Van apuntadas hacia la independencia de poderes, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción y el respeto de los derechos humanos
Junto con expertos, defensores de derechos humanos y otras organizaciones de la sociedad civil, la ONG Acceso a la Justicia presentó 75 recomendaciones para el rescate del sistema de justicia penal venezolano.
A partir de un proceso de consulta amplia con expertos en materia judicial, abogados, usuarios del sistema de justicia, miembros de organizaciones de derechos humanos y académicos, la organización no gubernamental elaboró una serie de recomendaciones en pro de la recuperación de la justicia en Venezuela.
Igualmente se tomaron en consideración las recomendaciones en materia de justicia que han formulado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Misión Internacional Independiente para la Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Las sugerencias pueden establecer una hoja de ruta para promover cambios hacia la reinstitucionalización de la justicia, las cuales pueden impulsarse en conjunto con la instalación de la oficina de la Corte Penal Internacional (CPI) en Venezuela.
Las recomendaciones van dirigidas hacia la independencia, la imparcialidad, la transparencia, la rendición de cuentas, el combate de la corrupción y el respeto de los derechos humanos por parte del sistema de justicia penal venezolano, integrado por la policía, el Ministerio Público, la Defensa Pública, el Poder Judicial y el sistema penitenciario.
Algunas recomendaciones:
1- Involucrar a instancias como el ACNUDH y la oficina de la CPI en Caracas en función de reducir la provisionalidad de los jueces, fiscales, defensores públicos y establecer mecanismos de evaluación y capacitación en materia de derechos humanos, incluyendo protocolos de actuación en casos de tortura y desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, sensibilización en materia de género y de violencia contra la mujer.
2- Garantizar la publicidad de los expedientes y decisiones judiciales, como un derecho fundamental para quienes requieren de justicia la sociedad en general.
3- Sancionar a través de procedimientos disciplinarios eficaces y adecuados a los jueces, fiscales, defensores públicos y otros funcionarios del sistema de justicia penal involucrados en irregularidades en el cumplimiento de sus funciones y proceder a su remoción, cuando corresponda.
4- Aplicar las leyes vinculadas al sistema de justicia que han sido reformadas y que hasta el momento siguen sin cumplirse, como es el caso de las normas legales dictadas en favor de las personas LGBTIQA+ y los pueblos indígenas.
5- Cesar la política de aprobar leyes que luego no se aplican, eliminar la práctica judicial de juzgar civiles en tribunales militares y reintegrar a Venezuela al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
6- Restablecer las competencias del Ministerio Público en las investigaciones penales, así como capacitar a los funcionarios para conducir investigaciones adecuadas y con estándares forenses y técnicos sobre graves violaciones de derechos humanos.
7- Crear protocolos internos acordes con estándares internacionales para la investigación de graves violaciones de derechos humanos, como el Protocolo de Estambul y el Protocolo de Minnesota e implementar efectivamente un programa de protección de víctimas y testigos para salvaguardar su integridad.
8- Garantizarles a los detenidos la libertad para nombrar la representación legal de su elección, y que tengan acceso a la misma en cualquier estado y grado del proceso judicial.
9- Asegurar el respeto de las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela) y las Reglas de Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas no Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes (Reglas Bangkok).
10- Asegurar que todos los registros de detenidos sean de libre acceso para los familiares y abogados; cesar la práctica de quitar en las requisas bienes esenciales a los privados de libertad, como medicinas o comidas, y establecer mecanismos disciplinarios de aplicación inmediata ante la denuncia de torturas o malos tratos.
Con información de Acceso a la Justicia
