Familiares de los 23 ciudadanos procesados por el caso Paramacay denunciaron lo que califican como un “patrón de manipulación sistemática” en el Circuito Judicial Penal del estado Carabobo que ha impedido obtener una decisión sobre la nulidad del juicio y la situación de sus seres queridos.
Las familias señalan directamente al presidente del circuito judicial, Carlos Alberto Bonilla Álvarez, y a la jueza Scarlet Desireé Mérida García, a quienes atribuyen una presunta coordinación para “dilatar infinitamente el proceso y mantener en indefensión” a los procesados.
La controversia gira en torno al recurso de nulidad total del juicio impulsado por el juez Luis Ovalles, en el que el capitán Juan Carlos Caguaripano y sus acompañantes fueron condenados a 30 años de prisión el 18 de diciembre de 2025.
La decisión sobre la nulidad correspondía a la Sala 1 de Apelaciones del Palacio de Justicia de Valencia, presidida por Alejandro Chirimelli e integrada por los jueces Karly Mérida y Darcy Sánchez. Sin embargo, cuando debía firmarse la resolución, la jueza Karly Mérida aparentemente se ausentó por un reposo médico, lo que dejó a la sala sin el quórum legal necesario para emitir la decisión.
La ausencia de la jueza no sería el único episodio que ha retrasado el procedimiento. El pasado 26 de agosto se celebró una audiencia en la Sala 1 de Apelaciones, durante la cual se anunció un plazo de 10 días de despacho para emitir una decisión sobre el recurso.
Una vez transcurrido ese lapso, la jueza Mérida García solicitó un reposo médico, según la información proporcionada sobre el caso. La ausencia volvió a dejar a la Corte de Apelaciones sin el quórum requerido para resolver.
La falta de una decisión motivó nuevos cuestionamientos de la defensa, que esperaba un pronunciamiento sobre la nulidad del juicio y sus consecuencias para los procesados.
El viernes 16 de octubre, Luis Armando Betancourt, coordinador del Foro Penal en Carabobo, denunció que la ponencia fue retirada de la Sala 1 y trasladada a la Sala 2 del mismo circuito judicial, a cargo del juez Carlos Bonilla. Con este movimiento el trámite debe comenzar nuevamente.
“Esto definitivamente es inconstitucional e ilegal. Es un ejemplo de cómo se manipula absolutamente la justicia en el estado Carabobo y lo que ha venido transcurriendo en Venezuela en los últimos años”, dijo el abogado.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
