Siempre he pensado que una de las organizaciones más respetables en el trabajo de defensa de la situación de los presos políticos venezolanos es la Fundación para el Debido Proceso (Fundepro); conozco su trabajo desde hace varios años y me consta la seriedad del mismo.

Recientemente presentaron su informe sobre la situación de los presos políticos en Venezuela en 2016 y hoy me quiero referir a varios datos de interés que allí encontré.

Fundepro establece tres tipos de presos políticos que es importante tomar en cuenta “1.- Presos políticos de conciencia, las personas que han expresado su oposición política al régimen o al gobierno vigente, de manera individual o en su calidad de miembros de organizaciones sociales, sindicales, políticas, estudiantiles, campesinas, defensoras de derechos humanos, entre otras, y en razón de ello han sido perseguidas y privadas de la libertad. 2.- Presos políticos por motivo de rebeliones armadas civiles o militares, las personas que se han alzado en armas con la finalidad de tomar el poder y derrocar el régimen constitucional y legal vigente, y en razón de ello han sido privadas de la libertad. 3.- Presos políticos víctimas de montaje judicial, que son aquellas personas que el gobierno de turno, en conocimiento de que son una oposición no abierta, pero identificada por este como de peligrosidad para su estabilidad, por razones de su liderazgo individual y/o por denuncias efectuadas por el mismo (siendo las responsables personas allegadas al gobierno), y en razón de ello son perseguidas, detenidas y sometidas a procesos penales con pruebas falsas, manipuladas o insuficientes. Estos son cada día más: activistas sociales, políticos, sindicalistas, estudiantes, intelectuales, empresarios, funcionarios públicos, quienes a su manera y desde sus propias trincheras de lucha representan las múltiples caras de la resistencia social y política, invisibilizadas sistemáticamente, gracias a las gestiones gubernamentales, a los ojos de la opinión pública internacional”.

Según este informe, el año 2016 se inició con 85 presos políticos y culminó el año con 114 tras rejas. 29 más que al inicio de 2016.

Fundepro dice que “a los presos políticos en Venezuela se les había concentrado mayoritariamente en los últimos 15 años en 2 centros de reclusión, considerados de máxima seguridad, como lo son las sedes de la policía política del país (Sebin, antes Disip), Cenapromil (cárcel militar), mejor conocido como Ramo Verde. A partir del año 2014 y debido a los acontecimientos de protestas masivas en todo el país, tenemos actualmente (hasta el 31 de diciembre de 2016) disgregados a los presos políticos en varios centros de reclusión, como son: Sebin, 49 (Helicoide/Caracas 45, Zulia 2, Puerto Ayacucho, 2; Ramo Verde 19; Comisaría PoliAragua, 13; cárcel Puente Ayala, 2; Tocuyito, 4; Santa Ana, 1; Rodeo, 3: Fuerte Tiuna, 3; Cumaná, 2; Cicpc-Mérida, 1; La Pica, 5; 26 de Julio, 3; DGCIM, 1); así como 9 en arresto domiciliario. En estos centros han tenido que convivir con la delincuencia común, lo que en algunos casos ha agravado la situación, ya que permanentemente algunos se han visto enfrentados a situaciones de riesgo”.

Fundepro en su informe de presos políticos venezolanos 2016 establece: “Debemos manifestar nuestra preocupación con respecto a una ausencia de políticas de salud, con relación a los procesados en causas de carácter político, ya que ha sido una constante por parte de los tribunales competentes que en caso de emergencia o notificación de algún padecimiento de carácter físico y/o psíquico solo ordenan el traslado de los mismos al hospital militar Dr. Carlos Arvelo, donde, si bien es cierto ofrece un apreciado servicio, se deja a un lado las solicitudes de los interesados de ser vistos por médicos de confianza en la certeza de poder tener una mejor atención y en tiempo abreviado, sin la necesidad de solicitar citas que pueden ser otorgadas meses después, ya que nos estamos refiriendo a un centro hospitalario público que además es reservado para un sector de la población, como lo son los militares y sus allegados, además de la política de Sebin de decidir si son trasladados o no a capricho de la institución cuando son ordenados los mismos por los distintos tribunales. Muchas han sido las oportunidades en que hemos denunciado esta preocupación de la ausencia de asistencia médica a los presos políticos venezolanos y lo que se ha convertido en una práctica burocrática de asistir una y otra vez ante los órganos jurisdiccionales que quienes para autorizar un traslado al médico esperan a que sea gravísima la situación antes de buscar una respuesta oportuna. Tan fácil que sería que cuando se acuda a reclamar el derecho a la salud para un procesado, tendría que asistir al juez de la causa ya que es a este a quien le compete hacer cumplir las leyes, y más aún cuando se tiene un defensor del pueblo, siendo este quien debe interceder en las relaciones de la colectividad y el gobierno, y entonces aquí solo tenemos que esperar a que se agrave la situación para que se pongan a trabajar o empezar a conocer sus competencias”.

Finalmente, Fundepro establece: “Si bien es cierto que cerramos el año 2016 con la liberación de 25 presos políticos como producto del llamado “diálogo”, no pasó mucho tiempo para agregar nuevas detenciones a las ya existentes bajo el marco de un recién creado Comando Antigolpe cuyo objetivo es “derrotar y acabar definitivamente con todos los vestigios del golpe de Estado oligárquico y de derecha”, según el presidente Nicolás Maduro.

Ojalá pronto todos los presos políticos venezolanos recobren su libertad, es el clamor y deseo de muchos.

 

El Nacional

@cnietopalma