Ante el fuerte impacto de los recientes sismos en Morón, estado Carabobo, la Defensoría del Pueblo activó una alianza con el Colegio de Psicólogos del estado para brindar asistencia psicológica urgente y especializada a 147 niños, niñas y adolescentes.
El equipo de expertos busca contener los síntomas de estrés postraumático, ansiedad y miedo generalizado que suelen afrontar las personas tras una tragedia de este tipo. La evaluación inicial indicó que los niños atendidos requieren de un acompañamiento continuo y personalizado de acuerdo con la gravedad del cuadro emocional que presentó cada uno.
Asistencia psicológica
La Defensoría del Pueblo de Carabobo realizó una caracterización y un diagnóstico completo de 89 comunidades distintas, agrupadas en ocho comunas del municipio Juan José Mora. La intención fue evaluar las condiciones estructurales de las viviendas, el estado de los servicios públicos básicos tras los sismos y ubicar y registrar de manera prioritaria a toda la población infantil de estos sectores afectados.
Las jornadas contaron con el trabajo de 16 psicólogos que atendieron a 79 niñas y 68 niños con edades comprendidas entre los 0 y 17 años.
La Defensoría explica que este nuevo censo integral en las comunidades no solo servirá para el sector de la salud mental, sino que también será clave para otras instituciones encargadas del bienestar social como el IDENNA, el Sistema de Protección Estadal, la Fundación Niño Simón, la Defensa Pública, el Circuito Judicial y las alcaldías de la zona que están interesados en resguardar y proteger a estos jóvenes damnificados.
Protección a las víctimas
El equipo defensorial del estado Carabobo también constató las consecuencias de colapso de la Línea de Transmisión Eléctrica de 115 KV, una falla que afectó el servicio del sector costero de Puerto Cabello y los municipios Juan José Mora y Carlos Arvelo y que preocupó a los habitantes de la zona debido a los cortes de luz en medio de esta contingencia.
Los funcionarios se desplegaron por los centros de salud de la zona y en los lugares de rescate para censar y priorizar la vigilancia de niños, niñas y adolescentes que se encontraban solos, en compañía de sus padres o representantes legales.
Este monitoreo se amplió para incluir a los adultos mayores y mantener estos recorridos por las comunidades afectadas con la idea de garantizar y promover los derechos fundamentales de la población venezolana.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La ayuda internacional sigue llegando a las zonas más afectadas del país por los recientes terremotos del pasado 24 de junio. Es así que, el ministro de Salud Pública de la República Dominicana, Víctor Atallah, arribó al estado La Guaira para verificar el funcionamiento e instalación de la ayuda humanitaria enviada por la nación, la cual incluye un hospital de campaña para responder a contingencias de gran magnitud.
La supervisión de la autoridad dominicana comenzó en las instalaciones del Centro de Información y Coordinación de las Organizaciones Panamericana y Mundial de la Salud. En este espacio las delegaciones médicas internacionales enfocan el monitoreo de la contingencia en tiempo real, administran el inventario de insumos, asignan las zonas de operación para los Equipos Médicos de Emergencia y planifican las decisiones logísticas necesarias para dar ayuda médica prioritaria a los sectores de mayor vulnerabilidad.
Ayuda humanitaria
El centro operativo de la delegación dominicana quedó establecido en el Estadio César Nieves de La Guaira. Dentro del complejo deportivo se terminaron las labores de ensamblaje del Equipo Médico de Emergencias Tipo 1, una unidad móvil con un equipo de 40 profesionales de la salud y personal técnico multidisciplinario.
El equipo que fue desplegado abarca especialistas en medicina general, emergenciólogos, familiares, pediatras, ginecólogos, personal de enfermería, farmacéuticos y psicólogos. De esta misma forma, la delegación incluye ingenieros especializados en agua, saneamiento e higiene, técnicos de soporte biomédico y expertos en el área de logística pesada, sistemas de telecomunicaciones y coordinación en zonas de desastre.
Este hospital móvil garantiza la atención médica de al menos 100 personas por día y está dotado del equipamiento necesario para realizar estabilizaciones de pacientes críticos, intervenciones quirúrgicas menores, consultas de control materno-infantil, apoyo psicológico y protocolos específicos ante incidentes que involucren sustancias peligrosas, operando con las directrices de la Organización Mundial de la Salud.
Coordinación sanitaria
Durante su recorrido de inspección por las carpas médicas y las áreas de clasificación de pacientes, el ministro dominicano conversó con el ministro de Salud de Venezuela, Carlos Alvarado, para evaluar las actividades de ambos países y revisar cómo mejorar el flujo de la ayuda humanitaria para que llegue lo antes posible a las comunidades más afectadas por los terremotos.
“Agradecemos profundamente a la República Dominicana, un país con el que compartimos cultura, merengue; somos dos países hermanos. Su solidaridad representa esperanza para nuestro pueblo en este momento tan difícil”, expresó Alvarado.
Antes de partir, Atallah aseguró que su país mantendrá el compromiso de ayudar al pueblo venezolano y destacó que esta misión es una muestra de solidaridad y la capacidad de respuesta de los dominicanos ante emergencias internacionales.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Ante el llamado de regreso a clases en aquellos estados e instituciones no afectadas por los sismos este 6 de julio, Cecodap reiteró que no se trata solo de reactivar el calendario escolar sino de garantizar condiciones de seguridad, protección y bienestar para todas las niñas, niños y adolescentes del país.
La organización recordó que transcurren las últimas semanas del año escolar 2025-2026, y que la principal misión de las escuelas no es solo culminar contenidos académicos o completar procesos administrativos. “Hoy la escuela es más necesaria que nunca porque constituye un espacio de protección, estabilidad, encuentro y esperanza para niños, niñas, adolescentes, docentes y familias”.
A través de un comunicado, reflexionaron sobre cómo tras los terremotos del 24 de junio no todos los hogares ni todo el estudiantado está en condiciones de continuar el año académico.
Sin embargo, señalaron que “para quienes tienen la posibilidad de volver al aula, esto significa recuperar rutinas, reencontrarse con compañeros y docentes, expresar emociones, reconstruir vínculos comunitarios e identificar oportunamente a quienes requieren apoyos especializados”.
Cecodap insistió en que el reinicio de las actividades educativas debe realizarse únicamente cuando existan condiciones que garanticen la seguridad de toda la comunidad educativa. También plantearon que el bienestar socioemocional debe ser prioridad y las decisiones relacionadas con evaluaciones, actividades pedagógicas, promoción y cierre del año escolar deben considerar las distintas realidades, para evitar que la emergencia genere nuevas situaciones de exclusión o rezago educativo.
Destacaron que la emergencia ha impactado los presupuestos de muchas familias y que desde los colegios privados resulta necesario construir acuerdos equilibrados, cronogramas flexibles y modalidades de pago que no representen una carga adicional para quienes han sido afectados por el desastre.
Una grúa telescópica identificada como propiedad de la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios del gobierno venezolano se mantiene inmóvil en las adyacencias del balneario Bahía de los niños, en Caraballeda, mientras los vecinos de las zonas adyacentes intentan sacar con sus manos los cadáveres que yacen bajos los escombros de los edificios que se derrumbaron tras el doblete sísmico del pasado 24 de junio.
La maquinaria se estaciona justo detrás del edificio Arichuna y, de acuerdo a los residentes de la zona, “nada más la utilizan para buscar algo de un pesado del gobierno” en dos edificios cercanos.
“Se ha pedido la ayuda y ellos no quieren prestarla, pero la usan solamente para buscar en ese lugar en donde estaba un ‘enchufado'”, asegura un vecino de Caraballeda. Cada vez que los habitantes acuden al operador de la grúa para pedirle que remueva escombros en sus predios, el empleado contesta que solo “cumple órdenes” de sus jefes.
De acuerdo con fuentes vivas consultadas y páginas web familiarizadas con el tema, una grúa telescópica puede levantar decenas de toneladas de material, incluyendo vigas, losas de hormigón, estructuras metálicas o grandes escombros. Se trata de una máquina dotada de un brazo hidráulico extensible que usa un sistema de poleas y cables de acero para elevar los residuos y depositarlos en camiones.
El jueves 2 de julio, una publicación en Instagram del Ministerio de Obras Públicas, compartida por la misma Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios, informó que la cartera mantenía “un intenso despliegue de maquinaria pesada en el estado La Guaira” que incluía más de 400 unidades (entre excavadoras, camiones de carga y herramientas de demolición controlada) para avanzar en la remoción de las 1,25 millones de toneladas de escombros”.
En el mismo texto, el vicepresidente sectorial, Juan José Ramírez Luces, aseguró que las cuadrillas trabajaban en Caraballeda para despejar “las vías principales” y apoyar en las labores de búsqueda y salvamento de personas.
La denuncia de los vecinos de Caraballeda no es un hecho nuevo. A través de medios de comunicación nacionales e internacionales, los familiares de las víctimas del terremoto han reclamado que a sus edificios no llegan las maquinarias y que estas se usan para extraer bienes o vehículos de quienes tienen poder en el gobierno.
France 24 publicó el testimonio de una mujer en Caraballeda que reclamaba que la maquinaria que había llegado al edificio Coral Park, cercano al Arichuna, solo trabajaba para sacar un carro de un edificio afectado en lugar de remover escombros para extraer los cadáveres de su familia.
Ese mismo día, el medio venezolano CrónicaUno publicó los testimonios de sobrevivientes que veían con impotencia cómo la maquinaria y los equipos de recate internacionales se dedicaban a rescatar los cadáveres de un capitán y su esposa, pero no los de otros ciudadanos.
“Eso aquí es pura búsqueda VIP, los que tienen y los que mandan antes que los pendejos”, dijo un vecino indignado en Playa Grande.
El 1 de julio, CNN publicó un reportaje en el que relató cómo una excavadora del gobierno permanecía inmóvil, mientras los ciudadanos rebuscaban a sus familiares muestos entre los escombros. Cuando el periodista preguntó al operador de la excavadora por qué estaba parada, este respondió que no tenía combustible. Esto, en el país que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo.
La Presidenta encargada con el aval de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, anunció este sábado 4 de julio la creación de la Gran Misión Vivienda Renace para la reconstrucción de las viviendas impactadas por el doble terremoto. También informó que queda prohibida la exportación de materiales de construcción.
Según una nota de prensa del Ministerio de Comunicaciones, la nueva misión “comprenderá las misiones Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, se suma Juntos Todo es Posible y Venezuela Bella”. También habló de la creación de un fondo equivalente a 200 millones de dólares para el levantamiento de estas viviendas que se llamará “Venezuela Renace”.
Rodríguez afirmó que estableció contactos con la banca pública y privada del país, “para activar la cartera hipotecaria con hasta 80 % de subsidio”. Reiteró la exoneración de las tasas de impuestos relacionadas a registros, alquileres y compras de inmuebles.
De acuerdo con la representante del Ejecutivo la prohibición de exportar materiales de construcción responde a que “la prioridad absoluta del Estado en este momento es el abastecimiento del mercado interno y la atención de las familias venezolanas”.
Aseguró que la Comisión Presidencial se encuentra desplegada en las comunidades afectadas por el doblete sísmico “realizando un censo minucioso y verificando vivienda por vivienda las condiciones reales de habitabilidad”.
De acuerdo con el último balance oficial del sábado 4 de julio, desde el 24 de junio se produjeron 942 réplicas, que dejaron 856 edificios afectados y 190 que colapsaron por completo. Al menos 16.309 personas quedaron damnificadas y muchas permanecen en los 80 refugios activados en los estados más afectados por los sismos: Aragua, Distrito Capital, Falcón, Miranda, Carabobo y La Guaira.
Los lugares comunes cunden en el lenguaje local; especialmente las ideas que, en sentido positivo o negativo, aparecen invariablemente en las conversaciones y redes sociales sobre el carácter del venezolano.
Aunque lo que más ha resaltado en medio de la tragedia en que nos sumimos desde el 24 de junio ha sido la parte oscura, que se ha manifestado particularmente en acciones de algunos individuos y de integrantes de las fuerzas del orden y de seguridad (policías y FANB), las plataformas digitales también han registrado y difundido muestras de la parte luminosa del modo de ser del venezolano.
Lo han destacado algunos socorristas que vinieron del exterior a apoyar en las tareas de salvamento, rescate y atención de las víctimas. Delegaciones de España, El Salvador, México, Costa Rica, Colombia, República Dominicana y más de una docena de naciones se han topado con una realidad que les ha conmovido. Algunos han contado acerca de la arepa que se comieron o el cafecito que se tomaron, en medio de las labores que realizaban, porque los lugareños les ofrecían comida, bebida y apoyo, aun cuando ellos mismos estaban aturdidos por sus propias pérdidas.
Agradecimiento en medio de las ruinas
Un ejemplo de este espíritu lo vivió el rescatista salvadoreño José Alexander Reyes Portillo el miércoles 1 de julio. Ese día cumplió 49 años y, en plena jornada de trabajo, la comunidad sobreviviente y los voluntarios locales hicieron una pausa para sorprenderlo.
Las imágenes de Reyes Portillo, visiblemente conmovido frente a dos tortas improvisadas mientras le cantaban el cumpleaños en el Polideportivo Rafael Vidal de La Guaira, no tardaron en hacerse virales en las redes.
Un testimonio similar aportó Bruno Sarmiento, el jefe de la Brigada Canina de España. Los especialistas europeos llegaron con toda su logística y raciones listas para ser autosuficientes, pero sus insumos, aseguró, están prácticamente intactos porque la gente en la zona de Caraballeda les suplía con generosidad de todo lo necesario. En las redes sociales lo resumió con asombro:
“Sois buenos, buenos de verdad, de lo poco bueno que hay. Tenéis una solidaridad que os engrandece… Nuestro campamento se va a quedar entero para que cuando nos vayamos lo repartan por aquí”.
Rescatistas costarricenses también se refirieron a la bonhomía del venezolano. Tras el rescate de Hernán Gil en Catia La Mar, el director de la delegación, Wagner Leiva, destacó la entereza y la disposición de los vecinos de la zona para colaborar en las maniobras, a pesar de sus propias pérdidas.
En sintonía con su compatriota, Ricardo Arias dijo que lo más bonito de la gente venezolana es su solidaridad: “Aquí pasa repartiendo café, agua, fresco, arepas… a pesar del sufrimiento, del dolor, de la tristeza, de la calamidad humana, tienen ese amor, esa entrega, esa solidaridad”.
Los mismos venezolanos saludaron la generosidad y colaboración de sus compatriotas en las zonas afectadas y desde todas partes del mundo, como ha quedado registrado en las redes sociales. El ejemplo más vivo se vio en esos mismos motorizados de los que tanto nos quejamos a diario en las colas y el tránsito, y que ante la emergencia se convirtieron en la primera avanzada de socorristas espontáneos que bajó a La Guaira a salvar vidas y llevar ayuda a los afectados.
El motorizado Manuel Calcines resumió lo que ha vivido en un testimonio para El Nacional: “Conocí al verdadero bravo pueblo”.
Al final, la tragedia ha mostrado que, como suele ocurrir en situaciones extremas, algunos salieron a escarbar entre las ruinas para apropiarse de lo ajeno, pero no todos. La mayoría mostró la otra cara, la parte noble del venezolano, ese cimiento civil que no se derrumbó.
Cuando comenzó a temblar Patricia Núñez alcanzó a salir del cuarto para llegar a las escaleras de su casa, pero no lograba mantenerse en pie. “Llegó un momento en el que sentí como un vacío”, recuerda sobre el 24 de junio cuando los dos terremotos seguidos de magnitud 7,2 y 7,5 estremecieron al país.
En ese momento, en su vivienda ubicada en la urbanización Palmar Este de la parroquia Caraballeda, en el estado La Guaira, también se encontraba su suegra Dora Monasterios, de 83 años, y un vecino y amigo, Gerardo Aguilar de 90 años. El esposo y la hija de Patricia habían salido a comprar pan para comer esa tarde-noche.
Como pudo, Patricia abrió un hueco en medio de todo el desastre y el polvo, y logró salir de su vivienda. “Ahí fue cuando vi la magnitud de lo que había pasado”. Cuando el resto de la familia llegó todos gritaban: “¡Dora!”, “¡Señor Aguilar!”. También decían “¡Nikita!”, para llamar a su perrita que tampoco había podido salir.
“La ayuda llegó demasiado tarde”
En esas primeras horas, recorrieron las calles en búsqueda de ayuda. Caminaron hasta Tanaguarenas y ahí vieron cómo los ciudadanos, los familiares eran quienes levantaban los escombros de los edificios. “La ayuda llegó demasiado tarde”, dice Patricia. Piensa que si la respuesta de organismos oficiales hubiese sido más rápida muchas personas más habrían tenido la oportunidad de sobrevivir.
A Nikita, que describe como un miembro más de la familia, la habían dado por muerta. De la quinta que antes era su hogar no salía ningún sonido. Sin embargo, el viernes 26 de junio la perra salió de los escombros, aturdida pero sin un rasguño. Para su dueña esto significa que ella estuvo acompañando a su suegra, quien quizás pudo sobrevivir un tiempo después del derrumbe.
Este viernes 3 de junio Patricia acompañaba a una amiga que viajó desde Brasil en búsqueda de su hija y su expareja que fallecieron en la tragedia. Ella se pregunta cuánto tiempo más tendrá que pasar para que puedan rescatar los cuerpos de su suegra y de su vecino de debajo de su casa.
“Nos hemos movido por todos los medios, lamentablemente, nosotros no somos personas adineradas. Yo soy una empleada pública, yo soy docente”, dice para explicar que ellos no pueden costear una maquinaria pesada que vaya a remover los escombros para recuperar los cuerpos.
Durante la conversación, narra que días atrás junto a una amiga se encontraron a un grupo de rescatistas del estado Trujillo y que querían ayudar, pero a quienes los funcionarios de seguridad no dejaban acceder a la parroquia Caraballeda. “¿Por qué no les permitieron el paso?”, cuestiona.
La educadora confiesa que ella y su familia se sienten a la deriva. Su esposo está especialmente afectado. “Él no quiere irse y dejar a su mamá ahí”.
Levantar la infraestructura habitacional dañada en la línea costera de La Guaira, tras los terremotos de magnitud 7.5 y 7.2 que azotaron Venezuela el pasado 24 de junio, costará un mínimo de US$ 2370,6 millones, es decir, entre el 2 % y 3 % del PIB (Producto Interno Bruto) del país. Así lo estima la firma ANOVA Policy Research que publicó este sábado, 4 de julio, un documento (policy brief) que analiza y calcula las pérdidas causadas por el doblete sísmico a través de estimaciones georreferenciadas.
Este costo, dice el reporte, solo incluye la infraestructura residencial y no los daños que se registraron “sobre la infraestructura pública y redes de servicios, ni sobre el stock de infraestructura comercial e industrial. Tampoco incluye las pérdidas por actividad económica”.
“Como es de esperar, el grueso del costo se concentra en las categorías de mayor severidad: las estructuras con daño severo y con daño estructural o colapso acumulan US$ 1591,7 millones, el 67,1 % del total, a pesar de representar poco más de la mitad de las estructuras dañadas”, revela.
El cálculo se hizo a partir “de la base de volúmenes habitacionales dañados“. “La fuente principal de los costos unitarios de construcción es el modelo de inventario residencial para América del Sur de Yepes-Estrada et al. (2017), publicado en Earthquake Spectra (…) Estos se ajustaron por inflación para expresarlos en dólares corrientes. Adicionalmente, se aplicó un factor de hasta 30 % sobre el costo de reposición de la superficie residencial para contabilizar el costo de pasillos de circulación, halls de entrada, áreas comunes y sociales, piscinas, ascensores y estacionamientos, elementos característicos de la tipología multifamiliar de la zona”, señala el informe.
Factores de vulnerabilidad
La investigación —que contó con la colaboración del Microsoft AI for Good Research Lab y combinó la evaluación de daños con inteligencia artificial sobre imágenes satelitales de Microsoft y el modelo demográfico-poblacional de ANOVA— apuntó que la destrucción se concentró de manera desproporcionada en la franja costera del estado La Guaira debido a factores que influyeron en su vulnerabilidad.
Entre estos elementos que contribuyeron al desastre “están la antigüedad del stock edificado y las deficiencias históricas en la aplicación y fiscalización de la norma sismorresistente venezolana”.
Además, el informe apunta que hay “tipologías estructurales conocidas por su alta vulnerabilidad sísmica”, como edificios de planta baja libre o pisos blandos, “cuyo comportamiento dinámico tiende al colapso por falta de rigidez basal”, lo cual se pudo agravar porque el colapso económico del país ha evitado el mantenimiento preventivo y correctivo de estas edificaciones.
El otro elemento que apunta el estudio es que el riesgo se consolidó con los “suelos blandos presentes en el litoral y la ocurrencia de efectos de licuación sísmica microzonificados”.
“La evidencia comparada muestra que, ante eventos de magnitud similar, la mortalidad y las pérdidas materiales dependen críticamente del nivel de ingreso, de la calidad institucional, de la vigencia efectiva de las normas de construcción sismorresistente y de la capacidad de respuesta del Estado. Si bien los países pobres o institucionalmente debilitados no sufren más terremotos que los países ricos, sí sufren peores consecuencias de estos“, se lee en la introducción del estudio.
Los damnificados y las zonas más afectadas
El estudio indica que 73 524 personas residían en estructuras habitacionales que durante los temblores sufrieron algún nivel de daño observable. Entre estos, hay 37 611 personas cuyas viviendas quedaron con daño severo, estructural o colapsaron. Este es “el segmento de la población que con mayor probabilidad requerirá soluciones habitacionales transitorias o permanentes”, es decir, los damnificados.
Otro hallazgo de la investigación es que la distribución territorial de la afectación es muy heterogénea. En la parroquia Catia la Mar, la más poblada de la franja costera, se concentra la mitad de la población afectada: 37 115 personas (30,6 % de los habitantes de la zona) residían en estructuras que hoy presentan algún nivel de daño.
🔴 #ENVIVO | Habitantes del urbanismo Hugo Chávez, en Catia La Mar, relatan la angustia que viven tras los terremotos, aunque destacan la solidaridad entre vecinos en medio de la emergencia.
🗣️“Estamos unidos entre todos, hay una unión bonita y estamos solventando el problema,… pic.twitter.com/NBdxhNkzK0
En Caraballeda, en el extremo oriental de la cinta costera, el perfil de daño es más severo: allí residían 4415 personas (41 % del total de esa zona) en estructuras que hoy están colapsadas o con daño estructural, un resultado consistente con el colapso de varios edificios residenciales de gran altura reportado en los sectores de Los Corales y zonas aledañas.
En el otro extremo, parroquias como Maiquetía (2,9 % de población afectada) y La Guaira (4,8 %) muestran incidencias comparativamente bajas.
El análisis también se extiende hacia las edificaciones. “De un total de 38 798 estructuras habitacionales identificadas en la franja costera, 4958 (12,8 %) presentan algún nivel de daño observable“, apunta.
También indica que, entre estas, hay 1948 estructuras con daño severo y 706 con daño estructural o colapso, para un total de 2654 estructuras (6,8 % del stock total). “Nuevamente, la concentración territorial es notable: Catia la Mar acumula 3449 de las 4958 estructuras dañadas, cerca de 7 de cada 10, incluidas 528 de las 706 estructuras colapsadas o con daño estructural”.
Planificación, financiamiento y nueva oportunidad
El estudio recomienda que la política habitacional posdesastre se planifique para un universo de alrededor de 37 600 personas residentes en estructuras con daño severo, estructural o colapso, junto al de 35 900 personas que viven en estructuras con daño leve, moderado o intermedio. “Dimensionar este universo permite establecer la escala óptima que debe tener la operación de refugios temporales”, añade.
También destaca que la concentración del daño en Catia la Mar (7 de cada 10 estructuras dañadas) y la severidad del daño en Caraballeda “exigen respuestas territorialmente diferenciadas“. Por eso, la reconstrucción debe tomar en cuenta “la heterogeneidad de tipologías y de escalas de daño entre parroquias”.
“Con un espacio fiscal inexistente y sin acceso a mercados de capital, la movilización de financiamiento multilateral será condición necesaria para la reconstrucción. Hacen falta más estimaciones transparentes y verificables en el terreno como un requisito necesario para una estrategia de financiamiento internacional”, reseñó Omar Zambrano, director de ANOVA, en la red X.
Por último, el análisis afirma que la reconstrucción de la línea costera de La Guaira es una oportunidad para reconstruir mejor: “actualizar y hacer cumplir la norma sísmica, auditar estructuralmente el stock sobreviviente” y hacer un censo público de edificaciones y daños con el que se pueda calcular el riesgo futuro.
