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“Estamos evaluando los pasos a seguir”: Oficina del alto comisionado de DDHH de la ONU tras expulsión de sus miembros en Venezuela

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La portavoz de la oficina del alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Ravina Shamdasani, dijo que están evaluando los pasos a seguir tras la expulsión de sus miembros en Venezuela por decisión del gobierno de Maduro
Continuamos conversando con las autoridades y otros actores. Nuestros principios rectores han sido y seguirán siendo la promoción y la protección de los derechos humanos de los venezolanos”

 

La Oficina del alto comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas lamentó a través de un comunicado la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de suspender sus actividades en el país y solicitar que su personal abandonara Venezuela en 72 horas. 

La portavoz de la oficina del alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Ravina Shamdasani, dijo que están evaluando los siguientes pasos a seguir. “Continuamos conversando con las autoridades y otros actores. Nuestros principios rectores han sido y seguirán siendo la promoción y la protección de los derechos humanos de los venezolanos y las venezolanas”, añadió. 

La decisión del gobierno venezolano de expulsar a los miembros de la oficina de Venezuela se produjo luego de que en un mensaje publicado el pasado 13 de febrero en la red social X  la oficina del alto comisionado advirtiera que seguían “con profunda preocupación la detención de la defensora de los derechos humanos Rocío San Miguel” e instara a su “liberación inmediata” y al respeto de su derecho a la defensa legal.

Además, el 15 de febrero pidieron “respetar las garantías del debido proceso, incluido el derecho a la defensa”.

Oficina funcionaba desde 2019

La Oficina se había establecido en Venezuela en el año 2019 para prestar asistencia técnica y supervisar la situación de los derechos humanos en el país con el objetivo de “evitar que se repitan las violaciones de los derechos humanos; aumentar la aplicación de las recomendaciones emitidas por los mecanismos internacionales; reforzar el Estado de Derecho y la rendición de cuentas; concienciar y aumentar la visibilidad de las violaciones de los derechos económicos y sociales; y proteger y mejorar el espacio democrático”, se recuerda en el comunicado de este 16 de febrero de 2024. 

“En septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela mediante la resolución 42/25 por un año para evaluar las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas desde 2014. El Consejo de Derechos Humanos, mediante las resoluciones 45/20 y 51/29, prorrogó el mandato de la Misión internacional por dos años más, hasta septiembre de 2024. La Misión presentará una actualización oral al Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2024 con información actualizada sobre sus investigaciones, y presentará su informe en una sesión de diálogo del Consejo en septiembre de 2024″, reseñaron.

EEUU, alarmado por la decisión

“Estamos alarmados por la decisión de represalia de Venezuela de suspender temporalmente la oficina del alto comisionado en Derechos Humanos y de expulsar a su personal tras su informe que expresa profunda preocupación por la detención de la activista de derechos humanos Rocío San Miguel”, escribió en la red social X la embajadora de EEUU ante la ONU, Michèle Taylor.

“Estamos gravemente preocupados por los arrestos por motivos políticos, como el de Rocío San Miguel, y pedimos la liberación inmediata de todas las personas detenidas injustamente en Venezuela. Estos ataques a la sociedad civil reducen aún más el espacio para el tan necesario diálogo y sofocan las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano”, acotó- 

https://twitter.com/USAmbHRC/status/1758534051676213565

Claves | Docentes y estudiantes universitarios deben vender sus pertenencias para comer e ir al médico

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Advierten que más de la mitad de la población universitaria dufre de algún cuadro depresivo y ansioso

Al menos el 94 % de los docentes universitarios y el 81 % de los estudiantes de educación superior encuestados por el Observatorio de Universidades (OBU) afirmaron que «comen igual o peor que en el año 2022», según los datos publicados por la asociación civil este 15 de febrero en su informe anual sobre las condiciones de vida y estudio de comunidad universitaria en Venezuela (Enobu 2023). 

Frente a un Estado que no ha aumentado el sueldo mínimo a los profesores por más de 700 días y que aprueba entre el 1 y el 2 % de los presupuestos exigidos por las universidades públicas, la OBU encuestó a 2.620 estudiantes y 1.131 profesores de 42 universidades públicas y 22 privadas para documentar el impacto de la crisis humanitaria compleja en Venezuela en la educación superior. 

En Runrun.es presentaremos las siguientes 5 claves del informe que redimensionan las 5.583 manifestaciones que documentó el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social en el 2023 para exigir mejoras en los derechos económicos y el acceso a la salud y a la educación en Venezuela.

Sin sueldo digno no hay paraíso

El 83 % de la comunidad universitaria encuestada denunció que tiene un ingreso mensual menor a 385 dólares estadounidenses. Mientras tanto, el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) advirtió que la canasta alimentaria familiar cerró el 2023 en los  531,95 dólares.

Los maestros necesitan más de 98 salarios mínimos solo para comprar los 60 productos alimenticios que analiza Cendas-FVM porque, para febrero del 2024, el sueldo mínimo se ubicó en 130 bolívares o 3,58 dólares a la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela, sin contar las bonificaciones propuestas por el gobierno de Nicolás Maduro.

El OBU registró que el 69 % de los docentes y estudiantes deben trabajar fuera de las academias para cubrir esos gastos y el 34 % debe recurrir a la ayuda económica de familiares o amigos en el país o en el exterior. 

Con respecto a las ayudas institucionales, el 97 % de los estudiantes de las universidades públicas afirmaron que no perciben becas y el 92 % dijo que no reciben bonos del sector público.

El hambre como constante

Según los datos de la Enobu 2023, la seguridad alimentaria se agravó durante el año pasado. El 82 % de los profesores y 69 % de los estudiantes universitarios disminuyeron sus porciones de comida, y sus dietas se basaban principalmente en los carbohidratos, excluyendo a las frutas, a las verduras y a las proteínas por falta de ingresos económicos. 

Además, la encuesta concluyó que 5 de cada 10 docentes y 4 de cada 10 estudiantes se ven obligados a vender o intercambiar bienes para adquirir comida o cubrir los gastos de su alimentación. 

Bajo estas estadísticas, el OBU proyectó que el 27 % de los profesores y el 18 % de los estudiantes venezolanos viven en hogares con extrema pobreza, limitados por la frecuencia y calidad de los alimentos que reciben y consumen. 

Los datos se enmarcan dentro de las denuncias del relator independiente de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Michael Fahkri, quién este 14 de febrero afirmó que en Venezuela la malnutrición y la desnutrición persisten debido a los problemas de distribución y procucción de alimentos. Las comunidades más vulnerables anotadas por Fahkri fueron los niños, niñas y adolescentes, las mujeres y los adultos mayores o jubilados. 

Sin acceso a la salud

Debido a las restricciones económicas y la escasez de insumos médicos desde el 2016 denunciada por las Encuestas Nacionales de Hospitales, 4 de cada 10 mujeres del entorno universitario tienen dos o más años sin hacerse un chequeo médico. 

El OBU destacó que la comunidad universitaria implementa la misma estrategia de vender sus pertenencias para poder costear los gastos médicos. En este caso la encuesta arrojó que el 56 % de los docentes y el 40 % de los estudiantes se ven obligados a mantener esta práctica. 

Con respecto a las patologías de los docentes, la asociación civil destacó que el 28 % de los docentes sufre de cuadros de hipertensión y otro 26 % sufre de afecciones respiratorias. 

Pero, la muestra de docentes (33 %) y estudiantes (64 %) dijo que son atendidos por el sector público y desde allí consumen el 72 % de sus ingresos (adquiridos en trabajos ajenos a la academia). En menos del 17 % de los casos tiene acceso a un seguro médico universitario o privado. 

Créditos: Observatorio de Universidades. Encuesta sobre condiciones de vida de la población universitaria de Venezuela – Enobu 2023

Casos de depresión en aumento

61 % de los profesores de educación superior y 69 % de los estudiantes universitarios en Venezuela tienen tres o más síntomas de depresión. El OBU alertó que la ansiedad es otra patología de la salud mental común para el 2023: el 31 % de los profesores y el 51 % de los estudiantes la padece. 

El contexto socioeconómico de la crisis humanitaria compleja venezolana también aumentó la desmotivación de la comunidad universitaria en continuar los estudios o la labor docente. Al menos 1 de cada 3 personas pensó en abandonar la universidad en los últimos 12 meses. 

Carlos Meléndez, sociólogo y director del OBU, destacó que las «universidades controladas por el Estado» son quienes presentan una mayor gravedad y vulnerabilidad ante la crisis. Recordó que 120 de las 150 universidades del país están bajo la administración directa del Estado. 

Al igual que los chequeos médicos, menos del 20 % la comunidad universitaria encuestada puede acceder a los servicios de atención psicológica en los casos donde las universidades proporcionan estas ayudas. 

Sin servicios no hay educación

Según el OBU, 7 de cada 10 universitarios afirma que el servicio de internet es regular o malo. Mientras tanto, el 12 % los docentes se ven obligados a dar sus clases de forma virtual y el 35 % bajo la semipresencialidad. 

Tanto los estudiantes como los profesores deben valerse de sus propios recursos para educar y aprender, hasta el 87 % debe usar sus teléfonos inteligentes para acceder a su derecho a la educación. 

Los servicios básicos en las universidades son prácticamente inexistentes: 95 % de las respuestas de la Enobu 2023 afirma que no hay internet, 91 % dice que el servicio de agua potable es ineficiente, el 86 % afirma que no hay un servicio eléctrico continuo y el 85 % establece que los baños en las instalaciones están inoperativas. 

Además, 6 de cada 10 profesores y estudiantes universitarios no cuentan o le son insuficientes los laboratorios y bibliotecas especializadas para hacer sus estudios. 

«No debemos naturalizar porque es de  profunda dimensión y compromete el futuro del país», advirtió Gregorio Afonso, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (UCV), durante la rueda de prensa el 15 de febrero para presentar los datos del informe en la UCV. «Es evidente el absoluto retiro del Estado venezolano de su compromisos con la educación en nuestro país». 

Maduro y el camino de Nicaragua

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Para emprender el camino a Nicaragua, Maduro y los chavistas tienen todavía muchas zonas donde morder.

Por: amoleiro

 

El gobierno de Nicolás Maduro ha decidido emprender el camino de Nicaragua: el camino irreversible de una hegemonía extra-constitucional, en el cual las exigencias revolucionarias priven con suficiencia sobre la observancia legal en un marco democrático escrito sobre el papel. Independientemente de lo que deseen los foros internacionales y las mayorías nacionales.

La judicialización de Rocío San Miguel, y la expulsión de la Misión de Naciones Unidas que hacía seguimiento al desempeño de la nación en materia de derechos humanos, consolidan una tendencia que lleva tiempo aumentando de volumen.

Mediante un comunicado que compartió en X el canciller Yván Gil, informó de la decisión de suspender las actividades de la oficina técnica de asesoría de Oacnudh y otorgó un plazo de 72 horas al personal para abandonar el país. La decisión, añade el texto, indica que se suspenden las actividades de la oficina «hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de las Naciones Unidas».

En esa misma tónica, el oficialismo ha desempolvado un proyecto de ley que fiscaliza la actuación y el financiamiento de las organizaciones no gubernamentales (ONG). Valentina Ballesta, directiva de Amnistía Internacional (AI) para las Américas, sostuvo que la ley, aprobada ya en primera discusión, “posee grandes similitudes con la aprobada en Nicaragua”, donde el régimen de Daniel Ortega ha eliminado a más de 3.000 organizaciones de la sociedad civil.

Adicionalmente, ahí están, semana a semana, los estridentes discursos legislativos amenazantes de Jorge Rodríguez en estos meses. Particularmente, luego de firmar los acuerdos de Barbados y lograr el regreso a casa del empresario Alex Saab.

El camino a Nicaragua que ha emprendido Miraflores parte de una circunstancia de orientación opuesta, más bien poco comentada: a diferencia de lo que ha ocurrido en otros contextos, en la conducción de la revolución bolivariana, hasta el momento, al menos en los últimos años, han estado al volante los moderados. 

Al administrar la crisis nacional, Nicolás Maduro y Jorge Rodríguez parecen haber impuesto el criterio de negociar, dividir al adversario, abrir frentes de operación, especular con promesas y replegarse estratégicamente. En ocasiones, incluso, si con eso recuperan autoridad frente al país, de adelantar importantes concesiones temporales.

En la dinámica de Miraflores ha privado la flexibilidad como principio, como ocurrió en tiempos de Chávez en otros momentos complejos, en relación con tesis más intransigentes y absolutistas, que llegaron a discutirse como posibilidad en el alto mando revolucionario.

Esto quiere decir que, si bien ya se ha escamoteado gravemente la alternancia en el poder y la libertad de expresión e información, para emprender el camino a Nicaragua, Maduro y los chavistas tienen todavía muchas zonas donde morder.

Este camino, al camino a la realidad política que ha creado Daniel Ortega en Nicaragua, podría consolidarse definitivamente en las elecciones presidenciales de este año, si el chavismo retiene el poder sin complicaciones y se sale con la suya.  La próxima cita presidencial puede convertirse en una bisagra, una especie de parteaguas, como ya ha ocurrido antes.

En 2021, Ortega fue reelegido con 75 % de los votos y con siete aspirantes a candidatos presidenciales de la oposición en prisión acusados de “traición a la patria”. A pesar de que EE. UU. desconoció los resultados, el líder sandinista se mantiene en el poder y el espacio cívico de la sociedad nicaragüense cada vez más reducido.

Está claro que Daniel Ortega lleva un tiempo de ventaja sobre el chavismo en esta estrategia de consolidar un modelo hegemónico y unidimensional, haciendo, al mismo tiempo, concesiones al libre mercado.

El modelo político de Nicaragua que ha escogido Miraflores será fuente adicional de tensiones y expandirá la dimensión sancionada de la nación, pero también puede terminar atemperado, atenuado a posteriori, procurando crear una especie de remesa diplomática con algunos factores de la izquierda occidental y simpatizantes conexos a partir de ciertas concesiones parciales a la oposición que quede en el país. Es decir, no necesariamente el rumbo trazado implica en este caso llegar a la meta.

Puede que, completamente seguro de su poder y estabilidad, Maduro decida seguir apretando, para imponerse atemorizando a sus adversarios, como de hecho viene ocurriendo, sin que ello signifique, necesariamente, desplumar por completo a la sociedad venezolana con la misma serena rotundidad con la cual lo hizo Daniel Ortega en Nicaragua.

Como ha ocurrido en muchas otras ocasiones en el pasado, el gobierno de Maduro también pudiera regresar a la decisión de emprender la reversa. La sociedad democrática nacional sigue siendo muy grande, y va a seguir resistiendo. Es imposible adelantar pronósticos y no esperar algún tipo de cisne negro inesperado en una crisis de estado tan prolongada como la actual.

Pero estos son los hechos: una vez que Alex Saab ha regresado a casa, en el alto gobierno la gente ha sacado sus cuentas. La presión exterior comienza a perder eficacia.

Independientemente de lo que digan las encuestas, del descontento popular, del grave rezago social y económico, en Miraflores parece haber claridad en torno a la existencia de un músculo político y militar lo suficientemente consistente como para diseñar un plan que les permita imponer las cosas en sus términos, como ya ocurrió en 2018, como ocurrió en la convocatoria a la fallida Asamblea Nacional Constituyente de 2017 y como acaba de ocurrir con el referéndum del Esequibo.

DDHH Olvidados | Carlos Salazar, desaparecido por grabar a Alex Saab comprando en una tienda

El abogado Pedro Arévalo explicó en entrevista para Runrun.es que no tienen ningún tipo de información sobre el paradero de Carlos Salazar por lo que se introdujo ante la Fiscalía Quinta una denuncia por desaparición, en virtud de que ningún cuerpo policial ha responsabilizarse sobre el paradero de Salazar

@yeannalyfermin

 

La última vez que vieron a Carlos Salazar fue en Punta de Piedras en la calle Los Módulos, isla de Margarita, estado Nueva Esparta. Vestía franela naranja, bluyín azul y zapatos deportivos.

Salazar, de 60 años, jubilado de Pdvsa, desapareció el pasado 5 de febrero de 2023 a las 5:30 p.m. mientras se encontraba haciendo unas diligencias personales y desde entonces no se tiene información oficial sobre su ubicación. 

Andrea Castellanos Salazar, sobrina del señor Salazar, precisó que lo han buscado en la policía estadal, comandos militares, Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), Comando Nacional Antisecuestro y Extorsión (Conas), así como en la Fiscalía 12 del Ministerio Público de la entidad, y no han logrado dar con su paradero.

Al leer estos primeros párrafos, pareciera que la desaparición de Carlos Salazar es común y muy similar a otras que han ocurrido en el pasado; sin embargo, no lo es. Un testigo allegado a la familia Salazar contó que al jubilado se lo llevaron varios hombres vestidos de negro a bordo de una camioneta blanca doble cabina sin placas y otros dos carros negros pequeños, también sin placas. 

El boleto a la desaparición fue un video 

La grabación de un video que se hizo viral en redes sociales fue el boleto directo a la desaparición de Carlos Salazar. El audiovisual, que según contó Castellanos fue grabado a finales de enero, mostraba al empresario colombiano Alex Saab junto a un joven que se presume es su hijo de compras en una tienda en la Isla de Margarita. 

“Ta’ ahí con el carajito, hablando por teléfono. ¡Qué arrecho! Como se da bomba aquí en Margarita, el ‘malandro’, ese qué arrecho ese m&@$#/o. Mira el ‘malandro’ de Álex Saab que está entrando ahí con el carajito, hablando por teléfono. Qué arrecho”, se escucha en el video, mientras Saab ingresaba la entrada de una tienda deportiva.

Andrea Castellanos detalló que cinco días antes de que desapareciera su tío ya lo andaban investigando para dar con su paradero. “Él le contó a un amigo abogado que sentía que lo estaban persiguiendo, también le dijo que varias personas le habían comentado que estaban preguntando por él, por su mamá y por su hermano mayor. Ese lunes salió y no regresó más”, dijo. 

Castellanos relató que a Salazar se lo llevaron y le habrían mencionado que era por motivo de investigación, sin decirle la razón exacta. “Se lo llevaron junto a un testigo que es exmilitar retirado. Al exmilitar lo sueltan y no le devuelven su teléfono. El carro de mi tío también está desaparecido, un Mazda 6 plateado”. 

“No sabemos dónde está mi tío, no sabemos dónde está su carro, no sabemos nada. En los organismos policiales solo nos dan información negativa. Grabar un video fue todo el delito que cometió”, aseveró Castellanos. 

El abogado y miembro del Foro Penal, Pedro Arévalo explicó en entrevista para Runrun.es que no tienen ningún tipo de información sobre el paradero de Carlos Salazar, por lo que se introdujo ante la Fiscalía 5ta una denuncia por desaparición, en virtud de que ningún cuerpo policial ha querido informar o responsabilizarse sobre dónde lo tienen detenido.

“Lamentablemente, no podemos introducir un Hábeas Corpus porque para utilizar ese recurso teníamos que obligatoriamente decir quién es el agraviante y aquí como no se sabe quién es el agraviante -si la GNB, Dgcim, Sebin,  ninguno de esos organismos- pues se incrementa más la incertidumbre de la desaparición de Carlos”, explicó Arévalo. 

El abogado aseguró que grabar un video, y específicamente el video que grabó Carlos Salazar, no constituye un delito: “Carlos Salazar grabó un video en un pasillo de un centro comercial, un lugar público, no es dentro de la vivienda de Alex Saab, ni de la tienda donde estaba… que en ese momento estaba entrando Saab tampoco es un delito porque es una figura pública, ¿que si utilizó expresiones grotescas?, sí, pero no hay ningún tipo de circunstancias de delito”, dijo.

Pedro Arévalo insistió en que no hay y no existe una restricción para grabar un video y menos si se trata de una persona que es reconocida ampliamente en Venezuela. 

Familia desesperada 

Hasta el momento de la redacción de esta nota, Carlos Salazar llevaba 11 días desaparecido y su familia estaba desesperada por saber en dónde y cómo está. 

Andrea Castellanos afirmó que todos viven una incertidumbre muy grande y exigen una fe de vida. 

“Quiero respuestas, quiero saber cómo está él, su salud, si va a ser procesado o presentado en algún tribunal, quiero saber si, dentro de lo que cabe, está bien”, pidió la joven. 

Castellanos detalló que su tío es una persona muy tranquila y amable. No tiene esposa ni hijos y desde su jubilación se ha dedicado a cuidar de su madre, quien tiene 90 años y no está al tanto de la situación de Carlos por temor a que su salud se vea afectada. 

Violencia psicológica: Una realidad que afecta a diario mujeres en Anzoátegui

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El esposo de Anaís la humillaba cada vez que llegaba a la casa, la responsabilizaba hasta de los virus que su hijo contraía y había comenzado a hablar mal de ella a sus espaldas

Las mujeres prefieren callar y aguantar la violencia psicológica a la que sus parejas las han sometido para evitar acudir a algún cuerpo de seguridad para actuar en sus defensas y esquivar la revictimización.

Tal es el caso de Anaís Rojas, de 37 años, quien durante nueve años continuos vio cómo poco a poco le limitaron sus derechos, reseña un reportaje de Mujeres Constructoras de Paz, iniciativa del Instituto Venezolano de Prensa y Sociedad (IPYS).

En los primeros años de casada, Anaís sentía que de esa forma su esposo la cuidaba y le demostraba su amor, pero hoy en día asegura que fue víctima de violencia psicológica durante mucho tiempo.

“El amor nos ciega, a tal punto de sentirnos cómodas y seguras cuando nuestras parejas vigilan cualquier movimiento y conducta diaria, hasta que logran dominarnos por completo. Nos convertimos en seres inferiores y cuando queremos actuar ya es muy tarde”, aseguró.

Cuando Anaís se graduó de Técnico en Informática, su esposo le pidió que trabajara desde casa y le prometió que le brindaría las comodidades que ella necesitaba. Dos años después quedó embarazada y sus funciones se limitaron a cuidar su hijo y atender su hogar.

En los momentos en que le ofrecían algún trabajo, su esposo le decía que el bebé estaría en riesgo al cuidado de terceros, “formas de micromachismo que terminaron dañando su autoestima”.

La Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de Violencia establece en su artículo número 15 que la violencia psicológica es toda conducta activa u omisiva ejercida en deshonra, descrédito o menosprecio al valor o dignidad personal, tratos humillantes y vejatorios, vigilancia constante, aislamiento, marginalización, negligencia, abandono, celopatía y todo acto que conllevan a las mujeres a disminuir el autoestima, a la depresión e incluso el suicidio.

Bajo la sombra de la persecución

El pequeño de Anaís comenzó a asistir a la escuela y ella aprovechaba la mañana para hacer algunos trabajos que le permitieran obtener algunos ingresos adicionales. Una empresa española la contrató para que se encargara del funcionamiento de las computadoras y cámaras de seguridad.

Luego de clamar a su pareja para que la dejara trabajar, él la llevaba y la buscaba en el trabajo, y nunca le permitió contratar a una niñera para que la ayudara con su pequeño y con los quehaceres del hogar.

“Tenía que llegar a la casa a atender mi hogar y a cuidar de mi pequeño. Una de sus exigencias era que yo mantuviera planchada y limpia toda su ropa de trabajo. Es abogado y siempre usaba camisas manga larga”, recordó.

Gracias a su buen desempeño laboral, Anaís pasó a ser encargada y supervisora del departamento que le fue asignado desde un principio y debía capacitar a sus compañeros de trabajo para que mantuvieran el buen funcionamiento de los equipos. Llegó a superar en ingresos mensuales a su esposo y allí comenzó a vivir lo que ella califica como “la peor faceta de mi vida”.

Sin saberlo estaba siendo víctima de violencia psicológica. Su esposo la humillaba cada vez que llegaba a la casa, la responsabilizaba hasta de los virus que su hijo contraía y había comenzado a hablar mal de ella a sus espaldas.

“Una vez me encontré a una amiga en el supermercado y me preguntó que quién estaba al cuidado de mi hijo porque le habían dicho que el niño estaba súper descuidado y que yo ya no lo quería ni atender. Tiempo después supe que había sido Alfredo el que habló con ella”.

Revictimización al actuar en su defensa

Alfredo se había vuelto violento. Anaís asegura que gritaba a diario y discutían por cualquier situación y por segunda vez en menos de un año la volvió a correr de su propia casa.

“Me dijo que si no estaba con él no estaría con más nadie en la vida. Ese día me fui directo a la comandancia de Polisotillo. Allí estuve tres horas poniendo una denuncia y luego lo citaron a él. Cuando fuimos los dos, los funcionarios nos hicieron firmar una caución y nos comprometimos a vender la casa para que cada quien tenga su parte, pero Alfredo era el único que podía estar dentro de mi hogar, así lo dijeron ellos. Yo tuve que buscar a donde ir con mi hijo”.

A pesar de que ambos se habían comprometido en cumplir con un mínimo de alejamiento y en respetarse mientras compartían la custodia del pequeño, Alfredo la seguía vigilando y la perseguía a todos lados, pero cuando fue a efectuar nuevamente la denuncia le aseguraron que tenía que llevar evidencias de ello.

“Decidí enfrentarlo, y cuando lo descubrí, de la rabia e impotencia lo agredí y por eso estuve dos días detenida en la comandancia de Polianzoátegui, cuerpo de seguridad al que él acudió para denunciarme. Desde entonces he sentido mucho temor de salir sola a la calle y me genera mucha angustia cada vez que le toca un fin de semana con el niño”, destacó.

Los cuerpos de seguridad, investigaciones y el Ministerio Público están en la obligación de actuar en defensa de Anaís, pero no ha ocurrido así y como ella decenas de mujeres han preferido callar y soportar antes de vivir esta experiencia.

Atención al descuido

La psicóloga Laura Barreto asegura que muchas mujeres no toman en serio los daños que puede generar a futuro haber padecido actos de violencia psicológica por tiempo prolongado, e invita a las posibles víctimas a solicitar ayuda a expertos para sanar cada situación.

“En los 16 años que tengo de experiencia he notado que muy pocas mujeres acuden a la consulta para atender los ciclos de inseguridades y baja autoestima que trae como consecuencia haber sido víctima de algún tipo de violencia intrafamiliar y ello trae como consecuencia la dificultad de construir un nuevo hogar en armonía”, resaltó.

La especialista asegura que el Gobierno no garantiza atención psicológica gratuita a las mujeres víctimas de violencia y muchas carecen de recursos para asistir a consultas privadas que actualmente superan los 40 dólares por cada sesión.

Lea el reportaje completo aquí

Plataforma Unitaria a comunidad internacional: Gobierno ratifica su carácter autoritario

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La candidata opositora electa en la primaria de octubre de 2023, María Corina Machado, rechazó el cierre de Oacnudh y la expulsión de todo el personal de la oficina, ordenada por la administración madurista

La Plataforma Unitaria Democrática advirtió a la comunidad internacional que la administración de Nicolás Maduro ratifica su “carácter totalitario” con la suspensión de actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH.

Mediante una publicación hecha en X (antes Twitter), la coalición opositora rechazó la decisión del oficialismo que dio el cierre a la Oacnudh en Caracas.

“Ratifica el carácter totalitario del régimen, quien no quiere la presencia activa de la comunidad internacional como testigos de las permanentes violaciones de DDHH en nuestro país”, señaló la Plataforma Unitaria.

En ese sentido, llamaron a la comunidad internacional “para que de manera unánime rechace esta decisión” y agradecen el “compromiso” con los venezolanos “en su lucha por la conquista de la democracia y la libertad”.

Machado: Expulsión de Oacnudh asoma una escalada represiva

La candidata opositora electa en la primaria de octubre de 2023, María Corina Machado,  también rechazó el cierre de Oacnudh y la expulsión de todo el personal de la oficina, ordenada por la administración madurista.

Mediante un comunicado que publicó en X, Machado advirtió que la “arbitrariedad” dificulta el acceso a información veraz, el acompañamiento a la sociedad civil, y la defensa y protección de víctimas.

Además, alertó que esta acción parece anunciar una escalada aún mayor de la persecución, “sin tan importantes testigos que puedan informar al mundo de las atrocidades que el régimen comete”.

“Es Maduro quien ha tomado la decisión de violar los Acuerdos de Barbados para así intentar alejar a la inmensa mayoría de los venezolanos del cambio político que anhelan. El régimen sabe que esa mayoría lo repudia y por eso el régimen le teme, por eso actúa a través del acoso, la persecución, la represión, la tortura y el hostigamiento contra dirigentes políticos, gremiales, activistas de derechos humanos”, afirmó.

Además, cuestionó a los gobiernos del exterior si callarán “frente a una clara conducta que ha hecho que el régimen incumpla los acuerdos, a pesar de que el resto de los actores hemos cumplido la nuestra”.

Cinco consecuencias del cierre obligado de la oficina del alto comisionado de la ONU

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El cese de operaciones impacta negativamente la conexión entre la sociedad civil venezolana y los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos

Foto: EFE/Miguel Gutiérrez

La ONG Defiende Venezuela alertó sobre cinco consecuencias que puede traer el cierre obligado de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), ordenado por la administración de Nicolás Maduro.

El gobierno madurista, además de suspender las actividades de Oacnudh, dio un plazo de 72 horas al personal de la oficina para que abandonaran el país.

Para la organización, esta medida la decisión podría contribuir al cierre del espacio cívico y tener un impacto significativo en los compromisos oficiales de cooperación relacionados con la protección de los derechos humanos.

Además, se prevé que genere una serie de efectos adversos que, a lo largo de la historia, se han logrado obtener gracias al ejercicio de la participación de la sociedad civil en la defensa de los derechos humanos.

Darrin Gibbs, abogado, especialista en Derecho Administrativo y especialista en Derecho Procesal, miembro del equipo jurídico de Defiende Venezuela, afirmó que esto dificultaría “el seguimiento directo sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela”.

Por su parte, Ezequiel Monsalve, abogado, especialista en Ciencias Penales y Criminológicas y coordinador de Litigio Internacional de Defiende Venezuela, explicó que tales acciones gubernamentales podrían desencadenar 5 consecuencias para el país:

Ausencia de asistencia técnica en derechos humanos para el Estado

El cese de operaciones de la Oficina Técnica del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU implica la falta de asistencia técnica especializada al Estado venezolano en materia de derechos humanos.

Esta ausencia puede dificultar el fortalecimiento de las políticas y prácticas gubernamentales para garantizar el respeto a los derechos fundamentales.

Limitación en la protección de los derechos humanos de los venezolanos

La decisión de expulsar la Oficina Técnica del Alto Comisionado también sugiere una potencial limitación en la protección de los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos.

Sin la presencia de un organismo internacional especializado, la capacidad de monitorear y abordar violaciones a los derechos fundamentales podría verse disminuida, poniendo en riesgo la seguridad y bienestar de la población.

Abandono de la agenda de conexión de la sociedad civil con los mecanismos de protección

El cese de operaciones impacta negativamente la conexión entre la sociedad civil venezolana y los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos.

La ausencia de esta conexión podría debilitar la capacidad de la sociedad civil para abogar por sus derechos y participar activamente en la promoción de cambios significativos y repercute en la incidencia de los mecanismos hacia el Estado para la implementación de mejores prácticas en beneficio de los ciudadanos, alerta Defiende Venezuela.

Limitaciones en el acceso de los relatores de la ONU al país

La decisión de expulsar la Oficina del Alto Comisionado también puede resultar en limitaciones significativas para el acceso de los relatores de la ONU al país.

Esta restricción “dificulta la evaluación objetiva de la situación de derechos humanos en Venezuela, afectando la capacidad de los expertos internacionales para emitir informes precisos y recomendaciones fundamentadas”, asegura la ONG. 

Limitación en el acceso a información objetiva y veraz para informes de recomendación

La falta de presencia de la Oficina Técnica del Alto Comisionado podría provocar limitaciones en el acceso a información objetiva y veraz para la elaboración de informes y recomendaciones.

Este déficit de información “confiable podría afectar la calidad de los análisis sobre la situación de derechos humanos en el país, obstaculizando los esfuerzos para abordar las problemáticas existentes”, concluye Defiende Venezuela. 

*Nota de prensa

¿Estuvo Rocío San Miguel bajo desaparición forzada?

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Acceso a la Justicia recordó que aunque el 11 de febrero Tarek William Saab reconoció que Rocío San Miguel estaba en poder de las autoridades, omitió cualquier otra información, algo que era “indispensable” para que este caso dejara de considerarse como una desaparición forzada

“Mitómanos”. Así se refirió Tarek William Saab, fiscal general impuesto por la extinta asamblea constituyente, a los defensores de derechos humanos y abogados que denunciaron la desaparición forzada de Rocío San Miguel, abogada y presidenta de la ONG Control Ciudadano.

Durante una rueda de prensa de este miércoles, 14 de febrero, Saab negó que durante el procedimiento de detención de San Miguel se haya cometido una desaparición forzada, además de afirmar que la audiencia de presentación de la activista se realizó “dentro de los lapsos legales”.

En ese sentido, aseguró que «decir que es una desaparición forzada, aparte de mentir, es una ofensa y se convierte en un delito» con el que se pretende «enlodar» a las instituciones.

https://twitter.com/BouttoErik/status/1757829134678384916

Algunos simpatizantes del oficialismo negaron que San Miguel estuviera bajo desaparición forzada puesto que habían informado que estuvo detenida. Tal es el caso del periodista Clodovaldo Hernández, quien argumentó la existencia de una orden de captura anunciada previamente por el Ministerio Público.

La ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), a pesar de las afirmaciones de Tarek William Saab, sigue denunciando que la defensora de DDHH Rocío San Miguel y sus familiares, “fueron víctimas de desaparición forzada por más de 100 horas”.

“Aunque el fiscal de la ANC quiera ocultarlo, la desaparición forzada se ha convertido en una práctica recurrente en el extenso repertorio represivo de las autoridades venezolanas, ejecutada con el propósito de silenciar la crítica y cerrar el espacio cívico”, añadió Provea.

Las omisiones de Saab

El artículo 2 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (Cidfp) define cuatro elementos para que se configure una desaparición forzada: que la persona sea privada de su libertad por funcionarios o personas que actúen en nombre o con aprobación del Estado; que las autoridades se nieguen a reconocer dicha captura; que se niegue información sobre la persona y que no se informe sobre el lugar donde se encuentra.

Al respecto, la ONG Acceso a la Justicia recordó que aunque el 11 de febrero Tarek William Saab reconoció que Rocío San Miguel estaba en poder de las autoridades, omitió cualquier otra información, algo que era “indispensable” para que este caso dejara de considerarse como una desaparición forzada.

Explica la organización que Saab obvió informar qué organismo de seguridad realizó la captura de San Miguel y qué tribunal dio la orden. Tampoco indicó dónde estaba la activista en ese momento, ni si había sido presentada ante un juez dentro de las 48 horas que ordenan la Constitución y el Código Orgánico Procesal Penal (COPP). 

Los días 12 y 13 de febrero Saab publicó un post y un comunicado a través de su cuenta de X (antes Twitter), en los cuales aseguró que su despacho había actuado «en estricto apego al respeto a los derechos humanos y garantías constitucionales», pero sin responder a las dudas arriba planteadas.

A pesar de que el Ministerio Público emitió dos declaraciones sobre Rocío San Miguel, en ninguna de ellas se indicó dónde se encontraba, no se informó sobre su estado de salud ni las condiciones de su detención, por lo que, a juicio de Acceso a la Justicia, “puede interpretarse que existía la deliberada intención de no informar dónde se encontraba”.

Saab también se limitó a informar que imputó a la activista por los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación para delinquir, entre otros, ante el Tribunal Segundo de Control contra el Terrorismo de Caracas, y que solicitó su detención preventiva.

No solo Rocío San Miguel

Tarek William informó que Alejandro José González De Canales Plaza, exesposo de San Miguel y militar retirado, sería detenido preventivamente, mientras el Ministerio Público lo investiga por la presunta comisión de los delitos de revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de justicia y asociación para delinquir.

También, habló de otras personas que no identificó, pero, según Acceso a la Justicia, se estima que se trataba de  Miranda Díaz San Miguel, hija de San Miguel; y tres personas cercanas a ella (sus hermanos Miguel Ángel y Alberto San Miguel Quigosos y Víctor Díaz Paruta, padre de su hija), quienes fueron posteriormente excarcelados y deberán presentarse periódicamente ante los juzgados. El fiscal tampoco aclaró en ese momento dónde estaban esas personas.

“Lo descrito hace que la desaparición forzada no se limite a Rocío San Miguel, sino que también abarque a sus familiares, de los que nunca se informó sobre su paradero, ni las condiciones de su detención de forma expresa y clara, tampoco sobre su salud”, agregó Acceso a la Justicia.

¿Quién miente?

Las declaraciones de Saab fueron propicias para que los defensores de DDHH, abogados y organizaciones no gubernamentales lo desmintieran.

Uno de ellos fue el exvicefiscal general Zair Mundaray, quien consideró que, en sus palabras, Saab “ha confesado decenas de violaciones al debido proceso y trata de desmontar el crimen de desaparición forzada admitiéndolo”.

Para el abogado, Saab elude mencionar a los familiares de Rocío San Miguel, quienes también estuvieron detenidos por funcionarios de seguridad del régimen de Nicolás Maduro y cuatro de ellos fueron excarcelados con medidas cautelares.

“(Saab) afirma que San Miguel pidió defensa pública, mientras sus dos abogados recorrían centros policiales y tribunales tratando de juramentarse para defenderla (…) Gracias, Tarek, por contribuir a demostrar el terrorismo de Estado”, añadió.

Mundaray recordó que desde el viernes 9 de febrero los abogados de San Miguel iniciaron la búsqueda de la activista y que el Estado no informó de su paradero, situación jurídica e impidió el ejercicio de sus derechos y el del resto de su familia.

“¿Será que Tarek miente?¿Cree que cuando reconoció que Rocío San Miguel estaba presa, luego de más de 72 horas sin que se tuvieran noticias de su paradero, ya el crimen de desaparición forzada dejó de existir o no se cometió? Eso equivale a pensar que cuando el secuestrador libera a su víctima, el delito de secuestro no existió”, condenó Mundaray.

A su vez, la activista Gabriela Buada, coordinadora de la ONG Caleidoscopio Humano, afirmó el 14 de febrero que Saab “miente” y destacó las violaciones de los DDHH en el caso de San Miguel:

– No tuvo acceso a sus abogados.

– Se informó del centro de reclusión a los 4 días de haber ocurrido.

– Hoy sigue incomunicada, en situación de vulnerabilidad.

– Utilizaron a su familia para amedrentarla y quebrarla.

– Los presentaron luego de las 48 horas de las detenciones.