Inicio Blog Página 1221

Denuncian irregularidades durante requisa en centro de reclusión de la PNB en Barquisimeto 

0
Funcionarios trasladaron a los privados de libertad a la Comandancia General de la Policía Nacional Bolivariana al oeste de la capital larense 

 

De acuerdo con el diario de Barquisimeto El Informador,  privados de libertad del Centro de Reclusión al Detenido de la Policía Nacional Bolivariana, mejor conocido como “Comisaría de Pata e’ Palo”, fueron trasladados a la Comandancia General de la PNB (Aduana), localizado en el sector los Crepúsculos, al oeste de la capital larense.

Según el medio de  Barquisimeto, funcionarios adscritos a la División de Investigación Penal (DIP) junto a la División Contra la Delincuencia Organizada (DCDO) efectuaron una requisa sorpresa la madrugada de este miércoles 27 de septiembre.

Familiares expresaron que los detenidos fueron llevados al recinto policial donde permanecerán hasta que las autoridades culminen la requisa.

Videos difundidos en redes sociales muestran a allegados reclamando a las autoridades luego de escuchar detonaciones dentro del recinto penitenciario.

Versiones de familiares apuntan a que la población penal de la “Comisaría de Pata e’ Palo” supera los 100 detenidos, sin embargo la cifra no pudo ser corroborada por periodistas de la región.

Mujeres denunciaron que cuando llegaron a llevar la comida a sus familiares consiguieron un centro de reclusión acordonado por funcionarios policiales. 

Se conoció que los reos fueron trasladados en un par de autobuses que hicieron al menos seis recorridos.

La requisa se produce a una semana de la intervención de efectivos policiales y militares en el Centro Penitenciario de Aragua, mejor conocido como Tocorón. 

La cárcel aragüeña fue el epicentro de la denominada “Operación Liberación Cacique Guaicaipuro”, donde según el Ministerio de Comunicación e Información participaron 11 mil funcionarios.

En la supuesta toma, los líderes de la megabanda criminal del “Tren de Aragua”, incluyendo a Héctor Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero” se fugaron antes que llegara la comisión liderada por el ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos.

Por el escape fueron detenidos el director y subdirector de Tocorón, Rigoberto Jesús Fernández Colina y Ezequiel Antonio Pérez Rivero, respectivamente, además de cinco custodios adscritos al Ministerio de Servicio Penitenciario. 

 

LEA  Incursión en Tocorón: ¿Y el Niño Guerrero? 

Víctimas de violaciones a DDHH en Venezuela tienen hasta octubre para ser escuchadas en la CPI

0
Se les preguntará a los afectados si consideran que la reanudación de la investigación del Fiscal de la CPI debe ser confirmada, enmendada o revocada

 

Hasta el mes de octubre tienen las víctimas de violaciones a los derechos humanos en Venezuela para ser escuchadas por la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI), informó la ONG Defiende Venezuela.

Los afectados podrán exponer sus casos ante la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones de la Secretaría (“VPRS” por su siglas en inglés), en el marco del proceso de apelación en contra de la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares I que autorizó la continuación de la investigación de la Fiscalía en el caso Venezuela.

En esta ocasión, se les preguntará a las víctimas si consideran que la Decisión del Artículo 18(2), que permite la reanudación de la investigación del Fiscal de la CPI, debe ser confirmada, enmendada o revocada en apelación.

Para esta sesión sólo podrán participar aquellas personas que sean víctimas directas o indirectas y que no hayan participado en la convocatoria anterior. 

“Esta es una nueva oportunidad, para que las víctimas puedan dar sus testimonios sobre los actos atroces a los que fueron sometidos por parte del Gobierno de Maduro”, reza un comunicado de Defiende Venezuela.

La ONG expuso que el texto publicado por la CPI incluye una serie de respuestas a preguntas frecuentes que pueden ayudar a los afectados a sentirse seguros de poder compartir su opinión con respecto al proceso de investigación.

Según el artículo 85 de las Reglas de Procedimiento y Prueba de la CPI, una víctima es una persona natural que ha sufrido un daño como consecuencia de la comisión de algún crimen de la competencia de la CPI. También pueden incluirse a organizaciones o instituciones que sufrieron daños directos a alguno de sus bienes dedicados a la religión, la instrucción, las artes, las ciencias, la beneficencia, monumentos históricos, hospitales u otros lugares u objetos con fines humanitarios.

 

Con información de Defiende Venezuela 

 

LEA  Denuncian ante Consejo de DDHH de la ONU al menos 300 ataques a defensores y ONG durante 2023

Machado pide a Consejo de DDHH de la ONU acompañar primaria opositora

0
María Corina también pidió que se respete el derecho al voto dentro y fuera del país

 

Este martes, 26 de septiembre, la candidata a las primarias y dirigente del partido político Vente Venezuela, María Corina Machado, pidió al Consejo de DDHH de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), acompañar el proceso de la primaria opositora.

A través de una intervención en la sesión, Machado recalcó que en Venezuela se sigue torturando, violando los derechos humanos y cometiendo crímenes de esa humanidad. 

“Estamos luchando por la justicia y la libertad que no serán posibles sin democracia, por eso hemos decidido avanzar a elegir un liderazgo unitario en unas primarias ciudadanas el próximo 22 de octubre, liderazgo que enfrentará Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales”, dijo Machado.

La candidata afirmó que sabe el riesgo al que se enfrentan los organizadores del proceso comicial y los candidatos, pues algunos de ellos están siendo hostigados y perseguidos hasta con detenciones arbitrarias “por querer un cambio por la vía del voto”.

“En esta hora les pedimos a los miembros del Consejo y de la misión que acompañen el proceso de primaria y que nos ayuden a que se respete el derecho al voto de los venezolanos dentro y fuera del país. Venezuela será libre”, indicó. 

La dirigente política también expresó su agradecimiento a la Misión de Determinación de hechos de la ONU sobre Venezuela por su contundente informe, en el que expuso que en el país se mantiene una estructura sistemática para reprimir a la disidencia. 

Primaria opositora a

Cada cuatro días ocurre un suicidio o un intento de suicidio en la región andina

0
Las cifras son consecuencia de factores como la pobreza, desempleo, pésima calidad de los servicios públicos, falta de atención medica y la migración

@Luciapietf

El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA)  registró 43 suicidios y 28 intentos de suicidio entre enero y el 10 de septiembre de este año en la región andina, conformada por Mérida, Táchira y Trujillo, lo que se traduce en una ocurrencia promedio de cada cuatro días, de acuerdo a la información publicada en sus redes sociales. 

El estado con mayor cantidad de casos es Mérida, con 33 suicidios y 25 intentos. Le siguió Táchira con siete suicidios y dos intentos y, por último, Trujillo, con siete suicidios y un intento, según datos recabados por la institución mediante monitoreos en redes sociales, páginas web de periodistas, medios de comunicación y, en menor medida, información de los cuerpos de seguridad de la región, debido a la ausencia de datos oficiales emitidos por entes públicos.

«La falta de información pública impide contar con estadísticas oficiales, situación que genera márgenes de error y diferencias en los registros que hacen distintas organizaciones no gubernamentales», aclararon. 

El observatorio advirtió que estas cifras son consecuencia de factores como la pobreza, desempleo, pésima calidad de los servicios públicos, falta de atención medica y la migración, situaciones que aumentan el riesgo de cometer un suicidio.

En un estudio reciente, la ODH-ULA concluyó  que mejorar la calidad de vida y facilitar el acceso a servicios de salud eficientes para la población puede reducir las tasas de mortalidad por suicidio. 

Declara que es responsabilidad del Estado prevenir este suceso y exhorta a las autoridades a atender de manera urgente las causas de riesgo mediante políticas públicas adecuadas «lo cual requiere de una verdadera voluntad política para tomar acciones que permitan al país superar la Emergencia Humanitaria Compleja que viene atravesando desde hace varios años». 

El primer lugar

El Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) contabilizó 2.173 muertes por suicidio durante el 2022, según su informe sobre violencia autoinfligida, donde Mérida también fue la entidad con mayor mayor cantidad de acontecimientos, con una tasa de 8,3 suicidios por cada 100 mil habitantes.

El documento indicó que el ahorcamiento, dispararse con un arma de fuego y el envenenamiento fueron los métodos más empleados por las personas para atentar contra su vida.

 

Denuncian ante Consejo de DDHH de la ONU al menos 300 ataques a defensores y ONG durante 2023

0
La abogada Génesis Dávila exigió al Estado venezolano a cesar su criminalización en contra de la sociedad civil, liberar a los presos políticos y cerrar los centros de tortura existentes en el país

 

La ONG Defiende Venezuela, organización dedicada a denunciar efectivamente ante los organismos internacionales las violaciones de derechos humanos en Venezuela, denunció ante el 54º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que en lo va de 2023 se han documentado al menos 300 ataques contra defensores y organizaciones en el país.

A través de un derecho de palabra en diferido, la presidenta de la ONG, la abogada Génesis Dávila, insistió en que en Venezuela defender los Derechos Humanos resultaba una actividad de “alto riesgo”, por lo que exigió a los Estados miembros de este consejo a “aumentar su apoyo para el fortalecimiento de los mecanismos de protección de los defensores y de la sociedad civil”.

En su intervención, Dávila hizo mención al caso del estudiante de la Escuela de Antropología de la UCV, John Álvarez, quien fue detenido arbitrariamente el 23 de agosto por efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), y ha sido víctima de torturas y tratos crueles bajo custodia del Estado.

Asimismo, recalcó el caso del profesor Javier Tarazona, Director General de la ONG Fundaredes, quien lleva más de 800 días detenido y su audiencia ha sido diferida en múltiples oportunidades.

Por último, Dávila exigió al Estado venezolano a cesar su criminalización en contra de la sociedad civil, liberar a los presos políticos y cerrar los centros de tortura existentes en el país.

Sociedad civil en defensa de los DD.HH

Durante este encuentro, la sociedad civil venezolana, en su misión de defender los derechos humanos y denunciar las situaciones que viven las víctimas, expresaron sus opiniones sobre lo que se vive en Venezuela. 

El director de la ONG Aula Abierta, David Gómez, expresó que en el país “el cierre del espacio cívico ha alcanzado niveles sin precedentes”.

“Tanto el Poder Ejecutivo, legislativo, judicial electoral impiden elecciones estudiantiles y profesorales y de autoridades universitarias, coartando los nuevos liderazgos propios del tejido universitario y restringiendo la libertad de asociación, libertad académica de expresión, pensamiento, derecho a la educación, autonomía universitaria”, dijo.

Cerró su participación pidiendo a la comunidad internacional exigir al Estado garantizar la participación de la Juventud en los asuntos públicos y procesos electorales a los órganos internacionales y, de la misma manera, documentar los ataques a la universidad venezolana.

300 ataques

Cecodap y Redhnna: «Cada día al menos seis menores de edad sufren un acto violento en Venezuela»

0
En el  informe «Somos Noticias, capítulo Violencia», las ONG dedicadas a los derechos humanos en la infancia contabilizó 1541 hechos directamente relacionados con muertes, abusos sexuales o psicológicos, violaciones a la integridad y a los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Venezuela entre diciembre del 2022 y julio del 2023
Al menos 326 muertes a menores de edad fueron catalogados como prevenibles. El desabastecimiento en los centros de salud fue una de las principales causas de muerte infantil 
Cecodap: «La consecuencia de la desatención pública puede ser el suicidio. El impacto que tiene la violencia afecta directamente a la salud mental de los niños, niñas y adolescentes»

 

«Desde el año 2005 no hay datos oficiales sobre violencia en contra de los niños, niñas y adolescentes en este país. A través de los registros de la prensa pudimos ver 1.541 situaciones de violencia que afectan a los niños en 8 meses. Eso quiere decir que todos los días al menos 6 niños son víctimas de violencia en sus distintas expresiones», denunció Carlos Trapani, abogado y coordinador general de Cecodap, en la presentación del Informe Somos Noticias, Capítulo Violencia este 26 de septiembre. 

Las ONG Cecodap y la Red por los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes (Redhnna) analizaron 1995 notas de prensa en 22 medios de comunicación entre diciembre del 2022 y julio del 2023. Durante esos ocho meses, se registró un mínimo de 326 muertes prevenibles en niños, niñas y adolescentes y cerca de 1.215 hechos violentos donde un menor de edad fue vulnerado directa e indirectamente. 

«El derecho a la integridad está vulnerado en toda la familia. Existe un contexto de mucha adversidad. El eje temático y conductor de este informe es que la negligencia vulnera el derecho de la integridad de los niños. Eso se traduce desde la negligencia del Estado, de la familia y al de la sociedad», puntualizó Trapani. 

Del total de muertes, al menos 189 niños y niñas de 0 a 12 años fallecieron durante el periodo del monitoreo y 91 adolescentes —de 12 a 17 años— perdieron la vida. En 46 de los casos no se especificó la edad de las víctimas.

«El 91,6 % de las notas de prensa registran a los niños, niñas y adolescentes como víctimas, mientras que 8,4 % señala a adolescentes como victimarios», señala el informe. 

Informe Somos Noticia, capítulo Violencia. Venezuela 2023. Cecodap y Rdhnna.

Cortesía de Cecodap y Redhnna

Los estados con mayor cantidad de hechos violentos registrados fueron Anzoátegui (con 156 reportes), Zulia (con 155) y Carabobo (con 115). Mientras tanto, los estados con menor cobertura sobre hechos violentos a la niñez y adolescencia en Venezuela fueron Apure (con 13 casos), Amazonas (con 6) y Yaracuy (con 5). Del total, solo 7 hechos violentos no están identificados geográficamente.  

«Sabemos que esto es una fotografía del país, no son los datos completos. No todos los hechos terminan siendo noticias, o esas informaciones terminan siendo tapadas por otra ola de noticias. Quizás ese caso que salió a la prensa se olvide a las 48 horas. Por eso es tan importante la sistematización (de datos) para el ejercicio de la memoria. El Estado, hasta ahora, no ha ofrecido cifras sobre la violencia en varios años», explicó Carla Serrano, socióloga jurídica y secretaria adjunta de la Redhnna. 

Hospitales empobrecidos y la negligencia: las muertes más recurrentes

La crisis humanitaria compleja y la desatención estatal son los principales actores en los decesos. 116 menores de edad murieron por la falta de garantías sanitarias en los centros de salud y otros 116 fallecieron en contextos de accidentes de tránsito, accidentes domésticos y desastres socioambientales.

«Que un 35,6 % de los niños, niñas y adolescentes que han muerto haya sido por incumplimiento de la calidad de las condiciones hospitalarias es muy grave. Esto habla que no estamos haciendo la intención de prevención», asevera Serrano. «Además, cuando estos casos son reseñados en los medios, no se puede identificar si las autoridades está indagando el origen de estas muertes».

La socióloga del Redhnna destacó sobre la muerte de 60 bebés y recién nacidos en el hospital Luis Razzetti de Barcelona, debido a falta de insumos y la presencia de una supuesta «bacteria». Hasta los momentos las autoridades locales no han anunciado una investigación epidemiológica o forense.

Serrano informó que la tasa de muertes por accidentes —«que lo catalogamos como negligencia de los cuidadores y de otras instituciones, desde el Estado hacia abajo»— también cubre el 35,6 %. De ese grupo, 47 menores de edad murieron por ahogamiento o inmersión a cuerpos de agua, 22 por accidentes de tránsito y 6 por derrumbes o aludes torrenciales. 

Suicidio en la infancia 

«El caso de suicidios es alarmante: en tan solo 8 meses comprobamos 14 casos», denunció la secretaria adjunta de la Redhnna. «La víctima más joven tenía 8 años y vivía en Guárico. Se suicida, presionada, porque tenía una serie de abusos sexuales sostenidos por su abuelo durante varios meses y la familia no tenía recursos para atender el caso». 

Cecodap y Redhhna advierten que los casos de suicidios va en aumento, y el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) también lo afirma. De acuerdo con el último reporte de la OVV en mayo de este año, en 2020 se registraron 28 casos, en 2021 hubo 34 y para el 2022 la cifra se elevó a 49.

«Otra conclusión cualitativa que evidenciamos en todos los casos de violencia es que las personas no formalizan la denuncia, ya sea por miedo o desinformación. Lo que muestra un posible subregistro», advirtió el abogado de Cecodap. 

A diferencia del informe Somos Noticias, la OVV registra 17 menores de edad víctimas de suicidio entre enero y abril del 2023, «18 % del total de suicidios a nivel nacional». En todos los casos se evidencia a la emergencia humanitaria compleja como el principal motor de estos decesos.

«La consecuencia de la desatención puede ser el suicidio. El impacto que tiene la violencia afecta directamente a la salud mental de los niños, niñas y adolescentes», afirmó Trapani.

Femicidios y abuso sexual infantil en aumento

Más de 439 casos de abuso sexual a menores de edad se vieron en los últimos 9 meses, según la sociedad civil. De ese grupo, en 320 casos (72,9 %) las niñas y adolescentes femeninas fueron víctimas y 119 (27,1 %) casos los niños y adolescentes masculinos fueron víctimas. 

«Si vemos las edades, casi la mitad —el 48,5 % — son adolescentes entre 12 y 17 años, pero también vemos casos de bebés menores de 2 años que son víctimas, con 22 % (97 casos del total)», puntualizó Serrano. 

La socióloga apuntó que no todas las notas de prensa ofrecen los datos completos de la víctima, como la edad. «En un panorama donde el Estado no da cifras, el registro es lo más importante». 

Con respecto a los victimarios, el informe marca como tendencia que los principales responsables del abuso sexual infantil son miembros del círculo familiar de la víctima, «pero en 30 % de los casos durante este periodo el victimario era un desconocido para el menor de edad». 

Unas de las hipótesis de Cecodap y Redhnna sobre el aumento de estos casos con victimarios desconocidos pueden relacionarse con el fenómeno de la niñez dejada atrás, ya que los menores de edad no acompañados por sus padres y representantes porque han migrado a otro país y el NNA queda vulnerable. 

Bajo este contexto, durante la rueda de prensa destacaron que hubo 10 femicidios en los 8 meses del informe. Esta cifra va por debajo de los 42 casos que registra la ONG Cepaz en lo que va de 2023.

Malos tratos y secuestros silenciosos

Al menos 15 de las 24 víctimas mortales por tratos crueles no superaban los 3 años de edad. «Acá se evidencia una vulnerabilidad en las familias que recae en la violencia al menor. Por eso es importante prevenir y apoyar a las familias en su tratamiento psicológico y apoyo humanitario», agregó Serrano. 

Los representantes de Cecodap y Redhnna advierte que la mayoría de los tratos crueles reportados provienen de la presión familiar en el contexto de la emergencia humanitaria compleja, donde la precariedad socioeconómica, la degradación del sistema educativo y de los sistemas de apoyo psicosocial y legal estatales inciden en la violencia intrafamiliar. «Pero este contexto no excluye a todos los casos». 

«Existen otros tipo de violencia que no se tiene registro, que es el maltrato psicológico. La violencia psicológica no está visibilizada», dijo Serrano. 

Mientras tanto, los secuestros también aumentaron con respecto al año pasado. Al menos 25 menores de edad —12 personas del género femeninos y 13 del masculino— fueron rescatados en los estados Nueva Esparta, Delta Amacuro, Zulia y Táchira.

«Varios de estos casos se conectan con la trata de personas. En algunos casos los entes públicos competentes informaban que los menores los trasladaban desde el centro del país hasta la frontera», enfatizó la representante de la Redhnna. 

La delincuencia atrapa a la juventud

Los expertos en derechos humanos infantiles advirtieron que la emergencia humanitaria compleja también ha empujado a los menores de edad a ser victimarios. Cerca de 145 casos se registraron en la prensa donde el responsable del presunto delito es un adolescente, en su mayoría del género masculino. 

36 adolescentes estuvieron involucrados en casos de homicidios y asesinatos, mientras que 23 están relacionados a delitos de origen sexual (como el abuso y la explotación). Los casos de robos, hurtos y vandalismo registran 14 casos cada uno. 

«La responsabilidad es compartida entre el Estado y los núcleos familiares en todos los casos mencionados. Identificamos que en el ámbito familiar y escolar hay altos niveles de frustración, de ansiedad, de rabia, que son los detonantes de la violencia», informó el abogado de Cecodap. «Y esto es prevenible. No estamos condenados a la violencia, se requiere un trabajo público».

Trapani dijo que, desde el año 2020, han aumentado los casos de denuncias. «Pero la recepción de un caso no significa la restitución».

Cecodap también ha registrado la normalización de la violencia en los entornos de los menores de edad por la violación al derecho humano del debido proceso. «El Ministerio Público no da respuestas o información pública sobre el seguimiento de las denuncias». 

Las ONG en derechos humanos en la infancia denunciaron que no existen suficientes instituciones públicas para la atención de los menores de edad, y, si las hay, se centran en las principales ciudades del país. «Mientras más alejados de la capital, más desprotegidos y vulnerables están», concluyó Trapani. 

Estudiante John Álvarez perdió la visión del ojo izquierdo tras torturas en la Daet

0
De acuerdo con García, el estudiante fue “torturado” por funcionarios de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la Policía Nacional Bolivariana

 

Este martes, 26 de septiembre, el abogado Joel García informó que el estudiante universitario John Álvarez, detenido en agosto y acusado de los delitos de conspiración y asociación para delinquir, perdió “la visión del ojo izquierdo” a causa de las “torturas de la que fue víctima” por parte de policías.

A través de la red social X (antes Twitter), el jurista aseguró que al joven lo “llevaron al servicio forense de la Fiscalía”, donde le diagnosticaron “pérdida de la visión del ojo izquierdo, inflamación del riñón izquierdo y lesión en la pierna derecha”.

De acuerdo con García, el estudiante de Antropología de la Universidad Central de Venezuela (UCV), fue “torturado” por funcionarios de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

ONG, activistas, familiares y abogados han denunciado que Álvarez fue “golpeado con un bate” y recibió “descargas eléctricas”, por lo que han exigido a la Defensoría del Pueblo activar la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, y a la Fiscalía General la apertura de una investigación.

El abogado Zair Mundaray afirmó en su cuenta en la red social X que dichas torturas fueron cometidas por funcionarios de la DAET de la Policía Nacional, “el mismo FAES con otro nombre”

Cabe recordar que el nombre de las Fuerzas de Acciones Especiales fue cambiado en el año 2020 para evadir la recomendación de Michelle Bachelet y la misión de Determinación de Hechos de la ONU de disolver las Faes.

 

El más reciente informe de la Misión internacional independiente de determinación de hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, publicado el pasado 20 de septiembre, indicó que la DAET tiene funciones similares y actúa del mismo modo que las FAES, a quien habían señalado en informes anteriores de ejecuciones extrajudiciales y graves violaciones de DDHH.

“Además, de manera preocupante, la nueva Dirección (DAET) cuenta en su cadena de mando con oficiales de las FAES y de otros cuerpos de seguridad que están identificados en el informe de la Misión de 2020 como involucrados en violaciones graves a los derechos humanos e incluso crímenes de lesa humanidad”, señaló el documento.

Víctima de torturas

Según Wendelin Peña, madre de Álvarez, este fue víctima de una desaparición forzada por más de 24 horas.

“A él lo detuvieron injustamente, estamos destrozados como familia, pero en pie de lucha porque sabemos que es inocente”, dijo Peña.

“Cuando logré hablar con él tras ser detenido de manera extraña me dijo que le pusieron electricidad en su testículo, porque tiene uno solo. También le dieron golpes”, agregó Peña en un video de Youtube grabado por Provea.

García denunció que no conforme con torturarlo, a Álvarez le robaron sus pertenencias (moto, prendas, reloj, pulsera y otros objetos), además de vaciarle su cuenta bancaria.

A Álvarez lo vinculan con los seis sindicalistas condenados a más de tres lustros de prisión y le acusan de los delitos de conspiración y asociación para delinquir.

Álvarez aseguró que funcionarios del Departamento de Inteligencia Policial (DIP), junto con un oficial del Departamento de Asuntos Especiales (DAE), lo obligaron a hacer una declaración frente a una cámara en la que implicaba al sindicalista Carlos Salazar y al periodista y dirigente vecinal, Carlos Julio Rojas.

John Álvarez a

Violencia contra mujeres y niñas que hacen vida en el Arco Minero es una constante

0
En el Arco Minero del Orinoco, la contaminación por sustancias tóxicas empleadas en la minería ilegal empuja a los indígenas a incorporarse al trabajo minero
Los crímenes en las zonas mineras afectan a las mujeres y niñas de manera diferenciada por razones de género, edad y etnia
ONG alertan que las edades para iniciar el trabajo sexual en el Arco Minero han disminuido de forma considerable, con la participación de ‘niñas de hasta 7 y 8  años

 

La contaminación de las aguas y los suelos por sustancias tóxicas como el mercurio, empleadas en la extracción ilegal de minerales en Amazonas y Bolívar,  ha limitado las actividades agropecuarias indígenas y los obliga a incursionar en la minería. Además, las mujeres y niñas – de hasta 10 años– que realizan labores domésticas y trabajo sexual en el Arco Minero se ven sometidas a condiciones de salud e higiene precarias, según el conversatorio impulsado por el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), este 25 de septiembre a través de X Spaces. 

La actividad se tituló «Violencia contra mujeres y degradación ambiental en el Arco Minero» y contó con la participación de Estefanía Mendoza, coordinadora general de Mulier Venezuela, y Eumelis Moya, abogada y coordinadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), núcleo Guayana, quienes expusieron los hallazgos de investigaciones realizadas por ambas entidades respecto a la situación de emergencia en el Arco Minero del Orinoco (AMO).

Mendoza indicó que en el noveno informe sobre sobre la Situación de las mujeres y el ambiente en Venezuela en el marco de la revisión del Estado Venezolano ante la Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) destacaron las consecuencias de la minería ilegal como los impactos ambientales, destrucción de territorios ancestrales indígenas y la contaminación general por el uso de sustancias tóxicas – como el mercurio- utilizadas en la explotación de minerales, una situación que vienen denunciando los líderes indígenas y defensores de la naturaleza de los estados Amazonas y Bolívar. 

La investigadora resaltó que la contaminación se está extendiendo y que hay estudios que demuestran la presencia de mercurio en distintos pueblos indígenas, yanomamis, pemones, yekuanas y sanemas, que incluso se ha extendido hacia comunidades no indígenas en El Callao, Isla Ratón y otras zonas de curso del Orinoco. También, manifestó que el Estado venezolano no ha ratificado el Convenio de Minamata sobre el Mercurio y que al ser cuestionados en el CEDAW sobre esto, no ofrecieron respuestas precisas. 

”(…) Desde el 2016 hay una prohibición del uso de mercurio, pero la realidad es que es ampliamente usado para la actividad minera en Venezuela (…) y sin ningún tipo de política pública para atender a los peligros del uso de esta sustancia”, declaró. 

En la investigación también se destacó la incorporación de temas como la esclavitud moderna, trata de persona, explotación de mujeres, adolescentes y niñas – especialmente indígenas- en las llamadas «currutelas», y la “violación de derechos generalizada (…)  como ya hemos visto con situaciones como la masacre de Yapacana», ocurrida a mediados de este mes”.

Es un panorama que no solo tiene que ver con la falta de presencia del Estado, o sus acciones de corrupción en la zona, sino también con la presencia de grupos armados irregulares, los denominados «sindicatos», que controlan estos sitios  y se vuelven un «paraestado», explicó Mendoza. 

Lo que quedó para los pueblos indígenas

La depredación del ambiente que contamina las aguas y arrasa con los suelos limita las actividades propias de los grupos autóctonos, como la agricultura y la pesca. Esta situación los acerca a la pobreza y, seguidamente, los empuja a la minería como única solución. Según Mendoza, este hecho facilita la «narrativa» de una «minería ecológica» que promueven algunos sectores, especialmente el gobierno. 

”(…) No es solo la atención a la actividad minera  lo que se exige el Estado, sino también la atención a las condiciones generales de la zona, porque solo si existen oportunidades, la posibilidad de tener una vida económica,  atención de salud, garantía de derechos,  es que las personas van a poder dedicarse a otras actividades”, concluyó. 

La investigadora advirtió que es necesario exigir al Estado políticas públicas integrales y acciones lógicas para atender esta situación y abandonar este modelo de explotación y saqueo del ambiente a costa del resguardo de nuestros bienes naturales ”que tienen un significado tan importante en un contexto de cambio climático”.

¿Qué pasa con la mujer en el Arco Minero?

A través de los resultados de la investigación ”Formas Contemporáneas de Esclavitud en el Estado Bolívar,  una perspectiva de género-sensitiva”, Eumelis Moya aclaró el impacto diferenciado de los crímenes de los que son víctimas mujeres y niñas en los municipios Callao, Roció y Sifontes del estado Bolívar que hacen vida en el AMO, y como la ausencia generalizada de un enfoque genero-sensitivo ha decantado en la estigmatización de quienes hacen vida allí.

Detalló que desde el trabajo doméstico hay un perjuicio de la salud y la higiene por la escasez de agua o el acceso a líquidos contaminados, así como la preparación de alimentos en fogones, cuyo humo afecta sus pulmones y derivan en enfermedades respiratorias. 

En lo que respecta el trabajo sexual, sin importar que la víctima haya ido por cuenta propia o bajo circunstancias engañosas, debe laborar en condiciones de privacidad e higiene poco apropiadas o nulas, a su vez  deben hacer una erogación para su protección y permanencia en esos lugares. Aunado a este punto, se encuentran los matrimonios forzados a temprana edad, donde desde el CDH han calculado un 35% de afectación, ”siendo modestos”.

Indicó que las edades para iniciar el trabajo sexual han disminuido de forma considerable, con la participación de ”niñas de 7 y 8  años que realizan trabajo sexual en las plazas”. Agregó como preocupación la propagación de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), con niñas de hasta 10 años en estado de gravedad, junto a las altas cifras de embarazos adolescentes, con un 25% dentro de los embarazos generales reportados en el estado.

”(…) Hablar del tema requiere sentarse, detenerse y empezar a evaluar los segmentos de una manera interseccional”, declaró, refiriéndose a la complejidad de la afectación sobre las mujeres, que varía por edades y grupos étnicos. 

La abogada también expresó las dificultades para visibilizar las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el AMO, por el peligro que implica investigar la zona con la presencia de los grupos irregulares. Al denunciar los hechos, lo hacen de manera cuidadosa ”porque es una responsabilidad muy grande ser voz de las personas que están en esa situación”. 

Explicó que a la hora de visibilizar lo que ocurre ”hay que hacer muchísimo énfasis (…) con los medios de comunicación de cómo hacer un enfoque que respete esas condiciones, la inclusión, la afectación diferenciada, que se respete la interseccionalidad y se genere en el colectivo la necesidad de no naturalizar las situaciones”.