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Sociedad Venezolana de Infectología emite alerta por aumento de enfermedad respiratoria aguda

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Según la SVI, durante el último trimestre de 2023, “Venezuela tuvo un incremento de los viajes aéreos internacionales y se mantuvieron las fronteras terrestres muy activas”

La Sociedad Venezolana de Infectología (SVI) emitió una alerta el pasado martes, 23 de enero, por el aumento de casos de Infección Respiratoria Aguda Grave, derivada de la circulación del virus de la influenza.

Mediante un comunicado, la SVI recordó la alerta de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), sobre una actividad del SARS-CoV-2 con niveles moderados en la subregión andina de las Américas, pero con tendencia en alza en las últimas cuatro semanas.

Además, la alerta reporta bajos niveles de circulación del virus de la influenza, pero también en tendencia al alza en las dos últimas semanas epidemiológicas, “derivando esta situación a un ligero aumento de casos de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG)”.

Ante esa situación, la SVI llamó a la comunidad nacional para poner en práctica “las medidas de prevención establecidas y recomendar la vacunación a la población en general”.

Por otra parte, la organización recordó que durante el último trimestre de 2023, “Venezuela tuvo un incremento de los viajes aéreos internacionales y se mantuvieron las fronteras terrestres muy activas, impulsado principalmente por las festividades decembrinas y el reencuentro familiar; lo que ha promovido el intercambio de los diversos agentes infecciosos en especial, de los virus respiratorios”.

Por esta situación, la SVI hace un llamado a las comunidades en general a:

Asumir responsablemente el esquema de vacunación para SARS-COV-2 con 2 dosis más refuerzo de acuerdo con las recomendaciones internacionales para minimizar progresión a enfermedad severa por COVID-19, utilizando la formulación 2023-2024 con vacuna monovalente basada en el sublinaje Omicron XBB.15 del SARS-CoV-2.

Quedarse en casa cuando presente sintomatología respiratoria, siendo imprescindible el uso correcto de la mascarilla en caso de ser necesaria movilidad en la comunidad, transitar espacios cerrados, visitas a centros de atención sanitaria y si es cuidador de personas con factores de riesgo para desarrollar IRAG.

Practicar buena higiene de manos, disponer de ventilación adecuada de los espacios interiores y promover medidas sociales y de salud pública apropiadas.

La SVI, además, invita al personal sanitario a completar esquema de vacunación para SARS-COV-2 con 3 dosis más refuerzo de acuerdo con las recomendaciones internacionales utilizando la formulación 2023-2024 con vacuna monovalente basada en el sublinaje Omicron XBB.1.5 del SARS-CoV-2 y el uso cotidiano y correcto de la mascarilla en su área de trabajo.

Finalmente, llaman a las autoridades sanitarias para la procura de las vacunas actualizadas, mantener recomendaciones establecidas para virus respiratorios, e informar a la población de la situación epidemiológica actual.

https://twitter.com/svinfectologia/status/1749913536657080562

Renny Amundaraín, el fiscal detenido que acumula un rosario de señalamientos por violaciones a DDHH

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Renny Amundaraín está implicado en varios señalamientos por violaciones a los Derechos Humanos. Participó en casos como el femicidio de Ángela Aguirre, las averiguaciones por la muerte en custodia de Raúl Isaías Baduel y la investigación contra Javier Tarazona

Tarek William Saab, fiscal general impuesto por la extinta asamblea constituyente, anunció este miércoles, 24 de enero, la detención del exfiscal Renny Amundaraín.

A través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), Saab indicó que junto a Amundaraín también fue detenido Adys Salcedo, quien fue defensor público. Ambos fueron imputados por “Retraso u omisión intencional de funciones, obstrucción a la administración de justicia y asociación para delinquir”.

También, Saab aseguró que, según información del Ministerio Público, Amundaraín y Salcedo tienen una presunta vinculación con “grupos estructurados de delincuencia organizada” con quienes “colaboraban y mantenían comunicación con una peligrosa banda criminal”.

Señalamientos por violaciones a los DDHH

En el pasado, el fiscal Renny Amundaraín estuvo vinculado con casos polémicos y fue señalado por violaciones a los Derechos Humanos. Zair Mundaray, exvicefiscal venezolano, recordó algunos de esos casos controversiales en los que Amundaraín tuvo participación. 

Según Mundaray, el fiscal ahora detenido “fue quien montó el caso de Carlos Lanz”, profesor universitario adepto al chavismo, “en el que condenaron por homicidio sin prueba de la muerte (sin cadáver ni información del paradero del cuerpo)”.

Amundaraín también fue el responsable de apresar al politólogo Nicmer Evans, así como al director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona. El propio Evans recordó este 25 de enero en redes sociales que fue el fiscal detenido el que ordenó su detención y lo imputó. 

También, el exfiscal emitió una prohibición de salida del país contra los defensores de derechos humanos Alonso Medina Roa y Ana Leonor Acosta.

“De acuerdo a informes preliminares, mantenía contactos con pranes a quienes vendía información sobre los casos. Maneja mucha información sobre las mafias de corrupción del sistema de justicia, algunos deben estar muy asustados”, señaló Mundaray.

Manipulación de pruebas en el caso de Ángela Aguirre

Amundaraín también participó en el caso de Ángela Aguirre, una joven de 16 años que fue asesinada en el municipio Caroní, estado Bolívar, el 23 de marzo de 2019.

Según la madre de Aguirre, el exfiscal “actuó en complicidad” con la fiscal Emily Hernández para “favorecer” a siete personas que estuvieron acusadas del femicidio de la joven.

“Vimos la manipulación de todos los elementos de prueba, las telas de arañas que han tejido los fiscales”, relató su madre.

Persecución contra periodistas

El exfiscal también tuvo participación en la persecución contra periodistas venezolanos. Uno de los casos en los que actuó fue luego de la publicación de una serie de trabajos de investigación sobre los hermanos Santiago y Ricardo Morón Hernández. Por este caso, el editor del diario de El Nacional, José Gregorio Meza, tuvo que declarar.

Meza fue citado e interrogado el 25 y 26 de enero de 2023 en compañía de dos de sus abogados. El fiscal principal del caso era Renny Amundaraín, quien indicó que la citación era por la denuncia de dos particulares por instigación al odio.

Investigaciones por amenazas de muerte a Delsa Solórzano

Previo a llevarse a cabo la primaria opositora del 22 de octubre de 2023, la excandidata Delsa Solórzano recibió amenazas de muerte en su contra.

Tras conocerse esta situación, Tarek William Saab anunció que se investigarían los hechos y para eso había designado a Renny Amundaraín, lo cual la dirigente política cuestionó.

“Dejo constancia ante el país y ante el mundo de quién es ese señor fiscal 94, Renny Amundaraín, que es una persona que ha estado presente en muchos de los casos vitales, importantes, en materia de violación de derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad”, dijo.

Sin avances en averiguaciones por muertes en custodia

El militar venezolano Raúl Isaías Baduel murió el 12 de octubre de 2021 mientras se encontraba bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

La Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela exigió la apertura de una investigación sobre las circunstancias de la muerte de Baduel en prisión, con apego al Protocolo de Minessota.

Para esa tarea, el Ministerio Público abrió una averiguación, la cual quedó a cargo del fiscal 94° Renny Amundaraín, pero los familiares no fueron informados sobre ningún avance.

Defensores también han denunciado que Amundaraín impidió que avanzara una investigación transparente por la muerte en custodia del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo y que fue el responsable de archivar el caso de la muerte en protestas del joven Neomar Lander, ocurrida en el año 2017.

El Mañanero del #25Ene: las ocho noticias que debes conocer

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En El Mañanero de Runrun.es de este 25 de enero resumimos los titulares más destacados del día sobre Venezuela: La ONG Aula Abierta denunció que la propuesta de que el sexto año de bachillerato sea el equivalente del primer año de universidad “viola la autonomía universitaria”. También, la organización Clima21 registró, en promedio, seis derrames de hidrocarburos al mes entre julio y diciembre de 2023. A su vez, los dirigentes regionales del partido Vente Venezuela, Luis Camacaro y Tomás Sequera fueron trasladados a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en el El Helicoide.

Denuncian que propuesta sobre el sexto año de bachillerato viola la autonomía universitaria

Guárico entre los 10 estados más violentos durante 2023

Clima21 registró seis derrames de hidrocarburos por mes entre julio y diciembre de 2023

Gobierno estadounidense calificó de infundadas acusaciones sobre supuesto complot contra Maduro

Dirigentes regionales de Vente Venezuela fueron trasladados al Helicoide

Sinergia alerta que ley contra las ONG afectará ayuda a ciudadanos

“Movida de mata” en Sala Político Administrativa del TSJ que debe decidir sobre inhabilitación de Machado

Denuncian cinco años de impunidad en muertes de manifestantes en Barinas

“Maduro ‘gobierna’ para unos pocos privilegiados; la desconexión con las necesidades de la gran mayoría de los venezolanos es absoluta”, Henrique Capriles #24Ene

Dirigentes regionales de Vente Venezuela fueron trasladados al Helicoide 

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Meligar Echarry, esposa de Tomás Sequera, coordinador de planificación de la tolda azul en San Felipe, aseguró que la información sobre la ubicación de los activistas la suministró María Corina Machado  

 

Los dirigentes regionales del partido Vente Venezuela, Luis Camacaro y Tomás Sequera fueron trasladados a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en el El Helicoide en la localidad caraqueña de Roca Tarpeya, según informó Meligar Echarry, esposa de este último.

“Al parecer están bien, los están investigando. La esposa de Luis Camacaro tuvo una conversación con María Corina Machado y ella fue la que dio la información”, dijo Echarry.

Camacaro, coordinador de Vente Venezuela en Yaracuy, y Sequera, coordinador de planificación de la tolda azul en San Felipe, fueron aprehendidos este 23 de enero por funcionarios de los cuerpos de seguridad del Gobierno de Nicolás Maduro y llevados sin previo aviso al Helicoide.

A través de un video difundido por redes sociales, Echarry dijo que su esposo fue prácticamente secuestrado.

“Tuvimos conocimiento de que unos carros fueron interceptados, entre ellos el de mi esposo, que estaba con Camacaro. Ellos estaban conmemorando el 23 de enero y ratificando su apoyo a María Corina”, agregó Echarry.

Yrama Macíaas, esposa de Camacaro, dijo que este padece una condición médica y necesita ingerir fármacos.

“Él está bajo tratamiento porque tiene problemas hepáticos,  sufre de ácido úrico y no se si está tomando sus medicamentos”, alertó Macías.

Macías intuyo que su esposo había sido detenido por el Sebin porque antes de la aprehensión el carro en el que ella se trasladaba fue interceptado por funcionarios de este cuerpo: “Me pararon a mi, pensando que él iba conmigo”. 

Aseguró que esta arbitrariedad no la iba amilanar. “Seguiremos luchando, aquí estamos”.

Eduardo Torres, abogado de la ONG Provea, indicó que el Gobierno sigue vulnerando el derecho a la libertad establecido en la Constitución Nacional.

“El artículo 44 de nuestra Carta magna dice que la libertad personal es inviolable, no pueden seguir deteniendo a ciudadanos sin órdenes de detención o estar en flagrancia, no pueden seguir los secuestros y las desapariciones, los detenidos tienen derecho a comunicarse inmediatamente con su familia y abogados. Estas situaciones abren paso a posibles torturas”, advirtió. 

Además de Camacaro y Sequera, Machado también denunció la detención de los jefes de comando de Vente Venezuela en Vargas y Trujillo, Juan Freites y Guillermo López, respectivamente.

 

LEA TAMBIÉN:  Denuncian detención de dos directores de comando de campaña estadales de María Corina Machado

Denuncian que propuesta sobre el sexto año de bachillerato viola la autonomía universitaria

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“Las universidades tienen la autonomía académica en relación a la aprobación y diseño de los currículum de estudios para cada carrera”, señaló David Gómez Gamboa, director de Aula Abierta

El pasado 16 de enero, la ministra de Educación, Yelitze Santaella, anunció la firma de un acuerdo que permitirá que el sexto año de educación técnica sea el equivalente al primer año de educación universitaria.

“Con esta resolución estamos potenciando y validando el sexto año de educación técnica profesional como el primer año de educación universitaria en la carrera vinculada”, escribió Santaella vía X (antes Twitter).

La ONG Aula Abierta manifestó su preocupación por esta medida, pues contradice los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria y los Derechos Universitarios.

https://twitter.com/_LaAvanzadora/status/1747360733564674478

Santaella se refirió como un “día histórico” para la educación técnica profesional venezolana la firma de esta resolución inédita que suscribieron en conjunto el Ministerio de Educación y el Ministerio para la Educación Universitaria.

La educación secundaria y universitaria son etapas distintas

A juicio de David Gómez Gamboa, director de Aula Abierta, la medida de reconocer el sexto año de bachillerato como primer año de la universidad es “preocupante”, pues se violentan los parámetros de educación básica y universitaria y pone en riesgo la calidad educativa en Venezuela.

“Las universidades tienen la autonomía académica en relación a la aprobación y diseño de los currículum de estudios para cada carrera”, advierte Gómez Gamboa.

https://twitter.com/AulaAbiertaVE/status/1747693480409723008

Agregó que el Principio I de los Principios Interamericanos sobre la Libertad Académica de la CIDH reconoce a la autonomía universitaria y se aclara que la libertad académica protege la diversidad de métodos y temáticas de investigación de acuerdo a las prácticas y reglas internas de cada disciplina.

Igualmente, el Principio VI sobre Libertad Académica advierte el peligro de las interferencias del Estado cuando sean desproporcionadas y violenten los programas académicos,  contrarios a la finalidad de una educación de calidad a favor de los Derechos Universitarios.

https://twitter.com/AulaAbiertaVE/status/1747693658344665248

“Se impacta la libertad académica cuando se imponen presiones hacia las universidades”, agrega Gómez Gamboa.

Desde Aula Abierta advierten que la educación básica y universitaria “son etapas distintas para la formación integral y la medida del gobierno de fusionar el sexto año de educación técnica con el primer año de la educación universitaria, podría afectar la calidad educativa en Venezuela”.

Sinergia alerta que ley contra las ONG afectará ayuda a ciudadanos

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Sinergia junto a 65 organizaciones rechazan toda declaración que estigmatice, obstaculice y criminalice el trabajo incansable y honesto de las organizaciones de sociedad civil

 

Sinergia, organización que defiende los derechos de participación y libre asociación en Venezuela, alertó este miércoles que la posible aprobación del “Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines” afectará la ayuda que reciben los ciudadanos más vulnerables. 

A través de un comunicado, Sinergia y varias organizaciones de la sociedad civil que trabajan en pro del fortalecimiento de la democracia, la defensa de los derechos humanos y las causas sociales, manifestaron una profunda preocupación por las graves implicaciones para el ejercicio del derecho humano a la libertad de asociación y el cierre del espacio cívico en Venezuela.

El proyecto de ley establece obligaciones como solicitar autorización para su creación o acreditación en caso de ya estar constituidas, para ejercer sus funciones en el país, limita el ámbito geográfico de acción y dispone de poderes amplios y discrecionales del Estado para fiscalizar los documentos y el trabajo de las organizaciones, pudiendo supervisar, inspeccionar y controlar sus labores.

En el caso de no cumplir con los extensos requisitos solicitados, las sanciones establecidas en el proyecto van desde el pago de onerosas multas hasta el posible cierre operativo, sin determinar cuándo procede cada sanción.

Es por esta razón que Sinergia junto a 65 organizaciones rechazan toda declaración que estigmatice, obstaculice y criminalice “el trabajo incansable y honesto de las organizaciones de sociedad civil y de sus miembros, las restricciones que han impedido el registro y actualización de la documentación de las organizaciones de sociedad civil,  y la posible aprobación del texto de ley, que no cumple con las obligaciones internacionales de Venezuela en materia de derechos humanos”.

Estas organizaciones exigen también que se respete el contenido de los tratados internacionales de derechos humanos que versan sobre el derecho a la libertad de asociación y los estándares de un entorno libre y seguro del espacio cívico, así como los principios constitucionales y de derechos humanos, como la libertad de asociación, expresión, la participación en asuntos públicos y el principio de legalidad.

Además, solicitan al gobierno promover y facilitar el trabajo que realizan todas las organizaciones de la sociedad civil. A los diputados de la Asamblea Nacional les exhortan a no aprobar el proyecto de ley, y a los organismos internacionales de derechos humanos a mantener su atención “sobre las amenazas de cierre del espacio cívico en Venezuela y la violación de estándares de derechos humanos”.

Ciudadanos Ciudadanos

¿Un cambio en la narrativa sindical es posible?

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Debemos ampliar la agenda sindical sin abandonar la lucha reivindicativa. Esta debe mantenerse agregándole la exigencia de las libertades democráticas, de elecciones libres y del respeto a los DD. HH.

 

@froilanbarriosf

En el contexto del 23 de enero es oportuno abordar reflexiones sobre el rol de los actores políticos y sociales en procura de reconquistar libertades democráticas. Esta fecha es reconocida por todos, desde el más docto hasta el más humilde, como emblema de la democracia.

La situación apremia en los trabajadores ante la agresión constante del régimen contra el movimiento sindical. Chávez inició con autoritarismo su descalificación a contratos colectivos y sindicatos. Limitaba su accionar, pero los aceptaba. Ahora con Maduro el ataque es despiadado. Su mote de “presidente obrero” suena a mofa. Es reconocido como el Atila de derechos laborales. 

Observamos la burla del Ejecutivo a través del innombrable ministro del Trabajo, sargento de la milicia obrera. Afirma que «en Venezuela nadie gana salario mínimo, y nadie cobra la pensión o la jubilación únicamente. Con esas realidades estamos construyendo un modelo que ha sido exitoso (…) No hay otro país que indexe el salario mínimo de los trabajadores. Hemos ido transitando hacia incrementos progresivos e indexados, que no se deprecien» (entrevista a Unión Radio 17/1/2024).

Para colmo, encarcelan al sindicalista magisterial de FENATEV Víctor Venegas, acusado de conspiración. El arsenal del fiscal incluye convertir deseos en delitos, contraviniendo a Ulpiano, propulsor del derecho en Roma, cuya máxima jurídica señala “cogitationis poenam nemo partitur” o “nadie puede ser juzgado por sus pensamientos”, principio jurídico vigente hasta el presente.

Algunos voceros del sindicalismo venezolano señalan que sus repetidas peticiones laborales se convierten en cantos de sirena ante la sordera de la tiranía, que hace caso omiso a las justas aspiraciones de los trabajadores de lograr un trabajo digno.

Por el contrario, desde el ejercicio perverso del poder las desechan alevosamente. El ultimo aumento a 100 $ del ingreso nacional lo señalan ilegalmente como salario. Y mantienen la persecución contra la libertad sindical, como lo han demostrado con los 6 sindicalistas condenados a 16 años de prisión en juicios sumarios, puestos en libertad condicional y mantenidos en ascuas al ser sometidos a régimen de presentación periódica, prohibición de salida del país y al acoso permanente que les impide ejercer plenamente sus labores sindicales.

Ampliar la narrativa sindical

Es necesario ampliar la narrativa sindical. A la lucha reivindicativa debemos agregarle la exigencia de las libertades democráticas, de elecciones libres y del respeto a los derechos humanos.

Entre los sindicalistas existe prurito de hablar de política, creen que esta contamina la lucha sindical y pone a los sindicatos en el terreno de la oposición. Por el contrario, la situación amerita unificar esfuerzos con otros actores políticos, sociales y económicos en procura de reconquistar el Estado de derecho y las libertades democráticas.

Las marchas del 23 de enero confirman participación masiva en las capitales de la nación, en donde sindicalistas exigen libertades junto a reivindicaciones. Esto debe convertirse en el nuevo discurso de las diferentes centrales sindicales del país.

Este nuevo escenario para el sindicalismo va más allá de fronteras. La democracia enfrenta el año 2024 lleno de amenazas y retos ante el avance del populismo y autoritarismo en el mundo. Por ello es necesario que el movimiento sindical mundial, confederados e independientes, aborde esta situación a escala global.

*Movimiento Laborista.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

 
 
 

Clima21 registró seis derrames de hidrocarburos por mes entre julio y diciembre de 2023

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Al igual que en los otros períodos, Pdvsa no suministró información adecuada y suficiente sobre las causas, características del hidrocarburo derramado, consecuencias ni ninguna otra información pertinente sobre estos eventos

De enero a diciembre del año 2023 se registraron 79 derrames de hidrocarburos, según estimaciones de la organización Clima21 como parte de su programa Observatorio Venezolano de Derechos Humanos Ambientales (OVDHA).

A juicio de la organización, “el gobierno venezolano incumple con su obligación de adoptar las medidas adecuadas para garantizar una mejora continua y sostenida del disfrute de los derechos humanos ambientales de los ciudadanos en relación con el impacto de los derrames petroleros que se producen en el país”.

Esto se devela en el informe “Sin control, sin información, sin verdad, sin derechos humanos. Reporte de derrames petroleros en Venezuela julio-diciembre 2023” recientemente publicado por Clima21.

En este período se registraron 35 derrames de hidrocarburos (que equivale a 6 derrames por mes en promedio), lo que sumados con los 44 casos contados en el semestre anterior arroja un total de 79 eventos en el año 2023. Un número muy similar a los 81 documentados en el año 2022. 

Número de derrames registrados por mes en el lapso julio-diciembre 2023 / Tabla: Clima21
Según la organización, este resultado parece ser un indicativo de que “no ha habido mejoras en las capacidades y voluntad del gobierno venezolano por controlar estos desastres que afectan tanto el ambiente como los derechos de las personas en las zonas donde ocurren”.

Estas emergencias generan “un importante deterioro ambiental, así como daños a personas y comunidades que habitan en la zona afectada”. 

Según denuncias de la organización, en ninguno de los casos la estatal Petróleos de Venezuela, S.A (Pdvsa) “se responsabilizó sobre los mismos, no realizó estudios sobre los impactos ocurridos, ni cumplió con su obligación de reparar los daños generados por los derrames”.

Entidades donde se originaron los derrames

Para este periodo se registraron derrames en 4 entidades del país que se mantienen constantes en los reportes elaborados: Zulia, Falcón, Anzoátegui y Carabobo.

Al igual que en los períodos anteriormente reportados, la mayor cantidad de eventos registrados se localizaron en los estados donde están concentradas las operaciones e instalaciones de la industria petrolera nacional.

La mayoría de los derrames para este periodo se han registrado en varias ocasiones previas.

Frecuencia de derrames registrados por entidad en el lapso julio-diciembre 2023 / Tabla: Clima21

Impactos reportados

De acuerdo con Clima21, el mayor impacto producto de los derrames petroleros ocurridos en este período lo sufrieron las comunidades de pescadores en el Lago de Maracaibo y el Golfete de Coro.

Los pescadores en el Zulia estiman una pérdida del 80% de la producción pesquera, mientras que comunidades de pescadores de Río Seco, estado Falcón han denunciado daños tan graves a sus actividades de pesca que han tenido que emigrar de la zona.

Además, comunidades indígenas kariña habitantes del Crucero de Santa Fe, estado Anzoátegui, denunciaron la contaminación derivada de la ruptura de un oleoducto que atraviesa su territorio.

También, para este período, se denunciaron problemas de salud humana derivados de los derrames en conjunto con otras formas de contaminación de aguas costeras. En tal sentido se registraron denuncias de personas que tuvieron problemas tales como enfermedades cutáneas y respiratorias, además de síntomas como dolores de cabeza, vómitos y diarreas.

Por su parte, pescadores denunciaron afecciones cutáneas derivadas de la necesidad de limpiar los restos de petróleo adheridos a la piel.

Sin información adecuada

Al igual que en los otros períodos, Pdvsa no suministró información adecuada y suficiente sobre las causas, características del hidrocarburo derramado, consecuencias, ni ninguna otra información pertinente sobre estos eventos.

Durante este período, el gobierno de Nicolás Maduro realizó una serie de declaraciones y actividades sobre el desarrollo de planes de mejoramiento de la actual situación de deterioro del Lago de Maracaibo. 

En contraste, las declaraciones de algunos funcionarios y la obstaculización del trabajo periodístico en las zonas afectadas por los derrames, “parecen indicar más el intento de crear una narrativa de normalidad que una verdadera voluntad de cambio”, refleja el documento. 

En conclusión, el gobierno “sigue incumpliendo con su obligación de adoptar las medidas adecuadas para garantizar una mejora continua y sostenida del disfrute de los derechos humanos ambientales de los ciudadanos en relación con el impacto de los derrames petroleros que se producen en el país”.

Puede leer el informe completo aquí