Con una escueta infografía de apenas una página, que difunció el Ministerio de Comunicación e Información, el interinato de Delcy Rodríguez informó que, hasta el viernes 3 de julio, se contabilizan 2645 personas fallecidas a causa del doblete sísmico de la semana pasada.
El comunicado reporta también 12 666 heridos y 6462 personas rescatadas. Además,indica que 15 050 personas quedaron sin vivienda y que han sido atendidas 86 117 familias.
En cuanto a las estructuras afectadas, el parte oficial señala que 885 sufrieron daños mientras que 189 colapsaron. Se documentan 890 réplicas al momento de publicarse el reporte.
Por otra parte, el reporte indica que se entregaron hasta la fecha 9486 toneladas de alimentos, con 78 478 bolsas de comida distribuidas y un total de 453 326 litros de agua. Asimismo, se han atendido 20 909 pacientes en las diferentes áreas de centros de salud.
Finalmente, el informe señala que hay 3305 rescatistas internacionales en terreno, un total de 29 567 efectivos desplegados y se han registrado 25 846 voluntarios. También se instalaron 59 campamentos temporales.
Cifras sin vocero oficial
Desde el día de los terremotos, esta es la primera vez que el gobierno ofrece un balance en formato digital sin ningún vocero. El día anterior, casualmente, Delcy Rodríguez, en compañía de Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello, dio una rueda de prensa que también incluyó un balance. Durante esa alocución, periodistas extranjeros cuestionaron a la presidenta encargada (con el aval de Estados Unidos) por ciertas fallas en la respuesta institucional a la tragedia.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Una incursión militar en las sombras, el bombardeo a zonas consideradas estratégicas y un mensaje del presidente estadounidense Donald Trump que lo confirmó. Este 3 de julio se cumplen seis meses de aquella madrugada en la que fuerzas extranjeras capturaron en Caracas al entonces presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores para trasladarlos a Nueva York, donde hoy son juzgados por múltiples delitos, incluido narcoterrorismo.
Desde entonces, Delcy Rodríguez está al frente del Ejecutivo con el aval de Washington. Maduro y Flores están en una cárcel de Brooklyn a la espera de su próxima audiencia el 22 de este mes. En este tiempo también hubo cambios de discursos y de leyes. Excarcelaron a algunos presos políticos y a otros no, y retornaron figuras de oposición que huyeron del país por la persecución.
Además, a partir de la llamada extracción se gestó la esperanza de una “recuperación económica”. La ciudadanía caminó sobre el miedo y volvió a las calles para hacer oír sus reclamos y pedir libertades políticas y civiles, salarios dignos y una transición democrática a través de elecciones.
Este 3 de julio, también se cumplen diez días de dos sismos de gran magnitud que reabrieron las heridas de la población venezolana y volvieron el foco sobre un sistema institucional que ya estaba en ruinas.
Esta es la cronología, mes a mes, de lo que ha pasado desde el 3 de enero.
Enero: la “ausencia forzosa” y el reparto del poder
“Tuvo una larga conversación con Marco (Rubio) y dijo: ‘Vamos a hacer lo que ustedes necesiten’. Creo que fue muy amable, pero no tenía alternativa”, dijo sobre Delcy Rodríguez el presidente estadounidense, Donald Trump, el 3 de enero en su primera alocución posterior al ataque militar.
Luego de la captura de Maduro, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró una figura no establecida en la Constitución: la “ausencia forzosa“. Con ese argumento, dos días después, Rodríguez juró como presidenta encargada y se convirtió en la primera mujer al frente del Ejecutivo. Dijo que lo hizo “con dolor por el secuestro de dos héroes” y aseguró que no descansaría hasta traerlos de vuelta. Ese mes, convocaron a muchos trabajadores públicos a marchas y concentraciones para pedir el regreso de la pareja.
En paralelo, el Gobierno de Estados Unidos aseguró que “administrarían” a Venezuela. Que iniciarían un plan de tres fases —estabilización, recuperación y transición— y asumirían el control de la comercialización del petróleo.
Rodríguez inició el cambio de su gabinete y sacó a buena parte del círculo cercano de Maduro y Flores. Algunos casos emblemáticos son la destitución del empresario colombiano Alex Saab como ministro de Industrias y del mayor general Javier Marcano Tábata como jefe de Seguridad de Maduro y comandante de la Guardia de Honor Presidencial.
El 8 de enero el presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la nueva presidenta, Jorge Rodríguez, anunció la excarcelación de “un número importante” de presos políticos.
Cientos de familiares corrieron a las cárceles para esperar verlos salir por las puertas, pero el proceso se dio a cuenta gotas y sin una lista oficial. Muchas personas terminaron montando carpas frente a las prisiones y algunos aún siguen a la espera de la libertad plena de sus seres queridos.
Entre quienes salieron de prisión figuran líderes políticos como Enrique Márquez, Juan Pablo Guanipa y Freddy Superlano; defensores de derechos humanos como Rocío San Miguel y Javier Tarazona; y miembros del equipo de trabajo de la líder opositora María Corina Machado como Perkins Rocha, María Oropeza, Dignora Hernández y Henry Alviárez.
También excarcelaron a periodistas como Nicmer Evans, Carlos Julio Rojas, Ramón Centeno y Luis López. Comenzó entonces una ligera flexibilización de la censura en los medios de comunicación, pese a que se mantienen vigentes las leyes restrictivas que pusieron a los comunicadores tras las rejas en primer lugar.
El chavismo pasó de acusar a la CIA (Agencia Central de Inteligencia de EE. UU.) de conspirar contra la Revolución bolivariana a sentarse a la mesa con ellos. El director de la agencia, John Ratcliffe, aterrizó en Caracas doce días después de la incursión militar y se reunió dos horas con Rodríguez.
La administración de Trump anunció que enviaría a personal diplomático para evaluar la reapertura de su embajada, cerrada desde 2019, y designó a Laura Dogu como jefa de misión para Venezuela.
El 23 de enero Rodríguez anunció la creación de un Programa para la Convivencia Democrática y la Paz con el objetivo de promover el diálogo, la reconciliación nacional y la armonía ante lo que ella misma bautizó como “un nuevo momento político”. Aunque prometió resultados para los primeros 100 días, los objetivos de ese programa todavía están por verse.
También el 23 de enero los estudiantes se hicieron sentir nuevamente. Hubo concentraciones en la Universidad Central de Venezuela, donde representantes del movimiento estudiantil se enfrentaron al poder.
Al cierre de ese mes, el 29 de enero, la Asamblea Nacional (AN) aprobó en tiempo récord una reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos que flexibiliza el modelo estatista heredado del fallecido Hugo Chávez y abre la puerta a mayor participación de capital extranjero.
Febrero: llegó la Ley de Amnistía y renunció el fiscal
En febrero ocurre la visita del secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright, a Venezuela. Se reunió con Rodríguez para evaluar la infraestructura energética del territorio, hablaron de modernizar la red eléctrica y reactivar la producción petrolera del país.
La AN promulgó la Ley de Amnistía que anunció el Ejecutivo el 30 de enero. Delcy Rodríguez dijo que esa norma abarcaría el período de violencia política desde 1999 hasta el presente. También ordenó entonces el cierre de El Helicoide, señalado durante años como el principal centro de tortura del país.
Mientras tanto, las calles empezaron a perder el miedo: familiares de presos políticos mantuvieron vigilias frente a las cárceles. De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social febrero cerró con 599 protestas.
El día 25, a través de una carta, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, renunció al cargo, que ostentaba desde 2017. Ese mismo día se nombró una comisión especial de diputados para evaluar los candidatos.
Marzo: restablecimiento de relaciones y desplazamiento de Padrino López
El 4 de marzo, el secretario del Interior de EE. UU., Doug Burgum, se reunió con Rodríguez en Miraflores. Al día siguiente, los dos gobiernos anunciaron formalmente el restablecimiento de relaciones diplomáticas y consulares, rotas desde 2019.
Rodríguez anunció el 18 de marzo la destitución de Vladimir Padrino López, quien llevaba más de una década como ministro de Defensa. En su lugar nombró a Gustavo González López, exjefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Los analistas describieron el hecho como el cierre definitivo de una era militar y la consolidación de su propia cúpula de confianza.
Este mes el propagandista chavista Mario Silva comenzó a hacer críticas veladas a la presidenta encargada y cuestionó cómo el imperialismo había campeado en el país. Después sacaron del aire su programa semanal en el canal del Estado, Venezolana de Televisión. A partir de entonces ha mantenido una postura crítica sobre el llamado interinato. Ha advertido que los seguidores del fallecido Hugo Chávez se sienten traicionados por la nueva relación con los EE. UU., y ha protagonizado una guerra de “puntas” con aliados del Gobierno.
También en marzo Maduro compareció ante el juez Alvin Hellerstein en Nueva York y pidió la anulación del juicio alegando que las sanciones impedían a Venezuela costear su defensa privada. El magistrado rechazó desestimar el caso, aunque luego la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) permitiría al Gobierno venezolano financiar la defensa legal de Maduro y de Flores.
Abril: liberalización económica y nuevo fiscal general
Delcy Rodríguez profundizó lo que especialistas describieron como una “liberalización económica” para estabilizar la crisis: la apertura a inversión petrolera occidental, la eliminación del control cambiario y la reanudación de relaciones, oficialmente, con el Fondo Monetario Internacional (FMI), de la mano con Calixto Ortega como vicepresidente sectorial de Economía.
El 9 de abril el Parlamento aprobó la nueva Ley de Minas, una norma que abre el sector a la inversión privada y extranjera. Ese día el Ministerio de Salud volvió a publicar el Boletín Epidemiológico, luego de una década sin difundir esta información clave de manera regular.
También en esa fecha la Asamblea Nacional aprobó la designación oficial de Larry Devoe Márquez como nuevo fiscal general de la República, y de Egleé González Lobato como nueva defensora del pueblo.
El día 20 ocurrió un motín en la cárcel de Yare que causó cinco muertos. Las autoridades aseguraron que se trató de una riña, pero el Observatorio Venezolano de Prisiones y los familiares denunciaron una situación irregular y pidieron una investigación.
Al cierre de abril, Rodríguez dio por terminado el período de aplicación de la Ley de Amnistía y dijo que habría que tratar algunas excarcelaciones pendientes por otros canales. A este punto había destituido y nombrado a nuevos funcionarios para conseguir tener a sus piezas en 4 vicepresidencias sectoriales y en 19 carteras, lo que se traduce en el 55 % de su gabinete.
Mayo: entregaron a Alex Saab y negaron posibilidad de elecciones
El 1 de mayo se reanudaron los vuelos directos entre Venezuela y EE. UU. después de siete años, a través de la compañía American Airlines.
En un giro que revivió la indignación de muchos, el 2 de mayo, durante una actividad, Jorge Rodríguez se dirigió a la diáspora venezolana que sintiera algún resentimiento contra el Gobierno: “Supéralo, perdónanos y vente”.
El 16 de mayo, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) anunció la deportación de Alex Saab a Estados Unidos, con el alegato de que estaba incurso en delitos en ese país. Fue el desenlace de una figura que, años atrás, había sido bandera de la diplomacia de Maduro.
Ese mes, un periodista extranjero preguntó a Delcy Rodríguez sobre una fecha para elecciones en Venezuela. La mandataria respondió con evasivas: “No sé, en algún momento…”. Mientras tanto, la líder opositora en el exilio y ganadora del premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, estimó que una transición hacia comicios “libres” podría tomar unos nueve meses.
Venezuelan opposition leader María Corina Machado gestures as she delivers a press conference in Santiago, on March 12, 2026. Machado travelled to Chile to attend Chile’s President José Antonio Kast’s inauguration. (Photo by Raul BRAVO / AFP)
Junio: el terremoto que expuso la incapacidad de respuestas y autocrítica
El 24 de junio, cuando se conmemora la Batalla de Carabobo, dos terremotos seguidos —de magnitud 7,2 y 7,5, separados por apenas 39 segundos— golpearon el centro-norte del país, con epicentro en Yaracuy.
De acuerdo con el Gobierno de Rodríguez, 189 edificios se desplomaron por completo en La Guaira, Caracas y el estado Miranda. A la fecha se registran casi 3000 fallecidos. Hay más de 12 000 personas damnificadas. Las víctimas y la sociedad civil han cuestionado la respuesta tardía frente a la tragedia, algo que el chavismo se niega a reconocer.
En una rueda de prensa este miércoles 2 de julio, la presidenta encargada alabó la acción de su gobierno ante la emergencia, agradeció la cantidad de ayuda y apoyo internacional que ha recibido Venezuela, incluida la de EE. UU., pero fue incapaz de reconocer lo que los periodistas vieron en el terreno: personas que se sentían abandonadas, falta de maquinaria pesada para remover escombros y actuaciones cuestionables de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El nombre de Maduro, por cierto, no se mencionó ni una vez.
Machado intentó regresar a Venezuela luego de los dos terremotos, pero la Casa Blanca le negó respaldo logístico y de seguridad. Pese a que le cancelaron su vuelo desde Curazao, la líder opositora insiste en que volverá al país como lo ha prometido desde hace meses.
En este semestre el bolívar se depreció un 53,34 %, es decir, perdió un poco más de la mitad de su valor real frente al dólar desde el 3 de enero. Desde entonces Rodríguez ha ejecutado más de 50 designaciones entre ministros, viceministros y otras misiones gubernamentales.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) estimó que los terremotos registrados el 24 de junio en Venezuela ocasionaron daños físicos directos por unos 37 000 millones de dólares en edificios e infraestructuras, según un informe preliminar elaborado mediante modelación analítica.
Daños en edificaciones e infraestructura
El documento señala que los daños en edificios residenciales, comerciales, educativos, sanitarios, institucionales e industriales equivalen aproximadamente al 3 % del parque inmobiliario expuesto, con un valor aproximado de 24 000 millones de dólares.
En cuanto a las infraestructuras, el informe calcula afectaciones cercanas al 4 % del patrimonio expuesto en sectores como agua y saneamiento, telecomunicaciones, carreteras, ferrocarriles, energía, puertos, aeropuertos y las industrias de petróleo y gas, con pérdidas calculadas en 13 000 millones de dólares. La suma de ambos conceptos alcanza los 37 000 millones de dólares en daños físicos directos.
Impacto económico será mayor
La UNDRR aclaró que esta constituye una primera valoración técnica destinada a ofrecer un orden de magnitud de los daños y no una cuantificación definitiva.
Asimismo, precisó que el cálculo no incluye pérdidas económicas indirectas, interrupciones de las actividades productivas y de los servicios, costos de la respuesta de emergencia, afectaciones en las cadenas de suministro, impactos sociales, ambientales o macroeconómicos, ni los recursos que requerirán la recuperación, la adaptación estructural y la reconstrucción.
Por ello, el organismo de Naciones Unidas advirtió que el impacto económico total del desastre será superior al valor de los daños físicos directos estimados en el informe preliminar.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La emergencia nacional que provocó el doblete sísmico del 24 de junio dejó en evidencia la inacción del Estado en su deber de proteger a los más afectados. Es una de las conclusiones a las que llegó la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), al evaluar la actuación del Gobierno luego de los terremotos del 24 de junio.
JEP denuncia que fallas logísticas, opacidad informativa y obstáculos administrativos no solo agravaron la situación, sino que, además, dejaron al descubierto la desarticulación estructural que impidió la asistencia oportuna a las miles de víctimas en Caracas y La Guaira.
En ese contexto, el informe “El Estado abdicó su deber de proteger” elaborado por la ONG devela cómo la inoperancia institucional, la burocracia y la censura no solo vulneraron derechos fundamentales, sino que sometieron a orfandad estatal a miles de ciudadanos.
Indica que, ante la inacción del Gobierno, familias enteras se vieron obligadas a buscar a sus parientes y allegados utilizando herramientas rudimentarias para remover toneladas de escombros y trasladando cuerpos sin apoyo técnico ni logístico. En redes sociales abundan las denuncias de que la ayuda gubernamental se activó tres días después de los terremotos.
A continuación las claves más relevantes del informe de JEP:
La paradoja de un Estado inoperante
En el análisis realizado por la ONG, se contrasta la capacidad táctica del Estado para la coacción frente a su nula articulación logística para asistir a las víctimas. Respaldado por cifras recientes de Acnur, el texto resalta que un 39 % de los desplazados ha quedado a la intemperie, lo que evidencia la ausencia de refugios que cumplan con estándares mínimos de dignidad.
Depredación burocrática y extorsión
Justicia, Encuentro y Perdón documentó la transformación del aparato estatal en un obstáculo para las víctimas. El texto denuncia la burocratización extrema que impide el acceso de rescatistas locales y expone la escandalosa exigencia de pagos ilícitos —que ascienden hasta los 1000 dólares— para la entrega de cadáveres a sus familiares.
La censura como agravante
El análisis tipifica el bloqueo informativo y la opacidad en las cifras oficiales no solo como una violación de la libertad de expresión, sino como un riesgo civil que aísla a las víctimas, torpedea el auxilio internacional y genera un caos logístico en la distribución de la ayuda humanitaria.
Marco jurídico vulnerado
El informe advierte que recibir ayuda es un derecho inalienable de la víctima, y procurarla es un mandato imperativo e indelegable del Estado.
La ONG recalca que la asistencia humanitaria “no es una concesión del poder” y que “los acuerdos suscritos ante Naciones Unidas y la arquitectura jurídica global obligan al Estado a proveer ayuda inmediata, abstenerse de obstaculizar el flujo de socorro y, al verse superado en su capacidad de respuesta, solicitar y facilitar la cooperación internacional de manera transparente y sin condiciones políticas”.
Resiliencia civil frente a la orfandad estatal
El informe de Justicia, Encuentro y Perdón reconoce la voluntad y empatía incondicional del pueblo venezolano. Consolida el compromiso de la sociedad civil organizada para documentar, denunciar y acompañar a las víctimas en la exigencia de verdad y justicia.
Aclara que el informe no es solo un diagnóstico del desastre de los últimos ocho días, sino un registro minucioso para evitar que la narrativa oficial y la censura sepulten la memoria de los afectados y la responsabilidad institucional.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Desde el 24 de junio la capacidad de apoyo social y la innovación tecnológica se unieron para tenderle una mano a quienes más lo necesitan actualmente. Es así como, ante la emergencia causada por los recientes terremotos en el país, la empresa de transporte y servicios de delivery Yummy Venezuela creó una campaña de recaudación de fondos nacional e internacional que ha alcanzado la cifra de 1 128 734 dólares.
Este esfuerzo colectivo se concreta, hasta el 3 de julio, en aportes de 20 800 personas y el respaldo de 14 empresas privadas. La iniciativa permite transformar las contribuciones de venezolanos y de extranjeros en una herramienta de acción inmediata para llevar alivio a las zonas más afectadas en el país.
El impacto de estos recursos económicos recolectados se ha visto reflejado en el financiamiento del traslado directo de México a Venezuela de 150 rescatistas de la brigada de los “topos”. Estos especialistas llegaron al país con el equipamiento necesario e indispensable para unirse a los trabajos de búsqueda en las edificaciones que se derrumbaron.
Logramos financiar el envío de 150 rescatistas profesionales de México a Venezuela con parte de los fondos donados en https://t.co/zzNGMmfbeG
Lo urgencia llevó a los organizadores a gestionar una parte de los fondos para la entrega de 3600 bolsas para cadáveres en el centro de acopio de La Esmeralda. Es una medida compleja pero necesaria para reducir los riesgos epidemiológicos y darle dignidad a los fallecidos, dijo Vicente Zavarce, CEO de Yummy. Expresó el dolor que implica atender esta faceta de la crisis y añadió que la decisión respondió directamente a la escasez de insumos médicos que se reportaron en los sectores más vulnerables.
Con parte de los fondos recolectados en https://t.co/QMwlRpJNNX hicimos entrega de 3,600 bolsas de cadaveres en el centro de acopio de La Esmeralda ❤️🩹
Hay que reducir los riesgos sanitarios en las zonas afectadas.
Por otro lado, las complicaciones de movilidad en tierra debido al desastre ocasionado en La Guaira impulsaron la creación de alternativas de salida para los casos médicos de extrema urgencia. Así, a través de una alianza con Venemergencia, Yummy financió el traslado en helicópteros de pacientes desde La Guaira hasta Caracas. De esta forma se garantiza que las personas que estén más delicadas de salud puedan llegar en menos tiempo a centros de asistencia sanitaria.
Bajo este protocolo, mientras el equipo médico actúa en el cuidado general de los afectados, la plataforma de Yummy se encarga de los costos necesarios para mantener los vuelos activos.
Hemos empezado a financiar helicópteros desde La Guaira a Caracas para transportar a gente que necesita movilizarse con urgencia, en alianza con @Venemergencia que los está operando y ocupándose de los pacientes que lo necesitan 🚁🚁🚁
También la recaudación de fondos ha sido prioridad en la adquisición de los equipos médicos escasos en el país. La empresa gestionó la compra y la entrega directa a un grupo de médicos de un ecógrafo, herramienta indispensable para diagnosticar heridas internas y hemorragias.
Este ecógrafo ya se encuentra operativo en el estado La Guaira. Zavarce agradeció el respaldo del personal de la salud que se ha sumado voluntariamente a la iniciativa y le han comunicado lo que necesitan para poder atender a la población afectada.
Hoy compramos y entregamos a un grupo de doctores un ecógrafo para detectar heridas internas que pueden tener personas impactadas.
El ecografo ya está siendo utilizado en La Guaira activamente 🩻⛑️
Gracias a todos los médicos que nos han contactado para apoyarlos.
Para poder garantizar que cada recurso donado sea administrado con total claridad, la aplicación habilitó una sección especial en su portal web donde los ciudadanos pueden revisar en tiempo real el destino y uso exacto del dinero recaudado. También, la plataforma actualizó sus servicios de delivery para que los usuarios puedan realizar donaciones pequeñas de manera opcional en cada compra que realicen y permitir así que el apoyo a esta causa continúe.
Adicionalmente, la iniciativa incluyó diversas formas de voluntariado para quienes desean colaborar pero no cuentan con recursos económicos. Activaron traslados completamente gratuitos para todos los que quieran acercarse a hospitales y clínicas a donar sangre. También habilitaron la opción de envíos gratuitos a más de 100 centros de acopio verificados.
Finalmente, hasta el 3 de julio, llevan un registro virtual para que centros de ayuda, como el refugio de las Hermanas Salesianas de Venezuela, reciban carpas y toldos para los afectados que lleguen al refugio.
Con esta iniciativa, la plataforma de transportes Yummy demuestra que la solidaridad y la unión hacen la diferencia y ayudan a construir segundas oportunidades en los momentos más difíciles del país.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) anunció que prevé brindar asistencia alimentaria de emergencia a 500 000 personas en Venezuela, como parte de la respuesta humanitaria desplegada luego de los terremotos que causaron miles de fallecidos, heridos y damnificados.
Asistencia para cubrir necesidades urgentes
La directora regional del PMA, Lena Savelli, informó desde el estado La Guaira que el organismo busca cubrir las necesidades más urgentes de las familias que perdieron sus hogares y medios de vida.
“En este momento, el objetivo del Programa Mundial de Alimentos es brindar asistencia alimentaria de emergenciapor un período de tres meses. Estas son las necesidades más inmediatas de las personas que han perdido casi todo”, declaró Savelli a la agencia EFE.
La funcionaria explicó que el PMA distribuye canastas de alimentos en las zonas afectadas para las familias que aún pueden cocinar,con provisiones suficientes para un mes. En paralelo, en los campamentos habilitados por Naciones Unidas se entregan almuerzos y cenas preparados para las personas desplazadas.
Solicitud de 50 millones de dólares
Savelli señaló que, además de los alimentos, las principales necesidades de la población incluyen acceso a agua potable y atención sanitaria.
“Hay muchas necesidades de alimentos, de salud y de agua.Aquí, en el campamento, estamos ofreciendo platos calientes, estamos también adaptando nuestra asistencia a las condiciones”, afirmó desde el campamento temporal instalado en el complejo deportivo Domo José María Vargas, en La Guaira.
El PMA lanzó un llamado internacional de ayuda por 50 millones de dólares para financiar las operaciones durante los primeros 3 meses de la emergencia.
De acuerdo con el último balance del Gobierno venezolano, más de 12 000 personas permanecen damnificadas y fueron habilitados 25 campamentos temporales, de los cuales 13 están en La Guaira, 8 en Caracas, 2 en Miranda, 1 en Carabobo y 1 en Yaracuy. Por su parte, Naciones Unidas instaló 3 campamentos transitorios donde varias de sus agencias coordinan la asistencia humanitaria a la población afectada.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La noche del 2 de julio, Delcy Rodríguez, presidenta encargada bajo la tutela de Estados Unidos, compareció ante los medios para presentar un balance oficial tras los terremotos del 24 de junio. Durante la rueda de prensa, la funcionaria fijó la cifra de víctimas en 2595 fallecidos y defendió la gestión gubernamental como una muestra de transparencia y activación institucional temprana.
Sin embargo, este discurso oficial chocó de inmediato contra las denuncias ciudadanas y el periodismo en el terreno. Cuatro corresponsales internacionales acorralaron la versión del Ejecutivo al visibilizar el abandono de las comunidades, la excesiva militarización y el alarmante colapso de los edificios de la Gran Misión Vivienda Venezuela en La Guaira.
Mientras Rodríguez intentaba contener los daños con censura y despliegue militar, los afectados enfrentaban el desamparo, las trabas a la ayuda y veían a los uniformados profanar la dignidad de las víctimas hurtando pertenencias de las zonas afectadas.
Activación institucional “más temprana” vs. lentitud del despliegue
Una de las afirmaciones más controvertidas de Delcy Rodríguez se refiere a la respuesta de las autoridades ante el desastre. “Tenemos la activación institucional más temprana”, aseguró la oficialista. Sin embargo, múltiples testimonios y denuncias publicados en redes sociales reflejan otra realidad.
Durante la rueda de prensa, en el espacio de preguntas, la periodista María Martín, de El País, de España, confrontó esa versión oficial al basarse en testimonios de personas que se sintieron abandonadas durante las primeras 72 horas. La comunicadora refirió que en muchas zonas no había maquinaria, ni siquiera bolígrafos y papel para identificar los cadáveres.
Fulminada Delcy Rodríguez en la rueda de prensa con medios internacionales.
"La inmensa mayoría de las personas que hemos entrevistado cuentan que han estado abandonados al menos las primeras 72 horas. Esto lo hemos podido confirmar nosotros, no había maquinaria ni siquiera… pic.twitter.com/hXTVZiPOjv
Rodríguez se defendió afirmando que durante las primeras 24 se desplegaron 4000 funcionarios, había muchas vías “completamente tapiadas” donde no llegaban “ni siquiera con motorizados”.
Incluso después de una semana de la tragedia, siguen saliendo múltiples testimonios que denuncian la falta de ayuda en ciertas zonas, incluso después de una semana de los terremotos. Uno de esos es el de Gabriela Pérez, residente de la OPP-26 de Misión Vivienda. En declaraciones difundidas por la periodista Maryorin Méndez,
“El día dos vino el alcalde para acá y yo lo agarré de la mano y le dije ‘jefe, póngase la mano en el corazón y traiga las máquinas’, ‘tranquila, hija que, las vamos a traer’ (dijo el alcalde). Y no nos ayudó”, denunció Pérez.
🚨🇻🇪 "Si me llega a pasar algo aquí, son ellos".
Con esa frase, Gabriela Pérez denunció lo que describe como la falta de apoyo oficial en las labores de rescate en la OPP-26 de la Gran Misión Vivienda Venezuela, en La Guaira, una de las zonas afectadas por los terremotos del 24… pic.twitter.com/twIJxLkHmO
También, un informe de Justicia, Encuentro y Perdón titulado El Estado abdicó su deber de proteger, aborda esta contradicción a través de lo que denomina la “paradoja de un aparato estatal hipertrofiado para el control político y la coacción, pero absolutamente atrofiado para la gestión de riesgos y la asistencia civil”. El documento resalta cómo décadas de desfinanciamiento técnico y politización de los cuerpos de rescate obligaron a que la propia sociedad civil, vecinos y voluntariado local tuvieran que sostener “con sus propias manos el paso primario de la emergencia” ante la inacción inicial de las autoridades.
Militarización para evitar el caos vs. inacción y mal actuar de uniformados
Según Delcy Rodríguez, la militarización de La Guaira tras el desastre se produjo para evitar “que laboratorios mediáticos y matrices mediáticas creadas para perturbar y generar caos” imposibilitan las labores de búsqueda y rescate.
Stefano Pozzebon, corresponsal de CNN Internacional, afirmó que el pueblo está “herido, golpeado y adolorido” y que existe un rechazo de la población concentrado en los militares por la actuación de los efectivos.
Rodríguez se justificó afirmando que “desde las primeras horas hubo presencia policial y militar un solo saqueo”, pero que luego de eso no ha pasado nada más. Sin embargo, omitió las denuncias documentadas por el mal proceder de los funcionarios.
Múltiples denuncias contra cuerpos policiales y militares –que Delcy parece haber ignorado– señalan que muchos uniformados no solo no ayudan en las labores de rescate, donde desde un inicio fueron los propios voluntarios quienes trabajaron con picos y pala, sino que también han cometido hurtos en las zonas afectadas.
Ese mal actuar de algunos funcionarios fue demostrado con el arresto de cuatro funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) a quienes la ciudadanía increpó por llevar un fajo de dólares que sacaron de una estructura colapsada. Otros videos muestran a funcionarios policiales hurtando pertenencias de edificios que colapsaron por los terremotos.
"CICPC" es tendencia porque se pudo ver a un funcionario intentando apropiarse de un fajo de billetes que encontró en medio de los escombros producidos por los terremotos.
La comunidad lo enfrentó, le quitó los billetes y se los rompieron en la cara. pic.twitter.com/tt6u0vzdLb
— ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) June 30, 2026
Al respecto, el informe de la organización JEP advierte que el afán gubernamental por imponer el secretismo y bloquear el acceso a la prensa nacional e internacional constituye una “negligencia monumental en la gestión de la crisis”. El documento desmitifica el argumento del “caos mediático” esgrimido por Rodríguez al señalar que la censura, en emergencias de esta magnitud, trasciende la violación a la libertad de expresión y “se tipifica como un agravante deliberado del daño humano”, ya que al ocultar la realidad se impide deliberadamente la focalización de la ayuda y se aísla por completo a comunidades damnificadas por conveniencia política.
Urbanismos de Misión Vivienda colapsados vs. edificios privados y vacacionales
El periodista Jorge Martínez, corresponsal de Milenio, cuestionó la integridad estructural y las malas condiciones de construcción de los edificios de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV). El periodista basó su planteamiento en testimonios de los habitantes del desarrollo habitacional “Hugo Chávez” en La Guaira, una de las zonas más afectadas por los recientes terremotos.
Aunque hasta ahora no se ha precisado cuántos edificios y urbanismos de Misión Vivienda colapsaron, se sabe que además del “Hugo Chávez”, también cayeron varios conocidos como OPP en Caribe y Tanaguarena, edificaciones altas donde residían cientos de familias.
Rodríguez argumentó que el 80 % de los edificios que colapsaron en La Guaira a causa de los dos sismos son de desarrollos privados.
“Es necesario recordar que es un estado con vida propia, pero también para vacacionar y ese día había bajado mucha gente a la playa porque era un día feriado”, dijo, omitiendo dar datos específicos sobre los urbanismos de Misión Vivienda afectado.
Dudas en la celeridad de cifras oficiales vs. estimaciones internacionales
Otro de los choques entre el discurso oficial y la realidad se centra en el conteo de víctimas. Durante su alocución, Rodríguez —acompañada por Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello—, elevó la cifra oficial a 2595 personas fallecidas y 12 400 heridos, defendiendo firmemente el avance de los operativos y asegurando que “nadie iría a fosa común” gracias a las labores de identificación forense.
La funcionaria enfatizó que el gobierno no busca proyectar cifras, sino dar un “número riguroso” basado en cadáveres identificados. Sin embargo, los corresponsales extranjeros en el terreno y los propios rescatistas han continuado exponiendo un desfase entre la contención de la estadística gubernamental y la dimensión real de la catástrofe.
Mientras el Ejecutivo fijaba la cifra en poco más de 2500 decesos, familiares y voluntarios relataban en el terreno que las minutas internas de los cuerpos de rescate y las proyecciones de organismos internacionales que presentaron estimaciones sobre 10 000 posibles víctimas fatales, sumado al cálculo de miles de personas reportadas como desaparecidas en las áreas donde las estructuras colapsaron por completo.
Rodríguez atribuyó las altas estimaciones de algunos organismos internacionales como la ONU al hecho de que inicialmente se pensó que los sectores populares de las montañas habían sufrido el mismo colapso que los edificios de zonas residenciales.
“Si algo se puede decir, afortunado, es que ocurrió más hacia la falla de la costa y no hacia la montaña. Muchas estimaciones que se hicieron por organismos internacionales fue porque pensaron que se habían derrumbado también las casas en los sectores populares, en los barrios”, dijo.
Reclamo de “politización” vs. trabas a la ayuda humanitaria
Delcy Rodríguez acusó a la oposición y a los medios extranjeros de “politizar una situación humanitaria” y defendió que el canal único del Estado garantizaba una distribución justa de suministros.
De acuerdo con el informe de JEP, la centralización obligatoria impuesta por el Ejecutivo actuó en realidad como una “depredación administrativa”, implementando trabas burocráticas extremas para el registro y acceso de brigadas de rescate internacionales, lo cual viola normativas internacionales como los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos (Principios Deng).
Además, citando datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), el informe revela que un 39 % o 40 % de las personas damnificadas quedó por completo a la intemperie, durmiendo en calles y espacios públicos bajo una grave escasez de alimentos y servicios básicos debido al bloqueo gubernamental de asistencia independiente.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Las misiones internacionales de búsqueda y rescate continúan la desmovilización en Venezuela tras varios días de intensas labores en las zonas devastadas por los terremotos. Equipos de España y Ecuador anunciaron el cierre de sus operaciones, luego de participar en tareas de localización de víctimas entre estructuras colapsadas, mientras expertos en salud pública advierten que el impacto de la emergencia persistirá mucho después de finalizados los rescates.
Fin de las operaciones de búsqueda
El Cuerpo de Bomberos de Quito informó la tarde del 2 de julio, a través de su cuenta oficial en X, que el equipo USAR ECU-01 concluyó su misión en Venezuela y emprendió el retorno a Ecuador, tras recibir el reconocimiento y el agradecimiento de las comunidades con las que trabajó durante la emergencia.
“Culminamos nuestras labores con la gratitud y el cariño de nuestros hermanos venezolanos”, publicó la institución, y acompañó el mensaje con imágenes de la despedida del personal desplegado.
El rescatista señaló que no lograron encontrar sobrevivientes en su zona de intervención y describió una destrucción generalizada en Playa Grande y Caraballeda, donde numerosos edificios colapsaron. Según datos del equipo de las Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación de Desastres (UNDAC), miles de rescatistas internacionales participaron en las operaciones y durante los primeros días lograron rescatar con vida a 12 personas.
La emergencia sanitaria continúa
Aunque las labores de búsqueda comienzan a concluir, la Sociedad Española de Epidemiología advirtió este viernes 3 de julio en la mañana que los riesgos sanitarios derivados de la emergencia pueden prolongarse durante meses.
La organización señaló que, además de la atención a los heridos, es prioritario garantizar la continuidad de los tratamientos médicos, el acceso a agua potable, el saneamiento básico y la atención a la salud mental de la población afectada.
Asimismo, alertó de que la pérdida de familiares, viviendas, redes de apoyo y medios de vida puede provocar estrés prolongado y cronificar el trauma entre los sobrevivientes. La entidad subrayó que la preparación previa, la calidad de las infraestructuras y la capacidad de respuesta de los servicios públicos son factores determinantes para reducir las consecuencias sanitarias y sociales de un desastre de esta magnitud.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
