde los mineros consultados por la AFP dijeron que habían sucedido los estallidos.
El periodista aclara que en ese punto estaba la base del “Sindicato” –término con el que se designa a los grupos criminales que controlan una zona minera en Venezuela– pero ni los locales sabían quién vivía allí.
No solo a ti, ni siquiera los mineros que estaban trabajando en esa área minera dentro de la concesión de Brisas del Kuyuni en Las Claritas, sabían quién vivía allí !
¿Hay pruebas de que Guerrero estaba en la vivienda que explotó?
Nada de esto se conoce hasta el momento de la publicación de esta nota. No se sabe a cuál morgue llevaron los restos del líder del Tren de Aragua o si se hizo un proceso de verificación de su cadáver a través de pruebas genéticas. Su destino, hasta ahora, parece ser el mismo que el de los tripulantes de las lanchas que Estados Unidos ha explotado en pedazos en el Caribe y el Pacífico.
¿Qué hay en los yacimientos de Las Claritas y el Kilómetro 88?
Entre ambos pueblos están dos de las minas con las reservas de oro más grandes del continente: Las Brisas de Cuyuní y Las Cristinas. Durante los años 90, empresas canadienses obtuvieron las concesiones de explotación de ambas.
Las Brisas del Cuyuní es un extenso yacimiento de oro y cobre cercano al Kilómetro 88. Allí se instaló en los 90 la minera Gold Reserve, que emprendió el proyecto de oro Las Brisas. La mina alberga reservas estimadas en más de 10 millones de onzas de oro y 1,4 millones de libras de cobre.
Las Cristinas, que colinda con Las Brisas y está hacia el pueblo de Las Claritas, estuvo operada por la minera Crystallex International Corporation. Sus reservas son unas de las más grandes del mundo y están estimadas en más de 17 millones de onzas de oro.
Durante el proceso de nacionalización que Hugo Chávez emprendió entre 2008 y 2010, ambas minas fueron expropiadas. El mandatario declaró que sus concesiones estaban extintas, lo que provocó que las compañías exigieran a Venezuela indemnizaciones multimillonarias a través de procesos de arbitraje internacionales.
Pero lejos de que el Estado activara en estos yacimientos empresas mineras nacionales, el gobierno chavista permitió que allí se instalaran bandas criminales armadas, conocidas como “sindicatos”, las cuales ejercen su poder por medio de la violencia y la extorsión, y mantienen a los mineros en condiciones de esclavitud moderna.
Al menos desde 2012, el control de la zona lo tiene el Sindicato de Las Claritas, cuyo líder es Juan Gabriel Rivas Núñez, apodado “Juancho”. En 2015 llegó allí Yohan José Romero, conocido como “Johan Petrica”, otro de los líderes del Tren de Aragua, quien estableció una alianza con ‘Juancho’ para dominar el terreno mientras huía de la justicia.
La presencia de Petrica en Las Claritas hizo suponer que “El Niño Guerrero” se refugió allí luego de que el gobierno venezolano desmantelara el Centro Penitenciario de Aragua, conocido como cárcel de Tocorón, la sede original del Tren de Aragua.
En un post en X, De Grazia afirmó que en las minas de Bolívar, “cada vez que cambian de gerente las ‘bombardean’, para anunciarles el sustituto del ‘Patrón’”. En otro mensaje, aseguró que la FANB atacaba a ciudadanos indefensos para imponer nuevos “patrones” y dar paso a “la minería gringa”. “Pero los custodios seguirán siendo los PRANES”, remató.
Las Américas cerraron el año 2025 como la región con mayor cantidad de personas desplazadas en todo el mundo, según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
El continente acoge actualmente a 22,8 millones de personas, “más que cualquier otra región del mundo”. Esta cifra también refleja un incremento frente a los 21,9 millones registrados en 2024.
Personas desplazadas por año, desde 2021 / Datos: Acnur
El informe de Acnur “Tendencias en las Américas: Desplazamiento forzado en 2025”, revela que Venezuela genera una de las mayores crisis de movilidad del planeta. Solo durante el 2025, unos 455.300 venezolanos abandonaron su territorio, consolidándose como la tercera nacionalidad con mayor flujo de salida a nivel global.
En ese periodo, las personas venezolanas encabezaron las estadísticas de búsqueda de protección internacional con 305.000 nuevas solicitudes de asilo presentadas en diversos países.
Al finalizar el periodo analizado, el total de venezolanos en situación de desplazamiento da cuenta que hay 417.000 refugiados y 6 millones de personas con necesidades de protección internacional. El 97 % de este grupo permanece dentro de la región de las Américas.
Una encuesta reciente realizada por Acnur en seis países de acogida reveló que, alrededor del 9% de las personas venezolanas desplazadas planea regresar en el plazo de un año, “lo que pone de relieve la necesidad de apoyar tanto la inclusión en los países de acogida como las condiciones para un retorno seguro y sostenible”.
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La ONG Foro Penal, a través de su director presidente Alfredo Romero, confirmó una serie de excarcelaciones de nueve presos políticos, ocurridas durante la noche del viernes 12 de junio.
Las medidas abarcan a personas que estaban detenidos en centros penitenciarios militares y femeninos, muchos de los cuales cumplían condenas elevadas o permanecían privados de libertad bajo un patrón de represalia contra sus entornos familiares.
Seis mujeres recuperan su libertad
En primer lugar, fue excarcelada Aranza Hernández fue excarcelada tras haber sido detenida el 21 de noviembre de 2025 cuando tenía 19 años. La habían vinculado a la causa Plaza Venezuela, bajo señalamientos de supuestos planes con explosivos.
Organizaciones de derechos humanos denunciaron que su reclusión configuró un castigo colectivo o Sippenhaft debido a su vínculo familiar con su hermano, el teniente exiliado Cristian Hernández. Su hermana de 16 años, Samantha, también estuvo detenida hasta mayo de 2026, mientras que su cuñada, Maykelis Borges, dio a luz en prisión antes de recibir el arresto domiciliario.
Foto: Clippve
También recuperó su libertad Ana Zoris Gutiérrez Torres, luego de permanecer más de ocho meses detenida por motivos políticos. Había sido arrestada en septiembre de 2025 junto a su tía, Merys Torres de Sequea, mientras se dirigían a visitar y llevar medicamentos al capitán Antonio Sequea, preso político detenido en El Rodeo I. La señora Merys había sido excarcelada previamente en mayo.
#12Jun 7:00pm Confirmada excarcelación de las presas políticas Aranza de los Angeles Hernández y Ana Zoris Gutiérrez Torres. Ambas presas desde 2025 y vinculadas al caso Plaza Venezuela.
El Foro Penal también confirmó la excarcelación de Génesis Rodríguez Araña y Daniela Araña Gutiérrez. Estaban recluidas en el INOF y en Las Crisálidas, respectivamente. Ambas fueron detenidas en enero de 2025 por funcionarios de la Dgcim, en un operativo donde se les mantuvo incomunicadas durante semanas en una situación que configuró desaparición forzada.
Ambas fueron imputadas por conspiración, terrorismo, traición a la patria y otros delitos en el contexto de la “Operación Oro Tabacare”, una causa dirigida contra el entorno del teniente en el exilio José Rodríguez Araña, hermano de Génesis y primo de Daniela.
12Jun 6:45pm Ahora excarceladas las presas políticas DANIELA ALEXANDRA ARAÑA GUTIERREZ y GENESIS GRISBELY RODRIGUEZ ARAÑA.
La noche del 12 de junio también fue excarcelada la profesional de la enfermería Andreina Alemán, quien estaba recluida en el INOF. Fue detenida el 22 de mayo de 2024 y, para el mismo mes de ese año, ya había recibido una condena de 21 años de prisión relacionada con la denominada Operación Gedeón.
Diversas denuncias apuntan a que su detención original y posterior condena formaron parte de la persecución judicial ejercida contra su familia por el único motivo de ser hermana del teniente de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Richard Alemán Castellano.
Asimismo, se confirmó la excarcelación de la socióloga Karen Sheydell Hernández Rodríguez, ciudadana de nacionalidad española que fue detenida el 5 de mayo de 2020. Fue condenada a la pena de 30 años de cárcel tras ser acusada de los delitos de “traición a la patria, rebelión, conspiración con gobierno extranjero, tráfico ilícito de armas de guerra y asociación para delinquir”.
#12Jun 10:30pm Excarceladas las presas políticas ANDREINA JOSE ALEMAN CASTELLANO, fecha de arresto 22/05/2024 y KAREN SHEYDELL HERNANDEZ RODRIGUEZ, fecha de arresto 05/05/2020.
El grupo de excarcelados también incluyó a varios presos políticos militares que estaban recluidos en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde. Entre ellos se encuentra el teniente de Aviación Diosmer Daniel Rumbos García, detenido el 20 de mayo de 2019 dentro del denominado Caso Sukhoi, donde se acusó falsamente a siete oficiales de suministrar datos confidenciales sobre aeronaves Su-30 a Colombia.
Rumbos García había sido sentenciado a 30 años de prisión. Su hermana Leidymar Rumbos informó que tendrá que cumplir un “régimen de presentación.
En este mismo procedimiento conjunto recuperó su libertad el sargento mayor tercero del Ejército, Jhon Bladimir Jaimes, quien también permanecía recluido en Ramo Verde. Jaimes cumplía la pena máxima de 30 años de prisión.
La lista de excarcelaciones de esta sección carcelaria se completó con la excarcelación del sargento Kelvin Coronel, cerrando así un ciclo de condenas para este grupo de presos políticos.
#12Jun 8:40pm Ahora los presos políticos Jhon Bladimir Jaimes y Daniel Rumbos excarcelados. Llevaban 7 años y estaban condenados a 30 años. Estaban en Ramo Verde
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El 10 de febrero de 2021, Juan Carlos Castellanos Chinchilla conducía su vehículo –en el que trabajaba como taxista– en Acarigua, estado Portuguesa. Parecía un día normal, pero al pasar por una alcabala, unos policías lo detuvieron para lo que él pensaba, sería una revisión de rutina. Lo que no sabía Juan Carlos es que ese sería el último día que estaría en libertad.
Un familiar que prefirió mantener su identidad en anonimato declaró a Runrun.es que el proceso terminó en una extorsión. “Le hicieron la revisión al carro de Juan Carlos, no consiguieron obviamente absolutamente nada, sino su teléfono celular y el anuncio de taxi (…) Pero aún así les quisieron pedir dinero para que él se fuera pues, para que él siguiera”, narró la fuente.
Como Juan Carlos –que también estudiaba en la Unefa– se negó a pagarle a los policías, los funcionarios respondieron con violencia que transformó el procedimiento en un secuestro. Dejaron de ser agentes de la ley para convertirse en captores.
“A Juan Carlos lo golpearon y lo tiraron detrás de la cabina de una camioneta. A él lo esposaron y lo encapucharon”, cuenta su pariente sobre el momento en que el joven, que actualmente tiene 35 años, fue desaparecido por los funcionarios.
Juan Carlos Castellanos Chinchilla / Foto enviada por familiares
Mientras Juan Carlos permanecía desaparecido, la desesperación se apoderó de su familia. Lo buscaron en todas partes sin obtener respuestas iniciales. Su hermano mayor, Gabriel Castellanos Chinchilla, de 36 años de edad que es abogado de profesión, asumió la búsqueda de manera activa. El 12 de febrero del mismo año, Gabriel localizó el lugar donde tenían oculto a su hermano. Sin embargo, su conocimiento de las leyes y su intento por exigir el debido proceso se convirtieron en su propia sentencia de captura.
“Gabriel intentó denunciar lo que estaba ocurriendo, pero bueno, no le dio tiempo porque estos funcionarios también lo dejaron detenido, únicamente porque intentó denunciar lo que le estaba ocurriendo a su hermano”, relató el familiar.
En solo dos días fueron detenidos los dos hermanos Castellanos Chinchilla. Hasta el sol de hoy, ambos siguen tras las rejas.
Gabriel Castellanos Chinchilla / Foto enviada por familiares
Víctimas de desaparición forzada y torturas
Tras la detención de ambos hermanos, los captores profundizaron la extorsión económica bajo amenazas o manipulación de evidencias. La familia carecía por completo de los recursos financieros exigidos por los funcionarios policiales. Ante la falta de pago, los hermanos fueron sometidos a un aislamiento total que mantuvo a Juan Carlos y Gabriel bajo la condición de desaparición forzada durante ocho meses.
“Ocho meses sin saber de ellos, ocho meses en los que su familia no sabía si ellos estaban vivos, si ellos estaban muertos… tiempo en el que le prohibieron a la familia Castellanos Chinchilla acercarse a Acarigua y, sobre todo, decir lo que había ocurrido con los hermanos. Porque si a ellos se les ocurría colocar alguna denuncia o hablar sobre lo ocurrido, a ellos los iban a sembrar”, contó el familiar.
Durante el tiempo de incomunicación, las agresiones físicas escalaron hacia métodos de tortura sistemática. Los testimonios describen agresiones brutales orientadas a quebrar la resistencia física y psicológica de los detenidos. La violencia incluyó prácticas severas de asfixia y abusos sexuales.
“En estos ocho meses los muchachos fueron brutalmente torturados, los asfixiaban con bolsas en la cabeza hasta desmayarlos, los golpeaban, les metían su cabeza en agua, los guindaban de pies y manos. Juan Carlos Castellanos fue violado sexualmente con un palo de escoba”, narró con dolor el pariente de los hermanos.
Juan Carlos y Gabriel Castellanos Chinchilla / Foto enviada por familiares
La maquinaria judicial de un juez corrupto
La madre de las víctimas, quien también ejerce la abogacía, emprendió una batalla legal para ubicar y trasladar a sus hijos hacia la ciudad de Caracas, buscando apartar el caso de las mafias policiales del estado Portuguesa. Sin embargo, al llegar a la capital venezolana, el expediente quedó asignado al juez José Mascimino Márquez. En aquel momento, este funcionario fungía como titular del Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control con competencia en terrorismo.
Lejos de encontrar justicia, la familia se topó con la continuidad del chantaje financiero por parte del juzgado, antes de que el funcionario fuera arrastrado por la propia dinámica interna del poder.
“Cuando el juez toma el expediente de los muchachos, la familia Castellano Chinchilla pensó que ya se iba a hacer justicia por lo que le había ocurrido a los muchachos y no sabemos el porqué, no sabemos si estas personas estaban conectadas, no sabemos, pero este juez también siguió la misma extorsión”, relató el familia.
En aquel momento, el juez Márquez le pidió 2000 dólares a la familia para dejar libres a Juan Carlos y Gabriel. La familia no tenía ese dinero. “Por no darle este dinero a este juez, es ahí cuando les imputa a los hermanos Castellanos Chinchilla el delito de terrorismo de Estado y la asociación para delinquir”, denunció.
José Mascimino Márquez fue detenido posteriormente en el año 2023 por la Policía Nacional Anticorrupción, en medio de una purga judicial masiva y de la operación conocida como “Pdvsa-Cripto”. El Ministerio Público lo acusó formalmente de formar parte de una red que utilizaba los circuitos judiciales para lucrarse ilegítimamente.
José Mascimino Márquez al momento de su detención en 2023
Tras su detención, diversas ONG venezolanas y familiares de presos políticos exigieron formalmente la revisión inmediata de todas las sentencias y juicios dictados bajo su mandato viciado, pero los hermanos siguieron detenidos.
La negativa familiar a pagar los 2000 dólares exigidos por Márquez antes de su caída aceleró la mutación del caso a un expediente de gravedad política. La fiscalía estructuró una narrativa falsa para justificar la acusación de terrorismo, alterando incluso los días y las condiciones reales en las que ocurrieron los arrestos.
“¿Qué pruebas presenta la Fiscalía? Un expediente totalmente viciado, empezando porque el expediente de los hermanos Castellanos Chinchilla dice que ellos se encontraban juntos el mismo día, cuando Juan Carlos fue detenido el 10 de febrero y dos días después fue detenido Gabriel (…) Un expediente totalmente viciado, les terminaron colocando que ellos fueron o que seguramente estaban en Acarigua porque querían hacer un atentado a un alcalde o a cualquier otra persona allá”, amplió la fuente cercana a los afectados.
Una condena de 30 años bajo “órdenes de arriba”
Luego de atravesar un tortuoso camino que incluyó la interrupción del primer juicio oral, el caso llegó a su etapa final bajo la dirección de la jueza Alejandra Romero. Esta magistrada es conocida por haber dictado también la condena contra Rafael Tudares, yerno del dirigente opositor Edmundo González Urrutia, quien fue excarcelado el 22 de enero de 2026.
Alejandra Romero, jueza que condenó a los hermanos Castellanos Chinchilla
En el caso de los Castellanos Chinchilla, el juicio demostró la absoluta falta de evidencias que vincularan a los hermanos con supuestas actividades terroristas. No obstante, el veredicto final ignoró las pruebas de inocencia para cumplir con directrices políticas superiores. El familiar describe el momento de la sentencia dictada el 15 de julio de 2025:
“Los muchachos han pasado por dos juicios. El primero fue interrumpido, el segundo fue con la jueza Alejandra Romero, donde se comprobó su inocencia 100 %. Dicho por ellos mismos, por la jueza, por las personas allí, que los muchachos eran totalmente inocentes. Pero aún así los terminaron condenando a 30 años, indicándonos que la decisión se les salía de las manos porque eso fue una orden de arriba”, contó el familiar de los hermanos.
Así se veían Juan Carlos y Gabriel Castellanos Chinchilla la última vez que acudieron a un tribunal / Foto tomada por los familiares
Amnistía negada
Frente a la injusticia, la defensa de los hermanos Castellanos Chinchilla tramitó la solicitud de amnistía a comienzos de 2026, amparándose en las iniciativas legales promovidas para la liberación de los presos políticos en el país. El 6 de marzo de 2026, los tribunales rechazaron la solicitud argumentando que el caso quedaba excluido por los parámetros del Artículo 8 de la Ley de Amnistía.
“Nosotros sí introdujimos la ley de amnistía, pero nos fue negada, nos dijeron que no las habían negado porque ellos no entraban en el artículo 8”, agregó el familiar.
La organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón denunció que la exclusión de los hermanos de la Ley de Amnistía revela las profundas limitaciones y ambigüedades del mecanismo de amnistía. Aunque la ley se promocionó como una vía para la reconciliación y la excarcelación de detenidos políticos, su redacción contiene vacíos legales que restringen su aplicación práctica.
“Negar la amnistía a los Castellanos Chinchilla y a muchos otros bajo estos criterios, sin una evaluación transparente y objetiva de su situación, contribuye a perpetuar la exclusión”, denunció la ONG.
La negación de la amnistía a los hermanos Juan Carlos y Gabriel Castellanos Chinchilla este 6 de marzo, bajo el argumento de su exclusión del Artículo 8 de la Ley de Amnistía, revela profundas limitaciones del propio mecanismo.
— Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) March 6, 2026
Tras pasar por centros de detención en La Yaguara y el Internado Judicial de la Región Capital Yare III, en febrero de 2026 ordenaron su traslado repentino hacia el Centro Penitenciario para Procesados Judiciales “26 de Julio”, en San Juan de los Morros, estado Guárico.
La prolongación de la condena mantiene bajo un sufrimiento constante a la familia Castellanos Chinchilla. El impacto emocional golpea con especial fuerza a las hijas de los detenidos, a quienes han tenido que decirles que sus papás están trabajando, para que no conozcan lo que ocurre.
La única demanda de la familia se concentra en la restitución de la libertad de Juan Carlos y Gabriel, así como el respeto al debido proceso que la Constitución venezolana garantiza en teoría, pero que el aparato judicial niega en la práctica.
“Ellos -el sistema de justicia- no pueden devolverles los años que les han quitado, pero sí pueden regresarles la libertad que nunca le debieron haber quitado. Las personas que conocen a los hermanos Castellanos Chinchilla saben quiénes son”, expresó finalmente el pariente.
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Resulta urgente, en un mundo tan interconectado como el actual, comprender la importancia de la comunicación asertiva en las relaciones humanas y cómo esta puede influir, de manera positiva o negativa, en quienes nos rodean.
Aunque vivimos en una era marcada por el acceso inmediato a una cantidad casi infinita de información, comunicarnos adecuadamente con los demás sigue siendo uno de los mayores retos de nuestra sociedad. En muchas ocasiones no somos conscientes de cómo recibe nuestro mensaje la persona que está al otro lado, ni del proceso emocional que puede estar atravesando. Con frecuencia nos limitamos a decir lo que pensamos sin detenernos a evaluar las consecuencias que nuestras palabras pueden generar.
Estoy convencido de que la comunicación asertiva está presente en cada una de las etapas de la vida. Sin embargo, también creo que es necesario hacer una pausa y reflexionar sobre la manera en que la aplicamos con quienes nos rodean. No se trata únicamente de expresar nuestras ideas, sino de hacerlo de una forma que permita construir relaciones sanas y aportar valor a los demás.
En el transcurrir de la vida vamos entendiendo quiénes llegan para quedarse y quiénes simplemente están destinados a acompañarnos durante una etapa. El verdadero desafío está en identificar esos momentos y aceptar que algunas personas deben salir de nuestra vida sin que ese proceso implique dolor innecesario o resentimiento.
Como humanidad todavía nos falta mucho por aprender sobre la manera en que nos relacionamos y, sobre todo, sobre las expectativas que depositamos en los demás. En ocasiones creemos que podemos conectar profundamente con personas que, aunque afirman apreciarnos, terminan demostrando con sus acciones que lo más saludable es tomar distancia.
Quizás uno de los grandes retos de nuestro tiempo sea aprender cuándo y de quién alejarse de una manera sana, sin permitir que una relación saque lo peor de nosotros. Muchas veces, tomar distancia es una muestra de amor propio y una forma de reconocer cuánto valoramos nuestra autoestima y nuestra tranquilidad.
Nadie dijo que el camino de la vida fuera sencillo ni que comunicarse con los demás fuera tan fácil como solemos pensar. Elegir las palabras correctas en el momento indicado es una forma de expresar respeto, afecto y empatía. Sin embargo, en medio de tanta rapidez, polarización e inmediatez, pareciera que hemos olvidado la importancia de los pequeños gestos, esos detalles sencillos que muchas veces tienen un impacto mucho más profundo que cualquier discurso.
También es cierto que existen personas con las que resulta imposible mantener una comunicación asertiva y sana. En esos casos, además de procurar el respeto hacia el otro, es necesario hacerse respetar. La comunicación saludable no implica aceptar el irrespeto ni sacrificar la propia dignidad por el deseo de mantener un vínculo.
Con estas reflexiones no pretendo establecer una verdad absoluta sobre cómo alcanzar una comunicación humana perfecta. De hecho, considero que nadie posee una fórmula definitiva para lograrlo. Lo que sí creo es que compartir nuestras experiencias y opiniones puede ayudar a otras personas que atraviesan situaciones similares.
Al final, la comunicación más valiosa es aquella que nos permite construir puentes sin dejar de ser auténticos, cuidar a los demás sin dejar de cuidarnos a nosotros mismos y recordar que, en definitiva, lo humano nos identifica y lo distinto nos une.
