La sede del histórico colegio Agustiniano San Judas Tadeo de La Pastora, ubicado en la calle Real de esta parroquia en las cercanías de Puerta Caracas, sufrió severos daños en su estructura. El edificio colapsó en su parte posterior este 3 de julio en horas de la tarde. El desplome fue consecuencia directa de los sismos del 24 de junio que debilitaron severamente los cimientos de la estructura.
“Todas las áreas del colegio estaban activas menos el módulo 2, allí había una etiqueta roja que indicaba que no se podía pasar a esa zona del edificio porque las columnas estaban fracturadas. Esa parte fue clausurada previamente. Gracias a Dios, no había nadie al momento que colapsó, el último en salir fui yo”, dice Fray Johan Caldera, rector del Colegio Agustiniano San Judas Tadeo de La Pastora.
Efectivos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, la Policía Nacional Bolivariana y el Sebin acordonaron el perímetro del colegio.
El derrumbe de la estructura cayó sobre una casa en el sector La Ribereña de Catuche, la comunidad que colinda con la institución educativa. Unos trozos de muros hirieron a Miguel Ángel Guerrero, de 36 años, quien fue trasladado de emergencia a un centro clínico ubicado en Nuevo Circo. Según el diagnóstico médico, Guerrero presenta una fractura craneal.
“A las 3:35 de la tarde me encontraba en mi lugar de trabajo, en Los Mecedores. A esa hora escuché un estruendo muy fuerte, me asomé y vi la nube de polvo del derrumbe del colegio. Vi que cayó sobre nuestra casa y salí corriendo para acá. Al llegar, mi hijo se estaba desangrando por la herida que tenía en la cabeza”, cuenta Miguel Guerrero, de 59 años, padre de Miguel Ángel.
Miguel Guerrero, padre del herido Miguel Ángel Guerrero. Foto: Leo Álvarez
Según relatan los vecinos de Catuche, luego de los terremotos nadie dormía tranquilo en La Ribereña. “Yo tenía miedo de que esto iba a pasar. El colegio está sobre nuestras casas. Vimos cómo caían cimientos el día del temblor. Para colmo Miguel Ángel estaba de reposo porque lo operaron recientemente de la vesícula”, dice conmocionada la señora Lenys Niño, suegra del muchacho herido.
Lenys Niño, suegra del herido Miguel Ángel Guerrero. Foto: Leo Álvarez
En la calle Real de La Pastora, enfrente de la entrada principal del colegio y la Iglesia San Judas Tadeo de arquitectura brutalista, vecinos, alumnos, maestros y ex alumnos se agruparon para cerciorarse de los daños del colegio fundado por los Agustinos Recoletos hace casi 60 años.
El número de alumnos afectados es de 900 niños, niñas y adolescentes quienes desde hace una semana interrumpieron sus clases, en el cierre del año escolar, por decisión de las autoridades de la institución para garantizar su seguridad, luego de evaluar los primeros daños causados por los sismos.
“En este colegio estudian mis hijos. Soy una devota de San Judas Tadeo”, comenta la señora María Soledad Pérez, de 55 años, quien saca de su cartera una estampa de San Judas Tadeo y le reza a su santo frente a la iglesia arquitectura brutalista: “San Judas, apóstol de Cristo, mi patrón y protector. Sostén mi esperanza. Danos consuelo en este dolor. Te encomiendo mi vida, la de mi familia y la de los venezolanos. Amén”.
El colegio San Judas Tadeo está en la calle Real de La Pastora. Foto: Leo Álvarez
El día de San Judas Tadeo se celebra cada 28 de octubre. En La Pastora, la devoción por este santo es una de las festividades más populares y de mayor tradición de la parroquia en la que luego de una misa solemne en la iglesia del Colegio Agustiniano, se baila al santo que sale en procesión.
“A San Judas Tadeo se le pide auxilio en las situaciones más difíciles y desesperadas, él es patrono de las causas imposibles. Le pedimos fortaleza para transitar este momento difícil y sobreponernos en las dificultades”, dice Mariela Rodríguez, vecina de Puerta Caracas y egresada del colegio.
Nueve días han pasado desde que la tierra se partió en dos bajo las magnitudes de 7,2 y 7,5, y hoy La Guaira no huele a mar ni a fiesta; huele a cemento húmedo y a duelo.
Este nuevo recorrido por la entidad severamente golpeada el pasado 24 de junio comenzó con el freno seco de una alcabala de la Policía Nacional Bolivariana en la conexión con la Autopista Norte-Sur. Allí, la bota policial impuso su primera barrera: la petición de una caprichosa “acreditación presidencial” para transitar hacia la vía rápida que conduce a la Caracas-La Guaira. Aunque el equipo de prensa exhibió las credenciales tramitadas regularmente en el Centro de Convenciones de La Carlota, los oficiales desviaron el vehículo hacia el canal derecho, obligándolo a sumarse a la lenta fila para ingresar a la carretera vieja. Solo tras insistir en la entrada, otra alcabala cedió el paso a una autopista paradójicamente despejada; un sinsentido vial que anticipaba un cerco informativo sobre la tragedia.
Al entrar a la zona comercial, la soledad golpea el rostro. Este estado, acostumbrado al bullicio de la actividad comercial cotidiana, el turismo y al calor de los visitantes, hoy yace apagado, desértico. A ratos lloviznaba y el cielo se encapotaba y el entorno se tornaba aún más lúgubre. El paisaje caribeño mutó en un fortín militarizado: efectivos muy jóvenes con armas largas custodian los centros de acopio, despejan vías para el paso de maquinaria pesada o se instalan en las esquinas de edificios colapsados para indicar que “por órdenes superiores” no se debe grabar.
En la avenida Soublette y el casco histórico, la estampa de la soledad se repite, aunque no hay daños estructurales mayores. Cuadras más adelante, la gran noria luce estática y vacía bajo un cielo plomizo. En la cinta costera no hay transeúntes, ni deportistas, ni bicicletas. Los 12 silos del puerto —la icónica estructura de inducción cromática del maestro Carlos Cruz-Diez— perdieron su poesía visual. Tras el estado de emergencia, las autoridades sanitarias y forenses los convirtieron en una morgue provisional para identificar y entregar los cuerpos recuperados del desastre. Este viernes en horas de la tarde, la fila exterior de familiares esperando reconocer cadáveres no era tan acentuada.
La fe entre los escombros
En Caraballeda, los restos del edificio Las Palmas —una “torre lápiz” residencial desplomada en la Avenida La Playa— se han transformado en una montaña gris. Cerca de la maquinaria pesada de remoción, rescatistas venezolanos y un voluntario apodado “el topo de Los Teques” se aferraban a la idea de que aún hay milagros bajo el concreto, tras haber detectado presuntas señales de vida. El voluntario pedía a gritos una planta eléctrica para los martillos perforadores y acordonar el área: “Se está metiendo mucha gente a estorbar”, comentaba con urgencia.
Una adulta mayor que vivía allí se acercó al equipo de prensa para contar su testimonio. En medio del llanto, relató como de un momento a otro, en medio de los intensos temblores, el edificio se desplomó y se fue hacia un lado. Allí quedó sepultada lo que era su casa.
“Fue horrible, horrible, tanto dolor, tanta inocencia”, expresó.
Frente al balneario Bahía de los Niños, en las residencias Arichuna, son pocos los que siguen esperando en las adyacencias de lo que desapareció en segundos. Solo tres personas aguardaban noticias. Una de ellas relata que se turna con su familia para saber si su prima, sepultada allí, ha sido hallada.
En la entrada de Bahía de los Niños, ubicada en Los Corales, se encuentra lo que queda del edificio Arichuna, uno de los que colapsó en su totalidad en los terremotos.
A unos metros, bajo la pequeña lona de una carpa de voluntarios cristianos de Falcón, el señor Juan Ochoa y su hijo descansan de una espera infructuosa que ya los ha agotado emocionalmente. Bajo el amasijo de cemento yace el cuerpo de su hermana, la doctora Beatriz Villalba. El cadáver del esposo de esta, Héctor Díaz, ya fue recuperado, pero la tragedia no terminó con su muerte confirmada. El cuerpo de Díaz ahora está “desaparecido” institucionalmente.
A pesar de que un video en redes sociales documentó el momento del rescate, el señor Ochoa ha vivido un calvario recorriendo las morgues del Seguro Social de La Guaira, el Hospital de Pariata, los silos del puerto y la Morgue de Bello Monte, sin dar con sus restos. El peregrinar les impide darle una digna sepultura y transitar el duelo.
La ironía del destino es desgarradora: este sábado 4 de julio, la pareja de adultos mayores tenía planeado volar a España para reunirse con sus hijos y nietos. Hace seis meses vendieron su propiedad en Caracas para invertir en el apartamento del piso 8 de las residencias Arichuna, hoy sepultado. Lo habían remodelado con ilusión, habían cambiado los pisos, le instalaron aires acondicionados para que, cuando la familia volviera de visita, tuviera un rincón frente al mar para disfrutar del viento fresco. Decidieron pasar sus últimos días allí antes de viajar. Pero el viaje nunca ocurrió.
A Ochoa se le llena de orgullo la voz al recordar a Beatriz, la única hembra entre cinco hermanos varones: “Aunque no era la mayor, ella era la líder, la que organizaba, así son las mujeres (…) y una médico muy querida, que trabajó durante años en las Damas Salesianas”. Lo dice con una profunda tristeza en los ojos, pero con la serenidad de quien debe ser fuerte hasta lograr que su hermana y su cuñado tengan un descanso digno.
El coronel no tiene quien le pida permiso
A lo largo de la avenida La Playa, las personas caminan cargando litros de agua a cuestas, deteniéndose en puntos de acopio atendidos por voluntarios. En el aire, helicópteros de la República Checa transportan insumos para los distintos campamentos instalados.
Más adelante, en Los Corales, el paisaje revive el dolor y la pérdida del deslave de 1999. Edificios colapsados, restos de las piscinas en las esquinas de los inmuebles que desaparecieron y olor a descomposición inocultable
Algunos edificios pequeños tienen inscripciones en las que se lee “Habilitados FANB”. Al preguntarse a una de las personas residentes que estaba en la puerta, dijo que habían sido inspeccionados por funcionarios militares, quienes les habrían indicado que podrían permanecer en las viviendas.
Por otra parte, en tinta roja sobre paredes contiguas, se leen los nombres de edificaciones que, como el Coral Bella, pasaron de albergar decenas de hogares a convertirse en un amasijo de columnas superpuestas.
Fue en este punto donde la restricción intentó imponerse. Mientras el equipo de Runrun.es realizaba tomas generales a una distancia prudente del rescate, una joven del grupo del Ministerio de Obras Públicas advirtió que el “coronel” de la Zodi, de apellido Expósito, exigía la presencia de la periodista.
—Licenciada, ¿usted no sabe que para hacer tomas en estas zonas de desastre debe pedir permiso?— espetó el militar.
—De hecho, no iba a pasar hasta acá, pero funcionarios del Ministerio de Obras Públicas fueron los que me indicaron que podía subir— respondimos.
—Pero para poder grabar debe solicitarlo al equipo que está coordinando toda la operación. Es una recomendación a futuro… participe que usted lo va a hacer— insistía el uniformado.
—Yo lo hice, con la gente de Obras Públicas, que es la que está afuera y me dio acceso…—
—Sí, pero la organización está acá, la próxima vez, se le agradece— zanjó el militar en tono seco.
—Por allá también me estaban impidiendo grabar tomas y acá no hay estado de excepción— recordamos desde el equipo.
—No, acá no estamos prohibiendo nada, pero sí que por lo menos se acerquen y participen lo que van a hacer— matizó.
Aunque alegó que operan en conjunto Protección Civil, bomberos y voluntarios, en la práctica, la bota militar es la que manda y restringe.
Paradójicamente, esta fuerte presencia gubernamental no infunde seguridad ni tranquilidad. Al contrario, la gente en La Guaira teme: no solo a las réplicas, a prolongar el dolor, a seguir en el desastre, al olvido, sino a la inseguridad, uno de los fantasmas después del sismo. Con el oscurecer aún sin servicio eléctrico en muchas zonas, el miedo se intensifica.
“Salgan si es posible de acá antes de que oscurezca”, recomendó un voluntario a las afueras del Bowling de la avenida La Playa. “Cuando oscurece, salen grupitos a ver qué roban. Nosotros decimos que son policías y funcionarios que se quitan el uniforme”, denunciaba con indignación.
Solidaridad en el diamante
Las instalaciones del estadio Jorge Luis García Carneiro se han convertido en el epicentro de la solidaridad. El espacio deportivo alberga campamentos internacionales de delegaciones de al menos una decena de países y funcionarios de la ONU. Allí, la brigada de la República Checa trabaja codo a codo con sus perros rescatistas, Sussy y Origami.
Jóvenes voluntarios coordinan la comida y la hidratación de los brigadistas. Francis González, coordinadora del grupo de la tarde, lloraba de emoción al recordar que, aunque no vive en La Guaira, allí radican sus mejores memorias.
“Por allí ahora dicen que La Guaira no queda lejos, sino en el corazón de todos, y por eso tenemos que ayudar y mantener la ayuda”, expresó.
La organización defensora de derechos humanos, Provea, confirmó la noche de este viernes, 3 de julio, la excarcelación de Wilmer Cruz, conocido como el Topo de La Guaira, uno de los voluntarios que trabajó en el rescate de varias personas tras el doblete sísmico ocurrido el pasado 24 de junio.
“Cruz fue liberado bajo una medida cautelar sustitutiva de libertad con régimen de presentación, luego de haber sido presentado ante los tribunales en funciones de control”, señaló la ONG en un mensaje en la red X, sin revelar los delitos que se le imputaron.
APARECIÓ WILMER ANTONIO CRUZ, PERO EL ESTADO DEBE ESCLARECER LO OCURRIDO
De acuerdo con allegados, Wilmer Antonio Cruz, conocido como “El Topo de La Guaira”, reapareció la tarde de este viernes y agradeció las muestras de solidaridad recibidas, luego de que su familia denunciara… pic.twitter.com/ovPCDFIAqI
— Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) July 4, 2026
No obstante, la asociación colombiana sin fines de lucro AlertaVenezuelaDDHH, reveló que a Cruz lo señalaron por el delito de “hurto”, lo cual consideró “una represalia por su postura crítica ante las fallas en las labores de rescate”.
“Gracias, mi gente. Aquí estoy para seguir luchando“, afirmó el Topo de La Guaira en un video grabado en el sector Corapal, de La Guaira, cuando salió en libertad condicional.
Los familiares de Cruz denunciaron que desapareció el pasado 1 de julio, alrededor de las 4:00 pm, mientras trabajaba en la recuperación de cadáveres en uno de los edificios de la Misión Vivienda en Caraballeda: OPPPE 26.
Minutos antes lo había llamado un grupo de hombres vestidos de negro y sin identificación, que dijeron ser miembros de la Dirección de Investigaciones Penales (DIP) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Los hombres aseguraron que le entregarían unas herramientas para continuar las labores de rescate, pero al cabo de un rato se llevaron al vountario en un vehículo sin dar explicación.
A partir de ese momento, los allegados de Cruz perdieron toda comunicación con él y desconocían su paradero.
De acuerdo con el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE), familiares, organizaciones de derechos humanos y ciudadanos exigieron al gobierno que el Topo de La Guaira apareciera con vida y acudieron a distintos centros de reclusión, pero les informaron que Cruz no estaba allí.
“La protección de quienes salvan vidas en medio de una emergencia es una obligación del Estado y una garantía indispensable para que la ayuda humanitaria pueda desarrollarse sin miedo”, aseguró CLIPPVE en un mensaje en la red X.
Días antes, a través de varios videos, Cruz denunció de forma reiterada la inacción del gobierno al momento de atender la emergencia tras los terremotos del 24 de junio.
#Venezuela. Epa @delcyrodriguezv es verdad que Wilmer Antonio Cruz #ElTopo esta preso en el Helicoide? Lo metiste preso por ayudar a rescatar personas a punta de pala y manos y decir verdades sobre la falta de ayuda a personas desesperadas buscando a familias enterradas?… pic.twitter.com/pRV3vkHlC8
Le escucho decir a Cayetana Álvarez de Toledo, historiadora de formación, de inteligencia zahorí y no solo parlamentaria española de fuste, que la cuestión compleja por la que atraviesa hoy Occidente ―mirándosela desde el laboratorio venezolano― es algo que trasvasa a la cuestión ideológica de derechas o de izquierdas. Supera a las formas de configuración del poder dentro del Estado: dictaduras vs. democracias o democracias formales o autoritarismos electorales que vacían de todo contenido al Estado constitucional de derecho.
El asunto es más ominoso, pues se trata de la corriente de confiscación, corrupta y utilitaria, del poder en abierta pugna con las leyes más elementales del decoro o la decencia humana. Media, en efecto, un dilema moral a la vez que antropológico. Es la cleptocracia que se hace presente para cosificar toda expresión de dignidad humana, mientras sus víctimas ―valorando más aun sus derechos elementales luego de perderlos― se aferran a las leyes de humanidad.
Algún escritor señala que los griegos no discernían sobre la cleptocracia. Se trataría de una noción moderna. Pero leo a Samuel James (El robo de las naciones, 2024), a cuyo tenor no se trata simplemente de la corrupción dentro de un gobierno sino de “una enfermedad sistémica en la que la propia arquitectura del Estado facilita el enriquecimiento de la élite gobernante a expensas de la nación”. Evoca los fenómenos de corrupción desenfrenada en la Roma antigua, bajo Calígula y Nerón, el caso de algunas de las monarquías medievales y el saqueo durante la Colonia.
Hago presente, para mis adentros, que la memoria de Venezuela quedó sellada con la criminalidad expoliadora de la familia Welzer, integrada por banqueros y comerciantes de Augsburgo, Alemania, durante el siglo XVI, precisamente entre los años 1528 a 1556; una paradójica elipse de tiempo similar a la que aún padecemos los venezolanos desde 1999, año marcado por la tragedia de Vargas y sus miles de muertos. Hasta que, en este 2026, la parca, ayudada por la cleptocracia reinante, otra vez se ceba con el fatal destino del llamado estado La Guaira. Decenas de miles, entre muertos, heridos y desaparecidos alimentan al registro fúnebre.
Dice el autor citado que los siglos XX y XXI son testigos mudos en la evolución de las prácticas cleptocráticas tras la sofisticación de los métodos para el ocultamiento, el lavado y la multiplicación de las ganancias mal habidas, una vez como capturan al Estado y desmontan, para tal finalidad, sus instituciones. De donde precisa ―y es la clara radiografía que nos deja a los venezolanos el doble terremoto del pasado 24 de junio― que, a diferencia de la corrupción como expresión de avaricia individual y oportunista, o del robo de una porción del pastel o botín oficial, acontece un desvío sistémico que distorsiona todo el sistema económico y político “para asegurar un flujo continuo de recursos” hacia los propios bolsillos de los cleptócratas en ejercicio.
Desmaterializada así y a propósito la república y pulverizada como termina siempre la nación ―volvamos al caso nuestro, el de Venezuela― de suyo emerge el “Estado cleptocrático” como vehículo para el beneficio privado de los gobernantes cleptocráticos en defecto del Estado de servicios. Y la ley, entonces, se vuelve “herramienta de saqueo y escudo para la élite corrupta”. Luego emerge la “infraestructura de la ofuscación”, a saber, las redes de empresas fantasmas o conchas que con sus capas de secretos ocultan a los beneficiarios finales, los paraísos fiscales, los fideicomisos, armados todos por escritorios de abogados trasnacionales reconocidos, contadores y agentes de registro de empresas especializados en la opacidad de las estructuras que forjan para integrar los beneficios de la cleptocracia al mundo de la economía lícita.
Tras los terremotos, insisto, Venezuela ya muestra de modo palmario la radiografía de esa desviación o enfermedad que hace metástasis. Explica, sin justificarla, la ausencia criminal de los militares durante la hora nona, pero que está encontrando admirable reparo ―para bien del futuro del país― desde un emergente, envolvente, resiliente y valeroso espíritu civil y ciudadano.
La explicación que nos da el finado Piero Calamandrei, que vivió en carne propia y como testigo la experiencia del fascismo italiano y escribe sobre el régimen de la mentira (Il regime della menzogna, 2014), ni siquiera calza o basta ante esta otra experiencia actuante de la cleptocracia. Decía el eminente jurista italiano que aquél régimen era algo más turbio que la ilegalidad, pues es simulación de la legalidad, engaño legalmente organizado a la misma legalidad; de donde surgió el “gobierno de la indisciplina autoritaria, de la legalidad adulterada, de la ilegalidad legalizada, del fraude constitucional”. Mas al cabo, bajo la dictadura de Benito Mussolini el Estado y sus actores eran políticos, existían, aun cuando manipulasen el lenguaje para darle a las palabras de la ley significados acomodaticios o diversos, según fuese su avieso propósito.
Miedo a lo incorruptible
La cleptocracia desafía, atropella sin miramientos, no finge, es descarnada y soez, solo se mira a sí desde su óptica cleptocrática y utilitaria con desprecio de la fraternidad que emerge en los momentos de dolor y tragedia compartidos. La solidaridad, la empatía, el acompañamiento leal son abiertamente burlados. Por lo que la cleptocracia, ajena a todo encuadramiento social y político y asimismo humano, no podía encontrar un rostro más acabado que el ofrecido por el funcionario judicial que se aprovechaba de la catástrofe para robarse el dinero de los cadáveres en La Guaira. Es el rostro igual del ministro que ante las cámaras de televisión ordenaba confiscar las donaciones y ayudas recolectadas por cada víctima y sus familiares para apoyar a las otras víctimas y sus familiares o vecinos. O que les cerraba el paso a los rescatistas urgidos de salvar vidas durante la emergencia.
Es la misma maldad trágica del ser humano corrompido por la hybris (la soberbia); esa que, desde el palacio que ocupa a distancia de los mortales Delcy Rodríguez ―sin meter las manos en el lodo ni manchárselas con la sangre que brota de los escombros― se limita a ofrecer celebraciones y otorgar condecoraciones a los cooperantes venidos desde lejanas tierras, mientras crece y se expande la catástrofe que apenas muestra sus dientes en Venezuela.
Solo se entiende de tal modo lo incómoda que le resulta a la cleptocracia venezolana y a quienes la endosan desde el exterior la figura de María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz. Y al mencionarla no cedo a la baja manipulación de quienes, para beneficio de la cleptocracia, alegan lo imperdonable de usar a la tragedia para propósitos políticos; sobre todo, por cuanto al cabo lo que buscan es eludir o encubrir las responsabilidades políticas y penales de quienes, por acción y por omisión, agravaron y han hecho más destructivos los efectos devastadores del doble terremoto.
No media en esto una cuestión de poder por el poder, antes bien, queda al desnudo la oposición irresoluble, de imposible sincretismo, entre quienes abogan por la defensa de la moral y las leyes de humanidad, consustanciados con la “institución invisible” de la confianza entre quienes sufren, y los practicantes de la cleptocracia. He allí, justamente, la élite política, académica y empresarial, los zapateros empeñados en normalizar la venalidad y encontrar, usando del terremoto duplicado, una vía expedita para la purificación de sus complicidades y colusiones. Es como si quisiesen, demonizando a la nobel de la paz, vertebradora del sosiego colectivo, forjar un derecho al olvido o la desindexación de quienes, apalancados con los dineros de la cleptocracia o gozando de sus licencias, levantaron edificios de utilería en el litoral marítimo que, al caer, se engulleron a millares de inocentes.
Enhorabuena, la fatalidad está mostrando en paralelo el rostro auténtico de la nación que somos, la real y no trucada, que es digna, empática, amigable, y que resoluta se empina por sobre el mal absoluto del abuso oficial y de la indolencia, y cubre la ausencia imperdonable de los ciudadanos de uniforme; esos “Carujos” que desafiaron la civilidad del rector Vargas en 1835 y que ahora ocupan el territorio lacerado de la patria en calidad de expoliadores. No la aprecian como tal y la han violado a mansalva. Hacen parte de esa pequeña legión de malos hijos, unos 2000 generales, tal como los describía desde su circunstancia de exiliado el poeta Andrés Eloy: “A Venezuela el hijo bueno se le muere afuera, y el hijo malo se le eterniza adentro”.
Sobre la emergencia decretada por la cleptocracia, ella no sorprende. Ha ordenado “ejecutar, o hacer ejecutar las requisiciones de bienes” indispensables para la población afectada. Antes que proveer al levantamiento de los escombros que urgía para salvar al mayor número de vidas, los comisarios del interinato se han creado otra ocasión para proseguir en su constante confiscatoria, sin solución de continuidad. Antes que producir el desalojo de las instalaciones militares cuya inutilidad es evidente y que resultan suficientes para paliar a los damnificados y atender a los heridos, optan por la ocupación mediante la fuerza de los terrenos y establecimiento privados, los muy pocos que restan sobre la geografía.
A propósito del gobierno de los ladrones, que en esencia y por naturaleza es depredador, el economista francés Philippe Naszályi (¿L’incompétence est-elle seulement de fruit de l’idéologie? Kakistocratie, cleptocratie et cacocratie, 2019) recuerda con cierta hilaridad lo que apropiadamente es y se ha de llamar «cleptocracia», a saber, donde el amiguismo de formación y la intercambiabilidad de las carreras hacen que, al gobernar los unos, se favorezca, mediante el robo de los fondos públicos a las empresas de los otros, todos amigos de promoción que han ido a «colocar sus posaderas» y que se mostrarán receptivos durante los cambios de poder” o cuando se vea amenazado.
¿Acaso le importara esto a la Casa Blanca?, es mi pregunta.
Luego de una larga espera de cinco días a las puertas del Consulado de Venezuela en Cúcuta, los enviados especiales de Canal 13 de Chile, el periodista Alejandro Rivera y el camarógrafo Javier Rocha, rompieron el silencio. La negativa consular de otorgarles la visa para ingresar al país generó la respuesta de este equipo.
“Tuvimos la posibilidad de dialogar directamente con el cónsul Javier Zambrano acá en Cúcuta, quien sale a atender a la gente para ver cada caso. En un primer momento, cuando nosotros le dijimos que necesitábamos visa, nos había dejado entrar. Pero, después, se dio cuenta que éramos periodistas y, de inmediato, nos hizo salir. Nos dijo que no podía autorizar el ingreso de periodistas. Que teníamos que hacerlo a través de una página web que está disponible”, denunció el periodista Alejandro Rivera.
Lo más sorprendente, – dijo el periodista -, es que el consulado venezolano afirme no tener competencia para autorizar el ingreso de periodistas extranjeros a su país, derivando el caso a un trámite digital centralizado en el Ministerio del Interior en Caracas, a través de la pagina web: https://mippci.gob.ve/visa/
“Pudimos hacer la gestión, legalmente como nos exigieron. Nos ayudaron e iniciamos ese trámite que, teóricamente, era rápido con una aprobación directa de Caracas. Pero hasta ahora no ha sido posible tener la visa. Hoy regresamos, a ver si podíamos tener otro tipo de respuesta, y el cónsul nos insistió con lo mismo”, reiteró Rivera.
El bloqueo fue absoluto. Se les negó incluso la opción de ingresar como turistas (sin equipos de transmisión) para regularizar su situación en la capital venezolana. Todo ello ha llevado al equipo de comunicadores a evaluar el retorno a su país.
La denuncia del comunicador social revela un veto migratorio que no es exclusivo contra la prensa, sino que afecta directamente a profesionales tanto de salud como de rescate de las víctimas de la catástrofe.
“Tenemos claro que no somos los únicos que tienen el problema. Hemos sabido de bomberos chilenos y de periodistas canadienses. Ahora estamos viendo a Médicos Sin Fronteras, que quedaron acá afuera también sin la posibilidad de hacer la gestión. En mi opinión los más preocupantes son los rescatistas y los médicos”, reiteró el comunicador.
Controlar las narrativas
Al consultarle al periodista chileno sobre las restricciones impuestas en las últimas horas por el gobierno venezolano que incluyen la prohibición de permanencia de medios extranjeros por 48 horas en las zonas de desastre, estos catalogaron las acciones como una muestra de temor ante la pérdida del control en las narrativas.
Desde el primer día de la emergencia, las restricciones al trabajo de la prensa internacional han sido evidentes y la tensa relación del Gobierno venezolano con los medios ajenos a sus intereses o a la narrativa oficial parece intensificarse ante la llegada de periodistas de todo el mundo. Este flujo, según Rivera, parece ser percibido como una amenaza al control absoluto del relato gubernamental.
“No es lo mismo mantener una hegemonía comunicacional interna que enfrentar el escrutinio de corresponsales extranjeros que relatan los hechos desde sus propios ojos”, afirmó.
Rivera también cuestionó lo que ya otros colegas corresponsales vienen denunciando desde Caracas: la imposición de traslados controlados en autobuses oficiales, una medida que ha generado profunda molestia en los reporteros en el terreno, quienes la interpretan como una vulneración a la libertad de prensa.
“Esta opacidad informativa no solo limita el ejercicio periodístico, sino que afecta el derecho de los ciudadanos dentro del país, asi como el de la diáspora – en Sudamérica y el mundo – a conocer la realidad, sin el filtro estatal. De hecho, las fuertes críticas sobre el manejo de las cifras oficiales y la cobertura de los daños alimentan la sospecha de que la versión gubernamental no refleja la verdadera magnitud de lo que ocurre en la zona de la catástrofe”, sospecha el corresponsal chileno.
Trato inhumano en la frontera
La situación saca a la luz, también, la desconsiderada atención que ofrece el consulado venezolano al usuario de este servicio en una ciudad de clima extremo como Cúcuta.
A la intemperie, decenas de personas deben esperar en plena vía pública. La mayoría, tras horas de desgaste, optan por sentarse en las aceras aledañas a las oficinas de la representación diplomática venezolana en la frontera, bajo temperaturas que superan los 30°C.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El impacto del terremoto del 24 de junio ha comenzado a trazar rutas forzadas de migración interna.
Así, un grupo de 70 personas afectadas por el sismo en la capital y el litoral central llegaron al estado Apure tras activarse un corredor de traslado terrestre coordinado entre el ejecutivo regional y las comunidades locales
¿El objetivo? Reubicar a los sobrevivientes bajo el amparo de redes familiares directas.
Además, esta reubicación espera descongestionar los colapsados refugios de la capital, mientras acelera la reinserción de las víctimas en entornos con sus parientes en el interior del país.
“Perdimos a seres queridos y nuestras casas se desplomaron. Logramos coordinar el apoyo a través de las plataformas digitales oficiales en medio de la emergencia. Llegar aquí nos da la oportunidad de empezar de cero en un entorno seguro”, relató Naira Barrios, una de las sobrevivientes trasladadas.
Barrios puntualizó que, quienes sufrieron la pérdida de viviendas y parientes debido al colapso estructural en la región capital, fueron concentrados inicialmente en Plaza Venezuela. Desde este punto partieron las unidades de transporte dispuestas para su movilización hacia el llano venezolano.
La patria chica
A su arribo a la entidad llanera, al grupo se le practicó una evaluación médica integral y se les suministraron tratamientos farmacológicos, vestimenta y asistencia alimentaria básica, antes de proceder con la distribución hacia los hogares de sus allegados.
Tal revisión y diagnóstico fue realizada en la sede del Sistema Integrado de Atención Tecnológica y Emergencias de Apure (SIATEA).
En las instalaciones de SIATEA, el gobernador Wilmer Rodríguez detalló que el esfuerzo logístico centralizado busca aliviar de manera inmediata la severa saturación que registran los refugios provisionales en la Gran Caracas.
“De acuerdo con especialistas en gestión de crisis, la integración de los damnificados en núcleos familiares estables del interior no solo agiliza el soporte material, sino que mitiga el impacto psicológico derivado del desastre al sacarlos del entorno de la catástrofe”, resaltó el mandatario regional.
No obstante, las autoridades locales destacaron que mantendrán el monitoreo de las familias receptoras para evaluar la sostenibilidad del asentamiento de las víctimas a mediano plazo, mientras continúa el diagnóstico de daños en las zonas afectadas de Caracas y La Guaira.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Un contingente integrado por más de 100 médicos venezolanos y rescatistas argentinos partió este viernes 3 de julio desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en Buenos Aires, rumbo a Venezuela para apoyar las labores de rescate y la atención a los afectados por los terremotos del 24 de junio.
La misión humanitaria fue organizada por la ONG Solidaire y es comandada por el piloto y fundador de la organización, Enrique Piñeyro.
Refuerzo para la atención médica y el rescate
La delegación está integrada por médicos venezolanos especializados en áreas clave para la respuesta a emergencias, entre los que figuran intensivistas, emergentólogos, traumatólogos, médicos generales, cirujanos generales, pediatras, internistas y un neuropsiquiatra.
El objetivo del equipo es fortalecer la capacidad de atención en hospitales y centros asistenciales que continúan atendiendo a miles de personas heridas, además de brindar apoyo a las comunidades afectadas.
Junto al personal sanitario viajan rescatistas del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA) y del Grupo Fénix Unit Rescue, una brigada internacional con sede en Luján de Cuyo, provincia de Mendoza, especializada en operaciones de búsqueda y rescate.
La aeronave también transporta cuatro toneladas de insumos humanitarios donados por la Cruz Roja Argentina para contribuir a la atención de la emergencia.
Una respuesta internacional en crecimiento
La presidenta de la Asociación de Médicos Venezolanos en Argentina (Asomevenar), Indira Acosta, destacó el compromiso de los profesionales que integran la misión:
“Aunque estamos lejos de nuestro país, hemos querido poner nuestras manos al servicio de nuestro pueblo. Por eso hacemos este gran esfuerzo con esta misión humanitaria, para ayudar a seguir salvando vidas y sanar a tantas personas que han resultado heridas en la tragedia”
El vuelo es comandado por Enrique Piñeyro, quien desde hace años pone a disposición el Boeing 787 de la Fundación Solidaire para operaciones de ayuda internacional. Entre las misiones que ha encabezado figuran evacuaciones de refugiados en el Mediterráneo, vuelos humanitarios durante la pandemia, corredores aéreos para familias ucranianas y el traslado de donaciones en distintas emergencias.
La llegada de esta misión se suma al despliegue internacional de ayuda que ya ha movilizado a más de 4000 brigadistas extranjeros y más de 150 perros de búsqueda en Venezuela, mientras continúan las labores de rescate, asistencia médica y distribución de ayuda humanitaria en las zonas más afectadas.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El 24 de junio de 2026, dos terremotos sacudieron la zona norte de Venezuela con un impacto que dejó al descubierto décadas de fragilidad institucional. Las imágenes de comunidades devastadas, de infraestructuras que colapsaron, de una respuesta estatal desarticulada e ineficiente, circularon por el mundo. Venezuela volvía a ocupar titulares internacionales, esta vez no por represión ni por elecciones fraudulentas, sino por una catástrofe natural. Y sin embargo, quienes conocen el país saben que el desastre no comenzó con el sismo, y precisamente se llegó a ese momento con una crisis institucional abierta e irresuelta.
Desde el 3 de enero de 2026, Nicolás Maduro se encuentra fuera del territorio nacional, incapaz de ejercer las funciones presidenciales. La Constitución previó exactamente este escenario: 180 días continuos para que la Asamblea Nacional declare la falta absoluta. Ese plazo vence hoy, 2 de julio de 2026. Expertos comentan y analizan esta situación.
Ideas por la Democracia, una organización ciudadana que trabaja en la reflexión, la incidencia y acción por la democracia, es categórica al respecto: el evento natural no es el desastre en sí mismo. Es la devastación institucional y la gestión gubernamental acumulada lo que sentó las bases para el nivel de afectación que hoy enfrenta la ciudadanía. En su análisis, identifican causas de larga data: el vaciamiento de las capacidades subnacionales y locales, la centralización extrema del poder público, y la violación sostenida de los derechos humanos como política de Estado. El desastre, en otras palabras, tiene nombre y tiene historia.
Asimismo, el Bloque Constitucional de Venezuela, iniciativa de expertos legales que trabaja por el rescate de la Constitución en Venezuela, coincide en el diagnóstico: no cumplir con la Constitución es lo que nos trajo hasta aquí. Y agrega una dimensión igualmente urgente: la reconstrucción nacional que ahora se impone va a requerir de autoridades legítimas, revestidas de auctoritas, capaces de convocar al país, de consensuar medidas extraordinarias, de imponer la ley y el orden. Autoridades que, hoy por hoy, no existen.
La emergencia no suspende la Constitución
Ante la catástrofe, las autoridades interinas decretaron un estado de excepción. La Constitución de 1999 prevé exactamente este tipo de mecanismo para situaciones extraordinarias. Pero la vigencia de la Constitución no se suspende con la emergencia: es precisamente en los momentos de crisis cuando el marco constitucional cobra mayor importancia, porque es él quien establece las reglas de juego tanto para circunstancias ordinarias como para las excepcionales.
El problema, como apunta el Bloque Constitucional, es que el estado de excepción fue decretado por una autoridad cuya legitimidad ya era profundamente cuestionable antes de los terremotos, y que a partir del 3 de julio de 2026 se volvería, en términos constitucionales, absolutamente ilegítima. La Constitución no pierde su vigencia ante la emergencia: sigue siendo el marco rector ante situaciones ordinarias y ante situaciones excepcionales o extraordinarias como los desastres naturales.
El 3 de julio: una fecha que no puede ignorarse
El artículo 234 de la Constitución venezolana es claro: transcurridos 180 días continuos de ausencia del presidente del territorio nacional, la Asamblea Nacional tiene el deber de declarar su falta absoluta. Ese plazo vence hoy. El Bloque Constitucional advierte que no declarar esa falta implicaría un abandono de funciones por parte de la Asamblea Nacional, abriendo la puerta a un vacío de poder del que puede derivar una usurpación de autoridad si el interinato continúa ejerciendo la presidencia más allá de esta fecha.
Desde el 3 de enero, quien ejerce la presidencia lo hace bajo una figura de interinato provisional con fecha de vencimiento. Ideas por la Democracia lo dice sin rodeos: esa autoridad no tiene legitimidad de origen ni de desempeño para continuar en el cargo. Y va más lejos al señalar que la legitimidad para ejercer la presidencia solo puede otorgarla el soberano —los ciudadanos— a través de elecciones libres. Esa legitimidad, afirma, no puede ser conferida por ninguna otra instancia, actores extranjeros o circunstancias de orden natural que impactan gravemente el contexto del país.
La emergencia como pretexto: un riesgo real
La coincidencia entre el vencimiento del plazo constitucional y el estado de excepción por los terremotos no es casual en su aprovechamiento político, aunque sí lo sea en su origen. Tanto Ideas por la Democracia como el Bloque Constitucional son enfáticos: no existe ninguna relación jurídica entre ambos hechos. La Constitución no contempla ninguna figura que permita la prórroga del mandato de ninguna autoridad titular o subrogante bajo un estado de excepción. La emergencia por catástrofe natural no modifica, suspende ni reemplaza las obligaciones constitucionales en materia de Órganos del Poder Público y los derechos políticos de las personas.
El riesgo, sin embargo, es que la urgencia humanitaria sirva de pantalla para evadir esa obligación constitucional. Estamos ante un vacío de poder, señalan desde Ideas por la Democracial, cuya única salida legítima es la convocatoria a elecciones presidenciales. Quien sostenga lo contrario no está interpretando la Constitución: la está violando.
Sin legitimidad ni capacidad: el argumento más contundente
Hay una paradoja que los terremotos han vuelto imposible de ignorar: quienes gobiernan no solo carecen de legitimidad constitucional, sino que han demostrado carecer de la capacidad operativa para responder a la emergencia. El Bloque Constitucional e Ideas por la Democracia convergen en este punto: la destrucción revelada por los sismos no es solo material. Es el resultado acumulado del desmantelamiento institucional: la pérdida de autonomía de los poderes públicos, el vaciamiento de las entidades subnacionales, la ausencia de sistemas de respuesta funcionales.
Esta doble carencia —de legitimidad y de capacidad— refuerza, antes que debilita, el argumento constitucional. La reconstrucción de Venezuela no puede avanzar sobre una base de ilegitimidad. Va a requerir autoridades con respaldo ciudadano real, capaces de convocar al país y consensuar las
medidas extraordinarias que la situación demanda. Esa autoridad solo puede surgir de un proceso electoral legítimo.
Dos caminos, un momento decisivo
Venezuela enfrenta hoy una encrucijada histórica. Si se respeta simultáneamente el manejo constitucional de la emergencia y la obligación de convocar elecciones presidenciales, el país podría iniciar —en palabras del Bloque Constitucional— una fase de restauración institucional y normativa. Si, por el contrario, se incumple esa doble obligación, Venezuela entraría en una fase de consolidación del autoritarismo, cuya impronta será su ilegitimidad de origen y de ejercicio, avalada por gobiernos extranjeros que le sirven de tutela.
No cumplir con la Constitución es, precisamente, lo que nos trajo hasta aquí. El desmantelamiento del Estado de derecho, la violación sistemática de los derechos humanos, el desconocimiento de la voluntad popular expresada en las elecciones de julio de 2024: todo eso forma parte de la misma cadena que hoy tiene a Venezuela sin capacidad de responder a sus propios desastres.
Sostener el hilo constitucional no es una exigencia formal ni un capricho jurídico. Es la única vía que permite, al mismo tiempo, enfrentar la emergencia con autoridades legítimas y evitar que la catástrofe natural se convierta en la coartada definitiva para consolidar un poder que nunca tuvo el respaldo del pueblo venezolano.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
