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Espacio Público denuncia que se agrava la persecución contra periodistas y sociedad civil en Venezuela

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De acuerdo al Ministerio Público, hasta el momento son 36 las personas detenidas entre civiles y militares quienes fueron acusadas de traición a la patria por cinco presuntas conspiraciones para asesinar a Nicolás Maduro con supuesto apoyo de Estados Unidos. 

Foto: EFE 

La ONG Espacio Público denunció que con la emisión de ordenes de captura por el fiscal designado por la Constituyente, Tarek William Saab, contra periodistas y defensores de Derechos Humanos, así como a otros civiles y militares, se agrava la persecución en Venezuela.

Estas ordenes de captura fueron emitidas contra la periodista Sebastiana Barráez; la abogada y defensora de DDHH, Tamara Sujú, el presidente de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), José Antonio Colina y los youtubers Wender Villalobos y Norbey Marín, acusándoles de presuntos planes de magnicidio.

Los mencionados supuestamente vincularon a Barráez, Sujú Colina, Villalobos, Marín y al ciudadano Mario Carratú Molina con “homicidio intencional calificado en grado de tentativa”, “terrorismo” y “asociación”, por el presunto “caso brazalete blanco”. El gobierno denuncia que supuestamente se buscaba inicar actos terroristas “que terminarían con el secuestro del gobernador tachirense Freddy Bernal y el magnicidio contra Nicolás Maduro”.

En este mismo caso, según informó Saab, ya se había detenido a el exoficial del Ejército, Ángelo Heredia, además de otras nueve personas presuntamente involucradas.

Saab dijo en rueda de prensa que Barráez, Sujú, Colina, Villalobos, Marín y Molina eran “colaboradores inmediatos para darle fachada mediática” en redes sociales a las supuestas acciones reveladas.

A través de su cuenta de la red social X, Sebastiana Barráez, quien es periodista venezolana especializada en la fuente militar, se desvinculó de la alianza que le atribuyó la Fiscalía entre ella y los presuntos planes de magnicidio.

“No es porque crea que aquellos que lo hacen no tuviesen razones para eso, pero yo no apuesto a actos violentos porque creo en la vida”, expresó.

 

Tanto Sujú como Barráez se encuentran exiliadas y continuamente denuncian en sus redes sociales a través de artículos periodísticos la situación con los presos políticos en el país.

Para Espacio Público “la persecución a periodistas,  personas defensoras de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil continúa agravándose en el país”.

Estas acciones, de acuerdo a la organización, buscan “silenciar las denuncias de violaciones de derechos humanos que ocurren en Venezuela y cohibir a las personas de denunciar, por temor a represalias”.

Por está razón, la ONG hizo el llamado a las autoridades a garantizar los debidos procesos y el derecho a la defensa de los detenidos en los últimos días.

Una mirada al futuro: conoce la nueva imagen de El Pitazo

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Acceso a la Justicia elaboró 75 recomendaciones para la recuperación del sistema penal 

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Van apuntadas hacia la independencia de poderes, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción y el respeto de los derechos humanos

 

Junto con expertos, defensores de derechos humanos y otras organizaciones de la sociedad civil, la ONG Acceso a la Justicia presentó 75 recomendaciones para el rescate del sistema de justicia penal venezolano. 

A partir de un proceso de consulta amplia con expertos en materia judicial, abogados, usuarios del sistema de justicia, miembros de organizaciones de derechos humanos y académicos, la organización no gubernamental elaboró una serie de recomendaciones en pro de la recuperación de la justicia en Venezuela.

Igualmente se tomaron en consideración las recomendaciones en materia de justicia que han formulado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Misión Internacional Independiente para la Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Las sugerencias pueden establecer una hoja de ruta para promover cambios hacia la reinstitucionalización de la justicia, las cuales pueden impulsarse en conjunto con la instalación de la oficina de la Corte Penal Internacional (CPI) en Venezuela.

Las recomendaciones van dirigidas hacia la independencia, la imparcialidad, la transparencia, la rendición de cuentas, el combate de la corrupción y el respeto de los derechos humanos por parte del sistema de justicia penal venezolano, integrado por la policía, el Ministerio Público, la Defensa Pública, el Poder Judicial y el sistema penitenciario.

Algunas recomendaciones:

1- Involucrar a instancias como el ACNUDH y la oficina de la CPI en Caracas en función de reducir la provisionalidad de los jueces, fiscales, defensores públicos y establecer mecanismos de evaluación y capacitación en materia de derechos humanos, incluyendo protocolos de actuación en casos de tortura y  desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, sensibilización en materia de género y de violencia contra la mujer.

2- Garantizar la publicidad de los expedientes y decisiones judiciales, como un derecho fundamental para quienes requieren de justicia  la sociedad en general.

3- Sancionar a través de procedimientos disciplinarios eficaces y adecuados a los jueces, fiscales, defensores públicos y otros funcionarios del sistema de justicia penal involucrados en irregularidades en el cumplimiento de sus funciones y proceder a su remoción, cuando corresponda.

4- Aplicar las leyes vinculadas al sistema de justicia que han sido reformadas y que hasta el momento siguen sin cumplirse, como es el caso de las normas legales dictadas en favor de las personas LGBTIQA+ y los pueblos indígenas.

5- Cesar la política de aprobar leyes que luego no se aplican, eliminar la práctica judicial de juzgar civiles en tribunales militares y reintegrar a Venezuela al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

6- Restablecer las competencias del Ministerio Público en las investigaciones penales, así como capacitar a los funcionarios para conducir investigaciones adecuadas y con estándares forenses y técnicos sobre graves violaciones de derechos humanos.

7-  Crear protocolos internos acordes con estándares internacionales para la investigación de graves violaciones de derechos humanos, como el Protocolo de Estambul y el Protocolo de Minnesota e implementar efectivamente un programa de protección de víctimas y testigos para salvaguardar su integridad.

8- Garantizarles a los detenidos la libertad para nombrar la representación legal de su elección, y que tengan acceso a la misma en cualquier estado y grado del proceso judicial.

9- Asegurar el respeto de las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela) y las Reglas de Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas no Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes (Reglas Bangkok).

10- Asegurar que todos los registros de detenidos sean de libre acceso para los familiares y abogados; cesar la práctica de quitar en las requisas bienes esenciales a los privados de libertad, como medicinas o comidas, y establecer mecanismos disciplinarios de aplicación inmediata ante la denuncia de torturas o malos tratos.

 

Con información de Acceso a la Justicia

 

LEA.  Control Ciudadano: Expulsión de militares por “conspiración” debe estar sujeta a control jurisdiccional

Unión Europea reitera disposición de observar presidenciales de Venezuela

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la Delegación de la UE en Venezuela informó, a través de X, que varios de sus miembros llevan a cabo una “agenda de reuniones” en Caracas con “actores relevantes” para la implementación de los acuerdos firmados entre el Ejecutivo y la PUD

 

 

Representantes de la Unión Europea (UE) reiteraron este jueves al Gobierno de Maduro su disposición para “la organización de una misión de observación electoral” que pueda acompañar las presidenciales, informó el grupo de los Veintisiete en una nota de prensa.

El planteamiento fue hecho durante una reunión celebrada entre la vicepresidenta ejecutiva venezolana, Delcy Rodríguez, y embajadores y miembros del bloque europeo, en Caracas.

En el encuentro -detalló el escrito- también participó el jefe de la delegación del Gobierno en el diálogo con la oposición agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Jorge Rodríguez.

Durante la reunión, los representantes de la UE expresaron su “apoyo al proceso de diálogo hacia unas elecciones justas, transparentes y competitivas para el 2024” y reiteraron “su disposición para intercambiar con las autoridades acerca de la organización” de una misión de observación de estos comicios.

Asimismo, ratificaron su “respaldo firme” a la implementación de los acuerdos firmados por la oposición y el Gobierno en Barbados, el pasado mes de octubre, cuando las partes suscribieron un pacto para “la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos”.

Este miércoles, la Delegación de la UE en Venezuela informó, a través de X, que varios de sus miembros llevan a cabo una “agenda de reuniones” en Caracas con “actores relevantes” para la implementación de los acuerdos firmados entre el Ejecutivo y la PUD.

El documento suscrito en Barbados prevé que los comicios cuenten con observación de la Unión Europea (UE), del Centro Carter y del panel de expertos de las Naciones Unidas, entre otras instancias. 

Gobierno de Maduro exige “no injerencia”

Este viernes, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, informó a través de su cuenta en X (antes Twitter) que en la reunión que sostuvieron con representantes de  la Unión Europea pidieron “no injerencia”.

“Reiteramos nuestra disposición al diálogo, bajo los principios del respeto y la no injerencia en los asuntos internos de Venezuela”, escribió.

“Debe ser recordado como un depredador de personas vulnerables”: Exigen a Biden liberar documentos sobre Alex Saab

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Los senadores fijaron como fecha límite el 7 de febrero para que Garland publicara los archivos solicitados

 

Este jueves, 26 de enero, un grupo de republicanos del Senado instaron al Departamento de Justicia de Estados Unidos a publicar el expediente y las investigaciones que se realizaron sobre el “empresario” colombiano Alex Saab.

A través de una carta enviada al fiscal general Merrick Garland por el senador republicano Chuck Grassley de Iowa, miembro de alto rango del Comité Judicial del Senado piden que “la historia debería recordarlo como un depredador de personas vulnerables”.

La misiva también fue firmada por el senador Jim Risch de Idaho, el principal republicano en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y el senador Marco Rubio de Florida, vicepresidente republicano del Comité Selecto de Inteligencia.

La carta de dos páginas de los senadores cita informes del gobierno estadounidense que identifican a Saab como el “intermediario” de Maduro ante Irán, que ayudó a las dos naciones exportadoras de petróleo a evadir las sanciones estadounidenses y también lavó cientos de millones de dólares para funcionarios corruptos a través de una red global de empresas fantasma.

Fecha límite

Los senadores fijaron como fecha límite el 7 de febrero para que Garland publicara los archivos solicitados.

“El gobierno de Estados Unidos cerró el caso contra Alex Saab cuando el presidente Biden perdonó sus crímenes. No hay base para ocultar las pruebas contra Saab al público estadounidense”, dice la carta.

El Departamento de Justicia confirmó que había recibido la carta pero se negó a hacer más comentarios, reseñó la agencia AP. 

Alex Saab, de 52 años, fue liberado de la prisión federal en Miami el mes pasado como parte de un intercambio de prisioneros e inmediatamente fue recibido en Venezuela como un héroe por el presidente Nicolás Maduro

El “empresario” fue acusado por fiscales federales en Miami de un plan de soborno en el que supuestamente desvió 350 millones de dólares a través de un contrato estatal para construir viviendas a precios rebajados.

Saab fue arrestado en 2020 durante una escala de combustible en la nación africana de Cabo Verde mientras volaba a Irán para negociar un acuerdo energético. Luego fue extraditado a Estados Unidos.

*Con información de AP

#LupaElectoral: Bulos, guerra de tendencias y detenciones arbitrarias: los peligros de protestar en un año electoral

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Un estudio de Medianálisis logró precisar que desde marzo de 2022 han aumentado las noticias falsas vinculadas a temas como “aumento de sueldos”, “salarios”, “bonos para pensiones”, “sueldo en dólares”, “aguinaldos” o supuestos anuncios presidenciales de incremento salarial

 

 

El gremio docente lleva varios años exigiendo la reivindicación de sus derechos laborales y pese a los peligros que representa protestar en un año electoral, los trabajadores públicos siguen reclamando en las calles y también en las plataformas digitales un aumento salarial acorde con la situación económica del país. 

La lucha de los docentes en Venezuela no se reduce a salir a las calles, marchar y exigir un cambio, también deben enfrentarse a detenciones arbitrarias y a la maquinaria de propaganda y desinformación que promueve el gobierno en redes sociales. 

Este jueves, 25 de enero, Medianálisis junto a la organización Probox y la iniciativa #LupaElectoral coincidieron en el foro “Docentes ignorados: la protesta se mantiene en pleno año electoral” que los reclamos del gremio durante contextos electorales son opacados, ignorados e invisibilizados. 

Según cifras de la  Federación Venezolana de Maestros (FVM), durante el año escolar 2022-2023, se realizaron 3.185 protestas para pedir salarios dignos. Sin embargo, el sueldo base de un maestro categoría uno (1) sigue estando por debajo del salario mínimo actual, que es de Bs. 130 o $3,5 al cambio de la tasa oficial.

La guerra por las tendencias y los bulos

La politóloga y directora del Observatorio Digital ProBox, María Virginia Marín, explicó que en 2023 la organización registró 821 tendencias posicionadas en X (antes Twitter), 53 impulsadas por la sociedad civil y de estas, 11 posicionadas por los docentes. Sin embargo, el número es pequeño frente a las 666 tendencias que posicionó el gobierno de manera inorgánica o nada auténtica. 

“En contextos electorales, esta disparidad es mucho más aguda, ya que la maquinaria oficialista enfila todos sus esfuerzos en amplificar la propaganda para promover a los candidatos o procesos que le benefician directamente”, señaló Marín.

Sobre esto, Héctor Rodríguez, coordinador de Medianálisis, agregó que hay una abismal diferencia entre la cantidad de mensajes que puede producir el gremio docente en comparación a los millones que se pueden producir e impulsar desde el Gobierno a través del Ministerio de Comunicación e Información en contextos electorales.

“Cuando se acercan fechas donde tradicionalmente se anuncian bonos o aumentos de salarios, hemos identificado que proliferan los bulos y publicaciones falsas sobre declaraciones de aumentos que en realidad no se han decretado”, afirmó Rodríguez.

Un estudio de Medianálisis logró precisar que desde marzo de 2022 han aumentado las noticias falsas vinculados a temas como “aumento de sueldos”, “salarios”, “bonos para pensiones”, “sueldo en dólares”, “aguinaldos” o supuestos anuncios presidenciales de incremento salarial. 

Según Medianálisis, de los 840 contenidos verificados en Facebook e Instagram, 20 son falsos o desinformativos. 

El coordinador de Medianálisis insistió en que los bulos identificados en años electorales son impulsados principalmente por desinformantes anónimos que pertenecen a una red muy difícil de identificar pero que tienen un motivo o un interés de promover desinformación.

“Siempre es peligroso protestar en año electoral”

A juicio de Belkis Bolívar, representante de la Federación Venezolana de Maestros, protestar siempre representa un peligro porque a diario son perseguidos por funcionarios de seguridad. 

Y en esto, Nairobi Ávila, de la Coalición Sindical Magisterial de Yaracuy,  coincide y agrega que protestar en Venezuela es peligroso sea o no un año electoral, pero considera que en tiempos de elecciones se debe agudizar la protesta para hacer valer los derechos aunque la amenaza siempre esté latente. 

El pasado 17 de enero, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) se llevaron detenido de manera arbitraria al sindicalista y presidente de la Federación Nacional de Sindicatos y Colegios de los Trabajadores de la Educación en Venezuela (Fenatev), Víctor Venegas.

Sobre este caso, el fiscal general designado por la constituyente cubana, Tarek William Saab, vinculó a Venegas con “el desarrollo de actividades contra la paz de la República” y de formar parte de “un núcleo que pretendía convertir al estado Barinas en epicentro de acciones violentas”.

Hasta el momento de la redacción de esta nota, aún se desconoce el paradero de Víctor Venegas. Sin embargo, el mensaje del gremio es claro y conciso. 

“No puede haber derechos humanos cuando un trabajador no gana un salario que le permita satisfacer sus necesidades, no puede haber paz en un país donde los ciudadanos van a un centro de salud y no encuentran atención a su problema, no puede haber paz en un país cuando nuestros hijos salen y tú no sabes si van a regresar, no puede haber paz cuando vives pensando que te van a llevar preso porque dijiste algo que a lo mejor a alguien no le gustó y el gobierno no da paz”, dijo Belkis Bolívar. 

Por su parte, Nairobi Ávila agregó que “la sociedad civil debe ser resiliente, persistente y organizarse mejor para seguir reclamando los derechos y las reivindicaciones, tenemos que seguir por ese camino sin perder la esperanza”.

Cesta Petare registró leve disminución en tercera semana de 2024

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Según el OVF, entre 2022 y 2023 la brecha se amplió significativamente debido a la política de congelación salarial aplicada por el gobierno nacional

La Cesta Petare registró una leve disminución durante la tercera semana del año 2024, de acuerdo con cifras reportadas este 24 de enero por el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF).

El reporte, que se publicó mediante la red social X (antes Twitter), indica que el costo de la Cesta Petare en la referida semana fue de 1.3337 bolívares, lo que representa una disminución del 0,15 % con respecto a la semana anterior.

En cuanto al costo en dólares, según el Observatorio, la Cesta Petare tuvo un precio total de USD 34,49, lo que significa una reducción del 1,15 % en la divisa estadounidense.

La Cesta Petare agrupa ocho alimentos prioritarios y cada uno tuvo el siguiente costo en la tercera semana del año:

– Cartón de huevos Bs 140

– Harina Bs 48  

– Queso blanco Bs 198

– Carne Bs 277

– Café Bs 368

– Arroz Bs 62

– Aceite Bs 187

– Azúcar Bs 57

En 2023 se amplió la brecha salarial entre trabajadores del sector público y privado

El Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) indicó que en el 2023 se amplió la brecha salarial entre trabajadores del sector público y privado.

Según el OVF, entre 2022 y 2023 la brecha se amplió significativamente debido a la política de congelación salarial aplicada por el gobierno nacional.

En ese sentido, mientras el salario mínimo promedio más bonificaciones en 2023 se situaron en aproximadamente $40 mensuales en el sector público, en el sector privado alcanzó $202 por mes.

Durante el cuarto trimestre de 2023, los gerentes devengaron $447, los profesionales y técnicos US$290 y los obreros US$ 185 mensuales. De estas tres categoría salariales, solo una categoría alcanzó el ingreso para adquirir la canasta alimentaria valorada 396 dólares al concluir 2023.

En ese mismo período, agregó el OVF, la remuneración promedio de los trabajadores del sector comercio y servicio del Área Metropolitana de Caracas, que representa más del 60% del empleo del sector privado, se situó en $202 mensuales, los cuales representaron un aumento nominal de 50% respecto a similar lapso de 2022.

Discapacidad y género: Vivir en un país donde no se cumplen las leyes de avanzada

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Para José Gregorio Ibarra, profesor de la UCV, una de las principales trabas para dar fiel cumplimiento a la ley es que las instituciones, tanto públicas como privadas, en ocasiones son gerenciadas por un personal que no está preparado

A pesar de que en Venezuela existe la “Ley para Personas con Discapacidad”, hay tareas pendientes por cumplir para garantizar los derechos de estas personas, a la par de que existen discriminaciones por género.

Con 17 años, Omarlys Acosta viajaba de copiloto en una moto que manejaba su novio. Tuvieron un accidente en el que su compañero falleció y ella quedó con una lesión grave en su arteria femoral que ocasionó la amputación médica de uno de sus miembros inferiores.

Tras ese evento, su vida se detuvo. “Me tocó cancelar todo lo que para ese momento era mi vida. Iba a la universidad, estudiaba Contaduría en la Universidad de Oriente-Nueva Esparta (Udone), hacía un curso de asistente jurídico. Me gustaba salir”, comenta.

De acuerdo con un reportaje de Constructoras de Paz, iniciativa del Instituto Venezolano de Prensa y Sociedad (IPYS), luego del proceso de cicatrización y de recuperación de las heridas físicas llegó la gran pregunta: “Ahora, ¿qué hago?”.

“Comencé a buscar las maneras (…) Así puedo cocinar, así puedo bañarme, así puedo hacer esto y aquello. En la terapia me decían que me aceptara, que me quisiera así. Pero para mí era muy difícil porque me decía: ´yo no quiero estar en esta condición´ y volvía a caer en lo mismo: ´soy joven, ¿por qué yo?´” agrega. Esa pregunta le atormentaba.

El correr de los meses fue permitiendo -poco a poco- la autoaceptación. “Con el tiempo fui asimilando que así es la vida, que no puedo hacer nada más, que así voy a seguir. Ni porque llore la pierna me va a crecer. Ni porque llore, él va a revivir ni las cosas van a cambiar”, dice Omarlys, quien en la actualidad es una “mujer que no se detiene”. Así se describe por la cantidad de actividades que realiza.

Muchas mujeres y niñas, como Omarlys, enfrentan desigualdades vinculadas con las discriminaciones por género y discapacidad. En su caso, sufre una discapacidad física motora o motriz irreversible que le impide moverse con plena funcionalidad.

Letra muerta

El 15 de noviembre del año 2006 se anunció en el país la aprobación de la Ley para Personas con Discapacidad, la cual nació con el propósito de garantizar una “verdadera inclusión”.

Sin embargo, casi 20 años después, contar con un sistema de transporte público acorde, con atención médica, acceso a la educación o el poder insertarse al mercado laboral, continúan siendo materia pendiente.

“Tenemos una ley muy rica, muy explícita, además con respecto a las garantías y derechos de las personas con discapacidad, que incluye distintas áreas como salud, educación, cultura, deporte, trabajo, vivienda. El problema es que no se adecua a la realidad”, explica José Gregorio Ibarra, profesor universitario y director de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Para el experto, una de las principales trabas para dar fiel cumplimiento a la ley es que las instituciones, tanto públicas como privadas, en ocasiones son gerenciadas por un personal que no está preparado, “o no ha desarrollado las competencias para el relacionamiento con las personas con discapacidad y puedan brindar la atención que se necesita. Es decir, una ley muy completa, pero que no se cumple”.

En consecuencia, señala que es bastante difícil que las personas con discapacidad sean contratadas.

“En algunos casos tienen empleos no adecuados, además, de que la infraestructura no es apta para quienes tienen movilidad reducida”, señaló, agregando que esto se convierte en otra agravante que les impide poder llegar a ser autónomos.

 

Puede leer el reportaje completo aquí