El Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó este jueves, 2 de julio, una guía oficial para orientar los esfuerzos de asistencia internacional tras los sismos registrados en Venezuela el pasado 24 de junio.
Informó la institución que con el secretario de Estado, Marco Rubio, al frente, está desplegando un Equipo de Respuesta para Asistencia ante Desastres (DART) de carácter regional, así como equipos de búsqueda y rescate urbanos, “con el fin de evaluar las necesidades y prestar asistencia en las tareas de búsqueda y recuperación”.
El comunicado del Departamento de Estado establece los mecanismos logísticos, legales y de seguridad que deben seguir las personas, empresas y organizaciones no gubernamentales que deseen colaborar con la población afectada.
Prioridad de recursos financieros sobre ayuda material
La Oficina de Respuesta Humanitaria y ante Desastres solicita a los donantes que prioricen las contribuciones en efectivo por encima del envío de bienes materiales.
Las autoridades explican que los envíos de ropa, alimentos o medicamentos suelen colapsar los puertos y aeropuertos locales. Las donaciones financieras, en cambio, permiten comprar los insumos directamente en la región y agilizan las tareas de rescate.
Asimismo, el gobierno estadounidense coordina estas acciones directamente con organizaciones internacionales establecidas en la región, entre las que destacan Catholic Relief Services, Samaritan’s Purse y World Vision.
Filtros legales y cumplimiento de sanciones
El Departamento de Estado exige que todos los donantes verifiquen el marco normativo de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) antes de mover cualquier capital. Los ciudadanos y las empresas deben revisar minuciosamente la Lista de Nacionales Especialmente Designados.
El cumplimiento de estas leyes estadounidenses asegura que la ayuda llegue de forma íntegra a la población civil afectada. Las autoridades recuerdan que el andamiaje de sanciones sigue vigente durante la emergencia humanitaria. Por lo tanto, cualquier transferencia de recursos debe respetar los canales legales autorizados por el Departamento del Tesoro.
La guía también incluye un recordatorio de carácter fiscal para los contribuyentes que residen en los Estados Unidos. El documento aconseja solicitar y guardar los recibos formales de cada transacción realizada.
Regulación de empresas, voluntarios y fraudes
El sector privado cuenta con un canal de comunicación exclusivo para coordinar sus aportes con la estrategia oficial. El Departamento de Estado habilitó el correo electrónico PSDisasterResponse@state.gov para evaluar las propuestas de grandes corporaciones. Las autoridades buscan que las iniciativas empresariales se sumen a los planes del gobierno en lugar de ejecutar proyectos de forma aislada.
Con respecto al voluntariado individual, el comunicado desaconseja por completo los viajes improvisados hacia las zonas de desastre. Las agencias oficiales advierten que la falta de preparación técnica suele entorpecer los trabajos de rescate locales. La normativa estipula que solo el personal capacitado y afiliado a organizaciones reconocidas debe participar en las labores operativas de campo.
Por último, el Departamento de Estado alerta sobre el riesgo de estafas financieras que suelen surgir durante estas crisis. Las autoridades recomiendan investigar la reputación y las credenciales de cualquier organización antes de realizar una transferencia. Asimismo, el texto pide atención especial para proteger a los menores de edad, orientando los fondos hacia programas de infancia establecidos y evitando iniciativas informales.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Cada terremoto en Venezuela ha dejado al descubierto una verdad incómoda: en un país donde la amenaza sísmica ya era conocida, el mayor riesgo no siempre ha sido el movimiento de la tierra, sino las decisiones —o la ausencia de ellas— que marcaron la política de vivienda, infraestructura y prevención.
El 29 de julio de 1967, un terremoto de magnitud 6,5 sacudió Caracas y causó centenares de fallecidos, edificios colapsados y una profunda revisión de la forma en que Venezuela concebía la ingeniería estructural. A partir de ese momento, el país comenzó a transformar sus criterios constructivos, impulsando investigaciones sobre el comportamiento del suelo, creando mapas de amenaza sísmica y desarrollando normas técnicas que, con el paso de los años, darían origen a la Comisión Venezolana de Normas Industriales, el principal instrumento para el diseño de edificaciones sismorresistentes. La premisa era sencilla: los terremotos no podían evitarse, pero sus consecuencias podían reducirse mediante una mejor ingeniería.
Ese proceso no nació de un día para otro. Durante las décadas de los setenta, los ochenta y los noventa, universidades, centros de investigación y organismos técnicos fueron perfeccionando los criterios de diseño estructural hasta consolidar un sistema normativo que hoy exige que las edificaciones sean diseñadas para soportar la acción de los sismos sin colapsar y para proteger la vida de sus ocupantes. Las sucesivas revisiones de la Norma Venezolana Covenin 1756 —incluidas las versiones de 2001 y 2019— incorporaron nuevos conocimientos científicos sobre la amenaza sísmica en el país, la respuesta de los distintos tipos de suelo y el comportamiento de las estructuras frente a movimientos telúricos.
Cuando la prevención se convirtió en norma
Las normas Covenin no nacieron en el año 2000. Son el resultado de un proceso iniciado tras el terremoto de Caracas de 1967, cuando Venezuela pasó de prácticas constructivas empíricas y sin estandarización sísmica al desarrollo progresivo de un sistema técnico formal de diseño sismorresistente, creado inicialmente en los años 70, consolidado en las décadas de los 80 y los 90 y actualizado de manera continua hasta convertirse en el marco normativo vigente.
La ingeniería sísmica moderna parte de una premisa simple: construir bien siempre es más barato que reconstruir después. En Venezuela, sin embargo, esa ecuación ha sido invertida por décadas de subinversión, deterioro institucional y pérdida de recursos públicos que debían transformarse en infraestructura segura.
De acuerdo con estimaciones habituales en el sector de la construcción en América Latina, un edificio residencial sismorresistente de mediana altura —por ejemplo, una torre de 14 pisos con 4 apartamentos por nivel— puede costar entre 8 y 12 millones de dólares, dependiendo de los acabados, el tipo de suelo y las condiciones de urbanización. Bajo ese parámetro, un urbanismo de 400 edificios de características similares implicaría una inversión aproximada de entre 8000 y 18 000 millones de dólares, suficiente para desarrollar decenas de miles de unidades habitacionales según estándares modernos de seguridad estructural.
En términos demográficos, cada edificio de estas características podría albergar alrededor de 200 a 250 personas, dependiendo del tamaño familiar promedio. Un urbanismo de esa escala permitiría alojar a cerca de 90 000 personas en viviendas diseñadas bajo criterios sismorresistentes, con capacidad de evacuación y resistencia estructural frente a eventos sísmicos severos.
El ingeniero civil Juan Pérez explicó que en países donde no existe una cultura sísmica consolidada el problema no es únicamente el terremoto, sino la forma como se construye cuando se ignoran principios básicos de la ingeniería estructural. Pérez reitera que la falla no aparece cuando el suelo se mueve, sino mucho antes, cuando se decide ahorrar en estudios, cuando se acelera una obra sin supervisión real o cuando se asume que después se corrige:
“Un edificio no se cae el día del sismo, eso es lo que la gente no entiende. El edificio ya venía mal desde el primer cálculo, desde la primera decisión improvisada, desde el primer ‘déjalo así para avanzar’. Y después del desastre todo el mundo habla del terremoto, pero nadie quiere hablar de lo que se hizo mal durante meses o años. Aquí se construye con fe, no con ingeniería, y la fe no sostiene concreto armado”
El proceso formal incluye seis etapas: la evaluación del terreno, el diseño estructural, la revisión de planos, la aprobación de permisología urbana, la inspección durante la obra y la verificación final antes de la habitabilidad. Cada fase debería dejar registro trazable de quién aprobó, cuándo y bajo qué criterios técnicos.
En cada una de esas fases intervienen actores distintos: proyectistas, ingenieros calculistas, inspectores de obra y oficinas municipales de control urbano.
El ingeniero geotécnico Roberto Sala advirtió que el problema del suelo es uno de los más subestimados en la región, porque se asume que el terreno siempre “aguanta”, hasta que demuestra lo contrario. Recalcó que la permisología no debería ser un trámite administrativo sino una barrera técnica estricta, especialmente en zonas con antecedentes de fallas geológicas.
“El suelo no se equivoca, el que se equivoca es el que decide ignorarlo. Aquí se ha vuelto costumbre pensar que un permiso lo resuelve todo, como si un papel pudiera cambiar la física del terreno. Si una zona ya mostró inestabilidad, volver a construir encima es como insistir en cruzar un puente que ya sabes que está quebrado. No es valentía, es desconocimiento… o algo peor, que es hacerse el loco”, lamenta.
El sismo como un recordatorio de lo ocurrido
Yalimar Abreu, habitante de La Guaira, recordó cómo su edificio tembló por tercera vez como si fuera una advertencia. Un segundo después, el sonido cambió: no era viento, no era tráfico ni nada cotidiano. Era un golpe seco que venía desde abajo.
—“¿Otra vez?”— gritó en el pasillo, sin moverse todavía. Y entonces entendió que el movimiento no sube: empuja.
El “doblete” sísmico no espera explicaciones. Primero sacude. Luego vuelve a golpear, como si el edificio dudara un segundo entre resistir o rendirse. En los pasillos de condominios en zonas urbanas y costeras, la escena se repite con variaciones: puertas que no cierran, paredes que suenan huecas, grietas que no estaban ayer.
Y mientras la gente intenta entender qué pasa, la respuesta siempre es la misma: el movimiento viene de abajo.
La geógrafa Gabriela Jiménez sostiene que las placas tectónicas están en constante movimiento, incluso cuando no lo percibimos, y que los sismos ocurren cuando ese desplazamiento continuo se interrumpe momentáneamente en un punto de contacto entre ellas.
Según su planteamiento, cuando una placa se “traba” contra otra, la energía se acumula hasta que finalmente se libera de forma brusca, generando las ondas sísmicas. En ese sentido, advierte que no existe un lugar fijo en la corteza terrestre que esté completamente quieto, ya que todo el territorio está sometido a ese movimiento permanente, lo que implica que la superficie del planeta se está modificando de forma continua.
En el territorio venezolano, ese movimiento tiene un nombre geológico clave: la falla de Boconó, uno de los sistemas tectónicos más importantes del occidente del país. Con unos 500 kilómetros de extensión, marca el límite entre la placa del Caribe y la placa sudamericana, y cruza los Andes desde Táchira hasta el centro del país.No es un evento raro ni excepcional: es un sistema activo. Y, como advierte Jiménez, un terremoto no se predice, simplemente ocurre.
Lo que dice la norma, lo que exige el control y lo que falta por responder
En zonas sísmicas como Caracas y La Guaira, la pregunta no es si se debe construir o no. La respuesta técnica es clara: sí se puede construir, pero solo bajo cumplimiento estricto de normativa, control de obra y supervisión verificable en cada etapa del proceso.
El ingeniero constructor Pedro Orcheta relató que la habitabilidad en zonas sísmicas no depende de prohibiciones absolutas, sino del cumplimiento estricto de normas técnicas y supervisión constante. Señaló que el riesgo no desaparece por decreto, sino que se controla mediante disciplina constructiva:
“No existe un lugar completamente seguro ni completamente peligroso. Lo que existe es buena o mala construcción. Puedes vivir en una zona sísmica perfectamente, si haces las cosas bien. El problema es cuando se relajan las normas, cuando se construye con confianza excesiva o con controles débiles. Ahí es cuando el riesgo deja de ser teoría y se vuelve realidad.”
El problema no es la ausencia de normas, sino la dificultad de verificar públicamente su cumplimiento en cada proyecto y su trazabilidad cuando ocurren fallas. En ese punto, la arquitecta y archivóloga Josefina Plaza reitera que el sistema de control técnico en Venezuela existe y es obligatorio, que las constructoras están forzadas a cumplir con normas Covenin y a someter los proyectos a evaluaciones de suelo y cálculos estructurales antes de ejecutar obras. Según su experiencia, si esos requisitos no se cumplen, los permisos de construcción no deberían ser otorgados. Como ejemplo, menciona que edificaciones como la Torre de David pasaron por procesos técnicos formales dentro del sistema regulatorio vigente.
Plaza también recuerda que históricamente existía una estructura dual de supervisión en obra: el ingeniero residente, vinculado a la constructora, y el ingeniero inspector, encargado de auditar la ejecución. De acuerdo con su conocimiento del sector, ese modelo de control ya operaba antes del ciclo político actual como mecanismo estándar de verificación técnica.
La tensión aparece cuando ese esquema no deja suficiente información pública sobre su cumplimiento efectivo en cada proyecto ni sobre la responsabilidad individual en caso de fallas estructurales. De ahí surge una de las propuestas más repetidas en el ámbito técnico: la necesidad de un registro público de ingenieros responsables por edificio, especialmente en casos de daños, fallas o colapsos, que permita rastrear decisiones técnicas y administrativas de forma verificable.
Tavares añadió que la pérdida de capacidad institucional también se refleja en el desconocimiento ciudadano sobre las propias autoridades de gestión de riesgos: “Hoy uno le pregunta a un venezolano quién es el director nacional de Protección Civil y no sabe. Ya no es relevante”.
Esa ausencia de respuestas también tiene una dimensión de derechos humanos. La activista María Rojas cuestionó la falta de mecanismos claros de atención y seguimiento para los damnificados y advirtió que la reconstrucción no puede limitarse a reparar edificios mientras persistan víctimas sin respuestas ni responsables identificados:
“No se puede hablar de reconstrucción mientras haya personas esperando respuestas, mientras haya casos sin aclarar y familias sin saber qué pasó. La Constitución dice que hay derecho a la integridad física y a la vivienda, pero parece que no aplica en la realidad ante la indiferencia de las autoridades”.
“Si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca”, dijo el fallecido presidente Hugo Chávez mientras el deslave de Vargas —ahora La Guaira desde 2019— sepultaba a miles de venezolanos. Veintisiete años después queda claro que la naturaleza nunca obedeció; el que sí terminó doblegado fue el país. Sobre el propio Chávez pesan investigaciones que le atribuyen el manejo discrecional de 56 000 millones de dólares en fondos públicos durante su gobierno.
En Venezuela, una administración transparente pudo haberse traducido en estudios geotécnicos, inspecciones, reforzamientos estructurales y edificaciones seguras, pero su gestión terminó a la deriva porque cuando la norma exige cálculo y control sin tener capital, el terremoto solo acaba haciendo de auditor: que no firma, pero cobra vidas.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El doble terremoto ocurrido el pasado 24 de junio no solo dejó una vacío en las estructuras destruidas y las pérdidas humanas, sino que también afectó a animales domésticos y la fauna local del país. Cientos de perros y gatos se encuentran aún atrapados bajo los escombros; otros deambulan desorientados, algunos heridos durante los colapsos de infraestructuras, y separados de sus familias.
Ante esta situación de emergencia, una red de veterinarios y rescatistas, con fundaciones aliadas y el apoyo de la población, se han movilizado contra reloj para poder garantizar el rescate, la atención médica gratuita y el resguardo temporal de esos seres que se encuentran en estado vulnerable y que, en muchos casos, representan la última conexión emocional de muchos damnificados.
Milagros entre los escombros
Las labores de búsqueda en La Guaira y Caracas han estado marcadas por rescates que evidencian la resistencia animal frente a este panorama. Uno de los tantos casos es el de Pinky, un perro macho atrapado durante cinco días bajo los escombros del edificio Carina en La Guaira.
Pinky logró sobrevivir sin heridas físicas gracias a que una cava plástica amortiguó el impacto de los bloques y creó un espacio seguro para él. Los equipos de rescate de El Salvador trabajaron de forma ininterrumpida por seis horas después de que escucharon sus ladridos y lograron sacarlo de los escombros con éxito.
Ahora Pinky se encuentra bajo el cuidado de la fundación internacional Manejo Humanitario de Fauna Callejera, liderada por la veterinaria Leidy Guerra, que está coordinando su traslado temporal a Colombia. Luego se organizará el reencuentro con su tutora principal en España, una joven que perdió a su madre, a su abuela y su hogar en el sismo.
Leidy Guerra, veterinaria y directora del equipo de Manejo de Humanitario de Fauna Callejera, relató en #NoticiasCaracolEnVivo cómo han sido las labores de rescate de animales que quedaron sepultados bajo los escombros tras los terremotos en Venezuela.
— Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) July 1, 2026
Muchos animales regresan de forma insistente a los lugares donde colapsaron sus antiguos hogares y permanecen inmóviles entre los escombros a la espera de sus dueños. Es el caso de José Rodríguez, un joven de La Guaira que perdió a su madre, sus dos hermanas, uno de sus perros y su vivienda, pero logró rescatar con vida a su gata Martina, de un año de edad. Dijo que ella es lo único que le queda de su casa.
😺🙏🏽"Es lo único que me queda de mi casa": joven rescata a su gata en Venezuela
👉🏾Martina, acaba de ser rescatada por su dueño, José Rodríguez y otros voluntarios, quienes la sacaron en medio de toneladas de escombros. José perdió a sus dos hermanas, a su madre, a un perrito y… pic.twitter.com/oIaHWmP9F6
El impacto psicológico a raíz de los sismos puede resultar agudo. Veterinarios como los adscritos a la fundación Manejo Humanitario de Fauna Callejera reportan que los animales rescatados ingresan con cuadros severos de estrés postraumático, desorientación y afectaciones por ruidos fuertes de las maquinarias pesadas utilizadas para remover escombros.
Veterinarias trabajan veinticuatro horas
La gravedad de esta emergencia llevó a transformar espacios comunitarios en clínicas e instalaciones médicas veterinarias improvisadas como en Caraballeda, específicamente en playa Yate, mientras que el Colegio de Médicos de Miranda estableció un punto atendido por profesionales y auxiliares que tienen turnos diarios de veinticuatro horas.
En este último centro han llegado a estabilizar a entre diez y veinte pacientes por jornada, algunos con cuadros complejos, como el de una perrita golden retriever de cinco años rescatada tras pasar cuatro días bajo escombros colapsados, y felinos con heridas abiertas que requieren cirugías urgentes.
Por otro lado, el equipo de Misión Nevado, bajo la coordinación de la veterinaria Génesis Barrera, mantiene un despliegue de emergencia continuo tanto en sus sedes de Nuevo Circo y San Bernardino en Caracas, como en el estado de La Guaira. Durante un operativo masivo en Catia La Mar, que incluyó sectores como Mare, avenida Páez, Las Tunitas y Atlántida, el equipo atendió en un solo día 127 animales.
Misión Nevado realizó en esa oportunidad 17 curas por contusiones y laceraciones de piel, 81 vacunaciones, desparasitaciones y aplicó las dosis iniciales de 48 tratamientos. Entre los pacientes hospitalizados destaca un cachorro de 2 meses rescatado por bomberos locales, al cual se le colocó un drenaje vesical debido a una inflamación interna causada por el golpe de un bloque en la zona abdominal.
Redes de apoyo
Las clínicas improvisadas en La Guaira reportan deficiencias para su funcionamiento. Representantes han manifestado que requieren con urgencia gasolina para mantener encendidas las plantas eléctricas, hielo, sistemas de iluminación y alimentación para los voluntarios.
De igual manera, las sedes de la Misión Nevado a nivel nacional funcionan como centros de acopio permanentes para recibir perrarina, gatarina, alimentos húmedos enlatados, agua potable, platos, transportadoras de mascotas, correas, sábanas y toallas limpias.
En el ámbito clínico, los insumos más solicitados son guantes desechables, gasas, vendas, jeringas, yelcos, equipos de venoclisis, soluciones salinas y materiales de sutura para los animales.
Además, las fundaciones han activado redes comunitarias y plataformas digitales orientadas a la identificación de las mascotas rescatadas que deambulan por las calles, ya que la mayoría de los damnificados perdieron sus teléfonos y medios de comunicación durante el sismo. Existe una página web llamada Patitas a Salvo que compila información para ayudar a que “cada patita vuelva a casa”.
La estrategia principal de estas redes consiste en diseñar y difundir afiches impresos con las fotografías de los animales resguardados en hogares de acogida.
La solicitud de ayuda para las mascotas ha cruzado las fronteras, como se evidencia en la campaña internacional “Una garra por Venezuela”, llevada adelante por la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal de Colombia, que enviaron su primera ayuda humanitaria con un total de 3,5 toneladas recolectadas en estaciones de bomberos.
#Noticias Bogotá recolectó 3,5 toneladas de alimento, medicamentos veterinarios e insumos para los animales afectados por los terremotos en Venezuela. La primera tonelada de ayudas ya fue enviada y la campaña "Una garra por Venezuela" continúa recibiendo donaciones en estaciones… pic.twitter.com/YpchNLCx3a
Para aquellas personas cuyas mascotas resultaronafectadas o que sepan de animales que requieren asistencia por lesiones a causa de los sismos, existen puntos estratégicos habilitados a lo largo de Caracas donde se ofrece atención veterinaria especializada, medicamentos y alimentos de forma totalmente gratuita.
Entre estos espacios destacan el centro ubicado en el Parque Los Caobos, situado entre el Complejo Cultural Teresa Carreño y la Plaza de los Museos, así como el centro de acopio de la Federación de Centros Universitarios (FCU) en la Plaza del Rectorado de la Universidad Central de Venezuela (UCV).
Estas iniciativas cuentan con disponibilidad para atención directa a domicilio y se mantienen completamente activos y recibiendo diariamente pacientes, por lo que insisten en que los tutores tomen las previsiones necesarias para trasladar o canalizar la ayuda a sus animales lo más pronto posible.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La tarde del 1 de julio, la puerta de la Casa Hogar Nuestra Señora del Carmen abrió sus puertas para recibir a tres niñas junto con su madre, las primeras que el centro aspira albergar de un grupo de 60 (30 niños y 30 niñas) afectados por los sismos del pasado 24 de junio. Una de ellas llegó directamente desde un hospital al refugio ubicado en la Calle Real de La Pastora, Caracas.
En este rincón caraqueño, la Congregación de las Hermanas Carmelitas de la Madre Candelaria —fundada en 1901 por la Beata Madre Candelaria de San José (Susana Paz-Castillo Ramírez)— revivió su misión histórica. El lugar, que suma 24 años funcionando como entidad de protección a la infancia vulnerable, se transformó en pocas horas gracias a la premura y el tesón de decenas de voluntarios.
Mientras unos jóvenes pintaban las paredes del área de pernocta, otros clasificaban lotes de donativos de ropa, comida y pañales fruto de la solidaridad ciudadana. En la entrada, un grupo de adultas mayores se rotaba para atender y orientar a quienes se acercaban espontáneamente a colaborar.
“Entidades del consejo de protección de niñas, niños y adolescentes nos plantearon la idea de recibir a los niños y si teníamos capacidad de atenderlos y yo dije que sí. No tenemos camas por los momentos, solo colchoncitos y mucha voluntad de acompañarlos”, expresó a Runrunes la madre Ana María Montilla, directora del centro. Ayer, su principal inquietud no era la falta de espacio, sino la demora en el traslado de los pequeños que perdieron sus viviendas.
La seguridad y la salud en el refugio se vigilan al milímetro. El espacio, donde ya residen otras 15 niñas de 5 a 13 años en situación de vulnerabilidad en un área aparte a la que será usada para el refugio, fue evaluado por dos ingenieros civiles privados. Los expertos indicaron que la estructura está en buen estado y que los daños menores son solo de friso, aunque la madre Ana María espera que Protección Civil y los bomberos certifiquen el diagnóstico pronto.
De igual forma, y por estrictas medidas de seguridad para los infantes que recibirán, solo de forma excepcional se permitirá que los niños estén acompañados por sus madres; el ingreso de padres u otros familiares adultos quedó restringido.
La ayuda también llegó vestida de bata blanca. Tres profesionales de la salud —dos cardiólogos y una pediatra— se presentaron de forma voluntaria. La pediatra asumió de inmediato la revisión de las tres niñas que inauguraron el refugio.
El centro cuenta con áreas para actividades deportivas y pedagógicas. El apoyo colectivo les permitirá sostener a los 60 niños previstos. Siguen recibiendo alimentos, pañales, insumos de higiene y limpieza, medicamentos pediátricos y ropa íntima nueva.
Aportes monetarios: Cuenta corriente del Banco Venezolano de Crédito N° 0104 0001 5100 1024 2312 a nombre de Asociación Casa Hogar de Nuestra Señora del Carmen (RIF: J308967580).
Una semana después de los devastadores terremotos que sacudieron al país, la presidenta encargada bajo la tutela de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, anunció un decreto de duelo nacional por siete días a partir de las 6:00 de la tarde del 1 de julio.
El comunicado oficial apela a la solidaridad institucional. Sin embargo, la medida genera observaciones entre los defensores de derechos humanos debido a la falta de formalidades legales.
Rafael Uzcátegui, director de la organización Laboratorio de Paz, explica que este tipo de decisiones resulta previsible ante catástrofes de gran magnitud. “Principalmente, tiene un carácter simbólico, es decir, expresa ese reconocimiento oficial que existe un dolor colectivo, rinde homenaje a las víctimas”, señala el activista en entrevista con Runrun.es.
Añade que estas acciones suelen incluir el izamiento de la bandera a media asta y la suspensión de ceremonias festivas. Para Uzcátegui, la emisión del duelo no es extraordinaria, sino una respuesta esperable frente a la dimensión del desastre.
El problema radica en los mecanismos utilizados para su difusión y aplicación. El defensor de DDHH advierte que la Presidencia de la República difundió el anuncio, pero el decreto todavía no aparece en la Gaceta Oficial. Esta omisión administrativa altera el procedimiento regular de las políticas públicas y las normativas venezolanas, las cuales exigen la publicación de los actos de efectos generales para que adquieran validez jurídica.
Uzcátegui recordó que, a partir del 3 de enero, “todas las decisiones que se han tomado en materia de políticas públicas no respetan la normativa venezolana que incluye la publicación de las designaciones y las decisiones en Gaceta Oficial”. En este caso particular, existe una diferencia entre un decreto y su formalización, porque, “en un estado de derecho los actos de efectos generales usualmente tienen que publicarse en Gaceta Oficial”. Esto es importante porque así se tiene certeza “sobre qué quieren decir su contenido, su alcance, la fecha de entrada en vigor y las obligaciones concretas”.
“Existe una situación de incertidumbre jurídica. Es decir, conocemos una decisión, pero no sus términos exactos ni su alcance”, afirma Uzcátegui.
La ausencia del documento regulatorio impide a los ciudadanos y especialistas conocer con precisión la fecha exacta de entrada en vigor, el contenido específico y las obligaciones concretas que se desprenden de la medida. De acuerdo con el activista, “mientras no se publique, es difícil hacer un análisis jurídico sobre sus alcances”, agrega.
Ante el vacío en el texto oficial, la ciudadanía debe deducir las consecuencias prácticas basándose en la costumbre de decretos anteriores. Uzcátegui interpreta que la orden civil implicaría la suspensión de conciertos, eventos culturales y festividades, tanto en el sector público como en el privado. Asimismo, la tradición de estas medidas sugiere la aplicación de restricciones comerciales directas, como el impedimento de la venta de bebidas alcohólicas durante los siete días decretados.
El uso de redes sociales y canales digitales para difundir decisiones del Ejecutivo sustituye temporalmente los canales institucionales. Mientras el luto avanza en el terreno de los hechos, el sector jurídico y civil permanece a la expectativa de la publicación del documento formal para evaluar las implicaciones reales de la medida en todo el territorio nacional.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Transparencia Venezuela, organización de la sociedad civil dedicada a la promoción de la transparencia y la lucha contra la corrupción, presentó el “Manual de Transparencia para la Recepción y Distribución de la Ayuda Humanitaria”, una propuesta orientada a fortalecer los controles en el manejo de donaciones en contextos de emergencia, como desastres naturales o crisis humanitarias prolongadas.
En el contexto de recientes terremotos y de la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela desde hace más de una década, la organización advierte que la solidaridad internacional suele traducirse en una llegada masiva de donaciones, lo que implica desafíos logísticos y, al mismo tiempo, riesgos de opacidad en su manejo.
De acuerdo con el planteamiento de su manual, los puntos de recepción inicial de la ayuda humanitaria constituyen una de las etapas más sensibles del proceso, al concentrar grandes volúmenes de bienes, recursos y donaciones que requieren supervisión estricta. Según el documento, estos espacios pueden convertirse en puntos de alto riesgo para prácticas de corrupción si no se establecen mecanismos de control adecuados desde el inicio.
El manual propone que los controles y auditorías se activen desde el primer momento de la recepción de la ayuda, con procedimientos claros de registro, trazabilidad y verificación de las donaciones. La idea central es asegurar que cada aporte pueda ser rastreado desde su entrada al sistema hasta su entrega final a los beneficiarios.
Asimismo, se subraya la necesidad de establecer sistemas de registro detallado de donaciones, mecanismos de almacenamiento seguro de la información, y procesos de distribución transparentes que permitan verificar qué se recibe, en qué cantidades y a quiénes se entrega.
Otro de los ejes fundamentales es la rendición de cuentas permanente, tanto hacia los donantes como hacia la ciudadanía y los organismos de supervisión, con el fin de garantizar la confianza en los procesos de ayuda humanitaria y proteger la buena fe de quienes realizan aportes. Finalmente, Transparencia Venezuela sostiene que la implementación de estas medidas no solo reduce riesgos de corrupción, sino que también mejora la eficiencia en la distribución de la ayuda y asegura que los recursos lleguen efectivamente a las personas que más los necesitan.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), a través de su Clínica Jurídica de Extensión Social, presentó una guía jurídica que establece lineamientos de actuación para la protección inmediata de niños, niñas y adolescentes que, tras un sismo, queden en situación de vulnerabilidad por la ausencia temporal o definitiva de sus padres o representantes.
El documento fue elaborado por abogados de la institución como parte de una iniciativa de extensión social y responde a la necesidad de contar con herramientas claras de actuación en escenarios de emergencia, particularmente en contextos de desastres naturales donde la población infantil puede quedar expuesta a situaciones de desamparo.
La guía se sustenta en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (LOPNNA), normativa que establece el marco legal para la garantía de derechos y el principio del interés superior del niño como eje fundamental de toda decisión que involucre a menores de edad.
En el instructivo se describen orientaciones generales para la activación de mecanismos de protección inmediata, así como la intervención de los organismos competentes en materia de niñez y adolescencia. Estos procedimientos buscan asegurar una respuesta rápida y coordinada frente a casos en los que no se cuente con representantes legales identificados o disponibles.
Asimismo, se contempla la adopción de medidas de resguardo temporal mientras se realizan las verificaciones necesarias para determinar la situación familiar de cada niño o adolescente afectado, priorizando siempre su seguridad física, emocional y jurídica.
El material también busca servir como herramienta de apoyo para funcionarios, operadores de justicia y equipos de atención humanitaria que deban actuar en escenarios de emergencia, reforzando la necesidad de aplicar protocolos con enfoque de derechos humanos. De acuerdo con la UCAB, el objetivo central de esta iniciativa es garantizar el cumplimiento del principio del interés superior del niño, asegurando que toda decisión tomada en contextos de crisis esté orientada a su protección integral y bienestar.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Las Academias Nacionales de Venezuela, corporaciones de carácter científico, humanístico y cultural con más de un siglo de trayectoria al servicio del país, han emitido un pronunciamiento ante la grave emergencia nacional ocasionada por los recientes sismos.
A través de un comunicado en conjunto, los representantes de las principales instituciones en el país expresaron que “consideran un deber ineludible expresar su posición ante la grave emergencia ocasionada por el terremoto que ha afectado al país y poner al servicio del país las capacidades técnicas, científicas y profesionales de sus integrantes”.
Indican que el sismo ha motivado un despliegue de estas organizaciones con el fin de guiar las decisiones gubernamentales bajo un criterio que sea estrictamente metodológico y académico.
El documento oficial aclara que tienen una profunda preocupación no solo por la devastación material a simple vista, sino por el ámbito social que se encuentra afectado de forma crítica en las zonas donde hubo mayor impacto.
“Con profundo pesar lamentamos las irreparables pérdidas humanas, el sufrimiento de miles de familias y los cuantiosos daños materiales ocasionados por este desastre que ha afectado con particular intensidad a la ciudad de Caracas y al estado La Guaira”, expresaron.
Ante este panorama, las instituciones enfatizaron la necesidad de coordinar esfuerzos en conjunto que dejen de lado la improvisación y se concentren en la evaluación rigurosa de los daños estructurales de las edificaciones.
El esfuerzo civil y voluntariado
Estas agrupaciones académicas dedicaron un espacio para exaltar el rol de los ciudadanos y profesionales de la salud que se encuentran ayudando en primera fila en las calles de la capital y en La Guaira. En sus declaraciones institucionales, los firmantes rindieron un “homenaje al admirable esfuerzo del personal médico y de enfermería, de los cuerpos de rescate y de seguridad, de los voluntarios y de todos aquellos ciudadanos que, con entrega ejemplar, participan en las labores de salvamento, asistencia humanitaria y atención a las víctimas”.
De esta misma forma, el documento busca enviar un mensaje de acompañamiento ético y humano a los sobrevivientes y damnificados que enfrentan la pérdida de sus hogares o de sus medios de subsistencia económica.
Los involucrados expresaron formalmente su “más sincera solidaridad con quienes han perdido a sus seres queridos, con los heridos, con quienes han visto destruidos sus hogares y medios de vida y con todas las comunidades afectadas”, e insisten en que el soporte emocional y material a estas comunidades debe ser el punto más importante de cualquier plan de contingencia que diseñen las autoridades.
Reconstrucción y prevención
Para el Comité Interacadémico la reconstrucción del país no debe limitarse a levantar nuevamente las edificaciones caídas de forma idéntica, sino que exigen una transformación completa a las estructuras y la ordenación de las ciudades vulnerables.
Las corporaciones hicieron énfasis en que “esta tragedia debe convertirse también en una oportunidad para fortalecer nuestras instituciones, consolidar una cultura de prevención frente a los riesgos naturales, mejorar la planificación territorial, elevar los estándares de construcción y promover políticas públicas sustentadas en el conocimiento científico”.
Los expertos están de acuerdo en que el manejo técnico de riesgos es la única garantía para detener los efectos de futuros eventos de esta misma naturaleza, y la propuesta implica que los ministerios y organismos ejecutivos encargados de las infraestructuras convoquen de manera urgente a geólogos, ingenieros, arquitectos y urbanistas formados en el país.
Los representantes afirmaron que es fundamental que “la ciencia y el conocimiento orienten las decisiones públicas” con el propósito de evitar la repetición de fallas en terrenos no aptos o en zonas costeras de alta vulnerabilidad sísmica.
Un llamado a la serenidad
Finalmente, el comunicado cierra con un exhorto a la población venezolana para mantener la templanza en un momento complejo como este para el país, así como también destacan que la recuperación y superación de esta emergencia requieren un compromiso ético por todos los sectores públicos.
“Un llamado a todos los venezolanos para afrontar esta hora difícil con serenidad, solidaridad y esperanza”, expresaron las Academias Nacionales.
Y concluyeron con una pequeña reflexión sobre la identidad nacional en tiempos de tragedia y la necesidad de conseguir soluciones viables y seguras para las futuras generaciones de Venezuela.
“Que el dolor compartido fortalezca nuestra conciencia de pertenecer a un mismo país; que la ciencia y el conocimiento orienten las decisiones públicas; que la solidaridad inspire nuestras acciones; y que el esfuerzo conjunto permita reconstruir un país más seguro, más resiliente y más comprometido con el bienestar de las generaciones presentes y futuras”.
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