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Podcast | El yerno de Luis Miguel vinculado al chavismo, los acuerdos de Barbados en 3 y 2 y las primarias del PSUV

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En el episodio 239 de este condensado de información semanal, tres grandes reportajes destacaron esta semana por Tal Cual, El Pitazo y Runrun.es, los tres medios digitales venezolanos que conforman la Alianza Rebelde Investiga (ARI). 

Listen to “Episodio 239. Tres en uno: El yerno de Luis Miguel vinculado al chavismo, los acuerdos de Barbados en 3 y 2 y las primarias del PSUV” on Spreaker.

En El Pitazo destacan el trabajo “Danilo Diazgranados, el millonario venezolano que se casó con una hija de Luis Miguel”. La popularidad del apellido Díazgranados no es reciente: al papá de Danilo Díazgranados, quien tiene el mismo nombre, se le vincula con negocios del chavismo. Una investigación de El Pitazo en alianza con otros medios, publicada en 2018, reveló que el bróker utilizó una empresa llamada Craft Financial para comprar bonos británicos con dinero del Fonden.

“La retórica incendiaria que amenaza los acuerdos de Barbados” es el #RRPlus que destacan en Runrun.es esta semana. No transcurrió ni una semana desde que la administración de Nicolás Maduro suscribió un acuerdo con la Plataforma Unitaria en la isla de Barbados y desde que Estados Unidos levantó las principales sanciones al oficialismo para que el bando gubernamental atacara la elección primaria, poniendo en entredicho su cumplimiento de los acuerdos.

Desde Tal Cual esta semana nos comparten el trabajo: “En el Psuv quien pide primarias presidenciales es marcado como traidor”. Líderes comunitarios señalan a TalCual que hay gente que cuestiona a la administración de Maduro, pero que no dicen nada por temor a ser expulsados del PSUV. Comentan que tras la primarias del 2021, cuando la dirigencia del PSUV «montó» a quién quiso sin respetar la voluntad de la ciudadanía, tienen desconfianza de los procesos.

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Además, puedes visitar las páginas web para tener acceso a las noticias y mayor detalle de los reportajes que destacaron esta semana en el Tres en Uno, tu suplemento informativo semanal.

Narración y producción ejecutiva: Luis D. Miquilena

Guión: Francisco Zambrano

Edición y montaje: Abrahan Moncada

 

MP citó a Francisco Castro, miembro del equipo técnico de la Comisión Nacional de Primaria

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Cabe recordar que el pasado 30 de octubre los directivos de la CNdP Jesús María Casal, Mildred Camero y Roberto Abdul-Hadi Casanova,  acudieron al Ministerio Público, igualmente en “calidad de investigados”

 

La Comisión Nacional de Primaria (CNdP) informó este viernes 3 de noviembre que Francisco Castro, miembro del equipo técnico de la comisión, fue citado para comparecer ante el Ministerio Público (MP) ubicado en Parque Carabobo, Caracas.

A través de la cuenta en X, antes Twitter, la organización indicó que Castro recibió una citación para comparecer hoy mismo en calidad de “investigado” a la sede del organismo con competencia en materia contra legitimación de capitales, delitos financieros y económicos. 

Cabe recordar que el pasado 30 de octubre los directivos de la CNdP Jesús María Casal, Mildred Camero y Roberto Abdul-Hadi Casanova, acudieron al Ministerio Público, igualmente en “calidad de investigados” para rendir declaraciones sobre el proceso de elección interna de la oposición.

Noticia en desarrollo…

Francisco Castro

Contabilizan más de 914 agresiones a periodistas venezolanos entre 2002-2023

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Venezuela suma 1.317 víctimas de agresiones, detenciones o asesinatos a comunicadores sociales desde el año 2002 y casi la totalidad de estos casos permanecen impunes

 

 

La ONG Espacio Público (EP) contabilizó más de 914 agresiones a periodistas venezolanos desde el año 2002 hasta septiembre de 2023.

A través de un informe publicado en su página web, EP afirmó que la impunidad afecta directamente a las víctimas de estos casos, a quienes se suman al menos 387 personas que fueron detenidas arbitrariamente en los últimos 20 años durante o como consecuencia de su trabajo informativo.

Espacio Público indicó que lleva registro de 16 casos de asesinatos a periodistas desde el año 2002, de los cuales 12 siguen en proceso  con estatus desconocido, lo que implica que no se han identificado responsables. Esto se traduce en que  75 % de los asesinatos de profesionales de los medios siguen impunes.

Según la organización, la muerte violenta es el “hecho más grave y lamentable”, pero además de estos casos extremos cada mes personas en labores informativas sufren violencia física, hostigamiento verbal y otros impedimentos que dificultan el trabajo de los medios de comunicación. 

La ONG explicó que las detenciones arbitrarias de periodistas y trabajadores de los medios suelen ocurrir cuando están buscando información sobre temas incómodos al poder como las manifestaciones y protestas masivas en contra del gobierno, coberturas a la escasez de gasolina, temas sanitarios y de gestión pública.

Periodistas agredidos

Ana Belén Tovar

Gerente de Operaciones de Venmedios, detenida de forma arbitraria el 19 de noviembre de 2019 por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Acusada de revelación indebida de data, delincuencia organizada y asociación para delinquir. Aunque excarcelada, permanece abierta la investigación en su contra con medidas cautelares de presentación cada 15 días y prohibición de salida del país. Su expediente tuvo reserva legal durante más de dos años, de manera arbitraria e injustificada.

Luis Carlos Díaz

Periodista y defensor de derechos humanos, fue detenido arbitrariamente el  12 de marzo de 2019, desaparecido, víctima de tratos crueles y tortura. Acusado de Instigación Pública. Su caso se mantiene en Archivo Fiscal, lo que implica que puede ser reabierto si el Estado considera que hay nuevas pruebas suficientes para ir en su contra.

Nurelyin Contreras, Nadeska Noriega y Maiker Yriarte

Estos tres periodistas forman parte de un grupo que fue agredido en el Aeropuerto Simón Bolívar, en Caracas, el 11 de febrero de 2020, mientras daban cobertura a la llegada del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Las denuncias presentadas a la Fiscalía de Derechos Fundamentales y a la Defensoría del pueblo a la fecha no tienen respuesta de parte de la fiscalía para hacer la investigación o el avance de una investigación.

Darvinson Rojas

Víctima de detención arbitraria, desaparición forzada, maltratos psicológicos y amenazas, el 21 de abril de 2020. Acusado con la inconstitucional ley contra el odio y excarcelado en un procedimiento irregular. Su caso permanece sin investigación de las o los responsables de las violaciones de derechos humanos en su contra.

914 agresiones

Sin información oficial del paradero del pran concluyó intervención de La Pica

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Este viernes la “Operación Gran Cacique Guaicaipuro” llegó al Internado Judicial de Monagas en Maturín y como es costumbre no hay información oficial sobre el pran del recinto Pedro Manuel González Mata alias “Pedro Rapidito”
Es el cuarto penal que interviene el régimen de Maduro en poco más de dos meses 

 

Como si se tratase de un loop (anglicismo empleado para repetición) o de una escena de la película Groundhog Day donde su protagonista, Bill Murray, despierta una y otra vez en el mismo día, en la madrugada de este viernes 3 de noviembre, la “Operación Gran Cacique Guaicaipuro”, que pretende recuperar el poder perdido del Gobierno madurista en las prisiones venezolanas, aterrizó en el Internado Judicial de Monagas conocido como cárcel de La Pica en Maturín. 

Y también como un guion repetido, el pran del recinto penitenciario, Pedro Manuel González Mata alias “Pedro Rapidito” hizo alarde de su apodo y sacó las armas de las cárceles antes de que llegaran las autoridades, según el Observatorio Venezolano de Prisiones. 

De acuerdo con el OVP, como sucedió con las “tomas” de las cárceles de Tocorón en el estado Aragua (20 de septiembre) , Tocuyito en Carabobo (25 de octubre)  y Puente Ayala en Anzoátegui (30 de octubre), los pranes o líderes negativos de La Pica negociaron la entrega del recinto.

“Dentro del penal había mujeres y niños que convivían en esos espacios. Familiares resaltaron que hace una semana los pranes sacaron armas y le dijeron a los presos que el penal sería intervenido”, expuso la ONG en un la plataforma X. 

“Pedro Rapidito” fue detenido a mediados de febrero de 2014 y condenado hace seis meses a poco más de nueve años de cárcel por el Tribunal Primero de Juicio de Monagas a cargo del juez Jorge Alejandro Cárdenas Mora. Se le imputaron los delitos de ocultamiento ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas y posesión de arma de fuego. 

Trascendió que los reclusos están siendo reubicados en el vecino Centro de Formación Hombre Nuevo Nelson Mandela.  

“Nosotros exigimos a la Ministra de Asuntos Penitenciarios (Celsa Bautista) una respuesta y que por favor no trasladen lejos a nuestros familiares porque no tenemos para darle comida y mucho menos para el pasaje”, declaró Aniuska Sifontes, familiar de uno de los reclusos a las puertas de La Pica.

Según expuso la ONG Una Ventana a la Libertad en una nota de prensa, familiares de reclusos denunciaron maltratos por parte de funcionarios de seguridad del Estado.

Ceballos: Hemos acabado con la mafia carcelaria

El ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos, declaró al canal del Estado que algunos reclusos mostraron resistencia a la intervención del penal, sin embargo no aclaró si en ese grupo estaba “Pedro Rapidito” y otro pran apodado “El Yeferson”.

“Luego de que agotamos todas las medidas de diálogo se produjo la rendición. En este momento, están siendo puestos a órdenes del Ministerio Penitenciario. Hemos acabado con la mafia carcelaria, con instrucciones precisas del presidente Nicolás Maduro seguimos avanzando en el reimpulso del sistema penitenciario y continuaremos para garantizar la protección del pueblo”, expresó Ceballos. 

Videos difundidos en redes sociales daban cuenta del amplio despliegue policial y militar en la intervención de este centro de reclusión.

 

LEA TAMBIÉN:  Otro miércoles de intervención carcelaria: Ahora le tocó a Tocuyito

Comité de Derechos Humanos de la ONU insta a garantizar elecciones justas en Venezuela

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Este 3 de noviembre el Comité de Derechos Humanos de la ONU publicó los resultados de la quinta evaluación al Estado venezolano. En el documento expresaron su “grave preocupación” por la inhabilitación política de opositores e instaron al Estado a garantizar elecciones presidenciales justas e inclusivas
El Comité de Derechos Humanos de la ONU raspó al Estado venezolano en materia de Derechos Civiles y Políticos. Enfatizan que los presos políticos, los activistas de derechos humanos, los políticos críticos al madurismo, las mujeres, las poblaciones indígenas, la comunidad sexodiversa y los niños, niñas y adolescentes son los más vulnerables

 

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas publicó este 3 de noviembre los resultados de la evaluación del Estado venezolano sobre el cumplimiento del Pacto de Derechos Civiles y Políticos en Ginebra.

Después de que el fiscal impuesto por la extinta asamblea constituyente, Tarek William Saab, y el ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, participaran en Ginebra, Suiza, para que la ONU consulte cómo el Estado está atacando sus compromisos internacionales sobre los derechos humanos el pasado 10 de octubre, el organismo multilateral «ve con preocupación» que los poderes públicos estén parcializados hacia el gobierno de Nicolás Maduro y no protejan los derechos humanos de los venezolanos.

Esta sería la quinta evaluación que tiene Venezuela frente a la ONU. La comunidad internacional reiteró, una vez más, que los más vulnerables frente a estos incumplimientos del Pacto de Derechos Civiles y Políticos (PDCI) en el país son los presos políticos, los activistas de derechos humanos, los políticos críticos al madurismo, las mujeres, las poblaciones indígenas, la comunidad sexodiversa y los niños, niñas y adolescentes. 

Entre las preocupaciones más fuertes de la ONU frente al PDCI se incluyeron las restricciones de los venezolanos a actualizar sus datos o inscribirse en el registro electoral, más aún de cara a las elecciones presidenciales de 2024 y los comicios para gobernadores, alcaldes y diputados de la Asamblea Nacional de 2025. 

«Se insta a Venezuela a garantizar que todas las personas, incluidos los jóvenes, disfruten plena y efectivamente del derecho a la participación política, garantizando su inscripción en el registro electoral nacional”, expresa el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

Pidieron al Estado venezolano que facilitara elecciones justas, transparentes, inclusivas y pluralistas a todos los niveles, garantizando el debido proceso y la transparencia en los procedimientos administrativos.

El Comité expresó su «grave preocupación» por las acusaciones de que instituciones judiciales, administrativas y constitucionales, como el Consejo Nacional Electoral, la Defensoría del Pueblo y la Corte Suprema de Justicia, «han estado restringiendo el espacio democrático mediante la inhabilitación política para impedir que miembros de partidos de oposición desempeñar un cargo público».

Lamentó que algunos opositores políticos ya hayan sido inhabilitados para participar en las elecciones presidenciales previstas para 2024. 

En Runrun.es resumimos las conclusiones de la ONU en ocho claves: 

Opacidad ante la ONU y ante los derechos LGBTIQ+

Si bien el estado propició algunos documentos que evidencian que han creado leyes para despenalizar ser parte de la comunidad LGBTIQ+ en las alas militares, la ONU asevera que no existen pruebas ni documentos que permitan hacer un seguimiento a las acciones del Tribunal Supremo de Justicia o al Ministerio Público sobre los derechos a las personas queer, transexuales y no binarias. 

Las Naciones Unidas asevera que el Estado venezolano no propicia ninguna información para justificar por qué o cómo el sistema de justicia venezolano emite decisiones que no cumplen con los derechos humanos.

«El Comité lamenta la falta de respuesta del Estado parte sobre los informes aludiendo a una decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que asume una interpretación que menoscaba el carácter vinculante de la jurisprudencia emitida por los órganos de tratados internacionales relativos a derechos humanos en el orden interno», se lee en el documento. 

«Se considera preocupantes las denuncias de violencia, incitación al odio y discriminación contra las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales en el Estado parte. También le preocupa la falta de una ley que garantice el derecho de las personas transexuales a su identidad de género auto percibida, así como la falta de reconocimiento jurídico y de protección de las parejas del mismo sexo y de las familias homoparentales, y lamenta la falta de información proporcionada por el Estado parte al respecto», enfatiza la ONU.

Los atropellos continúan pese a que la Ley de Registro Civil permite a las personas transgénero modificar sus documentos de identidad desde el 2009, pero diversas ONG denuncian que no se ha aplicado esta norma. 

Excluyen y castigan a la sociedad civil en temas humanitarios

El Comité de la ONU ve con «preocupación» que el Estado venezolano prometió crear el segundo Plan Nacional de Derechos Humanos desde el 2019 y no se ha concretado nada, ni han informado de su progresa. Denuncian igualmente la falta de la participación efectiva de la sociedad civil en su preparación.

El ente sobre derechos humanos enfatiza que en Venezuela existen cada vez más pruebas «contundentes y frecuentes» de que en el país existe una alta opacidad en las instituciones públicas sobre sus presupuestos y sus gastos, imputando a cualquier activista de derechos humanos que denuncie actos de corrupción o torturas. «La corrupción sigue estando generalizada en muchos ámbitos de la vida pública», advierte las Naciones Unidas.

«Asimismo, preocupa al Comité la criminalización con cargos espurios (falsos o no auténticos) como “asociación delictiva” y “revelación de información confidencial” de defensores de derechos humanos y de funcionarios públicos quienes hayan denunciado casos de corrupción en los que estaban implicadas autoridades estatales», agregó.

La ONU condenó que el Estado venezolano no tenga mecanismos para «la reparación del derecho ante los órganos jurisdiccionales internos» y exige que deben incluir a la sociedad civil para la elaboración, vigilancia y cumplimiento del segundo Plan Nacional de Derechos Humanos. 

Una vez más, el poder público es imparcial

El Comité «lamenta», por tercera vez consecutiva, que la Defensoría del Pueblo venezolano no acate ninguna recomendación del Subcomité de Acreditación de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos. Sobre todo después del 2016, cuando la comunidad internacional rebajó a la Defensoría del Pueblo a la «categoría B», como observador del subcomité porque no cumple con los acuerdos internacionales sobre derechos fundamentales. 

«En particular, le preocupan al Comité los informes que aluden a la incapacidad de la Defensoría del Pueblo de pronunciarse sobre los problemas de derechos humanos en el Estado parte de forma equilibrada, imparcial y objetiva, poniendo en duda la independencia de esa institución», se lee en el documento. 

Lo mismo ocurre con el Tribunal Supremo de Justicia, la ONU establece que magistrados del poder judicial tienen «supuestos vínculos con los partidos políticos», como el Partido Socialista Unido de Venezuela, que representa a Nicolás Maduro y su gabinete.

«Asimismo, preocupan las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que cercenan los derechos de participación política con la destitución de representantes públicos elegidos democráticamente, su ilegal arresto y la negación de sus privilegios e inmunidades constitucionales», alude la ONU a las elecciones primarias de la oposición el pasado 22 de octubre, donde María Corina Machado ganó los comicios pero el Tribunal, el 30 de octubre, dejó «sin efecto» el evento electoral. 

Estado de excepción que parecen interminables

«Preocupa al Comité la aplicación prolongada del Estado de Excepción de Emergencia Económica que tuvo efecto entre enero de 2016 y abril 2021. En particular, preocupan las informaciones de que las medidas de excepción no fueron aprobadas por la Asamblea Nacional y que sus funciones de control y aprobación en la gestión pública durante este período fueron suspendidas, permitiendo al Poder Ejecutivo manejar los recursos públicos sin la aprobación parlamentaria, contrario a lo establecido en el artículo 339 y 399 de la Constitución», dice la ONU.

Del mismo modo, el ente multilateral reitera que el régimen venezolano ha usado la figura de los estados de excepción para cometer violaciones a los derechos humanos como las ejecuciones extrajudiciales de periodistas, de defensores de derechos humanos, de líderes sindicales y de pueblos indígenas, «así como la suspensión del derecho a la reunión pacífica», donde utilizan la fuerza de funcionarios de seguridad o paraestatales como «los colectivos» para reprimir a la población. 

No se mueven para cerrar la brecha de género y la violencia

La ONU también raspó al Estado venezolano en la reducción de la violencia basada en el género, la aprobación del aborto libre y seguro y la reducción de la discriminación de la mujer en todos los ambientes públicos y privados. Si bien existen leyes que protegen a la mujer, la comunidad internacional no ve que se apliquen o que se mejore la protección. 

«El Comité sigue preocupado por la persistencia de estereotipos discriminatorios y de actitudes patriarcales arraigadas acerca del papel y de las responsabilidades de la mujer, especialmente afectando a las mujeres provenientes de zonas rurales y empobrecidas», dice el documento. «Asimismo, lamenta su escasa representación general en la vida política y pública, en particular en los puestos decisorios, incluyendo en las empresas del sector privado, y la falta de datos actualizados al respecto».

Constataron que en el país existe una alta incidencia en los casos de violencia de género que quedan impunes y, en el caso del aborto, Venezuela no ha avanzado nada en la descriminalización o brindar información y apoyo en casos de violación, incesto o grave malformación del feto y el acceso limitado de las mujeres a servicios seguros de aborto y de atención posterior al aborto en el país.

«Preocupa el alto índice de mortalidad materna y la falta de estadísticas sobre el número de abortos clandestinos, el embarazo adolescente y la mortalidad materna. El Comité nota con preocupación los informes indicando que persisten las esterilizaciones practicadas bajo coacción en el marco del Plan Quirúrgico Nacional», agregó. 

 En Venezuela siguen las torturas y las desapariciones forzadas

Ya no es un secreto para la comunidad internacional que en Venezuela existen presos políticos que son torturados física, moral y psicológicamente, así como que los activistas de derechos humanos y los familiares de los privados de libertad son acosados por los cuerpos de seguridad y del propio gobierno madurista. Pero la ONU reconoce por primera vez que el Estado venezolano «haya negado esas denuncias y criticado las fuentes de las denuncias de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en su diálogo con el Comité».

Ahora reconocen que el gobierno madurista está implementando represalias para «silenciar, desalentar y sofocar la oposición al Gobierno y, en algunos casos, para obtener confesiones fabricadas o declaraciones falsas».

«Asimismo, nota con preocupación que las víctimas frecuentemente eligen no denunciar por temor a las represalias, y lamenta que la delegación del Estado parte no haya proporcionado información específica al respecto», dijo la ONU.

El Estado se hace la vista gorda frente a la esclavitud moderna

Dentro del compendio de preocupaciones, surgen ahora nuevas denuncias sobre el tráfico de personas con fines sexuales, el trabajo infantil en zonas mineras y el casamiento forzado a menores de edad en el país, «especialmente en el arco minero del Orinoco y en otras partes de los Estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, incluso producido por la presencia de grupos armados y criminales no estatales relacionados con las actividades de extracción». 

Frente a ello, la ONU le sugiere al Estado que modifique la leyes de amparo infantil, como la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente y la Ley para la Prevención y Erradicación del Abuso Sexual Contra Niñas, Niños y Adolescentes, para aumentar la edad mínima del matrimonio (que actualmente son los 16 años) y mejore las acciones para documentar el nacimiento y la identidad de los jóvenes, donde se denuncia un aumento en las trabas de otorgamiento de certificados de nacimiento.

Bajo este contexto explican que la población infantil está más expuesta a la esclavitud moderna y al trabajo forzado. Informan que la presencia de bandas criminales en el Arco Minero del Orinoco también ha influido en la muerte y esclavitud de las poblaciones indígenas. 

«Persisten las situaciones de desplazamiento forzado interno, particularmente en los estados fronterizos y en las zonas mineras, sobre todo de las comunidades indígenas y campesinas. En este sentido, el Comité lamenta la falta de información proporcionada por el Estado venezolano», advirtió.

Siguen reduciendo el espacio público y los medios de comunicación

El Comité concluyó que las represiones hacia los medios de comunicación siguen más vigentes que nunca, mucho más en un contexto de elecciones presidenciales para el 2024. Denunciaron el cierre de medios, la detenciones arbitrarias a los periodistas, a los activistas y a los políticos. 

Dentro de los reclamos, destacan «la opacidad o arbitrariedad por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) al administrar la aprobación y renovación de las licencias, particularmente de los operadores de medios radioeléctricos». Como consecuencia, el Estado reduce la participación política al no informar sobre asuntos público y la «interferir deliberadamente en la inscripción en el Registro Nacional Electoral, afectando principalmente a los jóvenes entre 18 y 35 años e impidiendo su participación en las elecciones». 

Frente a este panorama, la ONU volverá a evaluar al Estado venezolano dentro de ocho años, en 2031, debido a que deben examinar a todos los países en temas de derechos humanos. Para ese entonces el ente multilateral espera que hayan mejorado y reparado los derechos fundamentales en el país. 

 

14 líderes venezolanos enviarán un mensaje esperanzador en el evento “Pasión País”

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Este año, de nuevo, catorce líderes nos cuentan qué hacen, cómo lo hacen y para qué lo hacen en el evento motivacional más importante del país

 

 

El próximo jueves, 9 de noviembre,  14 líderes venezolanos enviarán un mensaje esperanzador en el evento “Pasión País”.

La quinta edición del evento, conducido por la periodista y escritora Inés Muñoz Aguirre y la especialista en mercadeo y opinión pública Mariam Krasner, busca resaltar desde distintas áreas de acción el trabajo, la ciudadanía, la creatividad, la participación y el compromiso con el país de todos aquellos que trabajan sin parar para cumplir sus objetivos.

“Contar los logros, dar a conocer líderes que se convierten en espejos para muchos y hacer un llamado a la reflexión de que con trabajo y esfuerzo se puede contribuir con el desarrollo del país”, son algunos del los objetivos del evento. 

Luego de cinco años ininterrumpidos, catorce líderes contarán qué hacen, cómo lo hacen y para qué lo hacen en el evento motivacional más importante del país.

La gerente del Hotel Eurobilding, Tachy Molina, expresó que “su voz se alza para contar una historia de vida que la lleva a entender que en la exigencia, el compromiso, el deseo de superarse, de vencer los obstáculos y entender de qué se trata servir, está la respuesta para caminar hacia el éxito”.

Rodrigo Capriles, guía turístico de Caracas, manifestó que reúne espacios, historias, el entusiasmo y las palabras necesarias para hacer que nos enamoremos de nuestra ciudad.

La médico en psico-neuro inmunología y creadora de Nexus Vitae, Yvette Henriquez, indicó por su parte que la ciencia tiene que estar cada vez más comprometida con el ser humano y sus emociones: “Descubrir el cuerpo significa descubrir cómo vivimos, qué comemos, qué pensamos, qué hacemos”. 

Por su parte, la periodista Crusmila Ramos afirmó que ella es mucho más que una comunicadora que narra las noticias que han ocurrido en el día. “Los aliados se pueden convertir en un buen titular si se les mira desde el profesionalismo y el compromiso de informar”. 

El chef Iván García es un verdadero enamorado de Venezuela, de su gente, sus paisajes, sus olores y sabores. Es capaz de combinar flores con insectos. “Innovar en la cocina es reacomodar el país desde su oficio”.

El comunicador y asesor de seguros, Carlos Eduardo Croes, indicó que “Crear Aseguramas ha sido para él un reto porque dominar el mercado significa también aprender y enseñar a gestionar el riesgo.

A Rino Salermo, párroco de El Rosal y director del Museo Sacro de Caracas, le tocó una tarea nada fácil encomendada por el Cardenal Porras: rescatar no solo un museo como el Sacro, si no el Palacio Arzobispal y dar vida a la cuadra donde está la Catedral de Caracas.

Estas historias son solo algunas de las que podrá disfrutar, aprender y motivarse este 9 de noviembre a las 9:00 am., en Cinética Cultural. PB. Torre Cinética. Calle B. Los Ruíces, Caracas. Puede adquirir las entradas en el siguiente enlace https://pasionpais.net/pasion-pais-el-evento/ En Liveri.com.ve o en forospasiónpais@gmail.com. 

Banesco subasta de obras de arte para recolectar fondos destinados a fundación de protección de la infancia

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La organización de desarrollo social logró adjudicar con éxito las obras que se traducirán en fondos para sus programas de protección integral a la infancia en el país

Banesco Banco Universal realizó junto a Fundana, la XVII subasta “Por amor al arte y a los niños venezolanos”, el pasado domingo, 29 de octubre de 2023, en los espacios de Ciudad Banesco.

Esta actividad tiene como propósito la recolección de fondos para las Villas de los Chiquiticos de Fundana y demás programas que esta fundación lleva adelante para contribuir a la protección integral de la infancia. 

“Esto es una labor social muy relevante porque se trata de rescatar a los niños en situación de fragilidad, formarlos, educarlos y reinsertarlos en un núcleo familiar, para que ellos puedan desarrollar todas sus potencialidades en la sociedad. Por eso es que Banesco da continuidad, año tras año, a esta subasta. Ya es una tradición que estas paredes se llenen de arte por amor a los chiquiticos de Fundana”, dijo Marco Tulio Ortega Vargas, presidente ejecutivo de Banesco. 

 

Fundana fue uno de los primeros Socios Sociales de Banesco en 1998. Esa relación se fortaleció en 2005 cuando ambas organizaciones comenzaron a trabajar en conjunto para, a través del arte, mejorar la vida de la niñez en riesgo.

“Nos sentimos agradecidos por la colaboración de cada uno de los artistas y celebramos la alianza con Banesco, que nos ha regalado sus espacios durante 17 años para que podamos hacer este evento”, expresó Betzy Aizaga, coordinadora de la subasta y miembro de la Junta Directiva de Fundana. 

Más de 100 obras para cambiar arte por sonrisas

El público general pudo disfrutar de la exhibición de 105 obras plásticas -entre pintura, escultura y fotografía- de artistas venezolanos que llenaron las paredes de la galería de la institución bancaria durante el fin de semana. 

“Esta subasta recoge una muestra de voluntad, de alegría y esperanza para los niños. Desde hace 32 años nuestra misión especial es proteger a la infancia. Siempre hay una forma de ayudar. En la subasta, los asistentes encuentran bellísimas piezas que se transforman en sonrisas”, agregó Alicia Parra, directora de Fundana. 

Con la adjudicación de estas obras, Fundana iniciará la recolección de fondos para la continuidad de sus programas. Estos recursos son la principal fuente de ingreso de la organización de desarrollo social para dar abrigo y atención integral a niños en situación de vulnerabilidad en Venezuela.

 

“Fundana tiene en este momento 120 niños en las Villas de Los Chiquiticos, desde recién nacidos hasta los 7 años de edad. Son niños víctimas de violencia, de maltrato y abandono que reciben todo lo que necesitan para un desarrollo armónico en un ambiente familiar. Además trabajamos en las comunidades vulnerables con familias, para prevenir el maltrato, el abuso y la violencia doméstica”, explica Francis Cohen, miembro de la Junta Directiva de Fundana. 

Y el martillo comenzó a sonar

Artistas, apasionados del arte, coleccionistas, benefactores y público general fueron parte de la subasta, que se inició al mediodía cuando Clementina Mendoza hizo sonar el martillo. Entre los asistentes estuvo presente el maestro José Antonio Dávila, quien ha participado desde la primera subasta con obras que, en algunos casos, han sido creadas exclusivamente para esta ocasión.  

Katherine Sotillo es una joven artista que se especializa en pixelar y que por tercera vez acompañó la subasta con una de sus obras: “Me parece una experiencia maravillosa. Esta pieza con la que estoy participando es de mi serie pastel, un concepto inspirado en la inocencia y en la sencillez. Quise aportar una de estas piezas porque está acorde con el concepto de Fundana”.

Las palabras de bienvenida a la subasta estuvieron a cargo de Marco Ortega Vargas, presidente ejecutivo de Banesco, y Betzy Aizaga, de Fundana, quién agradeció a la institución bancaria, a los patrocinantes, a los artistas que cedieron sus obras, a los asistentes y al equipo de trabajo que organizó la subasta. 

 

Banesco ha cedido durante diecisiete años los espacios de su sede principal para la realización de la Subasta de Fundana “Por amor al arte y a los niños venezolanos”. Sostiene Ortega que esta actividad: “Es una muestra del compromiso del banco para contribuir con la sostenibilidad de una institución como Fundana. Y además, reafirmar su política de responsabilidad social con la educación y la salud -y en especial- con uno de los Socios Sociales más antiguos del banco”.

Representantes estudiantiles de la UCAB rechazaron visita de Nicolás Maduro Guerra

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Para los representantes estudiantiles de la UCAB, son los representantes del régimen de Nicolás Maduro “los que persiguen y amenazan miembros de nuestra comunidad universitaria que defienden y representan íntegramente tales derechos”

El Consejo General de Representantes Estudiantiles de la Universidad Católica Andrés Bello (Cogres-UCAB) rechazó este jueves, 2 de noviembre, la visita que hizo a esa casa de estudios Nicolás Maduro Guerra, diputado de la Asamblea Nacional oficialista.

Mediante un comunicado, la organización de estudiantes de la UCAB informó que realizaron una sesión extraordinaria de la Asamblea General con respecto a la visita de Maduro Guerra.

“Rechazamos firmemente la visita de Nicolás Maduro Guerra y la divulgación de su mensaje en las cuentas institucionales de nuestra apreciada casa de estudios”, se lee en el comunicado que se publicó en la red social X (antes Twitter).

En el texto, también, reconocen que aunque la UCAB es un “espacio libre, abierto y plural”, para la comunidad estudiantil “es inaceptable tolerar la intromisión del representante de un régimen que censura, persigue y tortura estudiantes” como Jhon Álvarez.

El Cogres-UCAB recordó que Jhon Álvarez, quien es estudiante de la Universidad Central de Venezuela (UCV) “fue detenido sin debido proceso penal por cuerpos de seguridad del Estado” y “actualmente sigue detenido y sufre crueles torturas”.

Según el escrito, Nicolás Maduro Guerra “representa el totalitarismo, la violencia y la militarización que durante más de 20 años han hostigado la vida de los estudiantes y del resto de la ciudadanía venezolana”.

Aunque entienden que para superar esas “dificultades” es necesario promover el diálogo y subrayar que la “libertad política, la libertad de expresión y la participación ciudadana son derechos consagrados en el bloque constitucional”, son los representantes del régimen de Nicolás Maduro “los que persiguen y amenazan miembros de nuestra comunidad universitaria que defienden y representan íntegramente tales derechos”.

 

En ese sentido, señalan que si se quiere hablar de institucionalidad, exigen a Maduro Guerra y “al resto del régimen que representa, que sean garantes de un verdadero proceso de diálogo que permita el libre ejercicio de los derechos políticos, la liberación inmediata de Jhon Álvarez y de los otros 270 presos políticos, y la restitución del Estado de derecho”.