La selección de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) abre un nuevo debate sobre la posibilidad de recuperar la independencia del Poder Judicial en Venezuela. Representantes de organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil coinciden en que el proceso debe estar acompañado de transparencia, criterios técnicos de evaluación y mecanismos que impidan que personas vinculadas con violaciones de derechos humanos ocupen cargos en la máxima instancia judicial del país.

Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia, considera que el proceso actual presenta diferencias respecto a los anteriores, aunque advierte que no existen garantías sobre su desenlace. A su juicio, la paralización del procedimiento iniciado en mayo y su posterior reactivación en un contexto de diálogo político obligan a examinar con atención las condiciones en las que se está desarrollando esta nueva selección.

Daniels señaló que el artículo 72 de la Ley Orgánica del TSJ permite al Comité de Postulaciones Judiciales solicitar colaboración a los sectores público y privado. Destacó la participación de integrantes de la sociedad civil que no forman parte de las estructuras políticas tradicionales.

“Es la primera vez en 27 años que un órgano vinculado con la elección de magistrados no está vinculado con el gobierno”, afirmó Daniels, quien considera que ciudadanos sin trayectoria partidista están apostando por la posibilidad de impulsar cambios en el sistema judicial.

Sin embargo, advirtió que el Gobierno ha aplicado estrategias que buscan desalentar la participación ciudadana. Entre ellas mencionó la designación del diputado de la Asamblea Nacional, Giuseppe Alessandrello para presidir el comité. Daniels sostuvo que existe el riesgo de que la población pierda la confianza en el proceso y recordó que las autoridades podrían actuar para favorecer sus intereses.

Pese a esas reservas, el director de Acceso a la Justicia defendió la posibilidad de avanzar hacia una renovación judicial que permita acompañar una eventual transición política. Considera que existen personas con trayectoria y reservas morales suficientes para desempeñar funciones judiciales con independencia e imparcialidad.

“Hay una pequeña ventana de posibilidad para que el país vuelva a la democracia”, expresó.

Evaluar las credenciales y evitar la impunidad

La revisión de los antecedentes de los aspirantes constituye una de las principales exigencias de las organizaciones de derechos humanos. Martha Tineo, directora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, señaló que es necesario conocer los baremos y los mecanismos que se utilizarán para seleccionar a los futuros magistrados.

A Tineo le preocupa que personas con buenas credenciales profesionales sean excluidas sin una justificación clara, mientras que otras vinculadas con actuaciones contrarias a los derechos humanos puedan avanzar en el procedimiento.

La representante insistió en la necesidad de realizar una revisión exhaustiva de las trayectorias de quienes aspiran a integrar el máximo tribunal. 

Mencionó 370 casos de muerte forman parte de la persecución y en las que existe 95% de impunidad respecto de los autores materiales y 100% de impunidad en los casos señalados.

Tineo también advirtió sobre la responsabilidad que pueden tener determinados funcionarios judiciales en la persecución política, particularmente aquellos que han intervenido en procesos relacionados con delitos de terrorismo.

“Es inadmisible que aquellas personas que hayan cometido crímenes participen en el Comité o que sean consideradas para integrar el TSJ”, sostuvo.

Para la defensora de derechos humanos, la selección no puede limitarse a comprobar requisitos formales. La evaluación debe permitir identificar a quienes hayan contribuido a la vulneración de garantías fundamentales, especialmente en un contexto en el que las víctimas continúan reclamando justicia.

En la misma línea, Faisal Yamil de Cepaz, destacó la importancia de incorporar criterios técnicos que permitan determinar la idoneidad de los candidatos, además del cumplimiento de los requisitos legales y constitucionales.

Yamil explicó que una de las contribuciones planteadas consiste en elaborar una matriz de evaluación que contemple aspectos como la trayectoria de los aspirantes en materia de derechos humanos y sus posibles relaciones contractuales con el Estado.

“Si queremos mejores magistrados, tenemos que tener a la mejor persona”, afirmó.

El representante señaló que la transparencia debe acompañar cada fase del procedimiento y que la investigación sobre los candidatos debe ser seria. También advirtió que la renovación del TSJ no puede considerarse un objetivo aislado.

“Esto no se agota el día de la elección de los magistrados”, expresó Yamil, al insistir en que el país necesita un Estado que no persiga a sus ciudadanos.

La falta de información pública genera dudas

La disponibilidad de información sobre los postulados y los criterios utilizados para evaluarlos es otra de las preocupaciones planteadas por la sociedad civil.

Deborah Van Berkel de Ideas para la Democracia, advirtió que no habrá cambios sustanciales si los candidatos no cumplen con estándares mínimos de independencia e idoneidad. A su juicio, los tiempos del proceso y la falta de información pública clara y completa dificultan el seguimiento ciudadano.

“No hemos recibido una información pública clara y completa de todos los que se postularon”, señaló Van Berkel, quien cuestionó que todavía no se conozcan con suficiente claridad los criterios empleados para evaluar a los aspirantes.

La representante insistió en que la sociedad debe tener acceso a la información necesaria para vigilar el procedimiento. Considera que la renovación de las instituciones no puede quedar exclusivamente en manos de especialistas o dirigentes políticos, sino que requiere una participación activa de los ciudadanos.

Van Berkel alertó, además, sobre el peligro de regresar a un sistema de distribución de cargos mediante cuotas políticas. A su juicio, esa práctica comprometería las posibilidades de construir una justicia independiente.

Como advertencia sobre las consecuencias de la falta de autonomía judicial, recordó el caso de la jueza María Lourdes Afiuni, cuya experiencia debe servir de alerta para quienes aspiran a ejercer la función judicial.

“Ningún juez debe vivir eso por tomar una decisión ajustada a derecho”, expresó.

 Agregó que la independencia de los magistrados debe garantizar que los jueces puedan resolver los casos sin responder a intereses gubernamentales, partidistas o de cualquier otra naturaleza.

La renovación judicial requiere una reinstitucionalización

Oscar Murillo, coordinador de Provea,  advirtió que el país enfrenta desafíos extraordinarios para recuperar la institucionalidad democrática y sostuvo que la crisis del sistema judicial no puede entenderse sin considerar la falta de independencia de sus órganos.

“Estamos fuera de la Constitución”, afirmó Murillo, quien también se refirió a la influencia de Estados Unidos en el escenario político venezolano y a la diferencia entre los plazos que manejan los actores internacionales y las expectativas de la población.

Para Murillo, la renovación del Poder Judicial forma parte de una agenda más amplia de reinstitucionalización que no puede desarrollarse de manera aislada ni responder exclusivamente a los intereses de las élites políticas.

El representante cuestionó que la revisión de las credenciales de los aspirantes dependa de una institución parlamentaria que no cuenta con credibilidad ni confianza ciudadana. Por ello, consideró necesario que una comisión independiente se encargue de examinar los antecedentes de los candidatos.

También advirtió que, mientras avanza la selección de magistrados, los actuales integrantes del TSJ continúan participando en la designación de jueces. Señaló que esta circunstancia refuerza la necesidad de que el procedimiento sea transparente y esté sometido al escrutinio público.

Murillo instó a las universidades, los sindicatos y las iglesias a involucrarse en la agenda de reinstitucionalización, con el propósito de ampliar la participación social y evitar que las decisiones sobre el futuro judicial del país queden restringidas a los sectores políticos.

Una justicia sin magistrados del Gobierno ni de la oposición

Andrea Santacruz de la ONG Civilis recordó que Venezuela atraviesa una emergencia humanitaria y advirtió que cualquier proceso de renovación institucional debe evaluarse en ese contexto. Aunque reconoció que la selección de magistrados presenta características distintas a las de procedimientos anteriores, subrayó que no existe una confianza plena en su desarrollo.

Santacruz afirmó que las organizaciones de la sociedad civil mantendrán su papel de vigilancia para comprobar que el proceso se ajuste a los estándares internacionales.

La representante insistió en que la independencia judicial no puede reducirse a sustituir a unos funcionarios por otros que respondan a intereses diferentes. A su juicio, el objetivo debe ser garantizar que los jueces actúen con imparcialidad y resuelvan los casos conforme al derecho.

“No pueden haber magistrados progobierno ni tampoco de la oposición”, sostuvo Santacruz.

A su juicio, la politización de la justicia perjudica directamente a los ciudadanos, porque destruye la confianza en los tribunales y genera la percepción de que los resultados de los procesos judiciales están decididos de antemano.

Santacruz señaló que la sociedad civil seguirá observando cada etapa de la selección, pero alertó que la falta de información sobre los criterios de evaluación puede impedir que el procedimiento genere confianza. 

Dijo que si persiste la opacidad será difícil alcanzar el cambio que necesita el sistema judicial venezolano.

“Uno entra a un juicio sabiendo que ya está perdido”, advirtió.

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