El decomiso de más de cinco toneladas de cocaína por las fuerzas navales de Colombia y Aruba desató varios procesos que, aun en la Venezuela actual, han finalizado las carreras de dos jefes policiales y han puesto a correr a uno de los traficantes de drogas de mayor historia en el país.
El hallazgo de drogas más grande en la historia de Aruba comenzó a gestarse el domingo 23 de febrero, a eso de las 5 p. m., cuando el carguero Aressa zarpó del puerto Guaranao, en el estado Falcón.
La embarcación con bandera camerunesa era vigilada en su trayecto por las fuerzas militares de Estados Unidos, Colombia y los Países Bajos. Los primeros en aproximarse fueron los de la Armada colombiana, cuyos efectivos ordenaron el traslado de la nave hasta la isla neerlandesa. El viaje, que se suponía iba a finalizar en el puerto griego de Tesalónica, solo duró 34 horas.
Luego de una breve búsqueda en el interior, los policías encontraron un compartimiento en el que habían escondido un alijo de poco más de cinco toneladas de cocaína, repartidas en 200 bultos de 25 kilos cada uno.
Del barco descendieron once tripulantes de origen montenegrino, quienes fueron recluidos en celdas de la Policía de San Nicolás, informó el portal 24ora.
Todo esto sucedió cuarenta días antes del anuncio del presidente de Estados Unidos Donald Trump en cuanto al despliegue en el mar Caribe y el Pacífico Oriental de una fuerza aeronaval, con el declarado propósito de parar el traslado de estupefacientes desde Venezuela hacia ese y otros países.
A partir de ese momento, ocurrieron en el país una serie de episodios que guardarían relación con este hallazgo. El 15 de abril, la unidad regional antidrogas de la GN en Caracas detuvo a Raúl del Gallego, Orlando Silva y Jesús Blanco Goitía, en atención a un dato anónimo que los vinculaba con una organización de traficantes de drogas que opera en Carabobo y Falcón. Según la minuta de este procedimiento, del Gallego y Silva tenían credenciales de la policía judicial. Además, en el vehículo donde iban -una camioneta Fortuner- por la avenida Este 6 encontraron una pistola Glock 17 con un viejo troquel del cuerpo de investigaciones en Carabobo.
Al conocerse estas detenciones, circularon por las redes sociales fotos en las que aparecían Silva y el director de Cicpc, comisario general Douglas Rico, en actitud relajada mientras compartían en reuniones sociales. El jefe policial reconoció la veracidad de estas gráficas en una declaración grabada en la azotea de la sede policial, e indicó que las credenciales incautadas por la GN fueron otorgadas por primera vez hace más de veinte años. Este dato trae implícito que las referidas acreditaciones tuvieron que ser sometidas a varios procesos de renovación durante la era Chávez-Maduro.
Para el momento en que Rico divulgó este mensaje, el 23 de abril, ya estaban en curso las destituciones del secretario de Seguridad de Carabobo y jefe de la Delegación de Cicpc en ese estado, José Gregorio Domínguez, y el jefe de la subdelegación Valencia, José Aldana.
Batida a medias
Simultáneamente, corrían otros procesos. El 17 de abril, es decir, dos días después de las detenciones de los funcionarios en Caracas, la Guardia Nacional inició una serie de allanamientos en varias localidades de los estados Falcón y Carabobo.
Al principio, no estaba claro qué perseguían los militares. Pero, luego de cuatro días, ya se entendía perfectamente que intentaban desmontar parte de la estructura encabezada por un hombre cuya historia en el tráfico de drogas se remontaba hasta la última década del siglo pasado. Se trata de Emilio Enrique Martínez, alias Chichí Smith (otros le dicen Chiche).
Lo que estaba implícito es que solo alguien con dominio del territorio y de las rutas pudo haber introducido semejante cantidad de drogas en el Aressa, y en un puerto que se supone es controlado por la GN y la Armada. Era una operación compleja, que requería de grandes seguridades en el muelle donde el alijo sería manipulado. Tómese como referencia que, para sacar la droga del buque, las autoridades arubanas tardaron más de medio día. Los sacos ocuparon las cabinas de dos camiones para transporte de tropas.
Chichí Smith era un sobreviviente. En octubre de 1994 fue detenido con motivo de la incautación de 150 kilos de cocaína en un camión que circulaba por el distribuidor Los Samanes, al sur de Valencia. En este episodio, el tamaño del alijo no era lo más importante, sino las conexiones que revelaba.
El expediente de la operación Trueno, como se llamó a este procedimiento policial, intentaba desmantelar una de las organizaciones más importantes del tráfico de drogas que operaba en el país para ese momento. Chichí Smith era ya entonces un nuevo objeto de disputa entre la DEA y la Guardia Nacional.
Un informe de la GN, elaborado en julio de 1993, revelaba que en el grupo de Emilio Martínez también participaban Ángel Alberto Martínez (hermano de Chichí), Frank Prince, Luis Rincón, León Cachito y otros.
Lo más interesante es que la organización no estaba casada con ningún cartel colombiano. Ya podían operar con la gente de Cali (hay otro expediente sobre eso) como con los Guajiros. Y además extendían sus acciones desde Zulia hasta Sucre.
“Estas estructuras de transporte marítimo y terrestre son autónomas entre sí, permitiéndoles laborar para cualquiera de los carteles colombianos”, indica el documento consignado en el expediente judicial.
El éxito de la investigación dependió en buena medida de la capacidad de convencimiento de un informante confidencial de origen español, Manuel Antonio Rodríguez Lamuño. Le decían el Mocho, pues le faltaba una falange en la mano derecha. Este hombre decía ser capaz de infiltrarse en los grupos que operaban tanto en Cúcuta como en Maicao.
El 4 de febrero de 1996 Rodríguez fue ultimado por sicarios cuando caminaba desde su vivienda hasta un teléfono público, en Puerto Cabello.
Chichí Smith permaneció en el internado judicial de Tocuyito hasta 2005. Tras las rejas, vio cómo cambiaba el sistema penal venezolano, y también el Gobierno. Al salir, le tocó adaptarse a la nueva realidad política. Las historias sobre encerronas en Carirubana y grandes fiestas en Valencia indican que su reinserción fue exitosa.
En los últimos quince años, el nombre de Martínez ha sido mencionado con frecuencia en juicios por tráfico de drogas, pero también por otros delitos, como el de contrabando de combustible. En una oportunidad, los militares detectaron que supuestamente mantenía una red de embarcaciones que hacían el traslado de gasolina a las islas del Caribe, donde era vendida a precios internacionales. Para obtener el combustible, las lanchas no debían llegar a la orilla: podían surtirse por una manguera instalada en una plataforma flotante.
Al tiempo que desarrollaba estas nuevas actividades, Martínez creó una fundación que le permitió proyectar beneficios en las comunidades, y ganarse el aprecio de su entorno social. Una fórmula que también siguió el líder de otro grupo que operaba en ese estado, Simón Álvarez.
La fundación de Chichí, llamada Carmen Martínez, organizaba jornadas deportivas y culturales, así como también la entrega de alimentos y materiales para la construcción de viviendas. La sede de esta entidad en Carirubana fue allanada por efectivos de la Guardia Nacional. Una acción que fue rechazada por los pobladores. Para aplacar los ánimos, fue necesario enviar unidades de orden público mientras sacaban las computadoras y analizaban la documentación.
Chichí Smith no está formalmente preso. Pero ya el Gobierno hizo control de daños, puesto que tiene bajo su custodia a una sobrina, señalada de ser representante de la referida fundación. Tocará al jefe, entonces, un nuevo período de silencio.
Breves
* Entre los días 22 y 23 de abril, una comisión del ministerio para Servicio Penitenciario ordenó la liberación de un importante grupo de detenidos en el centro de detención Hombre Nuevo Libertador, ubicado en Tocuyito. Según la organización Una Ventana a la Libertad, que trabaja la materia carcelaria, salieron a la calle 382 reclusos, que ya purgaban condena no solo por delitos considerados menos graves, como el hurto o las lesiones leves, sino también por robos. Esta medida ocasionó cierto revuelo en cuerpos policiales de la región, cuyos funcionarios veían a los grupos de presos caminando por la autopista en dirección norte, vistiendo todavía las bragas amarillas que ha implantado el despacho de María Iris Varela para la población penitenciaria. Desde que se verificó la llegada de la COVID-19 a Venezuela, este ministerio ha otorgado por lo menos 896 libertades bajo una figura conocida como régimen de confianza tutelada, que entró en vigencia en diciembre de 2015 tras la aprobación del Código Orgánico Penitenciario. De acuerdo con el artículo 161 del texto, se trata de una reubicación del penado, ya sea en una “unidad de producción o en un área especial del recinto penitenciario”. Por vía excepcional, los procesados también pueden ser objeto de estas medidas cuando tengan de forma ininterrumpida un tiempo de reclusión superior al necesario para optar por el régimen de destacamento de trabajo, que es la mitad del tiempo de prisión estipulado para el delito atribuido a esa persona. Pero, según las normas legales, en ningún caso se permitiría que los reclusos salgan “por la libre”, como ha sucedido. Hay, desde luego, una presión sobre el llamado “órgano rector” de la materia carcelaria, ante la posibilidad de que ocurran infecciones masivas entre los reclusos, para lo cual no hay capacidad de atención médica. Tómese en cuenta, por ejemplo, que durante el primer trimestre de 2020 murieron tras las rejas once personas afectadas por tuberculosis.
* El 21 de abril fue reportado a través de las redes sociales un supuesto “alzamiento” de oficiales subalternos de la Guardia Nacional -casi todos con el grado de capitán- en los Altos Mirandinos. El término tiene amplia acepción, pero generalmente da a entender el resultado de una acción armada contra el jefe del Estado. En realidad, se trataba de otra cosa. Según el representante de la asociación Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exterior (Veppex), teniente retirado José Colina, la idea de los capitanes era tomar el puesto de ese componente en Puerta Morocha, carretera Panamericana, y utilizar las armas que estuviesen allí para luego liberar a los presos del Centro Nacional para Procesados Militares de Ramo Verde. El plan fue contrarrestado por la Dgcim debido aparentemente a la delación de un oficial. A partir de entonces, se han producido traslados compulsivos hacia la central de la Dgcim en Boleíta Norte de profesionales de varias fuerzas que estaban recluidos en ese lugar. Entre ellos están los coroneles Pedro Zambrano, Rommel Acevedo y Ervin Gragirena Echezuría, este último del Ejército. También los mayores Adrián de Gouveia y Abraham Suárez, los capitanes Reny Olivares y Jesús María Alarcón; el sargento Edison Morillo Mujica y el civil Roberto Bracho. Esta es una lista incompleta, basada en información de abogados y familiares. Además, algunos de estos traslados ocurrieron en días previos a la acción fallida, lo que hace suponer que la Dgcim estaba advertida sobre este plan con bastante tiempo de antelación. Se debe recordar que el miércoles 15 de abril ocurrió una requisa intempestiva en las celdas de esta cárcel militar. Ahora, familiares y abogados han manifestado su preocupación, pues el endurecimiento de las condiciones de reclusión, en parte debido a la cuarentena por la COVID-19, hace presumir que empeorará la salud del coronel Zambrano, quien quedó afectado de por vida como consecuencia de los golpes recibidos durante los interrogatorios.
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