Desde el 2015 la carga de la protesta social y laboral ha estado a cargo de los gremios de la salud, de las federaciones sindicales del sector docente de educación media y universitaria y de los gremios de jubilados y pensionados, quienes como letanía han exigido al régimen tirano el derecho a una vida digna y a convenir sus condiciones de trabajo. En todos los casos tienen como respuesta las trompetillas del gabinete y la indiferencia del «presidente obrero”.
En esa dirección poco a poco a partir de 2018, se han venido sumando otros sectores, como ha sido el caso de los trabajadores petroleros. Estos pasaron de tener históricamente el mejor convenio colectivo en nuestro país, a un documento mal llamado contrato petrolero, plagado de una retahíla de cláusulas ideológicas como milicias obreras, trabajo voluntario y de fidelidad perruna a la “revolución socialista y bolivariana”. Y firmado por una federación sindical entregada en cuerpo y alma al Estado y al patrono PDVSA.
Creyendo que tendrían un futuro mejor, hoy los trabajadores petroleros ven pulverizados todos sus derechos de salud, vivienda, condiciones de trabajo, alimentación y, lo más doloroso aun, su salario. Muchos de ellos han vendido sus uniformes de trabajo y botas. Y, de paso, laborar en condiciones deplorables solo para devengar 10 dólares mensuales y recibir la mortadela en la cada vez más esmirriada bolsa de comida CLAP.
Ahora les toca el turno a los trabajadores de las empresas básicas de Guayana. Los mismos que, alborozados, celebraban a nivel de éxtasis en 2008 las estatizaciones de SIDOR, SIVENSA y cuanta empresa anexa expropiara el fallecido presidente Hugo Chávez. Entonces exclamaban “nos quitamos la explotación de argentinos y brasileños” y “ahora SIDOR será nuestra”.
Pues bien, las marchas que recorren los patios de empresas hoy arruinadas, convertidas en cementerios de cabillas y acero, contrastan con el jolgorio de otrora.
Ahora son miles que claman justicia en las calles de Puerto Ordaz, increpando a la Guardia Nacional “mátennos de una vez ya que no soportamos ver morir de hambre a nuestros hijos”; como tampoco aceptamos, manifiestan los marchantes, “que nuestros compañeros de Alambron y Palanquillas, unidades de producción de SIDOR, laboren sin botas de seguridad ni protección alguna arriesgando su vida, solo para recibir la caja CLAP”.
La profundidad de este movimiento hay que observarla con detenimiento cuando señalan: “esta no es una protesta de corrientes sindicales, ni de partidos políticos; es una protesta natural de los trabajadores de las empresas básicas de Guayana». En la misma se pudo identificar la participación igualmente de trabajadores de Venalum, Alcasa, Ferrominera, quienes piden como única condición concretar una unidad de todos los trabajadores de las otrora prósperas empresas básicas de Guayana para exigirle al presidente de la CVG les atienda sus planteamientos.
Este clamor laboral, que viene del fondo de la masa de trabajadores, se identifica también en CANTV y CORPOELEC. También ellos han visto desmanteladas todas sus conquistas laborales en materia de salario, salud, educación y condiciones de trabajo y seguridad social.
El proceso de movilizaciones continuará. E indica que el régimen tiránico, a pesar de la persecución judicial y policial contra sindicalistas y trabajadores, incluso con la creación de parapetos estatales como los Consejos Productivos de Trabajadores, no ha logrado maniatar la conciencia gremial. tampoco la esperanza de restablecer la democracia y un sistema de relaciones de trabajo que dignifique la condición de vida.
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