La justicia también le falla a las víctimas de violencia patrimonial
De acuerdo al Informe Anual de la Organización No Gubernamental Tinta Violeta, entre marzo de 2020 y marzo de 2021, se registraron 662 personas víctimas de violencia machista
Rosa Abel Ibarra Roa, tiene 51 años, vive en Socopó, capital del municipio Antonio José de Sucre, estado Barinas, y en los últimos seis meses ha estado viviendo otra violencia. Ya no la de los golpes, gritos ni correazos. Ahora se enfrenta a otra agresión, una que según la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se llama Violencia Patrimonial y Económica.
Quien fue su esposo y con quien forjó todo un patrimonio la “dejó en la calle”. Sin casa, sin dinero, sin bienes, sin ropa, sin nada, solo su dignidad y determinación de recuperar lo que por ley le corresponde.
Esta forma de violencia de género está tipificada en el sistema jurídico penal venezolano en el artículo 50 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LOSDMVLV, 2007, reformada en 2014), que establece:
“El cónyuge separado legalmente o el concubino en situación de separación de hecho debidamente comprobada, que sustraiga, deteriore, destruya, distraiga, retenga, ordene el bloqueo de cuentas bancarias o realice actos capaces de afectar la comunidad de bienes o el patrimonio propio de la mujer, será sancionado con prisión de uno a tres años”.
Así la define la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia: como una de las 25 formas de violencia que contempla este instrumento jurídico y, aunque es mucho más común de lo que se sabe, las víctimas no la reconocen como tal.
De acuerdo al Informe Anual de la Organización No Gubernamental Tinta Violeta, entre marzo de 2020 y marzo de 2021 se registraron 662 personas víctimas de violencia machista.
“En esta cifra están incluidas 369 mujeres que contactaron a la organización, así como 293 niños, niñas y adolescentes que también fueron impactados por la violencia”. Y la violencia patrimonial y económica representa el 29% de las denuncias formuladas por 106 mujeres. El informe destaca que un gran porcentaje de mujeres no se atreve a denunciar porque el miedo las paraliza.
“El 29% de las mujeres reportaron ser víctimas de conductas activas u omisivas, que directa o indirectamente ocasionaban daños o limitaciones al disfrute de sus bienes, propiedades o patrimonio”, dice el informe de Tinta Violeta.
Rosa Ibarra es una de esas mujeres, pero ella sí actuó para revertir su situación. Durante los últimos 35 años ha resistido las agresiones económicas de su pareja. El miedo a no tener recursos para ayudar, primero, a la manutención de sus padres y hermanos menores, y luego, para mantenerse a sí misma y a sus propios hijos, la neutralizaron, por lo que aguantó al maltratador que terminó por socavar su autoestima.
¿Qué es la violencia patrimonial?
Natalia Gómez es psicóloga y reconoce que es difícil identificar qué es un patrimonio, porque las víctimas no perciben que sus objetos personales desde la ropa, un lapicero, los colores, la cesta donde guardan la ropa, un aire acondicionado o cualquier cosa que hayan adquirido por sus propios medios o por herencia, es su patrimonio.
“Hay personas que creen que un patrimonio son las estatuas que están en una plaza o un monumento de la comunidad, pero no identifican sus patrimonios personales, incluso, piensan que los hijos son su patrimonio, pero tampoco es cierto porque ese no es un bien o un servicio adquirido”, refiere Gómez.
Explica que muchas creen que es violencia patrimonial cuando las dejan sin sus casas, pero no, también lo es cuando dañan a los objetos, un jarrón, cualquier objeto que le pertenezca a la víctima.
La violencia patrimonial afecta en muchos sentidos, dice la profesional de la psicología. Que les priven el acceso a un servicio de atención de salud, como por ejemplo ir a una consulta ginecológica, o que les priven del uso de objetos personales como el teléfono celular, puede hacer que las mujeres se vean afectadas no solo en el área emocional sino también en lo físico.
Dónde acudir
- Ministerio Público.
- Juzgados de Paz.
- Prefecturas y jefaturas civiles.
- División de protección en materia de niños, niñas, adolescentes, mujer y familia del cuerpo de investigación con competencia en la materia.
- Órganos de policía.
- Unidades de comando fronterizas.
- Tribunales de municipios en localidades donde no existan los órganos anteriormente nombrados.
- Cualquier otro que se le atribuya esta competencia.
*La Red de Mujeres Constructoras de Paz es una comunidad conformada por 239 periodistas y activistas que, con el impulso por el IPYS Venezuela y otras organizaciones, promueve el reconocimiento y la visibilización de la desigualdad de género. Desde su fundación, en 2021, se ha convertido en un espacio de intercambio de conocimiento y experiencias en materia de liderazgo y participación fundamental para lograr cambios en las comunidades de más 13 estados del país.
