El doblete sísmico que sacudió al país el pasado mes de junio dejó al descubierto mucho más que el movimiento de las placas tectónicas en la región centro-norte de Venezuela. Al colapso temporal de subestaciones y la interrupción del servicio eléctrico en la Gran Caracas y La Guaira, le siguió la narrativa oficial de la contingencia y la respuesta rápida. Sin embargo, para los habitantes del Zulia, de los Andes, del centro del país o de los llanos occidentales, la penumbra no comenzó con el doblete sísmico.  

Mientras Caracas experimenta el susto del apagón postsismo, en las otras regiones del país se continúa viviendo bajo el esquema de la “administración de carga”, un eufemismo para un racionamiento crónico que no responde a catástrofes naturales, sino a un severo y prolongado déficit de generación eléctrica, causado por años de desinversión y corrupción. 

Guri no puede solo  

Al verdadero diagnóstico del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) se llega midiendo en megavatios (MW) y no en intensidad de sismos. Aunque la capacidad instalada teórica del país supera los 30 000 MW, los cálculos de firmas especializadas del sector privado y de ingenieros independientes señalan que la generación real apenas oscila entre los 12 000 MW y los 13 000 MW.   

Con una demanda nacional que, a pesar de la contracción económica, supera con creces esa oferta durante las horas pico, la brecha se traduce en cortes diarios e impredecibles en las regiones. Estimaciones de consultores privados, que llevan el pulso de la generación y de la demanda eléctrica, ubican el racionamiento diario en alrededor de 2000 a 2500 MW. “No hay forma de tapar ese hueco si no es con racionamiento”, dijo una fuente del sector que prefiere declarar bajo condición de anonimato.  

Con cifras oficiales en la mano, otro especialista asegura que “en marzo la generación promedió 12 456 MW y la demanda fue de 14 577 MW. ¿Cómo se cubrió esa brecha? Pues, quitándole la luz por 5 u 8 horas a varias regiones del país, en horarios escalonados”.  

El núcleo de la crisis radica en la parálisis casi total del parque termoeléctrico del país. Centrales clave, como Planta Centro y Termozulia, operan a una fracción mínima de su capacidad por falta de mantenimiento, repuestos y combustible adecuado (gas y gasoil). Esto obliga a depender en más de un 75 % de la generación hidroeléctrica del Bajo Caroní. El Guri, simplemente, no puede sostener la demanda de todo el territorio nacional si no cuenta con el respaldo térmico en las regiones.  

El ingeniero electricista Arturo Arenas presentó en marzo un diagnóstico preliminar sobre el estado del sistema eléctrico, basado en evaluaciones hechas por firmas multinacionales como Siemens Energy y General Electric, que ubica entre 15 000 y 40 000 millones de dólares la inversión necesaria para recuperarlo.   

En entrevista en Unión Radio explicó que para tener un SEN confiable se requieren entre 5 y 15 años de ejecución de trabajos de recuperación.  

La colosal factura de recuperación plantea una pregunta que el Ejecutivo esquiva: ¿de dónde saldrá el dinero? Con el país en default crónico y sin acceso al crédito multilateral, el financiamiento propio es una utopía. Hasta la fecha, no existe un solo contrato firme, con fondos asignados y licitaciones transparentes, para iniciar estas obras. Lo que se presenta como “alianzas” no pasa de ser, por ahora, un portafolio de intenciones sin chequera que lo respalde.

Culpa de las sanciones criminales  

La respuesta desde el Ejecutivo ha mantenido su habitual línea de defensa, aunque con matices de urgencia económica. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha insistido de forma reiterada en que el SEN ha sido uno de los blancos principales de las “sanciones criminales”. Argumenta que las restricciones financieras impiden la adquisición de repuestos originales para las turbinas.  

 A esta narrativa se suman las justificaciones de Corpoelec, bajo la dirección de José Luis Betancourt, que atribuyen la inestabilidad de las líneas de transmisión a los picos de calor extremo y a la sequía que afecta los embalses.  

Sin embargo, las acciones recientes de la estatal eléctrica demuestran que el diagnóstico interno es de extrema gravedad. Tras la recaudación masiva que implicó el plan “Borrón y Cuenta Nueva” entre 2023 y 2024, del que no se tienen cifras, la urgencia de caja continúa. En la actualidad Corpoelec mantiene una campaña de cobro mensual con avisos por correo o SMS. Sin embargo, este empeño recaudador contrasta con la realidad operativa: el racionamiento sigue siendo la única herramienta de la estatal para evitar que el sistema colapse por completo.

De la iguana al morrocoy 

La admisión más clara de que el modelo centralizado y estatal del sector eléctrico tocó fondo no vino de una declaración de prensa, sino de la Asamblea Nacional, que aprobó en primera discusión la reforma de la Ley Orgánica del Servicio Eléctrico y durante el debate dejó clara la necesidad urgente de abrir las puertas al capital privado y mixto, una medida que el propio oficialismo había rechazado en el pasado.   

La solución, no obstante, se proyecta a mediano y largo plazo. Las cartas de intención que el Gobierno ha firmado con consorcios internacionales para recuperar las turbinas en el Caroní o rehabilitar la transmisión troncal no aceleran los tiempos de la ingeniería; por eso, los especialistas insisten en que estabilizar el sistema es un proceso complejo que tomará años.  

Hasta que esos proyectos se materialicen, el interior del país seguirá pagando el costo de un sistema que trabaja al límite. El doblete sísmico de junio solo sacudió las líneas de distribución de quienes usualmente no pierden la luz; para el resto de Venezuela, el verdadero terremoto es el día a día en la oscuridad de una crisis estructural que no se resuelve con discursos.