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Claves | Libertad de internet en Venezuela sigue siendo precaria por bloqueos y manipulación del debate

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De acuerdo con la organización Freedom House, Venezuela y Cuba son los países de América con peor libertades digitales y conectividad a internet, un derecho humano desde el 2011

Composición gráfica: VE sin filtro

La asociación civil Freedom House publicó su informe sobre la libertad de expresión en internet el 4 de octubre. De los 20 países que la institución internacional catalogó como «sin libertades digitales» en el mundo, Venezuela y Cuba son los únicos dentro de esa categoría en América.

En el caso venezolano, las campañas de desinformación, la inteligencia artificial como arma política y las imputaciones a ciudadanos por contenido digital en los últimos diez meses degradaron la evaluación en materia de derechos humanos. 

Entre junio del 2022 y mayo del 2023, «el gobierno de Nicolás Maduro bloqueó al menos 70 páginas web, la mayoría de ellas de medios de comunicación independiente», se lee en el informe.

«Las fallas estructurales como los racionamientos eléctricos (o apagones) y los altos costos para el servicio de internet restringe severamente el acceso a este derecho en Venezuela. Todavía el promedio de los costos del servicio de internet sobrepasa el ingreso mínimo mensual», agrega el informe.

A continuación, algunos hallazgos relevantes.  

La internet más lenta y con menos cobertura de América

Según el informe, los apagones son el principal factor de las restricciones a internet en el país. Pero, a diferencia de estos últimos años en crisis humanitaria compleja, Freedom House destaca que los venezolanos han optado por conectarse desde sus dispositivos móviles que seguir con un servicio de Cantv. El Observatorio Social Humanitario informó que menos del 5% de los usuarios de la empresa estatal a nivel nacional tienen un servicio estable. El resto no tiene fallas de más de 3 horas. 

«De acuerdo con las estadísticas de la Unión internacional de Telecomunicaciones, 49 % de los usuarios de internet venezolanos en 2022 usaban los teléfonos, mientras que menos del 9 % usa conexión fija», reitera el documento. «De acuerdo con el Índice Global de velocidad de internet de Ookla, la conexión móvil venezolana es de las más lentas del mundo, posicionada en el puesto 135 de 140 para mayo del 2023».

Además de la velocidad de descarga en internet, las fallas eléctricas van en aumento. El Comité de Afectados por los Apagones estima un mínimo de 138.200 cortes de luz en el país en 9 meses del 2022, y para este año hay un registro mayor de 20.000 fallas en este año. 

«Aún así, zonas rurales del país (como Apure, Anzoátegui, Guárico y otros estados) no tienen servicio de Cantv en cualquiera de sus formas», infiere la Freedom House.

Nuevos bloqueos

Si bien otras ONG venezolanas han reportado el bloqueo de páginas web en Venezuela, el informe agrega que ahora se están bloqueando las aplicaciones de Red privada virtual (VPN, por sus siglas en inglés, una de las maneas más efectivas de saltar los bloqueos de gobiernos) y de organizaciones no gubernamentales, tales como el Observatorio Venezolano de Finanzas y la página de Justicia, Encuentro y Perdón. 

«Distintos servidores de red privada —incluyendo Movistar, Digitel, InterCable, NetUno, and SuperCable— participaron en bloquear medios de comunicación que anteriormente solo estaban bloqueados por Cantv», resalta el informe. 

La ONG VE Sin filtro destacó que, de 100 sitios web revisados entre 2022 y los primeros 6 meses del 2023, al menos 70 entradas digitales bloqueadas pertenecen a medios de comunicación venezolanos (como Armando.info, El Pitazo y Efecto Cocuyo) y medios periodísticos internacionales (como NTN24 e Infobae). 

«(La red social) SoundCloud aparece bloqueada por múltiples plataformas. Mientras que el Observatorio Abierto de Interferencias Digitales (OONI, por sus siglas en inglés), sugiere que Reddit (otra red social) está bloqueada por al menos un proveedor de red privada», agrega Freedom House.

El informe alerta que estas nuevas formas de bloqueo en internet provienen de los acuerdos comerciales entre Venezuela y China, el país catalogado como la peor nación en libertades digitales por sus constantes restricciones de contenido. «La firma china de telecomunicaciones ZTE recientemente aprobó un contrato para mejorar las plataformas digitales, incluyendo el Sistema Patria». 

Censura a la carta

María Eugenia Baptista Zacarías, la esposa del exministro de Transporte público Haiman El Troudi, contrató a una empresa privada llamada Eliminalia para eliminar 61 enlaces de medios de comunicación —tanto venezolanos como extranjeros— para remover de los archivos digitales cualquier noticia o informe que hablara de la trama de corrupción que son señalados. 

Así como Baptista, cerca de 35 políticos venezolanos contratan esa «limpieza de imagen digital» que promueve la censura nacional, según los reportes de Armando.info que recopiló Freedom House. 

Al menos 20 casos de ciudadanos, activistas de derechos humanos, periodistas y humoristas fueron detenidos por publicar contenido en internet y en redes sociales por el simple hecho de nombrar a funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro y criticarlos junio del 2022 y mayo del 2023. 

Pese a que el canal de YouTube de The House of News fue clausurado por su campaña de desinformación con fines políticos, la ONG internacional destacó que se han encontrado un número indefinido de cuentas falsas alimentadas por la Inteligencia Artificial para crear matrices de opinión inorgánicas. Además, advierten que desde la nueva plataforma Ven App se bombardea propaganda madurista. 

«También, VE sin filtro ha documentado que incrementó la cantidad de phishing (mensajes engañosos para robar datos personales de las víctimas). Las ONG, los activistas y los periodistas son los objetivos más frecuentes en los últimos años con la intención de contactar a víctimas de violaciones a los derechos humanos», concluye el informe. 

 

37 violaciones a la libertad de expresión contabilizó Espacio Público en septiembre 

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La mayoría de los atropellos fueron actos de intimidación y censura contra periodistas  

 

37 violaciones a la libertad de expresión se contabilizaron durante el pasado mes de septiembre de 2023 de acuerdo con la ONG Espacio Público.

La organización informó a través de una nota de prensa que la mayoría de las violaciones fueron actos de intimidación y censura contra periodistas.

Alertó que la cifra representa 31% más de las violaciones registradas en agosto de este año. Septiembre fue el segundo mes con más casos en lo que va de año.

Las violaciones se condensaron en 21 casos y abarcaron 31 víctimas (74% de ellos periodistas). 

Los afectados fueron tres medios de comunicación, dos páginas web, un particular y dos casos que afectaron a la ciudadanía en general. 

Intimidación y censura a la cabeza

De acuerdo con Espacio Público, los actos de intimidación y censura representaron los principales tipos de violaciones a la libertad de expresión. Igualmente se contabilizaron cinco actos de hostigamiento verbal y cuatro agresiones. 

64% de los victimarios están relacionados directamente con el Estado venezolano: ocho instituciones, cinco funcionarios y tres funcionarios de cuerpos de seguridad.

La ONG destacó los casos de los empleados de Qué pasa en Venezuela, VPItv, La Nación Radio, Guayana 360 y El Upatense, que fueron fotografiados y grabados por motorizados y personas a bordo de un carro gris sin placa cuando regresaban de cubrir una pauta con el candidato a la primaria Henrique Capriles Radonski en el estado Bolívar.

Asimismo, resaltó la detención y posterior liberación del periodista Luis Alejandro Acosta, quien fue aprehendido por dar cobertura a una operación militar para supuestamente combatir la minería ilegal  en el Parque Nacional Yapacana en Amazonas.

También se documentaron los actos de intimidación contra la periodista  Luzfrandy Contreras en la sede del Colegio Nacional de Periodistas en San Cristóbal, estado Táchira.

“Luzfrandy politiza la labor periodística. Terminarás como Seir Contreras, escondiéndose y sin empleo”, decía uno de los panfletos arrojados en la sede y que se refería al despido del también periodista de Globovisión, quien fue removido del canal después de entrevistar a un diputado chavista. 

 

LEA TAMBIÉN:  Venezuela, el país con menos garantías y respeto al derecho de propiedad

“De azul a negro cambian las aguas de Margarita”: Una historia sonora sobre la contaminación por aguas servidas en la isla

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La no conclusión de obras sanitarias como la planta potabilizadora anunciada por el gobierno nacional, llevaron la situación de las aguas servidas al colapso

 

La isla de Margarita, en el estado Nueva Esparta, vive en la actualidad con las aguas de sus playas teñidas de negro tras años de destrucción, inoperancia y desmantelamiento del sistema de saneamiento de aguas servidas que ahora se vierten directamente al mar.

Ciudadanos, ecosistemas y el turismo en general padecen las consecuencias de la falta de inversión y las malas prácticas estatales que alejan a “La Perla del Caribe” de ser un lugar ambientalmente seguro y de pleno disfrute para propios y visitantes.

Esta pieza sonora, contada desde la voz de sus propios habitantes, retrata el vaivén de las olas que poco a poco han cambiado de color.

“Aquí, a menos de un metro, tengo el desagüe de aguas negras que lamentablemente va al mar y esto viene del colapso de toda la comunidad”, dijo Vicente Marcano, pescador en Porlamar.

La no conclusión de obras sanitarias como la planta potabilizadora anunciada por el gobierno nacional, llevaron la situación de las aguas servidas al colapso. 

En 2021, el entonces ministro Rodolfo Marco Torres, anunciaba como una hazaña la puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas El Yaque; sin embargo, los efectos de las aguas servidas no se detienen y cada día las aguas azules se tornan negras.

“Las consecuencias son graves, todas las aguas negras de la isla están cayendo libremente a la costa, pero hasta los momentos no hay un plan efectivo para contrarrestar la situación si no se hacen las debidas ampliaciones y rehabilitaciones”, se escucha en la narración. 

Las aguas negras en la bahía de Pampatar generan enfermedades cutáneas, estomacales y además afectan el turismo, pues mucha gente, según testimonios de los pescadores y los biólogos entrevistados, temen bañarse por el mal olor y el color del agua. 

Para escuchar el podcast completo haga click AQUÍ 

Agresor adolescente, una muestra más de la violencia femicida como problema social

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En un boletín especial, Cepaz describió las motivaciones, edades, ámbito de ocurrencia y otros elementos sobre casos de femicidios ocurridos en 2022 en donde el agresor fue un adolescente. 
De 368 ofensores que cometieron femicidos en el año 2022  12 tenían edades comprendidas entre 12 y 17 años. Es decir, son agresores adolescentes
“La casa de habitación prevalece como el espacio más frecuente donde se encuentran los cuerpos de las mujeres víctimas de femicidio. La privacidad ha sido una fuente de opresión para las mujeres maltratadas”, afirma Cepaz

 

El Observatorio Digital de Femicidios del Centro de Justicia y Paz (Cepaz) emitió un boletín especial en el que describe las motivaciones, edades, ámbito de ocurrencia y otros elementos sobre casos de femicidios ocurridos en 2022 en donde el agresor fue un adolescente. 

En el documento informan que, al cierre de 2022, se monitorearon 282 casos de femicidios consumados y 120 frustrados. En promedio, hubo una acción femicida cada 26 horas. Y en el año hubo un total de 368 ofensores vinculados a los 282 femicidios consumados, pues en 51 de los casos los ofensores actuaron en grupo.

De estos 368 ofensores, 12 tenían edades comprendidas entre 12 y 17 años. Es decir, son agresores adolescentes.

A continuación, los hallazgos más relevantes del reporte. 

Motivaciones del adolescente agresor

Cepaz precisa que en cuatro de los femicidios cometidos por adolescentes hubo ataques o agresión sexual contra la víctima. “En otros cuatro casos el desprecio a la mujer se materializó en una disputa económica”, agregan.

Por su parte, “uno de los casos encierra el desprecio a una condición o vulnerabilidad, y otro, una escena de celos o alegato de infidelidad íntima”. 

En el 83,3% de los casos identificados por Cepaz, los adolescentes ofensores actuaron de modo individual en la comisión de los hechos ilícitos. En uno de los 12 casos hubo la participación de dos ofensores en el femicidio. En otro caso, participaron tres ofensores.

Ámbito de la ocurrencia

Ocho de los casos documentados para este monitoreo especial revelan como ámbito de ocurrencia la casa de habitación de la mujer.

“La casa de habitación prevalece como el espacio más frecuente donde se encuentran los cuerpos de las mujeres víctimas de femicidio. La privacidad ha sido una fuente de opresión para las mujeres maltratadas y ha contribuido a perpetuar su subordinación dentro de la familia”, destaca Cepaz.

Relación afectiva entre víctima y adolescente agresor

De estos 12 casos de femicidios cometidos por agresores adolescentes se puede observar que solamente dos de ellos pueden describirse como femicidio íntimo (en los que existen vínculos de parejas y exparejas entre víctima y agresor, con o sin convivencia bajo el mismo techo).

Por otra parte, los femicidios no íntimos se presentaron en siete de los 12 casos. Seis de ellos cometidos por conocidos sin relación familiar (clientes, amigos, vecinos, o relación laboral académica o profesional), y uno donde no se aprecia relación alguna.

“Este último evento ocurrió en Barinas donde una niña de 11 años fue asesinada por múltiples puñaladas por su vecino de 15 años, quien intentó violarla. En estos casos, el hecho de que no exista una relación previa entre víctima y victimario no solo no exime la posibilidad de que exista una relación de poder entre ellos, sino que, de la misma forma que ocurre con la violencia contra la mujer en el espacio público, la misoginia se evidencia”, resaltan. 

Finalmente, observamos tres casos que podemos clasificarlos como femicidio familiar, es decir, cometidos por miembros de la misma familia, porque se atiende al parentesco, que puede ser por consanguinidad, afinidad o adopción.

Tipo de arma o mecanismo de comisión

Entre los adolescentes infractores por femicidios  el mecanismo menos utilizado fue el accionar de un arma de fuego (presente en solo dos casos). Pero los medios noticiosos describieron cuatro femicidios cometidos con arma punzo penetrante y seis muertes violentas producto de la propia mano y pies (golpes de puño y patadas). Es decir, cuerpos de mujeres que confirman con sus signos la brutalidad con la cual fueron asesinadas.

Por otra parte, entre los adolescentes agresores no se reportaron suicidios tras cometer el hecho. “La mayoría de los femicidios seguidos de suicidio del agresor están asociados al uso de armas de fuego; y como vimos anteriormente, entre los adolescentes el arma de fuego es el mecanismo de comisión menos presente”, explica Cepaz. 

Detención del agresor adolescente

En los 12 casos registrados en el monitoreo al cierre del año 2022, seis de los agresores adolescentes fueron aprehendidos tras cometer el hecho. Dos están en fuga y uno falleció en el contexto del hecho, pero no por suicidio. 

Participación de mujeres como coautoras o cómplices de la violencia femicida

En dos casos se menciona la participación de una mujer como coautora o cómplice. En el primero de ellos se trató de una madre adolescente (16 años) y su pareja, quienes, constantemente golpeaban a la niña cuando lloraba. En esta oportunidad se propinó una fuerte golpiza y no se le dieron a la víctima las atenciones médicas pertinentes.

“Este hecho a su vez se trata de un femicidio infantil, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder que le otorga su situación de progenitores sobre la niña. En el otro caso, se trató de la hija de la víctima, una joven de 15 años, quien actuó junto con un joven de 15 años, su pareja”, se describe en el reporte. 

Debe existir la condena contra el agresor

Cepaz enfatiza que el considerar la violencia  femicida como problema social implica no solo su visibilización, sino también “que exista la condena pública de los agresores de acuerdo a su nivel de responsabilidad y los factores que le atenúan o agravan”.

Instan también a que disminuya la percepción de impunidad “a través de una implementación efectiva de la ley” y que se incluya la atención y apoyo a las víctimas indirectas de estas muertes violentas, “como por ejemplo, las niñas y los niños que quedan huérfanos por el femicidio de sus madres”.

Recomiendan también que, según los tipos de feminicidio que se produzcan en territorios determinados y por periodos de tiempo también determinados, y en los que puedan identificarse patrones, se generen políticas públicas distintas de prevención, “adaptadas culturalmente a los hallazgos y factores de riesgos que se hagan más evidentes en el monitoreo de los casos”.

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“Te reto a que nos presentemos en cualquier Fiscalía de EEUU o en La Haya”: Guaidó a Maduro

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El político afirmó que no va a proceder ninguna orden de captura en su contra y resaltó que el gobierno está en deuda con el país porque hasta el momento no hay fecha de elecciones presidenciales en 2024

 

Este jueves, 6 de octubre, el exlíder de oposición Juan Guaidó retó a Nicolás Maduro a presentarse ante cualquier Fiscalía de los Estados Unidos o en La Haya. 

La repuesta se genera después de que el fiscal impuesto por la constituyente cubana, Tarek William Saab informara que pedirá a la Interpol activar alerta roja contra Guaidó. 

“Mañana presentémonos en cualquier fiscalía de Estados Unidos o sí prefieres otra jurisdicción, La Haya”, dijo Guaidó a través de un mensaje publicado en la red social X, antes Twitter.

El político, exiliado desde el pasado mes de abril en los Estados Unidos, señaló que en cuatro años no lo detuvieron “por cobardía” pero que sí actuaron en contra de su familia, equipo y del partido para “cercar y asesinar moral y físicamente a la oposición”. 

“¿Quieren someterse a justicia? Hagámoslo. Tú dices, Maduro, La Haya o alguna fiscalía con instituciones sólidas”,  reiteró Guaidó.

El exmandatario interino, reconocido por más de cincuenta países en su momento, afirmó que no va a proceder ninguna orden de captura en su contra y resaltó que el gobierno está en deuda con el país porque hasta el momento no hay fecha de elecciones presidenciales en 2024.

Alerta roja contra Guaidó

Tarek William Saab anunció este jueves que el Ministerio Público emitió una orden de arresto contra el expresidente interino Juan Guaidó, a quien acusa de varios delitos, entre ellos legitimación de capitales.

En una declaración ante periodistas, Saab explicó que, además de dictar la orden de aprehensión, tres fiscales designados para el caso harán «la respectiva solicitud de alerta roja a Interpol para que este sujeto pague por estos delitos».

Saab dijo en su alocución que las supuestas pruebas contra Guaidó fueron «proporcionadas por una corte de Estados Unidos» . Señaló que el dirigente de Voluntad Popular «usó la figura de un gobierno ficticio de manera premeditada» y ocasionó «pérdidas de unos 20.000 millones de dólares al Estado venezolano».

«Hemos designado a los fiscales, 67, 73 y 74 con competencia nacional para dictar la orden de aprehensión en su contra y la respectiva solicitud de alerta roja a Interpol para que este sujeto pague por estos delitos que hoy conoce y difunde la justicia de EEUU», informó Saab.

Los supuestos delitos que se le imputarían serían «traición a la patria, usurpación de funciones, legitimación de capitales y asociación para delinquir».

De la excelencia a la decadencia: Fundaredes denuncia la crisis de las universidades de estados fronterizos

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Fundaredes, en su informe, sostiene que los estudiantes universitarios han sido abandonados por el Estado, el cual no desarrolla políticas orientadas a garantizar la continuidad y permanencia de los jóvenes en el proceso de formación académica

 

“De la excelencia a la decadencia: el agónico declive de la educación universitaria en Venezuela”, fue el informe que presentó la ONG Fundaredes sobre el estado de la educación universitaria en los estados fronterizos. 

El informe se refiere puntualmente a la crisis de la educación superior en los estados fronterizos Zulia, Táchira, Bolívar, y Delta Amacuro, donde un grupo de activistas en pro de la defensa del derecho a una educación de calidad y el derecho al trabajo, reunió testimonios de docentes universitarios y estudiantes sobre las vicisitudes que están afrontando desde el año 2014.

El documento expone que la crisis económica y la Emergencia Humanitaria Compleja afectan la calidad de la educación y degradaron la experiencia universitaria, y que el Estado venezolano “violó la autonomía y recortó el presupuesto universitario dejando a docentes, estudiantes y trabajadores en una situación de extrema vulnerabilidad”.

En el informe la ONG detalló varios aspectos que a lo largo de estos nueve años han contribuido al deterioro del sistema de educación. 

Violación de la autonomía universitaria 

La autonomía de las universidades venezolanas ha sido violada en una continua secuencia de eventos, afectando la libertad académica y la calidad de la educación, pues la violación de este precepto también se ve reflejado en el presupuesto universitario.

En un análisis al presupuesto universitario de varios centros de estudios se determinó que las asignaciones, consideradas como insignificantes cuotas, han disminuido en 11 años en un 97,9 %, afectando la formación y capacitación del talento humano, el mantenimiento de la planta física, la investigación y programas de extensión de la universidad.

Por ende, la situación ha conllevado a una crisis universitaria, que ha generado una fuga de estudiantes y profesores calificados, por la falta de presupuesto y pérdidas de políticas adecuadas para el desarrollo universitario. 

Emergencia humanitaria impulsó la migración de docentes 

Según el informe de la ONG, la deserción de docentes es a consecuencia de varias circunstancias. La primera, los bajos salarios que oscilan entre 15 a 20 dólares, y a ello se une la falta de servicios médicos, infraestructuras inadecuadas, los escasos recursos para la investigación y la actualización académica.

“Un 55 por ciento de los docentes en el país desarrollan otro tipo de actividades para poder cubrir sus necesidades básicas, ya que los salarios como profesionales de la docencia no les permite tener acceso a mejores condiciones de vida”, se lee en el informe.

Sector estudiantil desasistido por el Gobierno

Fundaredes, en su informe, sostiene que los estudiantes universitarios han sido abandonados por el Estado, el cual no desarrolla políticas orientadas a garantizar la continuidad y permanencia de los jóvenes en el proceso de formación académica.

La ONG detalló que la desorientación y desmotivación que inunda al sector estudiantil obedece a factores como la falta de asesoría académica continúa, la ausencia de opciones laborales sostenibles una vez culminada la formación académica, los bajos ingresos que prometen las carreras, perdida de beneficios estudiantiles como becas de mérito, becas trabajo, comedor escolar, ruta estudiantil y programas de dotación de insumos para el aprendizaje.

La deserción estudiantil: Entre la migración y la informalidad

La situación de deterioro de las condiciones y del funcionamiento de las universidades públicas ha incrementado la deserción estudiantil en la educación superior. 

“La universidad ha sido abandonada, la matrícula ha bajado en todas las carreras. En el 2015 se poseía una matrícula de 14 mil estudiantes y en la actualidad (2023) difícilmente se llega a 2500 estudiantes, motivado a la crisis económica en la que se encuentra sumergido el país, al abandono y deterioro de las instalaciones (…), donde una gran cantidad ha desistido de sus estudios por buscar un sustento económico o terminan emigrando a otro país”, expresó el estudiante Siso Álvarez. 

A juicio de Fundaredes la situación es preocupante, en su estudio de campo determinó que el 85,7% de la población estudiantil de la Universidad del Zulia tiene intenciones de migrar, devenidas por problemas como la alimentación, realización personal, inseguridad, escasez de medicamentos, bajos salarios, corrupción, entre otros inconvenientes.

Recomendaciones al Estado 

El Observatorio de Educación, a través de FundaRedes, exhorta al Estado venezolano a considerar como prioridad la educación en el país, por lo que plantea las siguientes recomendaciones en pro de una calidad educativa universitaria:

  • El Estado debe garantizar la autonomía a las universidades públicas, respetando y reconociendo los derechos de las autoridades, docentes y personal universitario.
  • El Estado debe asegurar los derechos laborales a quienes ejercen la docencia en Venezuela, así como al personal administrativo y obrero.
  • El Estado debe consolidar sueldos y salarios dignos a los docentes universitarios activos y
    jubilados, que contribuyan con la calidad de vida.
  • Diseñar políticas que contribuyan con la recuperación de los beneficios estudiantiles (seguro,
    becas, comedor, rutas estudiantiles).
  • Constituir nuevas políticas educativas, que asistan a docentes y estudiantes que les permita
    formarse y actualizarse académicamente.
  • Consolidar acuerdos internacionales para activar el proceso en materia de investigación y
    avances tecnológicos.
  • El Observatorio de Educación exhorta al Estado a garantizar el derecho a la educación
    universitaria a la población más vulnerable.

estados fronterizos

El tratamiento mensual para el trastorno de ansiedad generalizada cuesta casi tres sueldos mínimos en Maracaibo

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En Maracaibo, una persona con  trastorno de ansiedad generalizada requiere al menos $10,98 o Bs. 378,04 para costear un tratamiento mensual prototipo 
En su reporte del mes de septiembre la Fundación Rehabilitarte encontró que los psicofármacos escasearon  en Maracaibo más del 60% en comparación con agosto
Recomiendan a las agencias que coordinan la respuesta humanitaria en Venezuela incluir a la salud mental en sus programas de asistencia

 

La Fundación Rehabilitarte presentó los resultados correspondientes a septiembre de su monitoreo de medicamentos psiquiátricos “En cuánto el récipe”, que hace mensualmente en el estado Zulia. La investigación concluyó que una persona con  trastorno de ansiedad generalizada requiere al menos $10,98 o Bs. 378,04 para costear un tratamiento mensual prototipo (sertralina 100 mg y clonazepam 0,5 mg).

Esto equivale a casi tres sueldos mínimos -que se se sitúa en Bs. 130 desde marzo de 2022- para poder costear estos medicamentos.

“Cabe reiterar que dicha cifra se basa en un tratamiento prototipo, sin embargo, en la práctica cada caso se debe evaluar de manera individual”, aclara la organización. 

Destacan que el trastorno de ansiedad generalizada se caracteriza por un estado de alerta constante y una preocupación persistentes y excesivas por actividades o eventos, incluso asuntos comunes de rutina.

“La preocupación es desproporcionada con respecto a la situación actual, es difícil de controlar y afecta las relaciones sociales, el desempeño laboral, académico y genera un malestar clínicamente significativo”, alertan. 

Escasez de psicofármacos

El reporte también encontró que los psicofármacos escasearon más del 60% en comparación con agosto

La Fundación Rehabilitarte determinó en su monitoreo de septiembre que los medicamentos psiquiátricos escasearon en promedio un 60,5% y que en dicho mes hubo una lista de 16 medicamentos que estuvieron totalmente escasos, entre los que se encuentran estimulantes con un 100%,  anti-parkinsonianos con un 80,6% y los ansiolíticos (73,5%).

 

Salud, un derecho de difícil acceso

Por otro lado, durante agosto se registró un aumento promedio del 15% en el precio de los psicofármacos. Dicho porcentaje se basó en un monitoreo en 31 farmacias distribuidas en 11 parroquias de la capital zuliana.

Entre los fármacos, los anticonvulsivos lideraron este incremento con un 85%, seguidos de los ansiolíticos con un 35%, los antipsicóticos con un 33% y los moduladores del estado de ánimo con un 5%.

En contraparte, se determinó en septiembre que los sedantes disminuyeron su precio en un 49%.

Rehabilitarte destaca que el panorama actual de incremento en medio de una economía casi dolarizada “hace que la salud se convierta en un derecho de difícil acceso para los zulianos, tomando en cuenta que las instituciones públicas no cuentan con los recursos suficientes para cubrir la demanda y la economía no propicia un escenario en el que las personas puedan acceder a la salud ni salud mental de manera adecuada”.

Instan a atender la salud mental

La Fundación Rehabilitarte insta al  Estado a dotar de recursos y potenciar las estructuras de atención en salud mental, para que quienes padezcan algún diagnóstico, entre ellos el trastorno de ansiedad generalizada, puedan contar con una alternativa digna.

De igual modo, recomiendan a las agencias que coordinan la respuesta humanitaria en Venezuela incluir a la salud mental en sus programas de asistencia.

“Cabe destacar que la salud mental es un derecho humano que debe estar al alcance de todas las personas”, concluyen.

Monitor de Víctimas | Misión de la ONU: 4to año consecutivo confirmando graves violaciones de los derechos humanos en Venezuela

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¿Para qué sirve el informe ONU si son cosas que ya todos sabemos y no pasa nada? En primer lugar, para que las violaciones a los DD. HH. no queden olvidadas como anécdotas

 

@miconvive

El pasado miércoles 20 de septiembre, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU (Fact Finding Mission, en inglés) sobre Venezuela publicó su 4.° informe sobre los descubrimientos del último año, titulado “El aparato estatal, sus mecanismos de represión y las restricciones al espacio cívico y democrático” (para acceder a todos sus informes puede dirigirse a esta página). Estas son misiones de la Organización de las Naciones Unidas enviadas a áreas conflictivas con la finalidad de recabar evidencia e información con respecto a un conflicto o situación particular.

En septiembre del año 2019 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció una Misión de Determinación de Hechos (FFM, siglas en inglés) en Venezuela con el objetivo investigar supuestas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos por el Estado Venezolano desde el año 2014. Si bien la misma tenía un plazo inicial de un año, ha sido extendida en tres ocasiones por encontrar motivos razonables para creer que algunos de los hechos documentados constituían crímenes de lesa humanidad. Además, después de 4 años, el gobierno nacional no permite la entrada de oficiales de la misión, por lo que las investigaciones son llevadas a cabo a distancia.

Entonces, ¿qué dice este nuevo informe sobre la situación de los derechos humanos en el país?

Monitor de Víctimas fue referenciado 13 veces en el informe como medio para sustentar, comparar y visibilizar denuncias de violaciones de derechos humanos. El mismo, que estudia el periodo específico entre enero del 2020 y agosto del 2023, establece que la misión tiene motivos razonables para creer (estándar de prueba utilizado para sus investigaciones -o, en castellano- el criterio por el que la misión da por probado o no un hecho) que el Estado Venezolano:

  • Es responsable de al menos 53 privaciones arbitrarias de la vida, que se refiere a “un acto u omisión deliberados o previsibles y evitables, destinados a infligir daños o lesiones que pongan fin a la vida” de una persona. Esto incluye ejecuciones extrajudiciales en contextos de operativos y protestas, pero también la responsabilidad del poder negar cuidados médicos necesarios a personas detenidas que terminaron falleciendo.
  • Estos números, que aparentan estar incompletos, responden a la rigurosa metodología que debe implementar la FFM para la comprobación de los hechos, teniendo que enfocarse en casos específicos para poder llevar a cabo todas las averiguaciones necesarias (lo cual añade más contundencia a los casos comprobados).
  • Ha cometido desapariciones forzadas, manteniendo desaparecidos hasta por diez días a personas detenidas, sin informar a sus abogados o familiares e incluso llevándolas a casas clandestinas antes de llevarlos a un centro de reclusión oficial.
  • Ha llevado a cabo al menos 58 detenciones arbitrarias de dirigentes sindicales, defensores de derechos humanos, miembros de ONG, periodistas, miembros de partidos de la oposición, profesores y otras personas que expresaron críticas o reclamos contra el Gobierno, incluidas reivindicaciones laborales. La mayoría de ellas, sin orden de aprehensión, sin orden de allanamiento y, comentan, atribuidas a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) o al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
  • Ha detenido arbitrariamente a familiares de sospechosos, sin tener evidencia alguna de vinculación con los presuntos hechos, esto como forma de presión y tortura a los detenidos. Estos familiares, en su mayoría, son mujeres.
  • Puso en marcha políticas de tortura con miras en “silenciar, desalentar y anular la oposición al Gobierno” e incluso de extraer confesiones falsas. Las mismas incluyen: “Golpizas, suspensión por las muñecas o los tobillos; asfixia con bolsas en la cabeza, a veces rociadas con insecticida; exposición a bajas temperaturas y baños fríos; quemaduras con cigarrillos; gas lacrimógeno; privación del sueño, incluida luz constante las 24 horas del día y música a alto volumen; celdas de castigo de espacio reducido que permiten solo estar de pie y aislamiento prolongado”. Esto además de tortura psicológica, como amenazas de hacer daño a familiares. Muchos de estos abusos ocurren en centros de reclusión oficiales, pero también a lo largo de todo el país en casas clandestinas (recomendamos leer Así funcionan las casas clandestinas de la Dgcim en Caracas, de ArmandoInfo).
  • Usó las violaciones, la amenaza de violación, los registros invasivos y la desnudez forzada como formas de tortura y humillación contra personas opositoras al Gobierno. Con respecto a la violencia de género, señalan que “las mujeres encarceladas han sido insultadas y etiquetadas como ‘malas madres’, ‘zorras’ o ‘prostitutas”‘. Esta técnica de represión y tortura suele ser mayormente utilizada contra mujeres. Sin embargo, los hombres no han estado exentos de ellas.
  • Ha puesto en marcha ataques, amenazas, vigilancia y acoso, descrédito y censura como forma de represión sistemática, ya sea mediante intervenciones directas o mediante acciones de intimidación y vigilancia. Esto mediante el uso de funcionarios del Estado, pero también a través de “colectivos” y grupos civiles adeptos al Gobierno.

Además de señalar todos estos hechos, el informe hace especial mención a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) como una de las estructuras más implicadas en graves violaciones a los derechos humanos tales como ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias. De hecho, Monitor de Víctimas ha registrado al menos 891 homicidios cometidos por funcionarios de este cuerpo policial (aunque estima que el número real es significativamente mayor), incluyendo unas 603 supuestas ejecuciones extrajudiciales.

Luego de la recomendación de la comisión en 2020 de “desmantelar las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) dado el alto número de ejecuciones extrajudiciales realizadas por esta fuerza policial desde su creación”, no fue sino hasta julio del año 2022 que el Gobierno supuestamente las disolvió. Sin embargo, tal como hemos denunciado desde Monitor de Víctimas (La DAET: cambio de siglas, igual letalidad) y otras organizaciones de derechos humanos (Provea con ¿Disueltas las FAES?), la comisión establece que esta “disolución” no fue más que una medida disuasoria para despistar a la comunidad internacional, manteniéndose gran parte de su estructura, modus operandi y letalidad en un nuevo cuerpo policial: la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET).

En conclusión, el informe establece que las graves violaciones de derechos humanos registradas de forma más reciente (2020-2021) en Venezuela sigue el mismo patrón de ataque sistemático contra la población civil, identificado y calificado como crímenes de lesa humanidad en informes previos.

Así mismo, comentan que, si bien últimamente el Estado ha sido más selectivo y optado por medidas más “blandas” de represión, esto responde a un intento de anular al escrutinio internacional de las violaciones cometidas en el pasado y al hecho de que muchas personas huyeron del país por temor fundado a ser perseguidas por motivos políticos, mostrando capacidad y disposición a recurrir a una línea represiva más dura, contundente y violenta a mera conveniencia.

¿Para qué sirven este tipo de comisiones e informes si son cosas que ya todos sabemos y no pasa nada? En primer lugar, a pesar de que la mayoría de ciudadanos estamos al tanto de este tipo de ataques, la comisión ayuda a que estos sucesos no queden olvidados como anécdotas, sino que puedan quedar establecidos a escala mundial como hechos comprobados con responsables directos e indirectos. Además, si bien la comisión no toma acciones directas, sus informes, testimonios y existencia ayuda a generar costo político sobre las violaciones de derechos humanos y presiona al Estado venezolano a actuar. De esta forma, si bien no ha habido avances significativos en temas de derechos humanos en Venezuela, existen casos particulares en los que, tras ser reseñados por la comisión, se han liberado personas detenidas arbitrariamente o se ha avanzado en la judicialización de funcionarios responsables de muertes.