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Simón: los venezolanos deseosos de que se haga memoria

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Simón, la película venezolana recientemente premiada en el Festival de Cine de Mérida, llega a las salas de cine con éxito de taquilla. ¿Qué nos dice la película?

 

@LissetteCGA

El sábado pasado queríamos ver Simón, la película venezolana que se había estrenado dos semanas antes en Caracas. Fue sorpresivo encontrar las entradas agotadas en el Trasnocho a las 6:15 y que no quedaran 3 asientos juntos en la sala VIP del Tolón a esa misma hora. Finalmente, nos fuimos a buscar un café y nos quedamos conversando y caminando un par de horas y pudimos ver la película a las 7:30 p. m.

La sala estaba llena. La larga lista de anuncios publicitarios da cuenta de que los anunciantes estaban esperando esta asistencia. En la mayoría de las funciones de cine, solo suele haber un par de anuncios, como mucho, antes de los tráileres de las próximas películas a estrenarse. En fin, aun cuando no tengo los últimos datos de la taquilla que incluyan los espectadores de este último fin de semana, todo parece indicar que la película ha sido un éxito, en comparación con la poca receptividad que usualmente tiene el cine nacional en las salas comerciales.

Esta emoción por ver Simón está relacionada con la discusión que ha generado en las redes sociales, donde se presenta como una película sobre las protestas de 2017. Y aunque uno no haya leído ninguna reseña, el afiche promocional de la película ya es bastante elocuente.

Empecemos por decir que la película es muy buena: un guion bien construido, capaz de sorprender al espectador, junto con una buena fotografía y excelentes actuaciones. Vale la pena pagar la entrada, sin ninguna duda.

A mí me sorprendió que las protestas solo aparecen en unas pocas escenas iniciales, pero además son flashes de los jóvenes escuderos. No hay consignas, ni líderes, ni información sobre a dónde se quería llegar. Solo el humo de las lacrimógenas, los jóvenes juntos o frente al piquete de la policía. Mayor información sobre las protestas y sus causas nos llegan a través de Melissa, una voluntaria norteamericana que busca en Google información para ayudar a Simón con su solicitud de asilo.

Porque la película no trata sobre las protestas, sino sobre el trauma por las terribles condiciones de detención y por las torturas que Simón presenció.

En ese sentido, la película se inscribe en una extendida tradición latinoamericana con películas como La noche de los lápices o Argentina 1985. Tiene una propuesta política, en tanto denuncia las masivas violaciones de derechos humanos que viven los venezolanos.

Aun cuando vemos la discusión del equipo de Simón sobre si seguir participando en las protestas o no y aparecen allí las distintas posturas que estaban en esos años en el debate público, la película no toma partido con un argumento o con el otro. En cualquier caso, lo que queda patente es el voluntarismo de aquellas protestas, pero que también está presente en la mayor parte de las acciones que por años han propuesto los líderes políticos de la oposición. En esas discusiones Simón propone que hay que seguir hasta que la presión sea suficiente; en ese mismo espacio hay quejas por las personas que no se unen a las manifestaciones, pero la acción política solo se entiende como salir a enfrentar a las fuerzas de seguridad de la dictadura y no se cuestiona cómo se podía convencer a quienes no se han sumado a las protestas.

La película también trata sobre el duelo y la culpa por migrar sabiendo los sufrimientos de quienes siguen en Venezuela: la difícil disyuntiva entre seguir adelante con otra vida o volver para seguir luchando. También aparecen las dificultades económicas que la nueva vida supone, emigrar para Simón no es un cuento de hadas.

Varias críticas y reseñas mencionan que Simón es una película sobre el fracaso político de la oposición, pero yo no estoy de acuerdo. El motivo de Simón para irse es el trauma, en ningún momento dice o piensa que la lucha está perdida o que no vale la pena volver para seguir. En la última videoconferencia con sus compañeros de universidad, ellos le cuentan que se están coordinando con los estudiantes de otras universidades. Ellos tampoco hablan de derrota. La derrota está en la mente de los espectadores, en su análisis, porque han pasado 8 años desde los hechos que narra la película y sigue ahí el mismo gobierno.

También aparece la solidaridad en la película: los venezolanos en Miami haciendo acopio de lo que puedan necesitar los que recién llegan y también de las medicinas que hacen falta en Venezuela. No se ve el mismo apoyo en términos políticos, no aparece una red de apoyo para Simón que lo ayude a superar el trauma de la prisión ni para a vincularlo nuevamente a la lucha política, bien sea ayudándolo a volver de forma clandestina o promoviendo su participación desde el exterior. El activismo político de Simón y, por tanto, su decisión sobre quedarse o volver es personal. Incluso, es solitaria, porque no vemos a sus familiares, no sabemos qué piensan o qué le proponen.

Al finalizar la película, el público aplaudió a rabiar. Delante de mí una señora incluso se puso de pie y gritó “¡Bravo!”. Como ya dije, la película es muy buena, pero tampoco es común una ovación en una función cualquiera de sábado por la noche, en la tercera semana de proyección de una película en cines comerciales. Quizás puede ocurrir cuando una película se estrena, cuando compite en un festival, pero no suele suceder así, como este sábado pasado. Después de que comentamos la película al salir, nos preguntamos qué es lo que el público estaba aplaudiendo.

No me gusta la hipótesis de que la gente no entendió la película, porque además como en cualquier otra obra de arte, cada quien es libre de interpretar como le parezca. Algunos pensarán que es una crítica al liderazgo político que promovió las protestas, otros creerán que es un reconocimiento del heroísmo de los jóvenes. Hay bases para ambas miradas en Simón. Yo creo que la conexión del público es más íntima, más profunda.

Han pasado 9 años desde las protestas de 2014, 6 desde las protestas de 2017. Más allá de los reportajes periodísticos o el registro inmediato en las redes sociales, ahora es cuando empezamos a explorar la memoria de las violaciones de derechos humanos que han ocurrido en el país. No solo para registrarlas, tener una estadística, que eso ya lo hacen las organizaciones de derechos humanos, la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos o el Alto Comisionado de Naciones Unidas por los Derechos Humanos. Empieza a manifestarse la necesidad de narrar esos hechos para poder entenderlos.

Las publicaciones se multiplican: la historia de la muerte de Franklin Brito escrita por Faitha Nahmens; testimonios de las protestas de 2017 e historias de casos emblemáticos de violaciones de derechos humanos, ambos publicados por Provea; o la recopilación de 10 relatos de tortura titulada Ahora van a conocer al diablo, publicado por Editorial Dahbar. Pero no solo hay libros o publicaciones digitales: Reacin adelanta una iniciativa para difundir testimonios de víctimas en pódcast y video, hay un museo virtual que reconstruye el Helicoide a partir de testimonios de las víctimas y cuyo recorrido con lentes de realidad virtual parece ser aterrador. Seguro hay más iniciativas que aún no conozco. Hay una necesidad manifiesta de que contemos nuestra historia que se expresa en estas múltiples iniciativas.

Creo que eso es lo que aplaude el público que ve Simón en las salas de cine: siente representado su dolor en esa película emotiva y bien hecha. Siente que ahí está cuando fue reprimido en las protestas, o cuando perdió a un familiar, o cuando decidió emigrar, o cuando no tenía medicinas en los tiempos de escasez. La película tiene el mérito de concentrar, sin que resulte inverosímil, mucho de nuestro sufrimiento en pocos minutos.

Esperemos que multiplicando y compartiendo estos relatos sobre la tragedia que nos ha tocado vivir, Simón ya no se sienta tan solo. Quizás en el dolor y en el deseo de que no se repita podríamos encontrar la unidad que ha sido tan esquiva por otras vías.

¿Quieres ver Simón? En Caracas sigue en las salas de cine. Si estás fuera de Venezuela, durante el mes de octubre va a poder alquilarse por streaming. Más información aquí.

Noticias para los lectores

Hablando de memoria, quisiera compartir con ustedes que mi libro Mi padre, el Aviador va a ser publicado por Editorial Dahbar. Lo presentaremos y estará en librerías durante el mes de octubre. Manténganse atentos para saber más sobre esta próxima publicación

Artículo previamente publicado en el sitio web “Conjeturas para llevar”, de la autora.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Defensa de John Álvarez anunció que ordenaron su traslado a Fiscalía  

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Organizaciones venezolanas denunciaron torturas a estudiante de la UCV ante Consejo de DDHH de la ONU

 

El abogado Joel García escribió este martes 26 de septiembre en su cuenta de X (antiguamente Twitter) que después de 20 días de denuncias de torturas y detención arbitraria, la Fiscalía del Ministerio Público ordenó el traslado a esa sede del estudiante de antropología de la Universidad Central de Venezuela (UCV), John Álvarez.

“Estaremos informando”, dijo el representante legal del miembro de la comisión de usuarios del comedor universitario e integrante del Sistema Nacional de Orquestas “Simón Bolívar”. 

Por su parte, Marino Alvarado, excoordinador general del Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea), denunció ante el Consejo de DDHH de la Organización de Naciones Unidas (ONU) las arbitrariedades cometidas con Álvarez.

“La tortura no es un hecho del pasado, el 30 de agosto el estudiante John Álvarez fue detenido y torturado por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), aun aunque el juez denuncio las torturas la investigacion no se ha iniciado”, dijo Alvarado. 

Según Wendelin Peña, madre de Álvarez, este fue víctima de una desaparición forzada por más de 24 horas.

“Él fue detenido injustamente, estamos destrozados como familia, pero en pie de lucha porque sabemos que es inocente”, dijo Peña.

“Cuando logré hablar con él tras ser detenido de manera extraña me dijo que le pusieron electricidad en su testículo, porque tiene uno solo. También le dieron golpes”, agregó Peña en un video de Youtube grabado por Provea.

García denunció que no conforme con torturarlo, a Álvarez le robaron sus pertenencias (moto, prendas, reloj, pulsera y otros objetos), además de vaciarle su cuenta bancaria.

A Álvarez lo vinculan con los seis sindicalistas condenados a más de tres lustros de prisión y le acusan de los delitos de conspiración y asociación para delinquir.

Álvarez aseguró que funcionarios del Departamento de Inteligencia Policial (DIP), junto con un oficial del Departamento de Asuntos Especiales (DAE), lo obligaron a hacer una declaración frente a una cámara en la que implicaba al sindicalista Carlos Salazar y al periodista y dirigente vecinal, Carlos Julio Rojas.

 

LEA también:   DDHH Olvidados I Al estudiante John Álvarez lo torturaron y acusan de conspiración 

ONU: Defensoría del Pueblo ignora presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela

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El ente multilateral denuncia que la Defensoría del Pueblo ignoró deliberadamente las denuncias de los familiares de presos políticos que son víctimas de torturas 

Las violaciones a los derechos humanos en Venezuela parecen estar lejos de desaparecer. Entre las instancias cuya inacción parece estar fomentando la repetición de estas vulneraciones resalta aquella que precisamente tiene por misión combatir estos hechos: la Defensoría del Pueblo.

La denuncia la formuló la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MDH) sobre Venezuela en su cuarto informe sobre la situación del país, presentado el 20 de septiembre en Suiza. En el documento se registran  al menos 5 privaciones arbitrarias de la vida, 14 desapariciones forzadas de corta duración, 58 detenciones arbitrarias y 28 casos de tortura y otros tratos crueles.

En el reporte, de 429 páginas de extensión, el organismo multilateral afirmó tener «motivos razonables para creer que la Defensoría, de manera sistemática y deliberada, ha omitido dar respuesta efectiva a las denuncias de graves violaciones de los derechos humanos presentadas por las víctimas y sus familiares, y tampoco ha actuado de oficio ante dichas violaciones».

A esta conclusión llegó el organismo luego de entrevistar a 299 personas tanto presencial como a través de conexiones telefónicas seguras, aplicaciones de mensajería o videollamadas, quienes suministraron información sobre casos ocurridos entre 2020 y 2023.

La instancia afirmó que al menos 27 denuncias presentadas ante las oficinas de la Defensoría del Pueblo en Venezuela jamás se analizaron.

Las denuncias ante la Defensoría venezolana «fueron rechazadas antes de ser registradas formalmente, o bien nunca recibieron una respuesta, ya sea a través de un escrito o a través de medidas concretas», reitera el documento de la ONU.

Defendiendo al gobierno madurista

Para la ONG Acceso a la Justicia, la negativa de la Defensoría del Pueblo a investigar dichos señalamientos es «cuando menos preocupante, porque esta instancia dirige la Comisión Nacional contra la Tortura».

El informe de la MDH destaca que la Defensoría del Pueblo desestimó las denuncias de los casos de John Jairo Gasparini, preso político detenido en el marco de la «Operación Constitución» que hace una semana fue condenado a 16 años de prisión. La familia Gasparini había acudido al despacho de Alfredo Ruíz con la finalidad de exponerle los malos tratos de los que John Jairo estaba siendo víctima desde su cautiverio. 

Un caso similar ocurrió con los seis sindicalistas condenados a 16 años de presidio en agosto del 2023. Las familias afirmaron que acudieron a la Defensoría del Pueblo de Caracas por más de un año, pero en ningún momento sus denuncias se formalizaron.

En el informe de la ONU también se denuncia que la Defensoría del Pueblo tampoco ha tomado medidas para asegurarse de que el Estado atienda las recomendaciones realizadas por la propia MDH, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas o la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La Defensoría del Pueblo solo se pronuncia “bajo los intereses y el respaldo del Gobierno”, afirma el ente multilateral.

«El Defensor del Pueblo ha asumido un perfil público en la denuncia de las sanciones internacionales contra la República Bolivariana de Venezuela y su impacto sobre los derechos humanos, especialmente sobre el derecho a la salud y sobre los derechos de los grupos vulnerables», se lee en el informe.

Solo atiende casos de servicios públicos (y solo a veces)

También se expone que el organismo «responde únicamente a las denuncias relativas a fallas en los servicios públicos, y toma medidas para resolver ese tipo de cuestiones, obviando y aplazando todas las quejas que se refieran a graves vulneraciones de derechos humanos».

Alfredo Ruiz, defensor del Pueblo, dijo que la institución pública había acudido exclusivamente al derecho del acceso al agua y la electricidad al presentar en 2022 su informe anual a la Asamblea Nacional. Pero obvió otros derechos humanos, como el debido proceso y denunciar los tratos crueles e inhumanos.

«Si el pasado año [por 2021] fue difícil para todo el planeta, más lo fue para Venezuela, por el ensañamiento de los poderes hegemónicos en contra de nuestro país. Nos ha tocado padecer y resistir siendo golpeados en la salud, alimentación y la situación social y económica de la población; pero nunca la moral, ni la conciencia», dijo Ruiz.

De acuerdo con Acceso a la Justicia, todos los funcionarios detrás del cargo del defensor del Pueblo mantienen una clara ideología hacia el chavismo-madurismo desde la creación del ente, en el año 2000.

«Los testimonios coinciden en que ni el Ministerio Público, ni los jueces, ni la Defensoría del Pueblo han actuado diligentemente para esclarecer (las) violaciones (a los derechos humanos)», agregó la MDH.

Defensoría del Pueblo: un hilo en el entramado violador

La dependencia política de la Defensoría del Pueblo no es algo nuevo. En su reunión del 12 al 14 de octubre de 2016, la Alianza Global de Instituciones Nacionales para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos (Ganhri, por sus siglas en inglés) degradó a la Defensoría del Pueblo venezolana de categoría, impidiéndole su derecho a votar en dicha institución y tener peso argumentativo frente a la ONU.

El Ganhri dejó solo el derecho de palabra a la Defensoría del Pueblo venezolana, que estaba a cargo de Tarek William Saab en ese momento, porque no era imparcial ni investigaba en favor de la defensa de los derechos humanos.

El informe de la MDH ratifica que bajo Alfredo Ruiz la Defensoría del Pueblo ha seguido el mismo camino que sus antecesores.

«El aparato represivo del Estado en la República Bolivariana de Venezuela, que se desarrolló para anular las amenazas al Gobierno, sigue vigente en la actualidad», denunció la MDH.

«Si bien (…) ha recibido menos denuncias de este tipo de violaciones, las mismas se han llevado a cabo de manera más focalizada contra líderes específicos y conocidos de la sociedad civil, tales como periodistas, dirigentes sindicales y personas defensoras de derechos humanos, así como otros que sirven de ejemplo disuasivo a los disidentes, con impactos diferenciados sobre las mujeres y la comunidad LGTBI+», agregó.

*Con información de Acceso a la Justicia

ASI Venezuela exige al gobierno que anuncie aumento de salario mínimo vital

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La entidad gremial en un comunicado oficial señaló que “la clase trabajadora se encuentra en una situación de crisis muy compleja, ante la pulverización del salario”

 

La directiva de la Central de Trabajadores ASI Venezuela exige al Ejecutivo Nacional el aumento de los sueldos y salarios que ha sido postergado sistemáticamente y que permita la eliminación de la brecha entre el salario mínimo vital y el poder adquisitivo del mismo.

“Los trabajadores venezolanos, no queremos ser catalogados más como trabajadores pobres, ni mendigos o indigentes; no queremos seguir subsidiando al patronal gobierno; ni seguir migrando forzosamente por necesidad de mejorar condiciones laborales; ni seguir pagando los platos rotos del extremismo político”, expresó la Central ASI.

La entidad gremial, en un comunicado oficial ,señaló que “la clase trabajadora se encuentra en una situación de crisis muy compleja, ante la pulverización del salario, la brecha inalcanzable del poder adquisitivo, la desaparición de todos los beneficios adquiridos en los contratos colectivos, la eliminación de las pólizas de seguro, el colapso de los servicios públicos y la crisis del suministro de la gasolina”.

La Central de Trabajadores ASI Venezuela, consideró necesario y urgente, exigirle al Gobierno Nacional, lo siguiente:

Que se anuncie el aumento del salario mínimo vital, vía decreto presidencial en consenso con los actores del Foro de Diálogo Social.

ASI Venezuela pide que el aumento salarial sea de manera lineal sobre las tablas salariales del sistema de remuneración de la administración pública nacional, estadal y municipal; sobre las tablas previstas en los contratos colectivos y en las actas convenio.

Una vez se decrete el aumento de salario mínimo vital, ASI Venezuela exige que se inicie la discusión de las contrataciones colectivas pendientes, fundamentalmente las primas económicas que fueron desmejoradas con la aplicación del Memorando 2792.

Tambié,n solicitaron se siga pagando los complementos del salario mínimo como son: la cesta ticket socialista, fluctuante al BCV de 40 US$ para el sector público y privado; el bono de guerra económica de 30 US$ para trabajadores activos, y de 49 US$ para los jubilados y se iguale este bono, en un acto de justicia social.

Que se apruebe y anuncie el método de consulta para la fijación del salario, resultado del consenso tripartito, durante 13 sesiones del Foro de Diálogo Social, y se instale el proceso excepcional de manera urgente, para debatir y acordar la propuesta salarial.

Finalmente, la directiva de la central ASI Venezuela también pide al ejecutivo nacional que se liberen a los dirigentes sindicales y gremiales detenidos y procesados. Además que se designe en acuerdo con el Gobierno un experto OIT permanente en Venezuela, para que apoye el seguimiento al diálogo social, tal como se acordó ante el Consejo de Administración OIT N°347, en el mes de marzo.

La Misión: un reporte irrebatible

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La Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, que ha extendido periodo hasta 2024, documenta hechos, testimonios y pruebas suficientes para que responsables de estos crímenes sean condenados por la CPI

 

@ovierablanco

La Misión investigó dos muertes: la del general Raúl Isaías Baduel, que murió el 12/10/2021 bajo custodia del SEBIN en El Helicoide; y Salvador Franco, miembro del pueblo indígena Pemón, que murió el 3/1/2021 en la cárcel de El Rodeo I.

El Informe de la Misión Independiente de Determinación de Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela [en lo sucesivo la Misión], Consejo de DD. HH. /ONU [54.° periodo de sesiones], hace innegable la violación de DD. HH. y perpetración de crímenes de lesa humanidad por el gobierno de Venezuela.

A este reporte se suma la decisión de la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) –en el marco de la apelación de Venezuela para suspender la investigación fiscal– que abre espacio a la Oficina de Participación y Reparación de Víctimas [OPRV] para escuchar sus testimonios. Un interés de la sala de sopesar fundamentos sobre la continuación de la investigación en la CPI sobre Venezuela I.

Como si no fuese suficiente, ahora el episodio del Centro Penitenciario Tocorón. A decir de Leonardo Padrón ni “Netflix hubiese aceptado un guion sobre lo que ocurre en Tocorón, por excesivo e inverosímil…”. Qué decir de lo que leerán a continuación: sumario del reporte concluyente de la Misión…

La Misión desnuda y determina los hechos… [2020-2023]

La Misión investigó dos muertes: la del General Raúl Isaías Baduel, que murió el 12/10/2021 bajo custodia del SEBIN en El Helicoide; y Salvador Franco, miembro del pueblo indígena Pemón, que murió el 3/1/2021 en la cárcel de El Rodeo I. Morir en custodia es morir a sabiendas de una privación o de un estado crítico de salud… La Misión registró personas detenidas arbitrariamente, en el marco de la represión selectiva de opositores del Gobierno.

Denuncia crímenes de “tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes como política de Estado dirigida a silenciar, desalentar y anular la oposición al Gobierno” […] Los actos documentados “incluyeron golpizas (en la cabeza, costillas, glúteos, genitales, piernas y dedos de las manos y pies); suspensión por muñecas o tobillos; asfixia con bolsas en la cabeza rociadas con insecticida; exposición a bajas temperaturas y baños fríos” [Informe A/HRC/54/57-D.40]

La Misión igualmente registró como torturas: “quemaduras con cigarrillos; gas lacrimógeno; privación del sueño, luz constante 24 horas del día y música a alto volumen; celdas de espacio reducido que permiten solo estar de pie y aislamiento prolongado; tortura psicológica, amenazas las parejas e hijos de detenidos”. Indica que ciertos actos de tortura y malos tratos “tuvieron por objeto castigar a los detenidos por sus actividades –sindicales o de DD. HH.– por denunciar actos de corrupción, por su activismo político o por pronunciarse en contra del Gobierno” [ob. cit.].

Falta de justicia, intimidación, Con el mazo dando…

Las autoridades venezolanas [señala el reporte] no investigaron ni sancionaron las torturas y malos tratos, pese a las denuncias. “Ni el sistema de justicia ni la Defensoría del Pueblo han actuado con la diligencia debida”.

La Misión -subrayado nuestro- recibe información sobre condiciones deficientes de detención de los opositores al Gobierno en centros de la DGCIM [Boleíta], El Helicoide –del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional– y en el INOF… Denuncia igualmente violencia sexual y de género, “utilizándose como forma de tortura y humillación contra personas opositoras al Gobierno, o percibidas como tales, perpetuando un ciclo de abuso y opresión” [ídem].

Para el periodo desde 2020-2023, la Misión ha investigado 19 víctimas de violencia sexual o de género en lugares de detención, incluyendo personas opositoras, familiares, abogados o abogadas y una mujer transgénero. Cita: “Funcionarios de las FAES y de DGCIM perpetraron actos de violencia sexual o amenazaron a personas con violarlas (detenidas que enviarían desnudas a una habitación con funcionarios varones)”. Además, La Misión ha investigado 42 casos de ataques y restricciones al funcionamiento de partidos políticos y ONG de la sociedad civil, activistas de DD. HH., sindicatos y medios de comunicación. Aún siguen detenidos activistas como Javier Tarazona o el periodista Roland Carreño.

La Misión también documentó amenazas y agresiones físicas por parte de “colectivos” y civiles afines al Gobierno contra miembros de partidos de la oposición y periodistas. Ataques que tuvieron lugar frente a fuerzas de seguridad que no intervinieron. La Misión –dice el informe– “tiene motivos razonables para creer que existe una campaña gubernamental concertada para socavar la reputación de personas opositoras mediante mensajes difamatorios y estigmatizadores emitidos por altos funcionarios del Estado”.

Los individuos, medios de comunicación y organizaciones que publican información crítica al Gobierno –detalla el reporte– son los blancos más comunes de declaraciones difamatorias y de descrédito por parte de funcionarios del Estado. Elocuente: “Durante los actos públicos del Gobierno y las sesiones televisadas de la AN, se realizan declaraciones difamatorias y de descrédito contra personas opositoras. Diosdado Cabello, VP del PSUV, utiliza regularmente su programa Con el mazo dando…”

La criminalización de la política. Inhabilitados…

La Misión señala “que el sistema de justicia penal venezolano se ha utilizado para criminalizar a personas críticas u opositoras al Gobierno, y en particular a periodistas, sindicalistas, defensores de DD. HH. y activistas políticos…”. La legislación venezolana –que prohíbe la difamación y la calumnia, incluida la cuestionada Ley contra el Odio– se ha utilizado para criminalizar el trabajo de defensores de DD. HH. y periodistas.

Es el caso de Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes, acusado de “incitación al odio” en julio de 2021 por haber denunciado supuestos vínculos entre grupos armados y el Gobierno. Nos preguntamos, ¿por qué acciones de difamación y contra la incitación al odio no amparan a ciudadanos sometidos a descalificación, descrédito y escarnio público por actores del régimen?

La Misión también documentó casos de defensores de DD. HH. y funcionarios públicos que denunciaron actos de corrupción por autoridades del Estado y que fueron criminalizados con acusaciones infundadas como “asociación para delinquir” y “revelación de información confidencial”.

En varios casos de criminalización investigados por la Misión, las personas procesadas sufrieron graves violaciones al debido proceso. En particular, la Misión identificó “retrasos indebidos en los procedimientos judiciales, lo que da lugar a que los acusados tengan que esperar meses o años entre audiencias; se le niegue acceso a un abogado de su elección, que el Ministerio Público les niegue una copia de su expediente o que los casos se ‘archiven’”. ¿Por qué no se sobreseen los casos manifiestamente perimidos?

Un caso ilustrativo es el del periodista y miembro de un partido de la oposición Víctor Ugas, procesado por “resistencia a la autoridad” en diciembre de 2019. Durante los primeros 32 meses de este proceso a Ugas se le negó́ el derecho a abogado de su elección y no se le concedió́ acceso al expediente… Ugas sigue detenido. Otro caso ilustrativo “es el de los sindicalistas Néstor Astudillo, Eudis Girot, Gabriel Blanco, Alcides Bracho, Reynaldo Cortés, Alonso Meléndez y Emilio Negrín, detenidos en julio de 2022 tras protagonizar protestas laborales. Luego de su detención se les acusó de delitos de “terrorismo”, “asociación para delinquir”, “sabotaje” y “conspiración”. Fueron condenados en agosto/2023 por los delitos de conspiración y asociación delictiva [ob. cit. C. 67].

Pero El niño Guerrero, cabecilla del Tren de Aragua, gozaba de libertad plena… Así son las cosas.

El informe no deja de mencionar a los inhabilitados. “La Misión tiene motivos razonables para creer que las autoridades han utilizado la inhabilitación política para impedir que miembros de la oposición se postulen a cargos públicos…”. Es la aplicación inapropiada y artificiosa del artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República para impedir que personas se postulen a cargos públicos [lo cual no es el supuesto jurídico] sean elegibles.

Dichas inhabilitaciones –subraya el informe– “no son hechas públicas por la Contraloría General, a pesar de que la ley establece que deben ser publicadas en Gaceta Oficial y comunicadas a las personas interesadas”. En varios casos investigados por la Misión, “las personas sometidas a estas inhabilitaciones solo se enteraron de la prohibición años después de su imposición” [subrayado nuestro].

La Misión identificó “que la práctica de inhabilitar a funcionarios públicos, incluyendo a reconocidos líderes de la oposición, para postularse a cargos públicos ha sido utilizada con mayor frecuencia en los meses previos a los procesos electorales”. Al momento de redactarse el informe, tres de las personas que se presentaron a las elecciones primarias por la Plataforma Unitaria de la oposición, Henrique Capriles, María Corina Machado y Freddy Superlano, habían sido inhabilitadas para participar en las elecciones presidenciales para 2024.

Restricciones a la creación y el funcionamiento de ONG y partidos políticos

La Misión tiene motivos razonables para creer “que el Gobierno está́ utilizando el marco normativo existente para limitar las operaciones de las ONG, los sindicatos y los partidos políticos. Regulaciones recientes –asociadas a objetivos legítimos como la lucha contra el terrorismo o contra el blanqueo de dinero– se utilizan para limitar las operaciones de las organizaciones de la sociedad civil.

Señala el informe: “De aprobarse, los proyectos de ley sobre ONG y sobre cooperación internacional, actualmente en trámite en la AN, impondrían a las organizaciones nuevas limitaciones jurídicas y operativas a su funcionamiento, incluyendo en el aspecto clave de la financiación”.

La Misión tiene motivos razonables para creer que el modus operandi de las divisiones y funcionarios de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas, DAET, coincide con el de anteriores operaciones de seguridad en las que participaron las FAES. “La Misión recibió́ información sobre la participación de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas en las operaciones Trueno, que se llevaron a cabo entre mayo y septiembre de 2022, en cinco estados del país – Guárico, Anzoátegui, Aragua, Miranda y Yaracuy– y en las que 72 personas fallecieron y al menos 345 fueron detenidas”.

Y ahora, Tocorón…

Impensable, inenarrable, inconmensurable lo sucedido en el Centro Penitenciario Tocorón, del estado Aragua. Bizarro, surrealista, insólito, criminal… Una realidad solo proporcional a la barbarie criminal y transgresora de un Estado fallido.

La Misión –que inició sus labores de determinación de hechos sobre Venezuela y cuyo periodo se ha extendido hasta 2024–, ha documentado hechos, testimonios, incidencias y pruebas suficientes para que los responsables de estos crímenes sean condenados por la CPI.

Como se sabe, estamos en etapa de investigación ante esta instancia penal internacional, camino a la etapa final de enjuiciamiento y condena. No es retórica, no es diplomacia. Es justicia penal internacional. A ella le temen porque ha sido, es y será implacable…

Y ahora arde Amazonas. Seguimos documentando. La Misión, un reporte irrebatible.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Delincuencia y violencia de género predominaron en Aragua durante agosto

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En el octavo mes de 2023 se registraron en la entidad 19 muertes violentas

 

32 sucesos violentos se reportaron durante el mes de agosto en el estado Aragua de acuerdo con un informe del Observatorio Venezolano de Violencia.

Voceros del OVV seccional Aragua contabilizaron 33 víctimas y 19 muertes violentas.

Según la investigación el tipo de violencia más frecuente fue la delincuencial con un total de 10 víctimas (33,33%), seguida por las de género con 5 casos (15,15%). 

En tercer lugar, se cuantifican las víctimas de la violencia intrafamiliar, autoinfligida, interpersonal y la policial con 12,12% cada una. Finalmente se ubica la delincuencia organizada con 3,03%.

La violencia de género en general, se afianzó en el segundo lugar con el 24,24% del total de los perjudicados, ya que 3 de las cuatro víctimas de violencia intrafamiliar (9,09%) entran en la categoría de género intrafamiliar. 

La conclusión de los investigadores del OVV es que la violencia de género está presente en 8 de las 33 víctimas reportadas durante el mes de agosto en la prensa Aragüeña.

Once de las diecinueve muertes violentas fueron homicidios (57,89%), mientras que cuatro fueron suicidios (21,05%) y cuatro muertes por intervención policial (MIP) (21,05%).

Los municipios más violentos durante el mes de agosto fueron: Girardot y Ribas con 5 víctimas (15,15% cada uno). 

En segundo lugar, estuvieron los municipios: Mariño, Tovar y Zamora con cuatro víctimas (12,12%), seguido de Libertador con 3 (9,09%), Lamas, Mario Briceño Iragorry y Sucre, con 2 víctimas (6,06%). 

Finalmente, en el quinto lugar estuvieron los municipios: Francisco Linares Alcántara y Santos Michelena con 1 víctima (3,03% cada uno).

Por su parte, en el Área Metropolitana de Caracas (AMC) durante el mes de agosto se manifiestaron principalmente dos tipos de delitos: los homicidios intencionales y los robos. Estos dos crímenes fueron los más frecuentes, con 47% y 28% de ocurrencia respectivamente, sobre un total de 33 casos analizados según los datos del Observatorio de Prensa (OP) del OVV Región Capital.

 

Con información de Observatorio Venezolano de Violencia 

 

LEA  Remigio Ceballos admite que el Tren de Aragua operaba desde el penal de Tocorón

Una Ventana a la Libertad: Jubilado petrolero se suicidó luego de recibir sustitutiva de libertad

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Fue acusado de abusar sexualmente de su pareja

 

Un hombre se suicidó en su residencia de la calle Zamora de Punta Cardón, municipio Carirubana del estado Falcón el pasado lunes 25 de septiembre.

Según un reporte de la ONG Una Ventana a la Libertad, Misael Jesús Salazar Colina de 62 años se mató luego de haber recibido una medida sustitutiva de libertad por el delito de abuso sexual. 

Salazar era jubilado de la empresa petrolera y vivía solo en su residencia. Su cadáver fue encontrado en avanzado estado de descomposición por su hermano, quien había ido a visitarlo. 

Familiares de Salazar informaron que este padecía de depresión a raíz de haber permanecido varios meses en la sede de la policía de Carirubana tras haber sido acusado por familiares de su pareja de haberla ultrajado sexualmente.

De acuerdo con allegados, Salazar intentó quitarse la vida en reiteradas ocasiones mientras estuvo en cautiverio, pero detenidos que compartían espacios en el lugar, lo convencían de no hacerlo.

En audiencia preliminar a Salazar le habían otorgado recientemente una medida sustitutiva de libertad.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas iniciaron averiguaciones para determinar supuestos mensajes de incitación al suicidio en su celular de parte de su pareja.

Intento de fuga en Barinas

De acuerdo con fuentes policiales, un grupo de reos intentó fugarse la tarde del pasado lunes 18 de septiembre, de los calabozos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Barinas. 

La escaramuza comenzó en el calabozo destinado a los implicados en robos de vehículos. Funcionarios retornaban a su celda a 18 presos que fueron trasladados a la Fiscalía del Ministerio Público y los tribunales.

Otros detenidos en las áreas de Homicidios y Subdelegación, aprovecharon el momento para intentar desarmar a los funcionarios, pero la revuelta fue controlada posteriormente.

Familiares de los detenidos denunciaron que en tres calabozos con capacidad para 50 personas conviven más de 200 detenidos.

 

Con información de Una Ventana a la Libertad 

 

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Control Ciudadano exige a Fiscalía establecer responsabilidades por daño ambiental en Yapacana

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La organización destacó que, si bien las autoridades militares han detallado el despliegue de más de 25.000 militares en Yapacana para “erradicar, definitivamente, la minería ilegal”, hasta la fecha no se han determinado responsabilidades

 

Este martes, 26 de septiembre, la ONG Control Ciudadano solicitó a la Fiscalía y demás autoridades “determinar las responsabilidades” de funcionarios civiles y militares “que permitieron que, durante la última década, se instalará la minería ilegal” en el parque Nacional Yapacana, en el estado Amazonas.

“Control Ciudadano exhorta al Ministerio Público y demás autoridades competentes a determinar las responsabilidades penales, civiles y administrativas de funcionarios públicos, civiles y militares, con competencia de guardería ambiental, por la omisión de su deber de impedir los daños ecológicos ocasionados al parque nacional Yapacana”, pidió la ONG en un comunicado.

La organización destacó que, si bien las autoridades militares han detallado el despliegue de más de 25.000 militares en Yapacana para “erradicar, definitivamente, la minería ilegal” y el desalojo de más de 14.000 personas señaladas como “mineros ilegales” desde el 1 de julio, hasta la fecha no se han determinado responsabilidades por la omisión del deber de “guardería ambiental”.

Desde julio, la Fuerza Armada ha llevado a cabo múltiples operativos en la Amazonía venezolana que han resultado en la expulsión de más de 14.000 personas señaladas como “mineros ilegales” y en el desmantelamiento de “más de 4.500 estructuras tipo campamentos” usadas para la práctica ilícita de esta actividad, según la institución castrense.

El pasado jueves, el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez, informó de la detención de 51 personas acusadas de practicar la minería ilegal en la Amazonía, 42 de ellas extranjeras, de las cuales 37 son de nacionalidad colombiana, dos brasileños, dos ecuatorianos y un peruano.

El militar dijo recientemente que un tribunal ha autorizado la aplicación de “medidas judiciales precautelares” contra los acusados de practicar la minería ilegal en Yapacana.

Se deben vigilar los DDHH y uso proporcional de la fuerza

Un trabajo publicado en el portal web TalCual destacó que las operaciones de la Fuerza Armada Nacional (FAN) contra la minería ilegal en el Parque Nacional Yapacana pasan por el respeto a los derechos humanos y el uso proporcional de la fuerza.

El portal reseñó que el investigador y profesor del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile y especialista en Relaciones Internacionales, seguridad y Defensa, indicó que a la Fuerza Armada no le corresponden este tipo de operaciones salvo que esté en juego la defensa territorial.

Puntualizó que, en una misión de no guerra, debería haber un criterio de «supervigilancia» respecto a los derechos de los grupos originarios y también reportes de derechos humanos.

Vladimir Aguilar, director del Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas de la ULA, refiere que en la zona «ha habido excesos, pero también quienes están haciendo la minería han violado los derechos de las generaciones futuras y de la naturaleza».