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Citgo reportó ganancias de $567 millones y aumento de capacidad de refinación en tercer trimestre de 2023

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CITGO alcanzó cifras récord en ingresos netos y EBITDA, consolidando su recuperación en el mercado energético

 

CITGO Petroleum Corporation reveló las cifras del tercer trimestre de 2023. La organización reportó un incremento en su capacidad de refinación y una ganancia neta de 567 millones de dólares.

Este aumento en las ganancias se debe, en gran parte, a la mejora de los márgenes de refinación y los rendimientos de los productos, destacando un EBITDA de 895 millones de dólares, en comparación con 642 millones de dólares en el trimestre anterior.

«Este trimestre continuamos fortaleciendo nuestra liquidez, financiamos proyectos clave y sostuvimos el pago de dividendos a CITGO Holding», comentó Carlos Jordá, CEO de CITGO, quien también alabó la confiabilidad operacional que permitió estos logros.

El rendimiento total fue de 802.000 barriles por día (bpd), con una utilización del 95%, manteniendo la confiabilidad del sistema de refinación y un excelente desempeño ambiental y de seguridad.

Además, CITGO invirtió 59 millones de dólares en mantenimiento extraordinario y 82 millones de dólares en gastos de capital, reafirmando su compromiso con la sostenibilidad y el crecimiento a largo plazo.

La liquidez al término del trimestre se situó en 3.860 millones de dólares, lo que demuestra la solidez financiera de la compañía y su posición competitiva en la industria energética global.

*Vea la nota completa AQUÍ

87 sindicalistas han sido detenidos por defender derechos en 10 años del gobierno de Maduro

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En el 2022 se registraron 344 casos de amenazas contra trabajadores y dirigentes sindicales, que incluyeron actos de hostigamiento, persecución, amenazas de despido y encarcelamiento

 

La coordinadora de investigación de Provea, Lissette González, alertó el pasado 8 de noviembre, en el marco del 188 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que 87 sindicalistas han sido detenidos por defender sus derechos en Venezuela durante 10 años del gobierno de Nicolás Maduro. 

Durante su intervención, González indicó que en el 2022 se registraron 344 casos de amenazas contra trabajadores y dirigentes sindicales, que incluyeron actos de hostigamiento, persecución, amenazas de despido y encarcelamiento.

La coordinadora detalló que uno de los casos más representativos fue el de los seis líderes sindicales y luchadores sociales Gabriel Blanco, Alcides Bracho, Emilio Negrín Reynaldo Cortés y Alonso Meléndez,  que fueron detenidos arbitrariamente y sentenciados el pasado mes de agosto a 16 años de prisión.

“Este patrón de persecución a líderes sindicales se ha mantenido durante 2023, las protestas sindicales en Bolívar por los bajos salarios, los reiterados incumplimientos de los contratos colectivos han generado fuertes reacciones oficiales que buscan controlar estas manifestaciones”, denunció González. 

La coordinadora de Provea agregó que luego de cinco días de protestas por la situación salarial, seis trabajadores de Sidor fueron detenidos, quienes fueron imputados por instigación al odio y “liberados” con medidas cautelares de presentación.

El 6 de junio, luego de seis días de protestas nuevamente en Sidor, fueron detenidos otros tres dirigentes sindicales que lideraban esa movilización, Leonardo Azócar, Daniel Romero y Juan Cabrera, este último liberado el 11 de junio, pero los primeros trasladados a Caracas y presentados ante un tribunal con competencia en terrorismo.

El 7 de julio también fue detenido Bladimir Josué Tremaria, dirigente del Frente De Trabajadores Socialistas del estado Bolívar, quien fue imputado por hurto de material estratégico, conspiración, asociación para delinquir y encubrimiento; posteriormente, el 1 de septiembre, su residencia fue allanada. Todos estos dirigentes sindicales permanecen actualmente detenidos.

Violación a la libertad de expresión  

Lissette González insistió en que todas las detenciones son una violación del derecho a la protestas, así como de la libertad de expresión y comunicación de los dirigentes sindicales.

Indicó que además le preocupa la suspensión unilateral por parte del gobierno de Venezuela de las sesiones del diálogo social, que estaban previstas para el pasado 5 y 6 de octubre.

“Este diálogo acompañado por la Organización Internacional del Trabajo, era el único canal institucional para que el movimiento sindical venezolano pudiera plantear sus demandas al Estado venezolano”, finalizó.

En Venezuela se mantiene constante régimen que propicia la autocensura

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El documento recoge algunas violaciones a la libertad de prensa que en lo que va de 2023

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) afirmó que en Venezuela se mantiene el “constante y sistemático régimen de censura” que “genera autocensura entre los medios” independientes.

De acuerdo con el informe preliminar de la SIP, que debe ser aprobado este domingo por la Comisión de Libertad de Prensa en Asamblea General, en Venezuela “al menos dos emisoras salen del aire cada mes” por orden del ente regulador del Estado, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), a cuyo “criterio discrecional” están sujetos medios televisivos y radiales.

 

Además, señala que “Conatel también siguió censurando y cerrando espacios de los medios impresos independientes que se vieron obligados a migrar a plataformas web”.

“Los periodistas se ven asediados por el régimen, son acosados y amenazados cuando intentan cubrir protestas sociales o denuncian irregularidades y corrupción”, aseveró la SIP.

El documento recoge algunas violaciones a la libertad de prensa en lo que va de 2023. Además, citó un informe del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), en el que se reveló que entre mayo y agosto de este año se registraron 117 violaciones a la libertad de expresión que afectaron a 68 trabajadores de la prensa.

Como aspecto positivo, la SIP destacó la liberación del periodista Roland Carreño el pasado 18 de octubre.

No obstante, recordó que el periodista “fue víctima de desaparición forzada y en seis ocasiones fueron solicitadas medidas humanitarias por problemas de salud”.

 

El informe expone, al menos, 22 casos concretos que dan cuenta de la persecución a la prensa.

Para muestra un botón: la primaria autocensurada

La Consultora Sala 58 monitoreó la cobertura noticiosa de los principales medios de comunicación televisivos antes y durante de la primaria opositora y concluyó que la censura reinó en los noticieros de Venevisión, Televen y Globovisión.

De acuerdo con reportes diarios desde enero hasta septiembre de 2023, el monitoreo de Sala 58 evidenció el desbalance que predominó en la cobertura noticiosa de los principales canales de televisión privada.

El canal Globovisión no transmitió ninguna información de la primaria, salvo la declaración del candidato por Acción Democrática, Carlos Prosperi, donde informó que desconocería los resultados del proceso electoral.

*Con información de EFE

Gobierno intervino “La Cuarta” y aseguró tener control de todas las cárceles 

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La administración madurista sigue sin referirse oficialmente al paradero de los pranes de las siete prisiones en las que ha incursionado desde septiembre 
Extraoficialmente se conoce que “Pedro Rapidito” y “El Loro”, pranes de La Pica y Trujillo, respectivamente, están bajo custodia de las autoridades 

 

Con la intervención este viernes 10 de noviembre del Internado Judicial de San Felipe en el estado Yaracuy, conocida como “La Cuarta”, el Gobierno venezolano aseguró que tiene el 100% del control de las cárceles, por lo que se estima que la llamada “Operación Gran Cacique Guaicaipuro” llegó a su final.

“Hemos tomado control total de este centro, y con este control total aquí, en Yaracuy, tenemos 100 % de todas las cárceles del país bajo el régimen penitenciario”, dijo el ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos. 

De acuerdo con la ONG Una Ventana a la Libertad, desde la madrugada de este viernes, funcionarios de diversos entes de seguridad intervinieron el recinto carcelario en el que estiman habían más de 500 internos. 

Como en las restantes seis incursiones carcelarias, las autoridades no hablan específicamente sobre el paradero de los pranes. 

“La Cuarta” era controlada por el pran Freddy Barboza Lizarraga alias “La Charra”, en colaboración con Dennis Antonio Parra Rivero, apodado “El Chino”, y alias “El Miguelito”. 

Antes de tomar la prisión yaracuyana, el Gobierno allanó el Centro Penitenciario de Aragua conocido como “Tocorón”, así como los internados judiciales de Carabobo (Tocuyito), José Antonio Anzoátegui (Puente Ayala, Barcelona), Monagas (La Pica) y Bolívar (Vista Hermosa).

De manera extraoficial se conoció que Pedro Manuel González Mata alias “Pedro Rapidito”, líder negativo de La Pica y Álvaro Montilla conocido como “El Loro”, pran de Trujillo, se entregaron a las autoridades.

Del resto, de los pranes de Tocorón (Héctor “Niño Guerrero” Flores), Tocuyito (Néstor “Richardi” Richardi Sequera ), Puente Ayala (Luis Manuel “Pata e’ Queso” Yegue Mendoza) y Vista Hermosa (Wilkins Rafael “Wilkins” Romero Maluenga, Giovannny Alejandro “Pan” Navas Ochoa  y Edison “Chichi” González) se desconoce el paradero.

Página para ver traslados

Ante el constante reclamo de familiares de privados de libertad por traslados inconsultos a otros estados y maltratos, la ministra de Servicios Penitenciarios, Celsa Bautista, informó que fue habilitada una página web para monitorear la ubicación de los reclusos que estaban en las siete cárceles intervenidas.

La funcionaria sostuvo que en el portal del Ministerio de Servicios Penitenciarios, familiares de los detenidos podrán acceder a un apartado llamado “traslados” donde verán el listado de los reubicados.

 

LEA TAMBIÉN:   Toma de una cárcel sin pranes, ¿Tocorón fue un vacilón?

Informe CIDH: Países de la región deben reconocer estatus de refugiado a migrantes venezolanos

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La CIDH identificó desafíos para el debido proceso en los procedimientos migratorios de personas provenientes de Venezuela como consecuencia de medidas adoptadas por varios países que comparten frontera
Indican que, de acuerdo con la CIDH, el desplazamiento forzado de personas provenientes de Venezuela “guarda una estrecha relación con la instalación de una autocracia en el país”
Las personas que salen de Venezuela se enfrentan a múltiples situaciones de discriminación y violencia que ponen en riesgo y vulneran sus derechos a la vida, la integridad y la libertad personal, señaló la CIDH en su informe

@Andrea_GP21

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un informe sobre la situación de las personas migrantes y refugiadas de Venezuela, donde explica cuáles son los desafíos para atender a esta población.

En el texto titulado “Personas Migrantes y Refugiadas provenientes de Venezuela”, la CIDH también abordó las causas del desplazamiento forzado, que incluye las “graves violaciones de derechos humanos, el cierre de espacios cívicos y el reducido acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”.

 

El informe señala que algunas personas migrantes y refugiadas de Venezuela “se ven obligadas a realizar travesías peligrosas para llegar a su destino, cruzando rutas migratorias irregulares, zonas fronterizas insalubres o viajando en embarcaciones precarias”.

Asimismo, indicó el texto que en muchas ocasiones, la violencia en contra de las personas provenientes de Venezuela está alentada “por estereotipos de género y discursos estigmatizantes que denotan xenofobia y racismo”.

Una de las conclusiones más relevantes del informe de la  CIDH es que los países de la región, a efectos de otorgar una protección que responda a la naturaleza forzosa del desplazamiento, deben reconocer estatus de refugiado a las personas que provienen de Venezuela, “hacer un reconocimiento de la condición de persona refugiada prima facie, así como promover políticas que permitan garantizar sus derechos en condiciones de igualdad y sin ningún tipo de discriminación”.

Refieren que en el caso de los migrantes venezolanos aplica el concepto de persona refugiada aplicable, consignado en la Declaración de Cartagena, “que cobija a las personas que huyen de un territorio por riesgos a su vida, seguridad, libertad, o por la violación masiva de los derechos humanos”.

“Este informe busca iniciar una conversación sobre la necesidad de responder al desplazamiento forzoso de personas venezolanas desde un enfoque regional, coordinado, basado en la responsabilidad compartida y en el respeto y garantía de los derechos humanos. La CIDH se pone a disposición de los Estados parar brindar cooperación técnica en la implementación de las recomendaciones que se formulan en el documento”, amplían. 

Entre las causas de este desplazamiento masivos de venezolanos, según el informe, se destaca la destrucción del estado de Derecho, las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos y el reducido acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Desca). A continuación, una síntesis de los elementos encontrados en cada categoría. 

Ausencia de Estado de Derecho, represión y cierre de espacios democráticos

En parte, de acuerdo con la CIDH, el desplazamiento forzado de personas provenientes de Venezuela “guarda una estrecha relación con la instalación de una autocracia en el país”.

Al respecto, señala que la ausencia del estado de Derecho ha provocado que las instituciones estatales diseñadas “para promover y proteger los derechos humanos operen para asegurar la permanencia del partido de gobierno en el poder”.

Como uno de los hechos más graves, recuerdan la designación irregular de al menos 12 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el 23 de diciembre de 2015.

También, destacan la existencia de la asamblea constituyente, que ejecutó la designación irregular del Fiscal General de la Nación y el Defensor del Pueblo; el adelanto atípico de la elección presidencial de 2018; y la ratificación irregular de rectores del Consejo Nacional Electoral y personas magistradas del TSJ.

 

Todas esas acciones generaron una serie de manifestaciones ciudadanas que fueron violentamente reprimidas por las fuerzas de seguridad del Estado y grupos para estatales.

Entre el 1 de abril y el 31 de julio de 2017, el Ministerio Púbico registró 124 muertes relacionadas a protestas sociales, de las cuales 46 eran manifestantes que habrían perdido la vida por la acción de miembros de las fuerzas de seguridad y 27 por colectivos armados.

Violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos

En cuanto a las violaciones de DDHH, señala el informe que miles de personas opositoras o percibidas como tales tuvieron que desplazarse a otros países de la región por la cooptación del poder público por el Ejecutivo.

Adicionalmente, la erosión del Estado de Derecho “propició impunidad frente a violaciones a los derechos a la vida, integridad y libertad personal, generando un clima de inseguridad generalizado que también motivo el desplazamiento de personas a otros países”.

La CIDH también recordó que en Venezuela “existe un patrón de ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes de seguridad del Estado y/o de grupos parapoliciales, o bajo su aquiescencia o colaboración”.

Aunque más del 90% de víctimas de ejecuciones extrajudiciales son hombres, el 76 % de las personas que buscan justicia, verdad y reparación son mujeres. 

También, la CIDH recibió información sobre la “práctica sistemática de torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes contra las personas civiles y militares privadas de la libertad”.

Entre las torturas identificadas por la CIDH se encuentran la imposición de posiciones de estrés, llamadas “crucifixión” (brazos extendidos y esposados a tubos o rejas) y “el pulpo” (cinturón de metal con cadenas para inmovilizar muñecas y tobillos); asfixia con bolsas de plástico, sustancias químicas o un balde de agua; golpes con objetos contundentes; descargas eléctricas en los genitales u otras partes del cuerpo; amenazas de muerte o amenazas de violencia adicional; violencia sexual y amenazas de violencia sexual, incluyendo amenazas de violación sexual, contra las víctimas y/o sus familiares; tortura psicológica, incluyendo privación sensorial, iluminación constante y frío extremo; y desnudez forzada, incluso en habitaciones mantenidas a temperaturas extremadamente bajas.

 

La CIDH advirtió que existen “serias denuncias de actos de violencia contra mujeres privadas de la libertad por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y de la Dgcim”.

Sanciones y su impacto

Varios países de América y de Europa han adoptado sanciones de distinta índole en respuesta a las graves y masivas violaciones de derechos humanos en Venezuela.

Existen las sanciones personales, que se impusieron contra funcionarios e individuos asociados con el gobierno y el PSUV. Por otro lado están las De otra parte, están las sanciones sectoriales, dirigidas contra industrias y sectores de la actividad económica doméstica.

De acuerdo con información de la CIDH, cronológicamente fueron impuestas primero las sanciones específicas y luego las sectoriales. 

Aunque la CIDH considera que las sanciones extranjeras contribuyen a la agudización de la situación y vulnerabilidad de la población, la imposición de las mismas “no es óbice para que el Estado venezolano desatienda sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”.

 

La Comisión observa que algunos países han adoptado sanciones sectoriales con impactos generalizados en la economía venezolana. 

Según la CIDH, la ausencia de recursos ha imposibilitado la reparación y el mantenimiento de los sistemas de electricidad, gas, agua, transporte público y telecomunicaciones.

Crisis humanitaria y acceso a Desca

La Comisión considera que la falta de estadísticas oficiales sobre pobreza y acceso a los Desca responde a una “decisión deliberada de no dar a conocer la situación de los Desca en Venezuela para asegurar la permanencia del partido de gobierno en el poder”. 

Al no poder satisfacer necesidades básicas, las personas se han visto forzadas a salir deVenezuela, destaca el informe de la CIDH.

Algunas organizaciones hacen esfuerzos por dar a conocer los datos sobre pobreza en Venezuela. Uno de estos esfuerzos es la Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida (Encovi).

Por otra parte, el aumento de la pobreza y la desigualdad en los últimos años ha afectado la capacidad adquisitiva de la población venezolana, afectando seriamente el acceso a alimentos en cantidad y calidad suficiente.

Precisamente, el difícil acceso a alimentos es considerado por distintos órganos de protección de DDHH como uno de los factores que motivan la migración de personas venezolanas hacia otros países.

 

Con relación al colapso sistema de salud, este  ha impactado de forma desproporcionada en las personas con enfermedades crónicas e infecciosas.

Entre las preocupaciones, destacan que en Venezuela, las mujeres embarazadas no obtienen vacunas, medicamentos, productos de primera necesidad y “no pueden acceder a controles prenatales o para recién nacidos, ni recibir atención que garantice embarazos y partos seguros”.

 

Sobre la educación, el sistema también está en decadencia. La CIDH alertó que el deterioro de las condiciones de vida y las fallas constantes de los servicios públicos ha afectado el goce del derecho a la educación, particularmente de niñas, niños y adolescentes. 

Además, la crisis económica ha empujado a miles de profesores de todos los niveles educativos a abandonar el país.

Situación de derechos humanos de las personas en movilidad provenientes de Venezuela

La Comisión saluda la generosidad y los esfuerzos de algunos países de la región como Colombia, Brasil, Ecuador, Chile, Perú, Costa Rica y Estados Unidos, para acoger y brindar protección a las personas provenientes de Venezuela.

Asimismo, el organismo reconoce los desafíos que enfrentan los Estados de la región a su interior para garantizar el acceso a derechos de esta población.

Derechos a la vida, integridad y libertad personal durante el desplazamiento

Las personas que salen de Venezuela se enfrentan a múltiples situaciones de discriminación y violencia que ponen en riesgo y vulneran sus derechos a la vida, la integridad y la libertad personal, señaló la CIDH en su informe.

En el contexto de uso de rutas terrestres y marítimas, recuerda la CIDH, se ha registrado la muerte de personas en situación de movilidad, entre otras cosas, por accidentes de tránsito, enfermedades y naufragios.

Durante 2022, al menos 30 personas de nacionalidad venezolana fallecieron en el tapón del Darién, región selvática fronteriza entre Colombia y Panamá, incluyendo niños, niñas y adolescentes. Autoridades panameñas creen que es posible que exista un subregistro.

Asimismo, en 2021 tres embarcaciones fueron reportadas como desaparecidas en altamar cerca de las costas de Trinidad y Tobago, lo que habría causado la perdida de al menos 80 personas de nacionalidad Venezuela. En diciembre de 2020, se registró otro naufragio luego de que una embarcación que transportaba 25 personas se volcara.

 

Pero además, las personas que salen de Venezuela se exponen a sufrir violaciones a sus derechos a la vida, integridad y libertad personal como consecuencia del accionar de grupos armados irregulares y, en ocasiones, de agentes de Estado.

Derecho a la nacionalidad y prevención de la apatridia en países de acogida

Las personas que salen de Venezuela enfrentan varias barreras para acceder a documentos de identidad vigentes, como retardos excesivos, corrupción y altos precios.

En países como Colombia, Chile y República Dominicana, los hijos de las personas que provienen de Venezuela no pueden acceder en condiciones de igualdad a la nacionalidad.

Según advierte la CIDH, lo anterior expone a esos hijos a la apatridia, situación jurídica en la que se encuentran todas “aquellas personas que no son reconocidas como nacionales de ningún Estado”.

Las personas provenientes de Venezuela requieren consideraciones especiales sobre las exigencias legales para acceder a un estatus regular, entre otras cosas, por el vínculo con el derecho a la nacionalidad de sus hijas e hijos. 

Por lo difícil que es acceder a un pasaporte en Venezuela, estados como Argentina, Colombia, Chile y Panamá, y otros; adoptaron medidas para reconocer la validez de pasaportes vencidos a efectos de algunos trámites.

Sin embargo, la falta de documentación vigente afecta a las personas provenientes de Venezuela en los países de acogida. Según la CIDH, esto limita su posibilidad de acceder a procesos de regularización y, en consecuencia, afecta el acceso a la nacionalidad de sus hijos e hijas en países donde no se adquiere la nacionalidad por el hecho de haber nacido en el territorio del país, como es el caso de Chile y Colombia. 

 

Debido proceso en los procedimientos migratorios en los países de acogida

La CIDH identificó desafíos para el debido proceso en los procedimientos migratorios de personas provenientes de Venezuela como consecuencia de medidas adoptadas por varios países que comparten frontera.

No obstante, rescatan que algunos países de la región han adoptado medidas de protección complementaria para responder al desplazamiento forzado proveniente de Venezuela.

La Comisión destaca el “Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos” que Colombia adoptó para regularizar cerca de dos millones de personas que viven en el territorio.

Sin embargo, consideran que la medida adolece de algunos asuntos problemáticos.

La CIDH y la Corte Interamericana recuerdan que las garantías del debido proceso son aplicables a toda situación en la que se determinen los derechos de una persona, entre las cuales se encuentran procedimientos migratorios, sean estos administrativos o judiciales.

Derecho a solicitar asilo y ser reconocida como persona refugiada

Los mecanismos de protección complementaria que han adoptado algunos países, como las visas humanitarias y los estatutos temporales de permanencia, son valiosos porque facilitan la estadía en territorios y el acceso a algunos derechos.

Sin embargo, la CIDH considera que estos mecanismos tienen una naturaleza transitoria y “no responden de manera holística a las necesidades de protección de las personas que salen de Venezuela”.

La Comisión reitera que las personas salen forzosamente de Venezuela para salvaguardar derechos como la vida, la integridad y la libertad personal. “En consecuencia, los Estados deben reconocerlas prima facie como personas refugiadas”, señala el informe.

Además, recalcan que la condición de persona refugiada deriva de las circunstancias que enfrentó en su país “y no de la determinación que hacen los Estados”.

Acceso a Desca en países de acogida

Para la Comisión, la xenofobia y el racismo dificultan el acceso de las personas provenientes de Venezuela a los Desca y, en general, limitan sus posibilidades de integración socioeconómica.

Sobre eso, recuerdan que algunos Estados de la región condicionan el acceso a salud, educación, trabajo o vivienda, con el estatus migratorio, afectando desproporcionadamente a las personas provenientes de Venezuela que no pueden cumplir con los requisitos necesarios para acceder a un estatus migratorio regular por diversas circunstancias.

 

Por ejemplo, miles de personas que viven con VIH abandonaron Venezuela debido a fallas estructurales del sistema de salud.

De acuerdo con la Comisión, en varios países de la región se han registrado barreras para acceder al tratamiento antirretroviral correspondiente, “lo que perjudica de manera desproporcionada a las personas LGBTIQ+ por la discriminación que sufren”.

Además, las mujeres provenientes de Venezuela también han visto seriamente afectado el acceso a servicios médicos que solo ellas requieren, restringiendo el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.

También, las personas en situación de pobreza enfrentan obstáculos desproporcionados para acceder y disfrutar de una vivienda digna, lo que las expone a situación de calle y otros riesgos conexos.

Maduro agita bandera del nacionalismo como militares argentinos con Las Malvinas

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Así como la dictadura militar argentina se valió del conflicto con Gran Bretaña para aglutinar un sentimiento patriótico, el régimen venezolano pretende esgrimir la carta del territorio en disputa con Guyana para medir su poder de convocatoria en el referendo del 3 de diciembre  

 

En la película Wag the Dog (1997), a diez de las elecciones, un ficticio Gobierno estadounidense inventa una guerra en Albania para desviar la atención de las acusaciones hechas al presidente en ejercicio por supuesto abuso sexual a una menor de edad.

La estrategia del asesor de la Casa Blanca, interpretado por Robert De Niro, produce los resultados esperados y hace que la opinión pública se trague el falso conflicto creado por un productor de Hollywood, encarnado por Dustin Hoffman.

A medida que pasan los días, la administración de Nicolás Maduro se concentra más en promover un referendo consultivo sobre el Esequibo previsto para el 3 de diciembre que en asimilar la victoria de María Corina Machado en la primaria opositora efectuada el pasado 22 de octubre. 

Para el exembajador de Venezuela en Guyana, Sadio Garavini di Turno, los regímenes autoritarios suelen inventar excusas de corte patriotero para levantar su popularidad cuando atraviesan por dificultades.

“No necesariamente para llegar a una guerra, pero sí para levantar el nacionalismo y crear dificultades para la oposición”.

El exministro de Justicia sostuvo que la actual disputa del Gobierno de Maduro con Guyana es comparable con la guerra de Las Malvinas entre Argentina y Reino Unido en 1982. 

Previo al conflicto, la dictadura cívico-militar argentina enfrentaba una férrea oposición debido a las constantes denuncias de violaciones a los derechos humanos.

Amparados en una proclama antiimperialista, la Junta Militar arropó a la nación en una lucha desigual que trajo como consecuencia cerca de 700 argentinos muertos.  

“Los militares argentinos creyeron que Inglaterra iba a tener una respuesta menor, que iban a negociar y jugaron mal la segunda etapa del conflicto cuando Estados Unidos intervino para tratar de convencerlos de claudicar, Leopoldo Galtieri (presidente de la Junta) no accedió y vino la guerra”, dijo Garavini.

El exdiplomático aseveró que el desacuerdo entre Venezuela y Guyana podría igualmente compararse con el sostenido entre Guatemala y Belice, que disputan un territorio de 11.000 kilómetros cuadrados en manos de este último país, casualmente otra excolonia británica.    

“Pero ahí llegaron a un acuerdo para llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia, hubo un referendo que ambos países aceptaron”, aclaró. 

Nada que ver Maduro con Putin 

Refiriéndose a conflictos recientes, Garavini manifestó que el de Venezuela-Guyana no es comparable al de Rusia y Ucrania.

“A diferencia de Maduro, Vladimir Putin no anda buscando reconocimiento, su poder está bastante afincado, la guerra entre Rusia y Ucrania responde a una visión geopolítica, porque todo lo que habían conquistado Pedro El Grande, Catalina La Grande y Stalin se perdió y el plan de Putin es recuperarlo a toda costa”, analizó. 

El exembajador indicó que Putin también respondió a lo que considera una amenaza: la cercanía de Ucrania con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

“Es algo que ha causado una cantidad de muertos enorme, afectado a todo el mundo por el crecimiento del precio de los granos y por las repercusiones en el ámbito energético. Pero no se parece a lo de Venezuela-Guyana porque incluso en Ucrania oriental la gente habla y se siente rusa”, recalcó. 

Un eclipse oficialista a la primaria

Garavini calificó el referendo y a todo el discurso chauvinista de Maduro como una maniobra política para distraer la atención y hacer olvidar dos cosas que menciona a continuación:

“El éxito inesperado que tuvo la primaria y el fracaso socioeconómico de un país que ha exportado 7.000.000 de personas sin tener una guerra”. 

El doctor en ciencias políticas indicó que el referendo es además un chantaje del Gobierno a la oposición: “Porque los coloca en la posición de estar de acuerdo con ellos, o en contra y ser calificados de traidores a la patria”.

Por su parte, el internacionalista Félix Arellano aseguró que el referendo no aporta nada a la causa por la eventual recuperación del Esequibo.

“Confunde, distrae y tiene más razones ideológicas que realmente hacia la búsqueda de la solución del conflicto. Para Guyana no vale nada y para la comunidad internacional menos, se hace con fines políticos y parte de una gran irresponsabilidad”, esgrimió. 

Arellano sentenció que Maduro se concentra solo en la presencia de la empresa petrolera estadounidense ExxonMobil en Guyana y la usa con un fin netamente político y partidista. 

“Apela a ese libreto anacrónico y agotador contra el imperialismo, en todo caso, esa crítica también debería hacerla contra el Gobierno comunista chino que tiene una empresa en Guyana y contra Chevron”, dijo. 

El internacionalista insistió en que el referendo promovido por el chavismo es un arma peligrosa de disuasión y desinformación: “Se abre la puerta para cualquier tipo de acción y eso confunde. No se avanza en lo fundamental, que es crear una comisión nacional negociadora”.   

¿Habrá un conflicto armado?

El exembajador de Venezuela en Guyana, Sadio Garavini di Turno, ve casi imposible que se escale a un conflicto armado con Guyana.

“Es una bravuconada interna, pero que hacia afuera le puede salir caro. Desde el punto de vista técnico sería un fracaso entrar en una guerra y la reacción de la comunidad internacional sería brutal, pero nunca se sabe. Albert Einstein decía que solo dos cosas son infinitas, el universo y la estupidez humana”, opinó. 

Garavini calificó como irresponsables las declaraciones del canciller venezolano Yván Gil, en las que afirma el aumento de la presencia militar estadounidense en Guyana. 

“La posición del canciller nos hace quedar como unos ridículos, no hay una alianza militar contra Venezuela, tampoco hay bases militares americanas en Guyana. Es mentira que Guyana está elevando el tono militar, Guyana lo que dice es que la Corte Internacional de Justicia resuelva el problema”.

El exembajador argumentó que ni siquiera el Gobierno de Cuba apoya a Maduro en esta cruzada por el Esequibo, lo que demuestra el aislamiento internacional del régimen chavista: “Cuba apoya a Guyana desde 1982. Sería interesante preguntarle a los presidentes izquierdistas de Colombia, Gustavo Petro; de Brasil, Lula Da Silva; de Chile, Gabriel Boric y de Argentina, Alberto Fernández su opinión al respecto, están callados porque no se quieren meter en problemas”.

Arellano apuntó que, en vez de perseguir una salida diplomática y pacífica al conflicto, el Gobierno venezolano parece estar apostando por otra cosa. “Todo por donde uno lo mire es una estrategia política irresponsable que busca distraer a la gente y que no beneficia en nada en la tarea de la defensa del territorio”, concluyó. 

 

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Convite: Adultos mayores están desprotegidos en Venezuela 

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El Estado no brinda una política que los proteja y garantice alimentación y medicinas 

 

Para Luis Francisco Cabezas, coordinador nacional de Convite, las políticas desarrolladas por el Estado para proteger a los adultos mayores son insuficientes.

“Las personas de la tercera edad lastimosamente no cuentan con una estabilidad que les permita disfrutar de sus últimos años, pues no hay estrategias o planes sólidos que puedan abarcar todo el abanico de necesidades que un adulto mayor demanda”, dijo Cabezas.

Pese a la creación de programas como Amor Mayor y el otorgamiento de bonos, el Gobierno de Nicolás Maduro carga sobre sus hombros el peso del salario mínimo más bajo de la región y uno de los más paupérrimos del mundo de apenas 130 bolívares o el equivalente a 3 dólares mensuales.

En Barquisimeto, la capital del estado Lara, es común ver en los semáforos a personas de la tercera edad pidiendo dinero o algún donativo en comida. 

El octogenario Orlando Marín dijo que su situación causa tristeza, pues de joven trabajó arduamente para labrarse una vejez digna y ahora lo que devenga no le alcanza ni para comer.

Asimismo, Edgar Sánchez indicó que en su juventud se veía disfrutando de una apacible vejez, pero esto se desvaneció con la llegada del chavismo al poder y en especial de Maduro. Alegó que en la actualidad su sueldo no le alcanza ni para un blíster de pastillas y que depende de lo que le envíen sus familiares en el extranjero.

De acuerdo con Convite, luego de obtener una pensión o estar jubilados, la mayoría de los adultos mayores se han visto en la obligación de volver a trabajar para subsanar la incapacidad de alimentarse o comprar medicinas.

Por tal razón, las ONG como Convite instan a las autoridades nacionales a recapacitar y establecer verdaderas políticas que resguarden a estas personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad y ya no pueden valerse por sus propios medios.   

Con información de La Prensa de Lara  

 

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Piden a la CIDH medidas cautelares para evitar mayor daño ecológico y violación de DDHH en el Arco Minero

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SOSOrinoco advirtió en el marco del  188° periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que hay una nueva y más grande “invasión” de galimpeiros que se han aliado a la FANB y “están invadiendo territorios yanomamis, yecuanas y las cabeceras del Río Orinoco”
“La CIDH podría dictar medidas cautelares para evitar mayores daños ecológicos y daños irreparables al medio ambiente-por la minería ilegal en Venezuela- y asegurar la protección de la vida y de la integridad de poblaciones indígenas y criollas”, consideró Cristina Burelli, fundadora de SOSOrinoco

Foto: Reuters 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco de su 188° periodo de sesiones, atendió en una audiencia el tema de la minería ilegal y la vulneración de derechos humanos en el sur de Venezuela así como en otros países de América Latina. 

En el debate participaron organizaciones de países como Bolivia, Perú, Brasil, Nicaragua y Venezuela. Por nuestro país participó SOSOrinoco, quien presentó datos sobre la explotación minera en el Arco del Orinoco y sus consecuencias no solo para el medio ambiente, sino para las comunidades indígenas, quienes son las más afectadas.

Este informe fue presentado por Cristina Burelli, fundadora de SOSOrinoco, quien resaltó la situación actual del país en esta materia, que encabeza la violación de derechos humanos no sólo a indígenas sino también a mineros. 

 

 “El decreto ilegal del Arco Minero permite e impulsa la minería criminal e ilegal que viola los derechos de los indígenas, los derechos humanos de mineros y los derechos ambientales, es un modelo que le permite a Nicolás Maduro y a sus allegados que se aferran al poder  enriquecerse directamente” resaltó.

 Recalcó que la administración de Maduro se ha asociado con bandas criminales trasnacionales y nacionales, así como con la guerrilla colombiana, para operar y llevar el control de la minería en el sur del país.

El negocio de los minerales algo “sencillo y poco sofisticado”

De acuerdo con Burelli, el negocio de la minería de oro en Venezuela requiere de “un monopolio sobre el combustible, mercurio ilegal que se utiliza sin control, acceso a las áreas protegidas donde permiten hacer minería y facilitar el transporte de maquinarias y balsas mineras”.

Según la fundadora de SOSOrinoco todo pasa por el control de la Fuerza Armada, en compañía de autoridades civiles y la Corporación Venezolana de Minería. 

No obstante, advirtió también que hay una nueva y más grande “invasión” de galimpeiros que se han aliado a la FANB y “están invadiendo territorios yanomamis, yecuanas y las cabeceras del Río Orinoco”. 

Todos estos actos causan graves daños al medio ambiente a largo plazo, no sólo en el territorio venezolano, sino en toda la región.

“La CIDH podría dictar medidas cautelares para evitar mayores daños ecológicos y daños irreparables al medio ambiente, así como el derecho a un medio ambiente sano y de esta manera asegurar la protección de la vida y de la integridad de poblaciones indígenas y criollas”.

 

Indígenas también participaron en la audiencia 

Por la comunidad indígena de Venezuela participó Olnar Ortiz, abogado  representante de la Amazonía venezolana.

Díaz recalcó la necesidad del desarrollo de normativas específicas y que el país pueda firmar el Acuerdo de Escazú, pues la violación de derechos de las comunidades indígenas se ha intensificado.

“Solamente en el estado Amazonas, producto de la droga y la minería ilegal , entre el año 2022 y 2023 han ocurrido dos masacres a poblaciones indígenas”,  denunció, al tiempo que mencionó la presencia de grupos armados en  territorios en los que han registrado el asesinato de líderes de estas comunidades.

A su vez, las amenazas y hostigamiento cada vez son más frecuentes. 

Díaz aseguró que la situación se agrava cada vez más y los efectos en el medio ambiente ya pueden percibirse, por lo que insistió en que se debe actuar prontamente y “hacer lo que sea necesario para que los estados cumplan con los estándares internacionales” de los que atenten contra el medio ambiente. 

Por otro lado, y  tras el levantamiento de las sanciones al oro, SOSOrinoco ha hecho énfasis en que esto está creando una situación en la que se da una atracción por los países fronterizos que tienen minería ilegal (Guyana, Brasil y Colombia). 

Ellos van a poder “canalizar el producto ilegal a través de la empresa Minerven y de esa manera obtener esa minería, entonces es una situación muy compleja” , dijo la presidenta de la ONG. 

Ante estos planteamientos y los de los demás países participantes la CIDH acordó trabajar en pro de soluciones no sólo para estas naciones sino de todo el mundo ha que este es un tema de “vida de toda la humanidad” , apuntó Esmeralda Arosemera, presidenta de la CIDH.