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TSJ suspende las elecciones para renovar autoridades en la Universidad de Carabobo

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Dos ciudadanos interpusieron un recurso contencioso contra la universidad para que el voto del personal obrero y administrativo tenga el mismo peso que el de los profesores justo cuando la academia ya tenía planificado los comicios y publicó la lista de candidatos a rector
Al mismo tiempo, la Universidad de Los Andes informó que planea renovar sus autoridades el primer semestre del 2024 bajo un reglamento transitorio similar al usado por la Universidad Central de Venezuela

La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia suspendió este lunes 13, vía sentencia, las elecciones de autoridades de la Universidad de Carabobo (UC) previstas para el 29 de noviembre.

En la sentencia 123 de la Sala Electoral del Tribunal, la magistrada Caryslia Beatriz Rodríguez aceptó un recurso que solicitaron los ciudadanos Pedro Ulacio y Hernán Barrios, en su condición de personal administrativo activo y jubilado (respectivamente), para contener los comicios internos de la academia.

Apelaron ir en contra del Estatuto Transitorio de Elecciones de la UC, publicado el pasado 20 de julio, para que el personal obrero y administrativo tenga el mismo peso porcentual que los docentes a la hora de votar.

Hasta el momento de la publicación de este texto, la academia no ha dado declaraciones públicas frente a la diatriba del Tribunal. 

Sentencia del TSJ para anular las elecciones en la Universidad de Carabobo. 13 de noviembre del 2023. Cortesía: El Carabobeño
Cortesía: El Carabobeño

Freno a la Universidad de Carabobo en la recta final

Este lunes la Comisión Electoral de la Universidad de Carabobo publicó la lista de admitidos para las elecciones de autoridades. Uno de los excluidos fue el actual vicerrector administrativo, José Ángel Ferreira, quien se postuló al cargo de rector junto a los decanos Ulises Rojas y José Corado.

https://twitter.com/UCarabobo/status/1724092377411797117

Ferreira precisó que su candidatura a rector no fue admitida por dos objeciones administrativas: la primera del año 2000, por una sanción aplicada al Consejo Universitario por parte de la Contraloría General de la República, del cual formaba parte; y posteriormente en el año 2003, como decano presidente del Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, por su interpretación respecto a una jubilación.

La renovación de las autoridades universitarias se encuentra paralizada desde hace más de una década, debido a sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que suspendieron los procesos en las universidades autónomas.

La Universidad Central de Venezuela logró hacer elecciones para el cambio de autoridades este año. Mientras tanto, la Universidad de los Andes anunció este 13 de noviembre que aprobó el Reglamento Transitorio para la realización de elecciones para los cargos de rector, vicerrectores, secretario, decanos y representantes profesorales para hacer unas elecciones «en el primer semestre del 2024». 

Hasta ahora, la La Comisión Electoral de la Universidad de los Andes está solicitando la data formal del personal a las dependencias a fin de adelantar la elaboración del padrón electoral. Por el momento, el peso de los votos entre las personas que hacen vida en la academia andina quedará igual que la Universidad Central de Venezuela: 25% para los estudiantes, 10% personal administrativos, 10% obreros, 5% egresados y el 50% para la base profesoral.

*Con información de El Carabobeño, Diario Los Andes y TalCual

El Mañanero del #14Nov: las ocho noticias que debes conocer

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En El Mañanero de Runrun.es de este 14 de noviembre resumimos los titulares más destacados del día sobre Venezuela y los derechos humanos: la Unión Europea renovó las sanciones a funcionarios del régimen madurista, trasladan al pran de San Felipe (Yaracuy) a Caracas para verse con la Policía Nacional Bolivariana y Delcy Rodríguez se presenta en La Haya (Países Bajos) para presentarse ante la Corte Internacional de Justicia sobre el Esequibo.

UE renueva sanciones al gobierno y condiciona flexibilización a cumplimiento del acuerdo de Barbados

Plataforma Unitaria: Situación actual del Esequibo es consecuencia de 20 años de política exterior irresponsable

Pran de Internado Judicial de San Felipe fue llevado a Caracas junto con otros cinco hombres que se presume pertenecían a estructura criminal que operaba en la cárcel yaracuyana

Kellogg’s demandó a Venezuela por uso ilegal de sus marcas

OVFN desmiente que se haya anunciado multas para quienes no voten en referéndum consultivo sobre el Esequibo

“El acuerdo no puede convertirse en un mecanismo de chantaje” y otras perlas de Delcy Rodríguez

Trasladan al pran de “La Cuarta” a la sede de PNB en La Yaguara

Piden justicia tras casi cinco años de muerte violenta en protesta de radiólogo en Barinas

«Le enviamos una carta al secretario general de la Organización de Naciones Unidas, António Guterres, precisamente hablándole claro de los errores que se cometieron desde la Secretaría General que afectan la soberanía de Venezuela (sobre el territorio Esequibo), pidiéndole una rectificación y además mostrándole las pruebas de los errores cometidos», expresó Nicolás Maduro durante sus perlas en su programa «Con Maduro +».

Gracias por leer El Mañanero del 14 de noviembre del 2023.

Las injusticias de las guerras

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Hamás usa a la población como escudo, pretende erradicar al Estado de Israel y tiene kilómetros de túneles bajo la ciudad, por lo que es muy difícil someterlo

 

Escribimos este artículo el 11 de noviembre, fecha en que los países de la Mancomunidad de Naciones de habla inglesa y algunos otros rinden homenaje a los soldados caídos en las dos guerras mundiales y en la de Corea. El merecido tributo deja un tanto relegados a los millones de civiles que fueron víctimas de conflagraciones en las que la mayoría no tuvo arte, ni parte. En pleno desarrollo de las confrontaciones entre la Rusia agresora y la agredida Ucrania, y entre Israel que lucha por sobrevivir y el grupo terrorista Hamás, no podemos eludir el tema.

En todas las guerras la población civil sufre las consecuencias, no solo porque muchos fallecen mientras duermen o hacen su vida rutinaria, sino también por las penurias del desabastecimiento, destrucción de sus viviendas y fuentes de trabajo. A título de ejemplo, recordemos en la II Guerra Mundial los bombardeos a Londres, llevados a cabo por la aviación nazi, la destrucción de la ciudad alemana de Dresde, así como de Hiroshima y Nagasaki en Japón, por la aviación de Estados Unidos.

En estos casos, el argumento para destruir ciudades fue que eran acciones para doblegar al enemigo física y sicológicamente, acortar la guerra y reducir el número de bajas propias. Por otra parte, hay que tomar en cuenta que no es lo mismo dar batallas a campo abierto, que cuando el contrario se atrinchera en una ciudad. Por ejemplo, cuando los Aliados desembarcaron en Sicilia y en Normandía, los alemanes estaban en posesión de centros urbanos y para desplazarlos hubo que usar la aviación y la artillería, ocasionando destrucción que parte de la población liberada resintió.

Hay casos contra la población civil que no tienen excusa, como el bombardeo de Guernica y Durango durante la Guerra Civil española, por parte de la aviación alemana que no era beligerante, sino que apoyaba a Franco. También las barbaridades realizadas por el ejército japonés contra la población china en la II Guerra Mundial y, desde luego, el Holocausto cometido por los nazis en contra de ocho millones de judíos en Europa. Este fue un caso excepcional, ya que los asesinatos no fueron para doblegar a un enemigo real, sino producto de la mentalidad diabólica de Hitler y sus acólitos para exterminar a los judíos.

Hoy, en la cuna de tres de las grandes religiones, judía, cristiana e islámica, miles de civiles padecen por un enfrentamiento al que es necesario poner fin. No estamos en el año 1750 a. C., cuando el rey Hammurabi promulgó la después llamada Ley del Talión, de ojo por ojo y diente por diente. Este concepto fue recogido posteriormente en la Torá y en el Corán. Pero hoy no puede interpretarse literalmente. Como dijo Gandhi, si lo seguimos aplicando todos quedaremos ciegos.

En 1947 las Naciones Unidas acordaron la creación del Estado de Israel, no solo por la persecución de que habían sido objeto en Europa, sino por la estrecha relación de los judíos con su tierra ancestral. “El año que viene en Jerusalén”, es algo que han repetido generación tras generación. La intención fue crear dos Estados, el de Israel y el palestino. Esto ocasionó el desplazamiento de una parte relativamente pequeña de la población árabe asentada en la porción que correspondió a Israel. Ese mismo año, ocurrió un caso similar, pero de mucha mayor magnitud, al ser millones los desplazados, cuando el imperio británico dividió su colonia de las indias occidentales entre India, con población mayoritariamente de religión hindú, y Pakistán, de religión musulmana. En ambos casos persisten los resentimientos.  

Nadie, ni nada, puede justificar el ataque terrorista de Hamás el 7 de octubre a una población que dormía en su kibutz o que disfrutaba de un festival musical. Fue un ataque brutal, con asesinatos horrorosos y toma de rehenes. Solo fanáticos envenenados de odio pueden cometer esas atrocidades. Israel reaccionó con bombardeos teóricamente a blancos identificados como refugio de los terroristas, pero que inevitablemente están ocasionando miles de muertes en la población que no tiene que ver con lo sucedido y, además, ha destruido viviendas y obligado a miles de habitante de Gaza a desplazarse.

Al sentar responsabilidades, hay que considerar el reciente artículo del profesor Adolfo Salgueiro, quien sabiamente recomienda que los pueblos deben ser cuidadosas al elegir a sus gobernantes.

Hamás usa a la población como escudo, pretende erradicar al Estado de Israel y tiene kilómetros de túneles bajo la ciudad, por lo que es muy difícil someterlo. Sin embargo, es necesario un alto al fuego. El conflicto ha desatado una ola mundial de antisemitismo, y de islamofobia, lo cual también hay que detener. Las Naciones Unidas tienen la tarea de lograr un armisticio y un acuerdo para que coexistan los dos Estados. Para ello, ambas partes deben ceder algo, siendo imprescindible que los palestinos y sus simpatizantes marquen distancia de los terroristas. Caso contrario, los judíos no tendrán tranquilidad y los palestinos no podrán progresar. 

Quien escribe no es especialista en el tema, sino un venezolano, hijo de vientre judío sefardita, que defiende la existencia del Estado de Israel, apuesta por la paz, no aprueba los asentamientos de Israel en zonas que no le corresponden y rechaza que se satanice a quienes profesan la religión del islam o la judía.

Como (había) en botica

  • Maduro sigue ordenando a sus fiscales que continúen acosando a los organizadores de la primaria.
  • Andrés Caleca hizo una buena campaña, pero debe recordar que María Corina no está inhabilitada, sino aparentemente vetada y él debe luchar para que cese esa medida arbitraria y no ofrecerse como sustituto.
  • Citgo, administrada por la directiva ad hoc de Pdvsa, reportó una ganancia de 567 millones de dólares en el tercer trimestre de este año.
  • En política, a veces es conveniente la amnistía y ciertos acuerdos para lograr la paz o para salir de una dictadura. Lo cuestionable es que se produzcan dentro de una democracia solo para mantener el poder, como hace Pedro Sánchez en España.
  • Lamentamos el fallecimiento de Dagnilo Muñoz Cedeño, compañero de Gente del Petróleo y de Unapetrol.
  • ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamires@hotmail.com

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

UE renueva sanciones al gobierno y condiciona flexibilización a cumplimiento del acuerdo de Barbados

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La Unión Europea (UE) anunció la renovación hasta mayo de 2024 de las sanciones contra 54 funcionarios del madurismo, así como el embargo de armas y material de represión interna
Tras conocer el anuncio de la UE, el gobierno de Nicolás Maduro dijo que la Unión Europea se ha “inhabilitado” para participar en procesos políticos de Venezuela, una alusión a la posibilidad de que puedan enviar alguna misión de observación electoral a las presidenciales

 

 

Este lunes 13 de noviembre la Unión Europea anunció la renovación hasta mayo  de 2024 de las sanciones contra 54 funcionarios del madurismo, así como del embargo de armas y material para represión interna.

Estas sanciones, en vigor desde noviembre de 2017, se impusieron en respuesta al “continuo deterioro de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos en Venezuela”, recordó el Consejo, con vistas a “ayudar a fomentar soluciones democráticas compartidas” que aporten “estabilidad política al país y permitirle abordar las necesidades acuciantes de la población”.

Las medidas suponen, de manera personal, la prohibición a los afectados de viajar a la UE y la congelación de sus activos, pero no afecta a empresas estatales ni a bienes comunes venezolanos.

El bloque comunitario extendió “excepcionalmente” sus sanciones seis meses en vez de un año, como es habitual, tras apreciar como un “paso positivo y necesario” el acuerdo entre el chavismo y la oposición para celebrar elecciones presidenciales en el segundo semestre de 2024.

La UE recordó que está dispuesta a “dar pasos” y “considerar la flexibilización o la revocación” de estos mecanismos “en función de la evolución de la situación y de la aplicación de este acuerdo político”.

También de los “los avances realizados” para la liberación incondicional de todas las personas detenidas “injustamente” y en favor de la libertad de expresión -incluida la de los miembros de la prensa-; la independencia del proceso electoral y de las instituciones judiciales que permitan unas elecciones creíbles, integradoras, transparentes y democráticas, y el respeto de los derechos humanos y políticos.

El Consejo volverá así a evaluar estas sanciones dentro de 6 meses, aunque “está dispuesto” a volver a tratar este asunto “en cualquier momento” sobre la base de “avances concretos, sostenibles y verificables” en relación con la situación en Venezuela.

 

Gobierno busca sacudirse observación electoral

Tras conocer el anuncio el gobierno de Nicolás Maduro consideró que la Unión Europea “se ha inhabilitado” para participar en los “procesos políticos” de Venezuela.

En un comunicado, el Ejecutivo chavista rechazó “la arrogante e ilícita decisión de la UE”, la cual “les inhabilita de participar en los procesos políticos venezolanos, ya que viola los principios sagrados de la Constitución y transgrede las normas descritas en la Carta de las Naciones Unidas”.

“Con esta decisión, la UE refleja ante la comunidad internacional, una vez más, la continuidad de su política injerencista en los asuntos internos de Venezuela, aplicando medidas degradantes, dañinas e injustas, que en este caso, pretenden castigar a ciudadanos venezolanos que ejercen sus funciones en el marco de la ley”, reza el escrito.

A juicio de Caracas, estas restricciones “afectan la posibilidad de un diálogo constructivo y respetuoso entre los Estados”, por lo que insta a los Veintisiete “a evitar las prácticas colonialistas” y, en cambio, “crear espacios positivos de cooperación para afrontar con eficacia los retos y desafíos comunes”.

Además de este comunicado, el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, también rechazó esta decisión de la UE:

“¿Qué se cree la UE? Arrogantes, no se dan cuenta de dónde están parados, nos siguen subestimando. Que nos sigan subestimando,  que nos levantamos con más fuerza”, expresó en rueda de prensa

 

La consulta de Maduro: ¿puedo violar la Constitución? ¿sí o no?

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¿El destino constitucional de una república puede quedar sujeto al azar, pidiéndosele a los electores que violen o no la propia Constitución una vez como voten sí o no?
Defender los derechos territoriales de Venezuela es algo imperativo para el Estado y en modo alguno, como cobarde escapatoria, puede matizarlo con una consulta populista

 

@asdrubalaguiar

Una vez cerrado para su edición el libro que reúne mis escritos académicos y periodísticos sobre la cuestión del Esequibo, el régimen de Nicolás Maduro Moros, causahabiente del teniente coronel (E) Hugo Chávez Frías y su ministro de relaciones exteriores, anuncia la convocatoria de un referendo consultivo sobre el tema que nos ocupa.

Entre tanto, avanza el proceso ante la Corte Internacional de Justicia – Venezuela habrá de presentar su contra memoria sobre el fondo en 2024 – y en el que de un modo fatal se dirimirá la cuestión demandada por la República Cooperativa de Guyana, a saber, la validez o no del laudo arbitral de 1899 que nos arrancó a los venezolanos una parte importante del costado oriental de nuestro territorio.

Guyana le ha solicitado a la Corte la adopción de medidas cautelares al objeto de frenar o limitar la consulta popular planteada por Maduro Moros, por implicar, en los hechos y según aquella, no así en cuanto a Derecho por su irrelevancia, un pretendido desconocimiento de la competencia ya asumida por el Tribunal de La Haya. Este ya conoce y sentenciará en su momento, incluso en ausencia de Venezuela, como lo han advertido sus jueces.

Media, en efecto, la ingenua creencia por parte del gobernante venezolano mencionado o un juego suicida suyo con los intereses superiores de la Nación, en cuanto a pensar que tal consulta –sin carácter vinculante, por tratarse de la prevista en el artículo 71 constitucional– podría incidir en el comportamiento de sus agentes ya acreditados ante la Corte o en su acatamiento o no de lo que sea sentenciado.

En la ordenanza suscrita por el presidente de la Corte del 8 de marzo de 2021, a objeto de organizar el procedimiento y habiendo decidido dicho Alto Tribunal, el 18 de diciembre de 2020, sobre su competencia y el paso al conocimiento del fondo, consta en aquella que la representación del Estado venezolano desconoce a la Corte pero le indica, en suerte de galimatías, que “todavía no ha decidido sobre la posición que adoptará de cara a dicho procedimiento”; y agrega que considera que, tratándose de una cuestión de soberanía, debía proceder a consultas populares sobre la cuestión y que ello les tomaría “un lapso de tiempo importante”.

Así, obviándose que Venezuela, finalmente, ha optado por acreditar a sus agentes e incluso solicita de la Corte la designación de un juez ad hoc –Maduro pide que se elija a un extranjero– por no existir un nacional venezolano dentro de la composición del tribunal, aquel, pasados dos años y medio y a través del Consejo Supremo Electoral publica el pasado 23 de octubre de 2023 las cinco preguntas que habrían de responder los venezolanos durante su consulta.

Guyana considera inaceptables la primera, tercera y quinta preguntas y así se lo hace saber a la Corte. Argumenta que dicho referéndum –que al paso revela inmediatez y contemporaneidad con las elecciones primarias en las que el 92 % de los venezolanos han considerado que la señora María Corina Machado, opositora, ha de ser la candidata presidencial en 2024– solo tiene como propósito el que Maduro abandone “la instancia pendiente en la Corte y recurrir a medidas unilaterales para resolver el diferendo con Guyana, y anexar e integrar el territorio bajo litigio”.

De ser esto así, toda acción unilateral en la práctica conllevará no solo a desconocer a la Corte de La Haya y las obligaciones que el Derecho internacional le impone al Estado venezolano, sino que descarrilaría el gran logro de este en su justa reclamación, o sea, el Acuerdo de Ginebra de 1966. Como paradoja, ahora corre Maduro Moros en línea contraria a la que impone el mismo Chávez en 2004, cuando pasa a ser deudor real de los hermanos Castro –aliados históricos de Guyana– luego del apoyo que estos le dan durante el referéndum revocatorio que ese año buscó eyectarlo del poder. Los retribuye a costa de nuestra soberanía: “El gobierno venezolano no será un obstáculo para cualquier proyecto a ser conducido en el Esequibo, cuyo propósito sea beneficiar a los habitantes del área”, declara el soldado presidente.

Entierra, de tal modo y desde entonces, la práctica diplomática que fue constante durante más de media centuria, la de reclamar Venezuela –afuera y no adentro– por cualquier actividad o concesión que se intentase realizar en el territorio bajo disputa: “Ningún acto o actividad que se lleve a cabo mientras se halle en vigencia este acuerdo constituirá fundamento para hacer valer, apoyar o negar una reclamación de soberanía territorial…”, reza el artículo V, inciso 2 del acuerdo ginebrino.

La cuestión de fondo, pero de orden exclusivamente doméstico, que es jurídica y política a la vez, en suma, hace relación con la consulta popular que Venezuela anuncia en La Haya desde el 2021. Ella no hace sino revertir las páginas de un éxito palmario de la diplomacia venezolana al encontrarle salida, a través del Acuerdo de 1966, a la injusta pérdida territorial que se le impuso en 1899; para volver a aquellas otras que, desdorosamente y a lo largo de nuestro trágico siglo XIX republicano, concluyeron, sobre la base de errores propios y domésticos, en el lamentable desenlace del laudo arbitral de París.

La unidad de ánimos que amalgamase a toda la nación desde 1966 y que declina ante el giro que impone la administración de la que es causahabiente Maduro Moros, realizada como sea la consulta popular por razones subalternas y de oportunismo electoral, no hará sino pulverizar tal unidad. Dividirá a los venezolanos de cara a lo que sí es obligante: la defensa profesional, seria, y calificada de nuestros derechos territoriales en los estrados de La Haya y el saber que los efectos de la sentencia que llegue a dictar la Corte Internacional de Justicia son definitivos e inapelables, estarán revestidos por el principio de la cosa juzgada.

¿Puede un gobierno politizar, con suma frivolidad y narcisismo, una cuestión de tan grave interés a fin de encubrir u omitir sus responsabilidades constitucionales, abroquelándose en la opinión circunstancial de la población?

¿El destino constitucional de una república puede quedar sujeto al azar, pidiéndosele a los electores que violen o no la propia Constitución una vez como voten sí o no?

El artículo 11 constitucional es claro: “la soberanía plena de la república se ejerce”. Han de hacerlo los poderes públicos representativos sobre el territorio que le pertenece –el de la Capitanía General de Venezuela, con anterioridad a 1810– con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad”. 

En tal orden, si un laudo arbitral internacional como el de París está o no viciado, es algo que corresponderá ser determinado a través de los medios pacíficos de solución de controversias internacionales, tal y como los prevé el artículo 152 constitucional; en el caso de la Guayana Esequiba, es la solución judicial o adjudicativa que ha asumido la Corte Internacional de Justicia. Defender los derechos territoriales de Venezuela, en suma, es algo imperativo para el Estado y en modo alguno, como cobarde escapatoria, puede matizarlo con una consulta populista.

Otro si, muy pertinente, es decir, más allá de lo alegado por Guyana, ¿puede consultarse al pueblo, reitero, sobre si los poderes públicos han de acatar o no los mandatos que les impone la Constitución y a la luz de las preguntas que se le formulan?

La primera pregunta es, de suyo, un galimatías. Es una provocación indebida al votante y un fraude a la Constitución: ¿Esta o no de acuerdo con rechazar, conforme a Derecho, el laudo arbitral de París de 1899? ¿Le cabe preguntar al gobierno si atiende o no a esa cuestión, que es la que conoce hoy la Corte de La Haya, y si ha de defender o no la tesis nacional sobre la nulidad del laudo, “conforme a Derecho” y no por la vía de los hechos?

La segunda, ¿apoyamos o no al Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria? ¿Obviamos que es el Acuerdo indicado el que fijó las pautas procesales que nos han llevado hasta la Corte Internacional de Justicia, y esa posibilidad la adelantó la misma Venezuela, por voz del canciller Ignacio Iribarren Borges, al momento de aprobar dicho acuerdo el Congreso de la República hace casi 60 años?

La tercera, que es mendaz y sin fundamento histórico por lo anterior, ¿olvida que la negociación para un arreglo práctico era la regla, según el Acuerdo de Ginebra, y que de fracasar como ocurrió, por obra del propio Acuerdo fue Venezuela –con la molestia de Guyana– la que trasladó directamente el asunto y lo puso en manos del secretario general de la ONU para que decidiese lo pertinente, incluso ante la eventual negativa guyanesa?

La cuarta, es asimismo falsa y busca engañar al votante, pues no es asunto que se esté considerando en el juicio ante la Corte Internacional de Justicia el de la disposición o delimitación de nuestro mar territorial sino, únicamente, el de la validez o no del laudo arbitral de 1899; que, de ser invalidado, daría solo lugar a la delimitación territorial pendiente.

Y la quinta, es una ilusión retórica forjada por el fallecido Chávez –hasta que perdió el rumbo a partir de 2004 y cuando le autoriza a Guayana usar y explotar nuestro territorio en el Esequibo– y a cuyo efecto hizo redactar el artículo 14 constitucional: ¿Esperaba que, por libre determinación de sus habitantes, un territorio como el indicado se incorporase al de la república, según lo permite este?

Se trata de una mala relectura de la verdad histórica, la del fracaso de la revuelta del Rupununi en enero de 1969. Los amerindios –originarios sitos en el territorio Esequibo y en la parte aledaña a nuestro Estado Bolívar– pidieron se les reconociese como venezolanos y les diesen sus cédulas de identidad como tales. El presidente Raúl Leoni, si bien acogió a los exilados participantes en el alzamiento y les dio un estatus legal, no apoyó la vía de los hechos, pues hubiese destruido su gran logro para la reivindicación de los derechos territoriales de Venezuela en la zona en reclamación, a saber, el acuerdo suscrito tres años antes con Gran Bretaña y la Guayana todavía inglesa.

De los arrebatos pasionales, la desfiguración del verdadero sentido de lo patrio, y el someter a diatriba partidaria o a intereses políticos y de poder inmediatos, están llenas las páginas de nuestra historia nacional. Ellas explican, hasta la saciedad, las pérdidas territoriales que hemos sufrido, como lo mostraré en este libro acerca de la cuestión esequiba que les anuncio. Otro tanto nos pasó en 1833, cuando por ausencia de una perspectiva de Estado y responsable rechazamos, alegando que afectaba los intereses venezolanos, el Tratado Pombo Michelena por el que Colombia y su Congreso reconocían nuestra jurisdicción soberana sobre la totalidad de la Guajira. La perdimos, al igual que perdimos el Esequibo en 1899. 

correoaustral@gmail.com

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Plataforma Unitaria: Situación actual del Esequibo es consecuencia de 20 años de política exterior irresponsable

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La Plataforma Unitaria Democrática reiteró el planteamiento que hizo el pasado 6 de abril para que, de manera inmediata se constituya un grupo de expertos del más alto nivel que proceda a una revisión integral y estratégica de la defensa del territorio

 

Este lunes, 13 de noviembre, la Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela fijó posición ante la convocatoria unilateral de Nicolás Maduro a un referendo consultivo sobre el Esequibo. A través de un comunicado publicado en la cuenta en X, antes Twitter, la Plataforma Unitaria aseguró que la situación actual del Esequibo es consecuencia de 20 años de política exterior irresponsable.

La plataforma explicó que reconoce al Acuerdo de Ginebra de 1966, como el único instrumento jurídico aplicable para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para las partes, con el fin de resolver de manera pacífica la controversia sobre el Esequibo.

“Consideramos que tenemos sólidos fundamentos en defensa de nuestro territorio que deben ser expuestos ante la CIJ y así lograr en dicho tribunal una decisión ajustada a las leyes, que reivindique nuestros derechos sobre el Esequibo”, se lee en el comunicado.

La Plataforma Unitaria Democrática reiteró el planteamiento que hizo el pasado 6 de abril para que, de manera inmediata se constituya un grupo de expertos del más alto nivel que proceda a una revisión integral y estratégica de la defensa del territorio.

“Hacemos un llamado a todos los venezolanos, para que cada ciudadano, haciendo uso de su libre albedrío, analice y decida libremente sobre las preguntas que plantea este referendo”, puntualizó el comunicado.

 

El antichavismo reiteró que en el país existe un gran consenso sobre la idea de que la Guayana Esequiba, la zona de casi 160.000 kilómetros cuadrados en pleito con Guyana, le pertenece a Venezuela, por lo que considera que “cualquier intento de crear falsas divisiones en torno a este gran acuerdo no tiene cabida”.

Kellogg’s demandó a Venezuela por uso ilegal de sus marcas

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El pasado 9 de noviembre, la empresa del Corn Flakes presentó la acción judicial por incumplimiento de un tratado bilateral con Reino Unido

 

Para sumar otra acción judicial contra el Gobierno de Nicolas Maduro, la multinacional Kellogg’s presentó una demanda de arbitraje de inversiones contra Venezuela ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) el pasado 9 de noviembre.

La empresa Kellogg Latin America Company (One) Limited, subsidiaria en Reino Unido de Kellogg’s, acusa a Venezuela de “incumplimiento del Tratado Bilateral de Inversiones Venezuela – Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del norte de 1995”.

La multinacional reclama el uso indebido de sus marcas en Venezuela, luego de que el gobierno chavista se apropiara de las plantas de producción de Alimentos Kellogg’s, S.A. hace cinco años.

En vista de la escasez e hiperinflación que padeció Venezuela en 2018, la empresa de cereales decidió cesar sus operaciones después de décadas.

La respuesta del madurismo fue expropiar las instalaciones y los activos y supuestamente ceder el manejo de la empresa a los trabajadores. Maduro atribuyó la partida de Kellogg’s a una “guerra de las trasnacionales y del imperialismo” contra Venezuela.

“La empresa se la hemos entregado a los trabajadores y está produciendo con la clase obrera industrial. El pueblo tiene un presidente y un Gobierno que lo protege y Kellogg’s va a seguir produciendo, ahora en manos de la clase obrera”, dijo Maduro.

 

Meses después de la expropiación, cajas de cereales con un descolorido cartón de la marca Kellogg’s comenzaron a aparecer en los anaqueles con el lema “Juntos todo es posible” en la parte trasera.

En 2019, la empresa emitió un comunicado en el que denunció la expropiación de sus activos y el uso indebido de su marca en Venezuela. Advirtió que tomaría las “acciones legales pertinentes”.

Un año después, en plena pandemia de la COVID-19, se incluyó una mascarilla al dibujo del gallo de Corn Flakes que caracteriza a la marca.

La compañía resaltó que ese cambio en la imagen se efectuó sin autorización y que violaba los derechos de autor.

Para más información, visite Tal Cual

OVFN desmiente que se haya anunciado multas para quienes no voten en referéndum consultivo sobre el Esequibo

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El OVFN enfatizó que el CNE no anunció ni estudia la posibilidad de multar o sancionar a los electores que se abstengan de participar en el referéndum consultivo por el Esequibo

 

El Observatorio Venezolano de Fake News (OVFN) desmintió que se haya anunciado multas para quienes no voten en referéndum consultivo sobre el Esequibo.

Luego del anuncio del referéndum consultivo sobre el Esequibo, previsto para el próximo 3 de diciembre, se han multiplicado los bulos y las noticias falsas compartidas en diferentes plataformas de redes sociales.

Un caso reciente de contenido falseado, detectado por el equipo del OVFN a través de un video de #TikTok, y difundido mediante WhatsApp, es una fotografía del presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, acompañada por un llamativo titular del portal web EVTV Miami, “¿AMENAZA? Elvis Amoroso: Absolutamente todos los venezolanos deben participar en el referéndum consultivo”. La imagen además mostraba un texto superpuesto en el que se puede leer lo siguiente:

“ÚLTIMA HORA. QUIEN NO VOTE EN EL REFERÉNDUM CONSULTIVO SERÁ MULTADO. El presidente del CNE, Elvis Amoroso estudia la posibilidad de multar con $500 y cinco años sin poder gestionar documentos como pasaporte o cedula a quienes no voten en el referéndum consultivo para recuperar el Esequibo”.

Luego de elaborar una revisión detallada en todas las evidencias periodísticas encontradas, el equipo del OVFN calificó como falso el contenido que indica que el CNE multará y sancionará a quienes no voten en la consulta popular del 3 de diciembre de este año.

El OVFN también analizó el pasado 24 de octubre un audio anónimo que también corrió con fuerza entre internautas venezolanos, en el que se aseguraba que las firmas utilizadas para el referendo consultivo servirían para gestar un fraude en la elección presidencial.

El Observatorio Venezolano de Fake News enfatizó que el CNE no anunció ni estudia la posibilidad de multar o sancionar a los electores que se abstengan de participar en el referéndum consultivo por el Esequibo. 

*Con información de OVFN