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11 muertos sin justicia: dos décadas de impunidad estatal contra la familia Barrios

Duelo y luto son dos palabras que, desde 1998, marcaron la historia de la familia Barrios: once sepelios, once velorios e innumerables misas y recordatorios, se volvieron parte de la vida cotidiana de una familia que tuvo que lidiar no solo con el dolor de la ausencia sino también con amenazas, violencia policial y la mirada indiferente del Estado. 

La voz de Eloisa Barrios —la mayor de 12 hermanos— no tiembla ni se amilana para denunciar una y otra vez que sus cuatro hermanos y siete sobrinos fueron asesinados en Guanayén, al sur del estado Aragua, por funcionarios policiales, hechos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiempo después los calificó como una secuencia de ejecuciones extrajudiciales, amenazas, hostigamiento y violencia policial sostenida.

Eloisa lleva casi treinta años guardando en una carpeta marrón papeles, fotos, artículos de prensa, informes y otros documentos que le han servido todos estos años para demostrar que sus 11 familiares fueron víctimas de la violencia policial. A la par, tiene también una agenda en donde tiene escritos detalles y fechas de todos los casos a manera de recordatorio. 

Las tres primeras víctimas

Eloisa Barrios narró que en agosto de 1998 empezó la tragedia de la familia. Mientras la mayoría estaba en una sala de hospital cuidando de su padre agonizante por una enfermedad pulmonar, Benito Barrios, de 28 años, estaba en su casa cuidando de sus hijos y varios sobrinos cuando funcionarios policiales del estado Aragua irrumpieron de manera violenta y se lo llevaron detenido. 

Al día siguiente, cuando los familiares se enteraron de que a Benito lo habían detenido, fueron a buscarlo y cuando llegaron a su casa, una carroza fúnebre les dio la noticia de que estaba muerto en el ambulatorio de la zona. 

“Los policías lo sacaron esa noche, se lo llevaron y lo mataron, después fue que lo llevaron a ese ambulatorio cuando estaba prácticamente muerto. La autopsia reveló golpes, torturas y múltiples disparos”, narró Eloisa.  

La mayor de los Barrios comentó que una vez Benito se vio envuelto en una pelea en donde, además de golpes, hubo picos de botellas. Durante la riña, el contrincante de Benito resultó malherido y por esa razón estuvo detenido dos años. Al cumplir su pena, la policía nunca dejó de perseguirlo, donde lo veían lo golpeaban, “hasta que llegó el día final”. 

Cinco años después, el 11 de diciembre de 2003, Narciso Barrios, de 23 años, intentó impedir que tres funcionarios policiales se llevaran detenidos a dos sobrinos. “Él salió corriendo detrás de la policía y cuando los alcanzó, les gritó: ‘Suéltenlos a ellos y llévenme a mí” y fue cuando los policías le descargaron todas sus armas encima. Cayó muerto en la jardinera de una licorería y, aún caído, le siguieron disparando”, dijo Eloisa. 

El caso de Narciso fue uno de los pocos donde los funcionarios fueron sancionados. Los tres fueron condenados a 14 años, pero fueron liberados antes de cumplir un año en prisión. 

La tercera víctima fue Luis Barrios, de 24 años. La noche del 20 del septiembre de 2004, Luis se encontraba durmiendo con su esposa e hijos cuando sintió que estaban cayendo piedras en el techo. Pensó que le querían robar el caballo que tenía amarrado en el solar y decidió salir a ver qué pasaba. No vio a nadie y volvió a acostarse. Nuevamente sintió caer piedras y esta vez, apenas salió lo acribillaron a tiros. Eloisa también responsabiliza a la Policía del estado Aragua en este caso. 

La violencia no paró

Rigoberto Barrios fue la cuarta víctima. Tenía apenas 15 años cuando funcionarios policiales lo vieron en una esquina hablando con su novia y sin mediar palabras le propinaron ocho disparos. Rigoberto batalló durante once días en cuidados intensivos, pero no sobrevivió por la gravedad de las heridas. 

Antes de morir, el 20 de enero de 2005 en el Hospital Central de Maracay, Rigoberto alcanzó a decir que uno de sus atacantes era policía. La familia atribuyó el atentado a que, un año atrás, Eloísa denunció en la fiscalía la actuación de los funcionarios. 

La primogénita de los Barrios explicó que la policía la tenía agarrada contra los varones desde la muerte de Benito por las acusaciones que ella hizo en Fiscalía y demás entes gubernamentales. Sin embargo, las mujeres de la familia no escaparon de la violencia policial y fueron víctimas de violentos allanamientos y robos. 

Óscar Barrios tenía 22 años al momento de su ejecución extrajudicial. El asesinato ocurrió el 28 de noviembre de 2009 a manos de presuntos funcionarios de la Policía del estado Aragua. 

Al momento de su muerte, Óscar Barrios era beneficiario de Medidas Provisionales otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El 1 de septiembre de 2010 Wilmer Flores Barrios, de 17 años, fue víctima de una ejecución extrajudicial. Iba en su motocicleta, entrando al pueblo de Guanayén, cuando dos hombres con el rostro cubierto con franelas le cerraron el paso. Eloísa contó que lo obligaron a arrodillarse y luego le dispararon en la espalda y en el cuello. Nadie sabe quién lo asesinó, pero su familia sospecha que los funcionarios policiales tienen algo que ver. 

Ocho meses después, Juan José Barrios —el cuarto hermano de Eloísa— fue asesinado por presuntos funcionarios de la Policía de Aragua el 28 de mayo de 2011, una semana antes de que se efectuara la Audiencia del caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Venganza continuada

La violencia policial no dio tregua y a partir del año 2012 cargó directamente en contra de los sobrinos Barrios. 

El 9 de junio de ese año fue asesinado Víctor Barrios, de 17 años, cuando regresaba de visitar a un primo. Según el relato de Eloísa, dos sujetos desconocidos le dispararon por la espalda causándole la muerte inmediatamente.

Seis meses después, el 15 de diciembre de 2012, Jorge Barrios de 24 años, se convirtió en la novena víctima del patrón de exterminio y persecución en contra de la familia Barrios. A Jorge también le dispararon por la espalda cuando iba a bordo de una moto. 

Jorge era hijo de Benito Barrios, la primera víctima del caso y al momento de su muerte también contaba con Medidas Provisionales de protección dictadas por la CIDH. 

La décima víctima fue Ronny Barrios quien tenía 17 años al momento de su muerte. Fue asesinado el 15 de mayo de 2013. Su cuerpo fue encontrado el 16 de mayo de 2013 en una vía pública del sector “La Oficina” de Guanayén, presentando múltiples heridas por arma blanca. 

Ronny era hijo de Luis Barrios quien fue ejecutado en 2004.

La mayor de los hermanos Barrios comentó que en su búsqueda incesante de justicia vio cómo 11 miembros de su familia caían uno a uno en una espiral de violencia que aún no tiene explicación. 

Tres años después, el 25 de mayo de 2016, Edison Ortiz Barrios fue ejecutado en similares condiciones a la de sus primos y tíos. Su homicidio ocurrió cinco años después de la sentencia condenatoria de la Corte IDH (2011).

La sentencia ignorada 

El 24 de noviembre de 2011, la Corte Interamericana señaló al Estado venezolano por la ejecución extrajudicial de cinco miembros de la familia Barrios y la falta de protección al resto de los integrantes. 

La Corte ordenó investigar, sancionar, reparar y proteger, pero nada de eso ha ocurrido. El caso reposa en los archivos judiciales del estado Aragua. Eloísa comentó que el Estado entregó un par de apartamentos a los familiares, pero la impunidad siguió intacta. 

“Como medida de protección, el Gobierno enviaba de vez en cuando a dos funcionarios a dar una vuelta, pero la verdad es que nos seguían matando por el otro lado”, dijo Eloísa Barrios.

La familia Barrios se dispersó por varios estados del país tratando de resguardar a los varones que aún quedaban vivos. Eloísa, en compañía de la ONG Justicia y Paz en Aragua y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), emprendió una larga lucha para que los asesinatos de Benito, Narciso, Luis, Juan, Rigoberto, Óscar, Wilmer, Víctor, Jorge, Ronny y Edison no queden impunes.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

CLAVES | Qué es el EPU y por qué Venezuela debe someterse de nuevo al examen de la ONU

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El Examen Periódico Universal (EPU) es un mecanismo fundamental dentro de la estructura del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, diseñado con el propósito de evaluar la situación de los derechos humanos en cada uno de los Estados miembros de la ONU, garantizando una evaluación constante entre naciones.

Este proceso se lleva a cabo cada cuatro años y busca que los países rindan cuentas ante la comunidad internacional sobre sus avances, sus deficiencias estructurales y compromisos asumidos en materia de libertades fundamentales en la población. 

A diferencia de lo que ocurre en otros comités, el EPU abarca todas las obligaciones de derechos humanos de un país, donde durante cada evaluación las naciones reciben recomendaciones concretas por otros Estados, las cuales pueden ser aceptadas para su implementación o tomadas en cuenta.

Es así que en este contexto, Venezuela fue evaluada en ediciones anteriores, durante el tercer ciclo celebrado en enero de 2022, el estado venezolano recibió un total de 328 recomendaciones internacionales de las cuales las autoridades del país solo aceptaron 221 compromisos, incluyendo fortalecer las garantías para la libertad de expresión y la protección de los periodistas. Adicionalmente, el Estado no apoyó 107 de las recomendaciones emitidas.

Por qué Venezuela vuelve al examen

El país deberá someterse nuevamente a la evaluación durante el cuarto ciclo del EPU, planeado para el 54º período de sesiones del Grupo de Trabajo de la ONU en enero-febrero de 2027. La razón central de este nuevo seguimiento es que el Estado no cumplió plenamente las recomendaciones que aceptó en 2022, y por lo contrario, se profundizaron las restricciones y censuras en los últimos cuatro años.

Ante esta problemática, siete organizaciones defensoras de la libertad de expresión y los derechos humanos (Artists at Risk Connection, CPJ, Espacio Público, IPYS Venezuela, PEN International, PEN Venezuela y RSF) publicaron un informe en conjunto con las Naciones Unidas para documentar cómo la persecución institucional ha empeorado entre 2022 y 2026.

Un patrón de persecución y bloqueos

El documento enviado a la ONU señala que en los últimos años las autoridades consolidaron un “mecanismo legal restrictivo” que fomenta la autocensura y criminaliza el trabajo de los comunicadores en el país. Entre las principales alertas señaladas destaca que durante el año 2025 se registró un récord histórico de 26 periodistas encarcelados en Venezuela, al igual que patrones repetitivos de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, acoso judicial y persecución continua contra reporteros y defensores de los derechos humanos.

A esta situación también se le suma un país marcado por una censura política, digital y vacíos de información. Por esto mismo, el informe detalla la existencia de 206 páginas web bloqueadas por el Estado a través de Conatel y de las cuales 65 corresponden a medios de comunicación independientes y organizaciones no gubernamentales.

Esta “nueva” política de bloqueos arbitrarios de sitios web ha generado opacidad informativa que impacta de forma directa a más de la mitad de la población venezolana. Por otro lado, la hostilidad generó un exilio forzado de comunicadores sociales que se vio reflejado en una encuesta diseñada por el IPYS Venezuela, citada en el informe, donde el 85,63% de los periodistas consultados que huyeron del país afirmaron haberlo hecho por el riesgo de sufrir arrestos, torturas u hostigamiento. 

Exigencias internacionales

Ante lo cerca que está la fecha de la evaluación fijada para 2027, las organizaciones plantearon una serie de recomendaciones que el Estado venezolano debería de aplicar de manera prioritaria para revertir el clima de miedo que rodea al país. Entre algunas de las exigencias se destaca la necesidad de modificar leyes restrictivas como la Ley contra el Odio, además de cambiar instrumentos como la Ley Resorte-ME y la Ley de Delitos Informáticos a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. 

De esta misma forma, las organizaciones solicitaron el terminar por completo con las detenciones arbitrarias, el levantamiento definitivo de los bloqueos a páginas web y entregar garantías de protección internacional para los profesionales de la comunicación que se vieron forzados a exiliarse del país.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Preso por caso Pdvsa-Cripto sufrió infarto y quieren llevarlo al Rodeo I

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El exdiputado de la Asamblea Nacional, Americo De Grazia, denunció en su cuenta de X que el detenido por el caso Pdvsa-Cripto, Roland González, sufrió un infarto el pasado 12 de agosto y se encuentra hospitalizado en el Centro de Atención Médica Integral “Sargento Mayor Apascacio Mata” del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz en Caracas.

De Grazia colocó en sus redes sociales una declaración de Heide Hernández, hermano de González.

“Hoy me permiten verlo y me percate que no puede hablar, no puede levantarse, esta como debil y asi como esta piensan darle de alta y trasladarlo a la cárcel del Rodeo I (estado Miranda), yo pido que esto no suceda y que lo lleven a centro hospitalario donde puedan tratarlo como se debe”, dijo Hernández, quien viajó de La Paragua en el estado Bolívar a Caracas para constatar la situación de su hermano.  

De Grazia, quien también fue alcalde del municipio Piar en Bolívar, escribió en sus redes sociales que el único delito  de González es ser su amigo.

“Es contador público de profesión, fue mi director de hacienda municipal en la alcaldía de Piar, honesto, íntegro y trabajador”, apuntó. 

De Grazia sentenció que González salió del país en búsqueda de un mejor futuro “igual que millones de venezolanos. Luego de ocho años regresó de Madrid en 2024 para visitar a su madre en Guayana. Hoy se encuentra infartado desde hace cinco días, sin evaluación de un cardiólogo”.  

Según el exdiputado, la defensa de González denunció que este se encontraba desaparecido desde el pasado 12 de agosto, cuando fueron notificados en el Rodeo I que había padecido un ataque al corazón. 

De Grazia expuso que familiares y amigos exigen atención médica inmediata para González, acceso a sus médicos de confianza y cese de las condiciones inhumanas en su centro de reclusión. 

El caso Pdvsa-critpo involucró a la empresa estatal Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima S.A. (Pdvsa) y a la Superintendencia Nacional de la Criptomoneda y Actividades Conexas (Sunacrip) e implicó la desviación de más de 21 mil millones de dólares, de acuerdo al gobierno del actual preso en una cárcel en Nueva York, Nicolás Maduro. 

Por este caso hubo más de 40 detenciones, entre ellas las del ex ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, así como exgobernadores, exalcaldes, jueces, militares y empresarios.  

 *El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

Foro Penal divulga lista con 78 de los 131 excarcelados que anunció el Gobierno

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La mañana de este lunes 17 de agosto, el Foro Penal Venezolano (FPV), organización dedicada a la defensa de los derechos de los privados de libertad, divulgó una lista con las 78 excarcelaciones que ha podido corroborar desde el anuncio realizado por el Ejecutivo el pasado viernes, cuando anunció que 131 presos políticos serían liberados.

De acuerdo a la información oficial y la validación que ha podido hacer Foro Penal, faltaría confirmar la identidad de 53 personas.

Este sábado, Decy Rodríguez aseguró que 1.046 personas que se encontraban privadas de libertad han regresado a sus hogares en el marco de los acuerdos políticos.

“1.046 connacionales que estaban privados de libertad han retornado a sus hogares en el marco de los acuerdos alcanzados entre venezolanos. Continuaremos avanzando con responsabilidad”, escribió Rodríguez en su cuenta de X.

Hasta el momento, el Gobierno no ha publicado una lista oficial con los nombres de todos los excarcelados ni ha precisado las condiciones bajo las cuales fueron otorgadas las medidas.

Llamado a la transparencia

Familiares y organizaciones no gubernamentales reclaman transparencia en el proceso de excarcelaciones por parte del gobierno interino y lo exhortan a publicar las listas de las personas que han sido liberadas.

Este sábado, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos cuestionó la falta de información oficial detallada sobre las excarcelaciones. “Desde enero se repite el mismo patrón: se anuncian cifras que, al momento de su difusión, no pueden ser corroboradas independientemente”, denunció la organización, en redes sociales.

La presidenta de la Asamblea Nacional 2015, Dinorah Figuera, también exigió claridad sobre el número de presos políticos excarcelados en Venezuela y afirmó que están atentos a este proceso.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

El Mañanero del 17 de agosto: las huellas del doblete sísmico en Ciudad Caribia

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¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este lunes, 17 de agosto, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

En Ciudad Caribia, más de 100 familias se encuentran afectadas por los derrumbes de paredes en sus viviendas. Durante un recorrido por siete de los 12 edificios dañados en lo alto de la Cordillera de la Costa, Runrun.es constató las huellas del doblete sísmico en Ciudad Caribia y la realidad de una comunidad que reorganiza su vida desde los refugios temporales. El recorrido realizado coincidió con el inicio formal del censo de viviendas afectadas y el arribo de la segunda fase de la denominada “Operación Caracas Sonríe”.

Lea el reportaje completo AQUÍ

Recién salido del horno: otras noticias

Nuevo esquema de tarifas del BCV encarece pagos digitales y preocupa al sector comercial

Dinorah Figuera pide claridad en las cifras de presos políticos excarcelados

La promesa de vivienda post-sismos luce cuesta arriba

DHS confirma fin del TPS para Venezuela

Juan Pablo Guanipa a Delcy Rodríguez: ¡Sácalos a todos!

Naciones Unidas. Su pérdida de rumbo y crisis de legitimidad

Dólar/Euro BCV

La cita

Dinorah Figuera: “urge claridad en relación con las cifras oficiales, en contraste con lo verificado por las organizaciones de derechos humanos que siguen el proceso”.

Lo que rompe en redes

Azuquita pa’l café

Vean a Catherine Fulop preparando arepas en las calles de Buenos Aires.

La ñapa (recomendamos…)

La divertida comedia con dosis de suspenso, y unos giros sorpresivos que te mantendrán al borde de tu asiento.

Dos terremotos, dos Estados

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Hay tragedias que no solo ponen a prueba a los gobiernos, sino que, además, ponen al descubierto la calidad de esos Estados. Como los terremotos. Tomemos, por ejemplo, los que han sacudido recientemente a Venezuela y Colombia.

Un terremoto, por supuesto, no pregunta quién gobierna. No distingue entre izquierda y derecha, entre oficialistas y opositores. No le importa quién ocupa el Palacio de Miraflores o la Casa de Nariño.

La tierra tiembla y, en cuestión de segundos, todo cambia. Pero, pereeeero, después del terremoto, aparece una diferencia fundamental: la capacidad del Estado para responder.

En este artículo quiero comparar lo ocurrido en Venezuela y Colombia. Y no, no es para hacer política con el dolor. Todo lo contrario: es para entender por qué dos países latinoamericanos sometidos a una tragedia natural similar respondieron de maneras tan distintas.

En Venezuela, el terremoto del 24 de junio dejó al descubierto una realidad que ya conocíamos, pero que la tragedia hizo imposible ocultar ante todo el mundo: que el país no estaba preparado de manera alguna para hacerle frente a una emergencia de semejante magnitud.

Porque no basta con tener funcionarios, uniformes, vehículos. Mucho menos declaraciones oficiales. Un rescate exige otras cosas que aquí en Venezuela no hubo: equipos especializados, protocolos, comunicaciones, logística, entrenamiento, coordinación entre organismos y, sobre todo, instituciones que sepan qué hacer antes de que ocurra la emergencia, porque las primeras horas después de un terremoto son decisivas. Cada minuto puede significar la diferencia entre encontrar a una persona viva o hallarla muerta.

En demasiados lugares de Venezuela fueron los ciudadanos comunes quienes asumieron las tareas que correspondían a equipos profesionales: buscar, remover escombros, localizar sobrevivientes, transportar heridos. Salió a flote y todo el mundo fue testigo de la solidaridad de una sociedad que se vio obligada a sustituir al Estado.

Y entonces ocurrió el terremoto en Colombia.

Aquí debo hacer una precisión que me parece indispensable: sería absurdo decir que el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella fue el responsable de la preparación del país ante el desastre, porque llevaba apenas un día en el poder. La comparación, por tanto, no es Petro frente a De la Espriella. Es Venezuela frente a Colombia.

Y lo que mostró Colombia fue que, con todos sus problemas, con todas sus contradicciones y con todas las críticas que puedan hacerse a sus gobiernos, allá existe algo que Venezuela perdió en el último cuarto de siglo: la capacidad institucional.

Colombia tenía organismos de gestión del riesgo, grupos especializados de búsqueda y rescate, bomberos entrenados, capacidad logística, protocolos, maquinaria y personal que sabía cómo actuar ante una emergencia.

¿Fue perfecta la respuesta colombiana? No. Hubo decisiones cuestionables, momentos de confusión y críticas que deben ser investigadas. Una emergencia de esta magnitud siempre pone al descubierto fallas.

Pero hay una diferencia enorme entre cometer errores teniendo un Estado capaz de responder y no tener la capacidad institucional para responder. Y aquí aparece la verdadera lección.

Un Estado serio no comienza de cero cada vez que cambia un gobierno. Los gobiernos pasan. Las instituciones deberían permanecer. Las políticas deberían ser de Estado, no del gobierno de turno.

Los equipos permanecen. Los protocolos permanecen. La experiencia permanece. La memoria de las tragedias anteriores permanece. Ojalá se hubiera mantenido el impecable trabajo de Carlos Genatios durante la tragedia de Vargas… porque de eso se trata la institucionalidad, precisamente lo que Venezuela ha perdido durante los años del chavismo.

No fue el terremoto el que destruyó nuestra capacidad de respuesta. El terremoto simplemente la hizo visible.

La destrucción institucional no ocurrió de un día para otro. Se produjo desde el momento cuando se sustituyeron profesionales por lealtades políticas, cuando se desmantelaron organismos, cuando desapareció el conocimiento técnico, cuando se abandonaron los sistemas de prevención y cuando el Estado dejó de prepararse para aquello que inevitablemente podía y se sabía que iba a ocurrir. Yo misma escribí sobre un foro que hubo en 2017 en la CAF donde los expertos que participaron advirtieron claramente el desastre que sería el próximo terremoto de Caracas. Y no se equivocaron.

Los terremotos no se pueden evitar. Sus consecuencias, en cambio, sí pueden reducirse. Un país no puede impedir que la tierra tiemble. Pero puede tener edificios mejor preparados, sistemas de alerta, equipos de rescate, hospitales capaces de recibir heridos, comunicaciones de emergencia y personal entrenado. Puede, sobre todo, tener un Estado que sepa reaccionar. Eso fue lo que vimos en Colombia: no una respuesta perfecta, pero sí una respuesta institucional. Y eso es muchísimo.

Porque cuando alguien está debajo de los escombros, no necesita que el gobierno sea de izquierda o de derecha. No necesita discursos. No necesita propaganda. Necesita que alguien llegue. Que quienes lleguen tengan al menos una pala, no un fusil, como sucedió en Venezuela 72 horas después de haber ocurrido la tragedia. Necesita una cámara térmica, un perro entrenado, un médico, una ambulancia. Necesita que alguien sepa qué hacer.

Los terremotos de Venezuela y Colombia dejaron una comparación dolorosa: dos países vecinos. Dos pueblos que sufrieron el miedo, la pérdida y la incertidumbre. Dos gobiernos enfrentados a una naturaleza que no negocia con nadie. Pero también dos Estados con capacidades muy diferentes. En Venezuela, la tragedia mostró el precio de haber destruido las instituciones. En Colombia, con todas sus fallas, mostró cuánto vale conservarlas.

No se trata de Petro. No se trata de De la Espriella. Se trata de algo mucho más importante.

Se trata de si un país tiene un Estado capaz de proteger a sus ciudadanos cuando más lo necesitan. Porque el próximo terremoto no preguntará quién ganó las elecciones.

La única pregunta será otra: ¿habrá un Estado preparado para llegar a tiempo?…

Hago votos porque para cuando eso suceda, Venezuela haya logrado recuperar sus instituciones. No sé si llegaré a verlo, pero me gustaría pensar que será así…

@cjaimesb

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Las paredes destruidas por los terremotos no son invisibles en Ciudad Caribia

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Astrid Polanco camina entre las paredes rotas de su apartamento en la planta baja del bloque 223 de Ciudad Caribia con la voz quebrada. Muestra la habitación principal, pasa al baño colapsado y señala las fracturas en la mampostería. “Esta parte del cuarto se cae… todas las paredes se caen. El baño está todo caído. Como vemos, está todo destrozado”, dijo.

El 24 de junio, cuando ocurrió el doble terremoto que sacudió la zona central del país, el descuadre de la infraestructura trabó la salida de su vivienda. “Pensé que todo se me iba a caer encima. Cuando íbamos saliendo las puertas no abrían. Los vecinos del frente nos ayudaron para poder salir a todos”, relató a Runrun.es.

Astrid Polanco estaba con sus hijos en su apartamento cuando ocurrió el doble terremoto / Foto: María Gracia Lacruz

A metros de su bloque, en la cresta de la Cordillera de la Costa que separa al valle de Caracas del litoral central –entre los municipios Libertador y Carayaca–, la brisa de la montaña barre hoy una hilera de carpas montadas sobre la tierra. A espaldas de los refugiados, varios edificios tienen etiquetas amarillas en sus fachadas. Transcurrieron 51 días desde el doblete sísmico para que la comunidad de Ciudad Caribia viera iniciar el arribo de los primeros camiones con materiales de construcción.

Concebida en 2011 por el expresidente Hugo Chávez, quien la consideró la “ciudad del siglo XXI”, esta urbanización alberga a más de 23 000 habitantes en 137 edificios, cuenta con tres instituciones educativas y un hospital.

La ladera de las etiquetas amarillas

De acuerdo con los balances comunitarios de la zona, el impacto del doble sismo alcanza a 12 edificios del complejo urbanístico —la mayoría conformados por 20 apartamentos cada uno—, lo que suma un total de al menos 138 inmuebles comprometidos. Aunque inicialmente se contabilizaban 118 familias en situación de contingencia, el número ha ido en ascenso tras la inclusión reciente de dos bloques adicionales a la lista de estructuras con daños.

Durante el recorrido realizado por el equipo de Runrun.es, se constató de primera mano la situación en siete de estos 12 edificios situados de forma casi consecutiva en la ladera de la montaña: los bloques 210, 219, 220, 221, 222, 223 y 224. En ellos, las inspecciones técnicas de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Viviendas aplicaron etiquetas amarillas que indican acceso restringido.

Afectaciones en edificios de Ciudad Caribia / Foto: María Gracia Lacruz

Pese a la magnitud del movimiento telúrico y a la destrucción interna en varios apartamentos, Ciudad Caribia no registró víctimas mortales. La infraestructura de su hospital local sirvió como el primer punto de contención y triaje para los heridos que las ambulancias trasladaban desde la costa de La Guaira dada su cercanía con la autopista.

Sin embargo, en el interior de los bloques residenciales, el sacudón dejó huellas profundas y expuso fragilidades en la construcción.

Ante la restricción de acceso a los apartamentos agrietados, decenas de residentes se instalaron en campamentos en las áreas adyacentes a los edificios y en el espacio de una estructura destinada originalmente a un gimnasio que no llegó a concluirse.

En las adyacencias de los edificios afectados hay varias carpas dispuestas para albergar a las familias afectadas / Foto: María Gracia Lacruz

El crujido de las paredes interiores

En el piso 1 del bloque 222 de Ciudad Caribia, Jairo Ortiz, de 75 años, preparaba la cena familiar cuando ocurrió el doble terremoto del 24 de junio. “Estaba aquí lavando el arroz para la cena. Las dos niñas, como duermen allá, estaban allá con los teléfonos y el niño estaba aquí”, contó Ortiz. Tras resguardar a sus nietos bajo las vigas principales, la familia presenció la caída de los revestimientos del baño. 

Ortiz explicó que el inmueble presentaba fragilidades previas: “Esto estaba rajado así ya desde hace tiempo porque por ahí van los tubos de la electricidad”. Después de que pasaron los temblores, en casa de Ortiz terminaron de derribar manualmente los pedazos de mampostería inestables para prevenir accidentes dentro de la vivienda.

Jairo Ortiz vivió los terremotos junto a su hija y sus nietas / Foto: María Gracia Lacruz

Aleska López camina sobre los escombros del que fue su dormitorio. La pared divisoria de su apartamento colapsó por completo. “Mi apartamento quedó destrozado porque primero se cayó la pared de mi cuarto hacia mi cama. O sea, si yo hubiese estado aquí, me imagino que no sé, no estuviera viva”, relató a Runrun.es.

Aquel 24 de junio la urbanización quedó a oscuras y sin señal telefónica residencial. Únicamente los equipos con líneas de la empresa estatal Digitel con las líneas 0422 lograron emitir llamadas intermitentes. Al día siguiente, cuando retornó el flujo eléctrico, los vecinos conocieron el impacto del sismo en el resto del país.

Hoy, Aleska pernocta en el campamento exterior y rechaza las reparaciones cosméticas en la edificación. “Yo quiero que me tumben todas las paredes, que no me reparen nada. Tumbar todo porque la fachada, la estructura como tal está deteriorada, está partida, doblada, oxidada”, indicó al mostrar las grietas que cruzan el exterior del bloque.

Aleska López no estaba en su casa cuando ocurrió el doble terremoto y al llegar encontró todo destrozado / Foto: María Gracia Lacruz

La resistencia en la intemperie

La vida comunitaria se trasladó a las áreas aledañas y a una estructura inconclusa de lo que sería un gimnasio. Entre sábanas guindadas para amortiguar el sol y fogones improvisados, las familias afectadas organizan su día a día.

Yuleidy Rodríguez, de 31 años, comparte una carpa individual con su esposo y sus tres hijos de 12, 11 y 6 años. “Desde el momento estoy en carpa. Hace ya como 2 o 3 días me dieron una carpa individual. Una carpita azul donde estoy con mis hijos y mi esposo”, relata.

A pesar del hacinamiento y la incertidumbre, Rodríguez mantiene activa su labor en la Casa de Alimentación de la zona. “Yo le trabajo a Casa de Alimentación, tengo tiempo con ellos y entonces ahorita aquí le estamos cocinando lo que es el tema de los refugiados y aquí nosotros mismos también cocinamos”, indica sobre las jornadas diarias de preparación de comida para el campamento.

Yuleidy Rodríguez apoya en el campamento en un espacio donde preparan alimentos para las familias afectadas / Foto: María Gracia Lacruz

Un plan oficial que llega después de 50 días

El recorrido realizado por este medio coincidió con el inicio formal del censo de viviendas afectadas y el arribo de la segunda fase de la denominada “Operación Caracas Sonríe”.

Desde la E.B.N. “Samuel Robinson” —una de las tres escuelas de la urbanización que también presentaron daños en sus paredes—, la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, encabezó la entrega de herramientas e insumos para las cuadrillas comunitarias. “Trajimos el material, bloques, cemento, todo lo que se utiliza, las herramientas que deben tener la brigada para hacer el trabajo y bueno, nos vamos activando. Nunca es tarde, ¿verdad? Nunca es tarde”, declaró la funcionaria ante las familias del sector.

Carmen Meléndez junto al padre Numa Molina desde la E.B.N. “Samuel Robinson” de Ciudad Caribia / Foto: María Gracia Lacruz

En los puntos de acopio dispuestos a lo largo de la vía principal se observaron sacos de cemento, herramientas manuales y galones de pintura. Las cuadrillas obreras iniciaron la destrucción de paredes en los edificios afectados, mientras los habitantes de los bloques agrietados permanecen a la espera de evaluaciones de ingeniería que confirmen si sus apartamentos podrán volver a ser habitados de forma segura.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Nuevo esquema de tarifas del BCV encarece pagos digitales y preocupa al sector comercial

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El Banco Central de Venezuela (BCV) estableció un nuevo esquema de tarifas bancarias a través de la Gaceta Oficial N.º 43.427, que introduce incrementos significativos en los costos por servicios financieros. El ajuste más drástico se observa en el piso mínimo de las comisiones para pago móvil y transacciones inmediatas, que pasó de  2 a 14 bolívares, lo que representa un aumento de siete veces respecto al tarifario previo de octubre de 2025. 

El nuevo tarifario publicado por el BCV sustituye los límites máximos que estaban vigentes desde finales de 2025. Las cifras revelan incrementos que, en varios rubros, multiplican por siete los costos anteriores.

En el caso de los puntos de venta, las comisiones por el uso de tarjetas de débito oscilan ahora entre 1,5 % y 2 %, mientras que para las tarjetas de crédito el rango se ubica entre 3 % y 5 %. No obstante, el cambio de mayor peso para el comerciante es el mantenimiento mensual de los equipos propiedad del banco. El tope máximo para este concepto subió de 3.521,60 a 23.771 bolívares, lo que representa un incremento de casi siete veces.

El servicio de pago móvil, ampliamente utilizado tanto por personas naturales como jurídicas, también sufrió modificaciones en sus costos. Aunque las comisiones porcentuales para operaciones P2P (persona a persona) y C2P (comercio a persona) se mantienen entre 0,39 % y 2 % del monto transado, el cargo mínimo obligatorio se elevó a 14 bolívares. Este mismo monto mínimo de 14 bolívares se aplica ahora a débitos y créditos inmediatos, transacciones fallidas y reversos de transacciones.

Anteriormente, estos cargos por transacciones fallidas o reversos tenían un costo de apenas 2 bolívares.

Otros servicios bancarios básicos también registraron alzas considerables en sus topes máximos, entre ellos el mantenimiento mensual, referencias bancarias y estados de cuenta tienen ahora un tope de hasta 54 bolívares.

Comerciantes reaccionan

Ante esta realidad, los comerciantes manifiestan resignación e incertidumbre, al señalar que los nuevos costos operativos llegan en un momento de estancamiento en el consumo. Para el sector comercial, este incremento supone una presión adicional sobre márgenes de ganancia ya reducidos, lo que genera en algunos interrogantes sobre la viabilidad de mantener ciertos servicios de pago para sus clientes.

“Qué más nos van a cobrar, ya con lo que pagamos es demasiado”, dijo una comerciante caraqueña mientras consultaba las nuevas tarifas en su teléfono celular. En su establecimiento de venta de ropa, la decisión de aceptar ciertos métodos de pago se ha vuelto restrictiva debido a los altos costos asociados. “Solo a clientes muy específicos, que ya uno conoce, y de favor”, comentó la comerciante al explicar por qué prefiere evitar el uso de tarjetas de crédito en su local debido a las comisiones que debe pagar a la banca.

Pero la actualización de las comisiones no solo afecta a los comercios, sino que ha generado una ola de reacciones entre los ciudadanos en redes sociales, quienes ven cómo el uso de los servicios bancarios consumirá una porción mayor de sus ingresos.

En plataformas digitales, algunos usuarios plantean que estos costos obligarán a la población a retroceder en la digitalización de la economía. “Vamos a tener que volver al efectivo. Por todos lados quieren sacarnos la poca platica que hacemos para sobrevivir”, señaló Carlos Bencochea en redes sociales, añadiendo que los ciudadanos se sienten acorralados entre las políticas gubernamentales y la banca. 

Otros usuarios, como Adelis Medina, cuestionaron la falta de billetes de alta denominación en circulación, sugiriendo que la banca “esconde el efectivo” mientras aumenta las comisiones por transacciones digitales.

Las nuevas tarifas ya están vigentes y los bancos comenzaron a aplicarlas a las transacciones de sus clientes, marcando u nuevo impacto en el costo de la vida.

*Con información de EP

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