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La crisis de la gasolina

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Los abismales y continuos desfalcos cometidos en perjuicio de PDVSA fueron los que originaron la crisis de gasolina, no las sanciones

 

@ajmonagas

La crisis de la gasolina obliga a una revisión de las circunstancias. Apelando, por supuesto, al carácter significativo que ha hecho de la escasez de gasolina una crisis con su respectiva espiral de conflictos generados por el régimen político venezolano.

Intentar la respuesta a la situación-problema que envuelve esta discusión, anima una indagación de razones y efectos que no han sido detallados para dar cuenta del problema de la traumática escasez de gasolina en Venezuela.

¿Verdad o presunción?

A decir de furibundos seguidores del régimen socialista venezolano, y de sus propios gobernantes, vacíos del conocimiento administrativo, económico y logístico, la crisis de gasolina se debe a “las sanciones aplicadas por gobiernos foráneos”.

La cháchara argumentada por personeros del régimen para justificar los problemas que el manejo de la gasolina no es convincente. Se tienen datos contundentes y demostrados que rebaten la machacada narrativa gubernamental. La escasez de gasolina no obedece a las escuetas razones que a cada momento declaran los gobernantes y sus adláteres. Las sanciones son dirigidas a personajes acusados de delitos de lesa humanidad, casi todos miembros directos o indirectos del gobierno nacional.

Más allá de las supuestas sanciones, la crisis de gasolina tiene sus causas en problemas de tecnología, ingeniería, logística, comercialización y distribución, causados por el mal manejo del negocio petrolero y el saqueo continuado a PDVSA.

Al interior del análisis

A los fines de ordenar el análisis, podrían señalarse causas arraigadas en una dinámica gubernamental populista, demagógica, despótica, arbitraria, conspirativa, y sin sentido de correspondencia con deberes y valores cívicos y preferencias nacionales.

Lo que la situación arrastra en términos de los problemas que sus incidencias contrajeron, aparece la corrupción tejida detrás y debajo del manejo operativo de la gasolina. 

La desproporcionada corrupción advertida en el manejo de la gasolina, toma partido en el curso de operaciones relacionadas con la tecnología que sigue su producción, comercialización y distribución. Pero también, en lo que refiere a su ingeniería y logística.

Sin embargo, en lo que a la crisis de la gasolina se refiere, la voracidad de quienes operan los distintos canales financieros a través de los cuales se negocia la oferta–demanda del producto en sus diferentes presentaciones, es una razón mayúscula que termina complicando la situación.

Implicaciones de otro tenor

Cabe subrayar que este problema no tiene nada que ver con las sanciones. Si bien no nace con la llegada del crecido autoritarismo militarista que trae el “socialismo del siglo XXI”, adquirió la fuerza que le brindó el poder abusivo que se arraigó con las arbitrariedades que permitieron la siniestra confabulación entre la política e intereses coyunturales promovidos por el malogrado modelo económico impuesto luego del arribo del militarismo en 1999.

La crisis de la gasolina no fue un evento circunstancial. No emergió de problemas estructurales que pudieron surgir de un cambio de paradigmas que habría podido intervenir la administración del desarrollo que habría transmutado el devenir técnico-económico-social del país.

En ello tuvieron incidencia, entre otras implicaciones:

El ejercicio de la política impuesto por un régimen que trastocó criterios de desarrollo confiscándolos a nombre de argumentos ideológicos. Así se devastaron industrias estratégicas, universidades, empresas y corporaciones estudiosas de la historia, la economía, la cultura, la sociología política, la geografía y las ciencias básicas.

El desmantelamiento de la meritocracia sobre la cual pivota la responsabilidad de dirigir un país que se precia de la posibilidad real de alcanzar el desarrollo de sus capacidades más notorias. El país se convirtió en un empacho de motivaciones que solo buscan escalar social y profesionalmente con base en el valor del carnet político del partido de gobierno que identifica al belicoso y al incapaz.

El funcionamiento de una economía subordinada a los mandamientos de un gobierno sin capacidad para diferenciar entre una política de Estado y otra para el “bochinche, la impudicia y el negocio que capitaliza divisas a partir de ilícitos”.

La dinámica de una política gubernamental que se precia de hordas violentas por el solo hecho de ser representativas de ideologías fundamentalistas y gobiernos ortodoxos.

La preferencia hacia razones que “exaltan” el intercambio de bienes materiales o servicios por otros objetos o servicios (trueque o vulgar permuta) para validar negocios oscuros que terminan intercambiando petróleo por horas-hombre de personas sin formación.

La masiva emigración de una juventud preparada y familias consolidadas que despojó de trabajadores a empresas nacionales con futuro promisorio.

Los abismales y continuos desfalcos cometidos en perjuicio de la hacienda pública venezolana que despojaron del patrimonio sobre el cual se afianzaba el funcionamiento de empresas propiedad del Estado. Además, cometidos al amparo de la “justicia socialista” y premiando al delincuente en altos cargos de representación diplomática, política, social o económica fuera del país.

Al cierre

En consecuencia, el país con la mayor reserva petrolera del planeta, Venezuela, no tiene la menor capacidad para revertir alguna de estas causas que avivan el atraso de lo que por derecho natural, político y económico corresponde disfrutar. Mientras tanto, el país sigue pecando dada la incultura política del elector y la desvergüenza de quienes deberían actuar con la honestidad y responsabilidad que las circunstancias exigen. De no ser así, el país se verá agarrotado por la crisis de la gasolina.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Andrés Caleca: Sin CNE o con CNE las primarias van porque hay que derrotar a Maduro

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Caleca reiteró que apoyará al candidato que gane la primaria, independientemente de si está inhabilitado o no, y espera recibir el apoyo de los demás candidatos en caso de que obtenga el triunfo el próximo 22 de octubre

 

Este sábado, 23 de septiembre, el candidato independiente Andrés Caleca afirmó que sin CNE o con CNE las primarias van porque hay que derrotar a Maduro en las elecciones presidenciales previstas para 2024. 

“No hay que precipitarse en responder la decisión del Consejo Nacional Electoral de ofrecer su apoyo técnico a la primaria que está pautada para el 22 de octubre”, dijo Caleca, quien esperará el resultado de la reunión entre Elvis Amoroso y Jesús Casal para fijar posición, precisando que de ninguna manera hay que abandonar la ruta electoral.

En visita a la ciudad de Cumaná, estado Sucre, Caleca expresó que hay que ver “con qué saco de piedras” va Elvis Amoroso a su reunión con Casal, “en lo que sí estamos claros es que sin CNE o con CNE nosotros haremos la escogencia de nuestro candidato”.

El también candidato del Movimiento por Venezuela, reiteró que la política que encabeza tiene dos carriles: uno la conformación de la Gran Coalición Nacional para el Cambio, y la segunda en voto.

“Todo lo que atente contra cualquiera de estos dos carriles de la oposición no contará con nuestro apoyo, y todo lo que contribuya con eso contará con nuestro respaldo, independientemente de quién sea el candidato”.

Caleca reiteró que apoyará al candidato que gane la primaria, independientemente de si está inhabilitado o no, y espera recibir el apoyo de los demás candidatos en caso de que obtenga el triunfo el próximo 22 de octubre.

Defensor del Pueblo de Colombia pide implementar un sistema para migrantes que cruzan el Darién

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Carlos Camargo instó a los países involucrados a fortalecer la cooperación regional y a garantizar el respeto a los derechos humanos de los migrantes, especialmente de los niños, las mujeres, las personas LGBTI y las personas con discapacidad

 

El Defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Camargo, propuso el jueves 21 de septiembre, implementar un sistema de caracterización para los migrantes que cruzan la selva del Darién, la zona fronteriza entre Colombia y Panamá, considerada una de las más peligrosas del mundo.

En una reunión virtual con autoridades de Panamá, Costa Rica, Ecuador y Perú, Camargo expresó su preocupación por la situación humanitaria de los miles de migrantes que atraviesan el Darién en busca de llegar a Estados Unidos o Canadá.

Según datos oficiales, en lo que va de año más de 385.000 migrantes han cruzado el Darién, una cifra récord que supera los 250.000 que lo hicieron en todo 2022. La mayoría son venezolanos, seguidos de ecuatorianos, haitianos, colombianos e indios.

Camargo señaló que es necesario establecer un sistema de caracterización que permita identificar las necesidades específicas de cada migrante, así como brindarles información sobre los riesgos y alternativas que existen en su ruta.

Asimismo, el Defensor del Pueblo de Colombia instó a los países involucrados a fortalecer la cooperación regional y a garantizar el respeto a los derechos humanos de los migrantes, especialmente de los niños, las mujeres, las personas LGBTI y las personas con discapacidad.

La reunión virtual fue convocada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), que ha alertado sobre los múltiples abusos y violaciones que sufren los migrantes en el Darién, como la violencia sexual, el asesinato, la desaparición, el tráfico, el robo y la intimidación por parte de grupos criminales.

AI denuncia que varios países incumplen con sus obligaciones internacionales con migrantes

Este jueves, 21 de septiembre, Amnistía Internacional (AI) denunció que Colombia, Ecuador, Perú y Chile «incumplen sus obligaciones internacionales» para proteger a los migrantes venezolanos. 

El informe «Regularizar y Proteger» detalla que los cuatro países antes mencionados, presentan «varios problemas comunes» como limitaciones al acceso a servicios básicos y lentitud en la regularización de su situación migratoria, además de la falta de protección a quienes entran en la definición de refugiados, según la Declaración de Cartagena de 1981.

«En Perú, el sistema está saturado, casi cerrado. En Chile, en el año 2022 solamente cuatro (personas) fueron reconocidas como refugiadas. Ahí se ven prácticas que violan los derechos humanos y bloquean el acceso al asilo», explicó Adeline Neau, investigadora para las Américas de AI.

El estudio señala que que los países estudiados «no priorizan el uso de la figura del asilo», dejando de lado la definición ampliada de la Declaración de Cartagena contenida en las legislaciones nacionales para dar protección a esta población, víctima de desplazamiento forzado.

«Los Estados deben garantizar el derecho de solicitar asilo, reconociendo que las personas venezolanas pueden ser refugiadas. Eso requiere reforzar sus sistemas de asilo. Cualquier programa de protección temporal o medida de regularización debe cumplir un mínimo de garantías y garantizar el principio de no devolución», afirmó Neau. 

*Con información de El Impulso y EFE

Remigio Ceballos admite que el Tren de Aragua operaba desde el penal de Tocorón

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16 años llevaba operando el Tren de Aragua con prácticas delictivas que van desde robos, secuestro, narcotráfico, contrabando, delitos informáticos, homicidios y extorsión sin que el Gobierno reconociera que operaba desde un centro penitenciario 

 

Este sábado, 23 de septiembre, tres días después de la incursión de 11 mil funcionarios policiales y militares en la cárcel de Tocorón para “restituir y dignificar el sistema penitenciario nacional”, el ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos informó que se ha “desmantelado totalmente” la organización criminal transnacional “Tren de Aragua”, con la detención de 88 de sus miembros.

“Tenemos el control total de este penal, de este centro penitenciario, y, además de eso, hemos desmantelado totalmente el autodenominado ex Tren de Aragua. Tenemos 88 personas detenidas en este momento, aportando datos de interés criminalísticos”, dijo Ceballos, quien nunca antes se había referido a la presencia del Tren de Aragua dentro del penal.

El ministro afirmó en el segundo balance de la operación Gran Cacique Guaicaipuro, que el Gobierno está luchando contra un grupo criminal que ha sido desmantelado, pero que “pudiera tener conexiones y las estamos descubriendo progresiva y paulatinamente, y lograremos capturarlos a todos inclusive en el ámbito internacional”.

Indicó que si alguno de los integrantes de estos grupos llegase a escapar los iban a capturar porque adelantan coordinaciones y conexiones de carácter diplomático por instrucciones de Nicolás Maduro.

El ministro confirmó que el procedimiento se saldó con un agente muerto y otros cuatro detenidos por su presunta vinculación con las redes criminales que operaban en el lugar, además de la recolección de lanzacohetes granadas y municiones de alto calibre máquinas de criptomonedas drogas y motos de lujo.

Una revelación a cuentagotas 

16 años llevaba el Tren de Aragua operando desde el penal de Tocorón, con practicas delictivas que van desde robos, secuestro, narcotráfico, contrabando, delitos informáticos, homicidios y extorsión. 

Desde hace varios años, medios de comunicación nacionales e internacionales y ONGs, han venido denunciando estas prácticas criminales que se diseñaban y controlaban desde dentro del penal y fueron ignoradas por el gobierno y por ende les permitió expandir su huella criminal hacia países como Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Brasil y Bolivia.

Desde que Nicolás Maduro asumió el poder en marzo de 2013, del Tren de Aragua muy pocos funcionarios hablaban o  mencionaban su existencia y mucho menos reconocían que el grupo delictivo tenía su cuartel general dentro de una prisión que debía estar controloada por el Estado, aunque para muchos se trataba de un secreto a voces.

El día de la toma de Tocoron, el gobernante solo se limitó a felicitar a los 11 mil efectivos de seguridad y afirmó a través de su cuenta en Twitter que “¡Vamos hacia una Venezuela libre de bandas criminales!”.

Uno de los primeros hechos en donde funcionarios del Estado comenzaron a reconocer la existencia de la megabanda criminal fue en marzo de 2023, con la detención del ex alcalde chavista Pedro Hernández, a quien se le comprobó, según declaraciones del fiscal designado por la Constituyente cubana, Tarek William Saab, que financiaba y apoyaba con recursos del Estado venezolano fiestas, eventos públicos y material logístico “de grupos delincuenciales”.

Tarek William no mencionó directamente el nombre de la banda, pero el Ministerio Público, en una nota de prensa, aseguró que  Hernández también tenía «vinculación directa» con Héctor Guerrero, alias “El Niño Guerrero”, líder principal de la organizaciòn y quién se dio a la fuga durante la incursión en la cárcel de Tocorón. 

El mismo día del operativo policial para tomar control del centro penitenciario, el vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez informó a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, que el gobierno ponía en marcha una “operación contra la delincuencia organizada que funciona desde el Centro Penitenciario de Tocorón”, si mencionar el nombre de la banda. 

Horas más tarde, se anunció el éxito de la operación. Un segundo comunicado a la 1: 17 pm hablaba de la “restitución del orden y el “absoluto control” del centro penitenciario, sin mencionar al Tren de Aragua ni a sus principales cabecillas. 

Posteriormente, el ministro Remigio Ceballos ofreció unas declaraciones donde señaló que habían “descubierto” una serie de irregularidades que ocurrían en el interior del penal.

A pesar de que los voceros oficiales aseguran el “éxito de la operación”, se estima que cientos de reclusos se fugaron junto al Niño Guerrero. Sobre esto, la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) aseguró que fuentes cercanas a la operación militar, vecinos del penal, reclusos y familiares de ellos les dijeron que los líderes de la prisión negociaron con el Gobierno la entrega de las instalaciones.

Un día después del operativo, Tarek William Saab, habló en rueda de prensa y por primera vez mencionó a la banda delincuencial. “El desmantelamiento de la cárcel de Tocorón, descarriló al tren de Aragua”, dijo. 

“Un golpe demoledor en el centro de gravedad contra el tren de Aragua”, dijo y con ello reconoció que la sede principal del grupo delictivo estaba en Tocorón, en las propias narices del Estado, sin que hasta la fecha hubiese hecho algo por impedirlo.

“Lo importante es que ese lugar ya no existe, ese centro del mal ya no existe. Duélale a quien le duela”, sentenció Saab. 

¿Dónde está el Niño? 

Desde el viernes en la noche circula en las redes oficiales del Ministerio de Relaciones Interiores un aviso ofreciendo recompensa a quien ofrezca información del paradero del Niño Guerrero, quien se suponía estaba en Tocorón.

Según el aviso, Guerrero es buscado “por su participación en múltiples delitos contra las personas y terrorismo” y es de suponer que los cometió mientras estuvo preso en Tocorón, bajo el resguardo y control del Estado.

Por su parte, el candidato a la Alcaldía de Bogotá, Diego Molano dijo a través de sus redes sociales que “El criminal y líder del Tren de Aragua, alias “El Niño Guerrero” junto a sus colaboradores, andan libres y seguro buscan llegar a Bogotá”.

Molano hizo un llamado a la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, a que “debe encender las alarmas y garantizar que no entre a nuestra capital, lucha frontal contra esta organización criminal, no más ataques a los ciudadanos. A estas ratas hay que atacarlas con decisión hasta ponerlas tras las rejas. Los delincuentes a la cárcel, los ciudadanos a la calle”.

El desmantelamiento del Tren de Aragua está por verse

Ronna Rísquez,  periodista de investigación especializada en crimen organizado y bandas criminales y coordinadora de la Alianza Rebelde Investiga #ARI, que conforman Runrun.es, Tal Cual y El Pitazo, compartió su análisis en video sobre la denominada «Operación de Liberación Gran Cacique Guaicaipuro».

La periodista adviertió que la recuperación del control del penal por parte del gobierno, tras un intenso despliegue policial y militar, no significa el desmantelamiento ni la desarticulación automática del Tren de Aragua.

Por su parte el abogado penalista y experto en seguridad Luis Izquiel coincide con Rísquez y considera que es difícil que el “Tren de Aragua” cese sus operaciones solo con este procedimiento, pues se “sabe que el Tren de Aragua opera en otros sectores del estado Aragua, como el barrio San Vicente, que es su feudo criminal, en otras regiones del país y cinco países de Latinoamérica. Así que se está muy lejos de acabarse con el Tren de Aragua”. 

#Podcast | Primarias 2023: Investigación al financiamiento de las primarias

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El podcast «Primaria en la lupa» es un producto de los portales El Tiempo, Correo del Caroní, La Mañana, ElImpulso.com, La Nación, Yaracuy al Día, La Verdad, Radio Fe y Alegría, Runrunes y TalCual para hacerle seguimiento a las primarias 2023 y mostrar en detalle cómo se desarrolla la campaña y los comicios en los estados que cubre cada medio

 

La cuarta semana de campaña para las primarias de la oposición venezolana se presentaron nuevas acciones contra la movilización y actividades de los candidatos.

La página del buscador virtual de centros votación, publicado por la Comisión Nacional de Primarias (CNP), continuaba presentando bloqueos, y el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró que la Comisión de Política Interior del Parlamento oficialista, se encuentra investigando el origen del financiamiento de la primaria opositora.

«Nadie puede estar en contra de las primarias ¿Quién puede estar en contra de las primarias? El problema es la plata de dónde la están sacando, porque dijeron que iban a hacer una rifa y yo no he encontrado ningún ‘raspaíto’ en ningún lado ¿Qué es lo que están rifando? ¿De dónde están sacando el dinero? Los que están allí se exponen a investigaciones muy serias, de hecho, la Asamblea Nacional ya lleva una, la Comisión de Política Interior sobre este tema del financiamiento», expresó Cabello el 18 de septiembre durante la rueda de prensa del PSUV.

Además de las declaraciones de Cabello, en Primarias 2023: investigaciones, bloqueos y amedrentamiento; tercer capítulo del podcast, se expone la respuesta de Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primaria (CNP), las indicaciones de Guillermo Tell Aveledo, Miembro Suplente de la Comisión Nacional de Primaria de Venezuela, sobre cómo votar en los comicios, y parte de los actos de campaña de los candidatos César Pérez Vivas y María Corina Machado.

El próximo 22 de octubre se llevarán a cabo las elecciones primarias de la oposición venezolana. Estás serán sin apoyo técnico ni centros del Consejo Nacional Electoral. Podrán votar en estos comicios los venezolanos inscritos en el Registro Electoral, residenciados en Venezuela; también los que se encuentren en alguna de las 80 ciudades de los 31 países seleccionados por la Comisión Nacional de Primaria.

Primarias 2023

Primaria en la lupa es un producto de los portales El Tiempo de Anzoátegui, Correo del Caroní de Bolívar, La Mañana de Falcón, ElImpulsocom de Lara, La Nación de Táchira, Yaracuy al Día, La Verdad de Zulia, Radio Fe y Alegría, Runrunes y TalCual de Caracas para hacerle seguimiento y mostrar en detalle cómo se desarrolla la campaña y los comicios en los estados que cubre cada medio.

 

PERFIL | Delsa Solórzano, la abogada que busca una Venezuela con “seguridad jurídica”

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Trabajó como profesora de la UCV y de la Universidad Santa María (USM) en las cátedras de Derecho Penal y Criminología, en 1992 y 1993, respectivamente
Solórzano es activista y defensora de Derechos Humanos. Ha llevado centenares de casos desde el 2000, entre los que destacan: Operación Liberación del Pueblo y el asesinato del policía Óscar Pérez en El Junquito

 

La abogada Delsa Solórzano, de 51 años, nació en El Hatillo, estado Miranda, el 18 de noviembre de 1971. Está casada con el abogado Luis Izquiel, con quien tiene un hijo, Pedro Luis Izquiel Solórzano.

Es egresada de la Universidad Central de Venezuela (UCV), con especialización en Ciencias Penales y Criminológicas.

Entre sus estudios internacionales resaltan los diplomados en Gestión y Gerencia Pública en el American Council of Young Political Leaders (ACYPL), en Washington, Estados Unidos; en Justicia Transicional en Alemania; y en Justicia Transicional con enfoque en países de conflicto en Colombia.

Trabajó como profesora de la UCV y de la Universidad Santa María (USM) en las cátedras de Derecho Penal y Criminología, en 1992 y 1993, respectivamente.

Solórzano es activista y defensora de Derechos Humanos. Ha llevado centenares de casos desde el 2000, entre los que destacan: Operación Liberación del Pueblo y el asesinato del policía Óscar Pérez en El Junquito.

Sus inicios en la política datan desde los inicios del gobierno de Hugo Chávez. Fue dirigente de la Coordinadora Democrática y una de las fundadoras del partido Solidaridad, en 2001, encargándose de llevar todos los asuntos legales de esa alianza opositora.

Destacó al establecer condiciones electorales y la defensa de las firmas para solicitar el referendo revocatorio de 2004. Tras disolverse la Coordinadora Democrática, en 2004, pasó a las filas de Primero Justicia (PJ), partido en el que formó parte de la dirección nacional.

En 2007, Solórzano se incorporó a las filas de Un Nuevo Tiempo, partido en el que ocupó el cargo de vicepresidenta nacional y directora de la Comisión de Derechos Humanos. Al año siguiente, se postuló a la alcaldía de El Hatillo, pero perdió contra Miriam Do Nascimiento, de Acción Democrática.

El 26 de septiembre de 2010 resultó electa diputada al Parlamento Latinoamericano para el período 2011-2016.

Fue elegida diputada de la Asamblea Nacional para el período 2016-2021, siendo una de las más votadas de la contienda electoral en todo el país, con un 70 % del total de votos.

En diciembre de 2018 renunció a Un Nuevo Tiempo y fundó el movimiento político Encuentro Ciudadano, junto a José Luis Farías, exsecretario de la tolda azul. Al año siguiente, recibió el Premio Zaballos Internacional de Derechos Humanos en Madrid, España, en el 2019. 

Delsa Solórzano inscribió su candidatura a la elección primaria de la oposición por el partido Encuentro Ciudadano el pasado 22 junio.

Durante el debate Hablan los Candidatos, celebrado el 12 de Julio, habló sobre su propuesta basada en tres ejes: reconciliación, recuperación económica con inversión privada y seguridad jurídica para la reconstrucción del país.

Capriles pide que comisión de primaria decida si acepta apoyo del CNE

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En un breve comunicado, la CNP dijo que sostendrá “conversaciones con candidatos a la primaria y factores políticos que apoyan el proceso”, en vista de la respuesta positiva del presidente del CNE

 

El exgobernador Henrique Capriles, candidato a los comicios del 22 de octubre, pidió este viernes que la Comisión Nacional de Primaria (CNP) decida si acepta o no el apoyo técnico ofrecido por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Nuestro respaldo pleno, como lo hemos hecho desde el primer día, sin presiones, a la decisiones que tome la CNP”, expresó Capriles en X (antes Twitter), luego de que el CNE respondiese a la solicitud de apoyo que la oposición introdujo en junio, antes de decidir que haría las primarias autogestionadas.

En un breve comunicado, la CNP dijo que sostendrá “conversaciones con candidatos a la primaria y factores políticos que apoyan el proceso”, en vista de la respuesta positiva del presidente del CNE, Elvis Amoroso, sobre la solicitud de ayuda.

La CNP «informa que sostendrá, en las próximas horas, conversaciones con candidatos a la primaria y factores políticos que apoyan el proceso», es parte del comunicado.

Asistencia técnica del CNE

Durante una rueda de prensa, realizada este viernes, Elvis Amoroso señaló que desde hace cierto tiempo, el CNE ha recibido «una serie de comunicaciones» de la Comisión Nacional de Primaria, específicamente de su presidente, Jesús María Casal, para pedir apoyo técnico para las primarias.

En respuesta a la solicitud, Amoroso indicó: «Por unanimidad se acordó proporcionar servicio técnico integral, constitucional y legal a la solicitud realizada por la organización con firmes políticos, agrupada en la denominada Plataforma Unitaria», de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 292 y 293 de la Constitución, el artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Electoral y 4 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales.

Asimismo, Amoroso convocó a Jesús María Casal, en su condición de presidente de la Comisión Nacional de Primaria, para acudir a la sede del CNE para sostener una «reunión técnica con las rectoras y los rectores».

A favor y en contra del apoyo del CNE

Para este proceso electoral se inscribieron 13 candidatos: Andrés Caleca, Delsa Solórzano, Luis Baló Farías, Andrés Velásquez, Freddy Superlano, María Corina Machado, Carlos Prosperi, Gloria Pinho, Roberto Enríquez, César Pérez Vivas, Henrique Capriles, Tamara Adrián y César Almeida. 

Sin embargo, varios de ellos se encuentran inhabilitados políticamente. Una de ellos es María Corina Machado (Vente Venezuela), quien no solo está inhabilitada, sino que insistió en múltiples oportunidades en realizar la primaria sin la asistencia técnica del CNE.

Otro de los candidatos que desaprueba la asistencia del Poder Electoral es Andrés Velásquez (La Causa R). En junio de 2023, cuando se conoció la renuncia de varios rectores de la antigua directiva del Poder Electoral, Velásquez consideró que el proceso debía llevarse a cabo de forma manual e independiente.

Por su parte, el candidato Carlos Prosperi consideró que, en vista del anuncio del ente electoral, la decisión ahora corresponde a la CNP y no a los 13 contendientes, aunque adelantó que rechazará cualquier resolución que “atente” contra la unidad de la oposición.

“Si la CNP decide que la elección primaria se llevará a cabo con apoyo técnico del mismo, allí estaremos, mi compromiso es con la unidad y Venezuela”, reiteró el exdiputado en la misma red social.

*Con información de EFE

Seis años de la autopsia sombría de Carlos Andrés García

A más de 2190 días de la muerte del exconcejal de Guasdualito y preso político bajo la custodia del Estado venezolano, el Tribunal Supremo de Justicia difiere las audiencias para que se responsabilice a los funcionarios que le negaron su atención médica

Carlos Andrés García cumplió seis años de haber fallecido bajo la custodia del Estado venezolano. El 17 de septiembre de 2017 García era un preso político, era el concejal de Guadualito —una ciudad del estado Apure con frontera en Colombia— que el Estado lo acusó de promover protestas en su comunidad en 2016. 

Su detención arbitraria fue el 16 de diciembre del 2016. Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) allanaron su casa sin una orden de aprehensión. Se lo llevaron a la sede del Sebin de Guadualito y no salió de allí por nueve meses.

«Al momento de ser detenido, el concejal no presentaba ningún cuadro de salud “complicado”: no presentaba ninguna enfermedad. Durante su reclusión empezó a sufrir de la tensión arterial y de problemas cardíacos, probablemente del estrés y de los tratos crueles vinculados a la detención», recordó Roland García, abogado y presidente de la Fundación de Derechos Humanos de los Llanos (Fundehullan). «Estando en la prisión, en la sede del Sebin, fue que a Carlos le dio un ACV (accidente cerebrovascular)». 

El abogado de Fundehullan lleva el caso de Carlos Andrés García porque el Estado nunca le brindó asistencia médica o un juicio que atendiera al exconcejal. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) impidió que personas ajenas al Sebin estuvieran presentes en la autopsia de Carlos García ni brindaron información forense. 

«Había diferimientos de audiencias y no lo trasladaban ni al circuito judicial penal ni a un hospital. Existe un retardo procesal tal que hoy, a más de 2190 días de su muerte, no existe un funcionario imputado, no existe una acusación y no existe una responsabilidad sobre los funcionarios que impidieron que Carlos García fuera trasladado a tiempo para su salud», dijo Roland. 

Devaluaron el Bolívar, devaluaron la vida de Carlos Andrés García

Diciembre del 2016 marcó la consolidación de la emergencia humanitaria compleja en Venezuela. Nicolás Maduro anunció el 12 de diciembre que los billetes de 100 bolívares del cono monetario del 2008 serían descontinuados en 72 horas y entrarían billetes de más alta denominación. 

Venezuela empezaría una fase de hiperinflación y opacidad. El bolívar había perdido el 75 % de su valor en menos de tres meses y entre 2016 y 2018 habría una inflación acumulada de 53.798.500 % que el Banco Central de Venezuela no haría público sino hasta mayo del 2019. 

La población de Guasdualito no podía conseguir billetes de alta denominación: los bancos daban puros billetes de 100 bolívares. Entonces protestaron el 16 de diciembre. 

Pero, cuando los medios cubrían las denuncias, el Sebin atacó.

Protestas similares ocurrieron en varias ciudades del país. A nivel nacional se identificaron dos muertos bajo el contexto de manifestaciones y en Guadualito hirieron a decenas de personas y detuvieron a más de cien. Las autoridades nunca precisaron la cifra al público. 

Uno de los detenidos fue Carlos Andrés García, el Estado consideró que su presencia política de más de 10 años en la ciudad, en su mayoría bajo el partido Primero Justicia, era el móvil suficiente para «organizar las protestas». El liderazgo político y comunitario de Carlos se podía remontar a los partidos de fútbol que él hacía en la ciudad desde los 18 hasta los 30 años. 

«Carlos Andrés venía de visitar a una amiga en el hospital y la Guardia Nacional, después de que habían acabado con varios bancos, fue que apareció y se llevó como a 200 personas», dijo el exdiputado a la Asamblea Nacional, Luis Lippa, a Runrun.es en 2017. A él lo detuvieron junto al exconcejal, pero lo soltaron poco después porque el Estado estaba violando su inmunidad parlamentaria. 

Un juicio sin fin

El Tribunal Primero de ejecución de la jurisdicción de Guasdualito no dudó en perpetuar la imputación de Carlos Andrés García por ser el autor intelectual de esas protestas y por tener una cantidad «sospechosa» de billetes de 100 bolívares en su hogar, papel moneda que Nicolás Maduro quería asociar con «las mafias». Sus cargos fueron por hurto calificado, instigación pública e incendio en grado de coautor. 

Sus familiares, abogados y miembros del partido político declaraban su inocencia. Pero el Ministerio Público nunca acató las denuncias. Tampoco dejaban visitarlo, ni darle comida ni agua ni medicinas ni cartas ni audiencias con sus abogados. 

«Sus familiares, entre ellos la hermana de Carlos, Yhorlenys Aular, notificaron a Fundehullan que sufrió tratos crueles e inhumanos. El hecho de que a ti no se te permita el acceso a tu familia, que no se te permite hablar con los abogados de confianza, que no se te permita ser escuchado, forma parte de un patrón sistemático de tortura, de tortura psicológica. Aunque también se evidencia testimonios de tortura física», recordó el abogado Roland García. 

Durante los meses que Carlos estuvo retenido en la sede del Sebin en Guasdualito, su condición médica fue empeorando. Sufrió de hipertensión arterial, cuadros de malnutrición y de estrés post traumático y una infección de toxoplasmosis. 

«Y no solo eso, también tenía problemas arteriales y cardíacos. Las condiciones de higiene en el centro de reclusión era deplorables», agrega el director de Fundehullan. 

Pese a las medidas humanitarias que exigían los abogados, el tribunal se mantuvo en silencio. Pese a que los familiares nunca sufrieron alguna amenaza, «el ensañamiento cayó por completo al exconcejal». 

Opacidad post mortem

«A la jueza y a la fiscalía se le pedía asistencia médica urgente varias veces. A Carlos le dio el ACV estando allí, dentro de la sede del SEBIN. Y ellos hacían caso omiso», dijo Roland. «Cuando al fin lo trasladan ya él estaba en una fase des compensatoria muy grave». 

Habían pasado semanas desde que Carlos sufrió el ACV, pero el tribunal concedió el 14 de septiembre el beneficio de casa por cárcel y lo trasladó al Hospital Central de San Cristóbal del estado Táchira —el más cercano de Guasdualito— el 16 de septiembre. Todas las medidas fueron concedidas tres días antes de su muerte. Para ese entonces Carlos tenía 44 años.

«Los familiares después denunciaron que él fue víctima de torturas. Antes de que le diera el ACV Carlos no podía sostener una cuchara mientras comía, lo tenían que alimentar. Los militares, pensando que él “les estaba montando un show”, lo despertaron a las tres de la mañana, lo pararon frente a una pared y lo rociaron con una manguera de alta presión con agua fría. Él se desplomó en el acto, y después de eso decidieron sacarlo de la sede del Sebin», contó Roland. 

Poco después de su muerte, el Sebin no permitió que la familia ni los abogados presenciaran la autopsia. Frente a las denuncias públicas de ONG nacionales e internacionales, el TSJ publicó en Facebook que Carlos falleció por un cuadro de «hipertensión arterial» y que recibía atención médica un mes antes de su muerte. 

«Cabe destacar que no consta solicitudes o advertencias en el expediente judicial del referido ciudadano, sobre el padecimiento de alguna enfermedad crónica o aguda, por lo que se presume que el ciudadano Carlos García desconocía de la sospecha patológica que aún se encuentra por determinar en los laboratorios del Centro Asistencial» se lee en el mensaje publicado el día después de la muerte del exconcejal.

Y desde entonces el Estado venezolano guarda silencio. 

Más diferimientos y menciones en la CIDH

El caso de Carlos Andrés García está en los informes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el 2017. Él forma parte de los más de 11 presos políticos que han muerto bajo la custodia del Estado venezolano y la justicia no investiga a los responsables. Es un patrón que sigue vigente: Leoner Azuaje, de 39 años de edad, fue detenido en abril de este año por una purga del gobierno de Nicolás Maduro y, mientras estaba recluido, falleció. 

Pese a que el Estado dijo que fue un suicidio, diversos antropólogos forenses y criminalistas advierten que Leoner fue víctima de torturas y estrangulamiento en los últimos momentos de su vida.

«Los jueces que llevan el caso son cambiados a cada momento. El que atendía las audiencias cuando Carlos murió se fue a Estados Unidos y se desentendió de la causa. Pero seguimos buscando justicia, que se cumplan las responsabilidades penales de los funcionarios. Su familia aún exige justicia», comentó Roland García.